Por Mesa Nacional de Unidad Agraria
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano / Miércoles 19 de diciembre de 2012
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El Foro Política de Desarrollo
Agrario Integral (Enfoque Territorial) convocado por la mesa de diálogos de paz
de la Habana, Cuba, comenzó con las intervenciones de diversos sectores
representativos del país. En esta entrega, Eberto Díaz Montes de la Mesa de
Unidad Agraria.
¡De nuevo la paz, de nuevo el campo!
El campo Colombiano sigue siendo el escenario perfecto de convergencia
para encontrar el camino hacia la paz. Ignorarlo o desconocerlo es contribuir a
mantener cerrado el paso para salir del largo laberinto de la guerra y la
confrontación política por la vía menos dolorosa.
Las generaciones que hemos vivido durante las últimas cinco décadas,
no hemos disfrutado del derecho constitucional a la paz. El conflicto armado
colombiano consecuencia de múltiples causas y conflictos sociales, económicos y
políticos, aún no resueltos, como el problema agrario histórico del cual mucho
se ha hablado desde los distintos gobiernos e instituciones del estado, pero es
poco o nada lo que se ha hecho para resolverlo. Manteniéndose intactas las
estructuras del antiguo modelo latifundista y terrateniente, que conjuga la
violencia y el despojo con la concentración de riquezas y poder político.
La desigualdad social una realidad que incrementa la hoguera del conflicto
social y armado
Las actuales condiciones que viven los pobladores rurales se
caracteriza por una profunda inequidad y exclusión social, que tiende a
perpetuar la brecha de desigualdad entre lo rural y lo urbano. Valga decir que
a pesar de que el presupuesto destinado al sector agrícola se incrementó para
el año 2008 en un 134% la situación de los pobres rurales no mejoro. Es
importante resaltar que aun en medio del regocijo del gran empresariado y del
gobierno por los datos favorables referentes al crecimiento económico de los
últimos años en el país, la pobreza se mantiene en estándares superiores a la
mayoría de los países de América Latina.
Si bien los datos del 2008 indicaban que la pobreza rural había
disminuido en el campo de un 67% al 65.2%; en ese mismo periodo creció la
indigencia en el campo del 27,4% en el 2005 al 32,6% en el 2008. Según el
informe nacional de desarrollo humano del año 2011, elaborado con el apoyo de
las naciones unidas deja ver que en aquellos municipios definidos por el mismo
como de alta ruralidad las personas en pobreza por necesidades básicas
insatisfechas NBI son del 74,66%. Teniendo una gran influencia en ello el
descenso del mercado laboral en el campo, los salarios paupérrimos, las
dificultades para el acceso a tierra, a recursos financieros y en general el
abandonó del estado a la economía campesina.
De otro lado Colombia es un país con deficiencias alimentarias, se
calcula que el 80% de las personas que padecen hambre en el territorio nacional
viven en las zonas rurales, el 50% de ellos practican la agricultura
tradicional y minifundista.
Un modelo de desarrollo economico que privilegia la gran propiedad y a los
agronegocios
Los datos del Departamento Nacional de Planeación DNP, nos señalan
como en el decenio entre 1995 y 2006 la inversión pública en desarrollo rural
descendió del 35,6% al 0,9%, recuperando una parte de participación en el 2001
con el 26,9%, en contraste con el comportamiento ascendente de los recursos de
apoyo a la «nueva agricultura», en particular los incentivos a la
capitalización rural (ICR), y el del desaparecido y cuestionado programa de
subsidios Agro Ingreso Seguro AIS, creado por la Ley 1133 de 2007.
El crecimiento y expansión del agro negocio encadenado a la producción
de agro combustible, la producción de materia prima para la exportación ha
mantenido su ritmo expansivo, agudizando los viejos y nuevos conflictos
sociales y ambientales que sufre el país. Entre los más connotables problemas
que está causando la llamada nueva agricultura y sus principales cultivos como
la Palma Aceitera, el Pino o el Eucalipto, entre otros, se están desarrollando
ecosistemas uniformes. Estos sustituyen los ecosistemas naturales y por ende la
biodiversidad, dando origen a daños catastróficos como los escases en la
producción de agua, modificación de la estructura y composición de los suelos,
alterando a su vez la relación de especies de fauna y flora, agravando la
situación alimentaria de la población rural.
