Horacio Duque.
Hablando de hachas (Ver
columna en el periódico El Tiempo del 3 de febrero de 2013, sección de
Opinión), el Ministro de Vivienda, German Vargas Lleras, otro duro de la
derecha, experto en sabotajes a la paz, encubre su gestión clientelar con el
programa de "viviendas" gratis, mediante la presentación de un
rosario interminable de normas urbanísticas que al examinarse en detalle dejan
al descubierto la mano de poderosas constructoras bogotanas favorecidas por la
administración central con recursos financieros y medidas habitacionales, que
compensan con abundantes aportes a las campañas liberales de Vargas Lleras.
Cualquier comparación con el caso Rajoy de España la dejo al buen juicio del
lector.
Este funcionario es un
agente descarado de los pulpos viviendistas pues tramita las medidas y
disposiciones estatales según los cálculos y ganancias de potentes empresarios
como los del grupo Aval.
La Corte Constitucional
ha expedido varias sentencias y autos para dar aplicación estricta a la Ley de
desplazados (387) en materia de vivienda para familias victimas de la
violencia, pero la maraña burocrática del Fondo de Vivienda en conjunto con las
Cajas de Compensación y administraciones territoriales, han montado un sistema
que impide hacer realidad el techo para 6 millones de desplazados que malviven
en tugurios y campamentos urbanos en las principales ciudades del país. Las
Cajas de Compensación Familiar, convertidas en fortín de poderosos caciques y constructores
de vivienda, retienen más de tres billones de pesos (1600 millones de dólares)
para realizar operaciones financieras con el sistema bancario, bloqueando de
esa forma el flujo del subsidio hacia los desplazados, que en la actualidad
alcanza un monto de 26 millones de pesos (15 mil dólares aproximadamente).
Se trata de un hecho
infame que ya completa más de 5 años, que no le merece un solo comentario al
flamante Ministro de Vivienda, al contrario de lo que ocurre con sus
pronunciamientos, de mañana y tarde, contra los planes de construir vivienda
para los pobres en el Centro ampliado de Bogotá.
Todo el sistema estatal
de vivienda, en sus diversos sectores y niveles funciona con lógicas
mercantiles y empresariales.
Igual sucede con el Fondo
Nacional del Ahorro/FNA, en manos de un telepredicador cafetero quien convirtió
la entidad en una especie de paraíso fiscal con laberintos muy oscuros y
adecuados para la manipulación financiera de agentes regionales que inducen la
captación del ahorro individual y familiar que es fácilmente desplazado según
los requerimientos regionales de los déficit presupuestales y los huecos
bancarios. En Cúcuta otro telepredicador, de la cuerda del Gerente Nacional R.
Arias, ha montado todo un emporio financiero con los ahorros de miles de
familias en el FNA, que tienen aplazado su derecho a una vivienda digna desde
hace varios años.
En todos estos casos el
hacha de Vargas Lleras brilla por su ausencia.
Sin embargo, eso no
ocurre en el departamento oriental del Casanare, rico en reservas petroleras y
con un Estado ampliamente beneficiado por las regalías de los hidrocarburos.
En esa jurisdicción
saturada de grupos paramilitares y bandas criminales, el Jefe de la Cartera de
Vivienda ha sido amo y señor durante los últimos 15 años. Nada se mueve sin su
visto bueno. Como igual ocurre en Barranquilla, en Armenia y otras
municipalidades donde sus fichas de Cambio Radical son emperadores absolutos.
En Casanare, Vargas
Lleras ha sido y es el Cacique dominante. 13 de los gobernadores que han pasado
por allí en los últimos 9 años, son sus recomendados y protegidos. Todos han
sido destituidos, procesados y encarcelados por corrupción, por el saqueo de
las regalías petroleras que prácticamente fueron a parar en los bolsillos de
estos inescrupulosos y por su descarada complicidad con los grupos
paramilitares de Martín Llanos, autor de miles de asesinatos de campesinos y
lideres populares.
Por esos hechos hay en la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una densa investigación contra
Vargas Lleras. Ojala su hacha no llegue hasta dichos campos. Los casanareños
reclaman justicia. Obviamente los desplazados de la violencia. Hay que acompañarlos.
San Cristobal, 3 de
febrero de 2013.