Cabe anotar sin embargo que el mayor efecto y el principal del actual
modelo de desarrollo es el de la apropiación de extensas áreas de tierra por
parte de corporaciones, especuladores y «supuestos inversionistas nacionales y
extranjeros»
Las políticas de garantías jurídicas a los «inversionistas» sumado a
extranjerización y concertación de la propiedad de la tierra, tiene profundos
efectos negativos en términos productivos, los datos permiten apreciar una
disminución del área cultivada. En 1990 se sembraron 2,5 millones de hectáreas
de cultivos semestrales y 1,2 millones en permanentes. Para 1997 se perdieron
aproximadamente 700 mil hectáreas de esta área, equivalente al 15% del total de
la misma. Los más damnificados fueron los cultivos temporales llegando a 1,6
millones de hectáreas, mientras que los permanentes se expandieron en gran
cantidad, incrementando hasta 1.4 millones de hectáreas siendo las frutas
(8.5%), palma africana (6.9%), caña de azúcar (5.5%) y banano (3.7%)
Según datos del ministerio de agricultura (2010) de la superficie
continental colombiana, que consta de una extensión de 114.17 millones de
hectáreas, 63.26 millones (55.4%) no son tierras de uso agropecuario, en tanto
50.91 millones (44.6%) si son aptos para esta función. De los cuales 21.5% millones
son aptos para la agricultura, sin embargo solo 4.9 millones de hectáreas son
usadas para este fin como cosa no novedosa en Colombia 38.6 millones de
hectáreas se utilizan en ganadería extensiva, aunque solo 20 millones son aptos
para este uso.
Es importante resaltar, según estudios de investigadores, el 43% del
área sembrada corresponde fundamentalmente a explotación de menos de 20
hectáreas cuyo porcentaje tan solo llega al 9% de la tierra en propiedad,
siendo esta pequeña propiedad la responsable principalmente de abastecer de
alimento a los colombianos. Es allí donde queremos enfatizar y señalar que
mientras el estado coloca toda su institucionalidad y recursos financieros al
servicio de los grandes negocios agroexportadores, a su vez que descuida de
manera perversa la producción de la economía campesina fundamentalmente.
La acción estatal para dotar de tierras a los campesinos, que adquirió
su mayor importancia después de la creación del Incora en 1961 y especialmente
desde la Ley primera (1ª) de 1968, se redujo tras la Ley 4ª de 1973, tomando un
pequeño aire con la Ley 30 de 1998 y definitivamente se estancó desde la
entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994, se sustituyó la adquisición de
tierras para campesinos por programas de mercado subsidiado de tierra, proyecto
de este del Banco Mundial, situación que no ha cambiado y se mantiene en
perjuicio de las comunidades rurales.
La inconstitucionalidad de la Ley 1152 de 2007 o Estatuto de
Desarrollo Rural intento demoler las conquistas del pasado del movimiento
campesino obtenidos desde 1926, pues pretendía establecer la validez de las
escrituras no originadas en el estado y tramposamente elaboradas hasta 1997.
Desde el proyecto que actualmente promueve el gobierno nacional sobre
desarrollo rural con enfoque territorial se viene promoviendo el derecho de
superficie que garantizará la apropiación y despojo de grandes extensiones de
tierras por sectores transnacionales e inversionistas de la tierra en Colombia.
Un modelo perverso y depredador
La profundización del actual modelo de desarrollo económico neoliberal
se ha constituido en el mayor responsable de las desigualdades sociales y
económicas que viven los pobladores del campo. La aprobación del actual plan
nacional de desarrollo tiene como objetivo principal impulsar la productividad
y competitividad del sector agropecuario para ello ha privilegiado el impulso y
apoyo de la gran agricultura comercial y agroindustrial a través de la
locomotora que lleva el mismo nombre, cuyos efectos negativos generarán grandes
repercusiones en los territorios, ecosistemas, recursos hídricos, en los
páramos y bosques naturales. De otro lado los territorios rurales se verán
gravemente afectados por la gran explotación minera que tiene su punto de apoyo
principal en la locomotora minero energética y la Ley minera que garantiza la
concesión de millones de hectáreas a las transnacionales de la minería por lo
tanto se trata de un modelo de desarrollo perverso y depredador que no solo
garantiza normas jurídicas a los grandes inversionistas sino que además pone a
su disposición la soberanía sobre los bienes comunes o bienes naturales en
desmedro de las comunidades que habitan el campo colombiano.
De otro lado el Plan Nacional de Desarrollo económico favorece la
concentración de la propiedad rural, desconociendo de hecho la necesidad de
redistribución de la propiedad de la tierra, elemento esencial para garantizar
el uso adecuado y sustentable del suelo, que a su vez sea un factor que permita
reducir los costos de producción. Como si fuera poco se pretendió introducir un
artículo (60 de la Ley del Plan), que desaparecía la Unidad Agrícola Familiar
en beneficio del gran empresariado rural y transnacionales.
Corresponde mencionar que en el marco de las perversidades del plan y modelo
de desarrollo los alimentos se han convertido en una mercancía más, dejando a
millones de compatriotas sin el derecho fundamental a la alimentación.
Una propuesta para la paz desde el movimiento campesino colombiano
Desde la Mesa Nacional de Unidad Agraria hemos venido impulsando y
articulando las diferentes iniciativas del movimiento campesino colombiano y
que hoy se materializan en la construcción del mandato nacional agrario, los
mercados campesinos de la región centro del país y el proyecto de ley general
de tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral. Todas ellas
constituyen un aporte invaluable a la construcción de la paz con justicia
social que garantice una vida digna a los pobladores rurales y en general al
pueblo colombiano.
Como lo estableció el mandato nacional agrario realizado en el año
2003 el campo colombiano requiere de profundas trasformaciones sociales,
económicas y políticas a través de la puesta en ejecución de políticas públicas
y del fortalecimiento de la institucionalidad del sector agropecuario y de
apoyo a la economía campesina especialmente, garantizando derechos
fundamentales como la vida, libertades democráticas, de organización y un
profundo respeto por los derechos humanos siendo la soberanía alimentaria y la
autonomía alimentaria uno de los elementos necesarios para garantizar el
derecho a la alimentación del pueblo colombiano, por ello es necesario que el
Estado proteja como un derecho fundamental de los colombianos la producción de
alimentos sacando la agricultura de todo tratado de libre comercio que
signifique competencia desleal y ventajas a las grandes transnacionales que
trafican con el derecho a la alimentación. En ese mismo sentido la tierra es un
derecho fundamental para las comunidades rurales y se debe garantizar de manera
inmediata su acceso rápido tal como lo promueve la constitución colombiana en
sus artículos 64,65 y 66; garantizando así que la tierra y los alimentos no se
conviertan en una mercancía al mejor postor.
Sin lugar a equívocos el campo colombiano requiere de una profunda
reconstrucción y ésta debe girar al rededor del fortalecimiento y apoyo de la
economía agropecuaria y agroalimentaria, para ello es necesario garantizar
políticas estructurales que garanticen el acceso al crédito a la comercialización,
a la educación y formación técnica al desarrollo de infraestructuras, a la
producción de semillas nativas, vivienda digna y agua potable como también el
derecho universal a la salud a todos los pobladores rurales. Se deberá dar una
protección especial al medio ambiente que permita la recuperación de los agros
sistemas y ecosistemas promoviendo la producción agroecológica y criando nichos
o territorios libres de cultivos transgénicos.
Se debe garantizar una política de concertación con los pequeños y
medianos cultivadores de coca, amapola y marihuana cuyo propósito sea la
incorporación de estos productores a sistemas legales de industrialización y
convenio con el estado para comprar la hoja de coca como su sede en Perú y
Bolivia.
Es urgente y necesario para la paz el reconocimiento político del
campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferencial, con
identidad propia y pluricultural tal como lo reza el Mandato Nacional Agrario
garantizando de tal manera los derechos campesinos y campesinas de acuerdo a la
carta de los derechos campesinos que cursan las naciones unidas a favor de
estos. Así mismo el estado colombiano urge reconocer y ratificar el convenio
141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en
desarrollo económico y social.
En general la paz debe ser el goce pleno de los derechos sociales,
económicos y culturales, para la totalidad de la población colombiana y
particularmente para los habitantes del campo de nuestro país solo así se
pondrá fin a las múltiples causas y conflictos sociales, económicos y políticos
que le dieron origen a la confrontación armada en nuestra nación. (continúa en
el video):
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