Paz, reformas democráticas y participación política.

Horacio Duque.

Las conversaciones de paz en La Habana ingresaran, en los días posteriores a Semana Santa, a los debates sobre el tema de la participación política y la democracia como condición esencial de la paz.

Será necesario establecer con rigor en qué consiste la democracia como categoría política y como forma de organización del Estado y el régimen político. La sociedad colombiana es ajena al funcionamiento pleno de la democracia, no obstante que algunos insisten en su antigüedad y vigencia, reconociendole solo algunas aristas negativas, susceptibles de ser corregidas en el debate político con sus  instrumentos principales como los procesos electorales y la escogencia de los dirigentes  estatales. Argumentos ideológicos que no resisten el contraste con los hechos y las realidades palpables de la sociedad.

A la luz de los supuestos básicos de un sistema democrático,  es evidente que en Colombia no existe uno que pueda designarse como tal. Parte del problema de la violencia y de la guerra civil radica en el tipo de poder político existente caracterizado por la arbitrariedad, el despotismo y la negación de los derechos políticos fundamentales.

Un régimen democrático implica: 1) un origen democrático, o sea , que la génesis de las normas institucionales, plasmadas por lo general en una Constitución política, haya sido generada democraticamente a través de un acto constituyente democrático; 2) competencia política y existencia de oposición; 3) sufragio universal y otras formas de participación; 4) elecciones libres, competitivas y a intervalos de tiempos regulares; 5) electividad de todos los cargos más relevantes; 6) partidos en competencia; 7) fuentes de información diversas y alternativas; 8) duración legal en los cargos electos; 9) sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil; y 10) un pueblo votante claramente establecido.

En las conversaciones de paz será necesario examinar cada uno de estas exigencias para acordar acciones y reformas puntuales que permitan hacer efectiva la democracia como base de la paz que se busca.

Adicionalmente hay otros ámbitos que ameritan tratamientos más  específicos para hacer efectiva la participación ciudadana en la organización del poder público estatal. 

Ya hemos aludido al Estatuto de la oposición y las garantías a los nuevos movimientos que surjan con acuerdos futuros de paz.

Sin embargo, se hace necesario profundizar la descentralización y fortalecer los poderes locales, municipales, departamentales y regionales, mediante ajustes a las instituciones vigentes desde 1986, año en que como fruto de las conversaciones con las Farc, se aprobó la elección de alcaldes, que posteriormente se complementó con la elección de gobernadores y la constitución de regiones autónomas.

Igualmente es preciso adelantar una reforma electoral para eliminar el cohecho y la manipulación del sistema, mediante el voto electrónico, los capta huellas y la configuración de sistemas mixtos de computo que incluyan los métodos proporcional, mayoritario y de asignación de curules con "acciones afirmativas" que favorezcan grupos políticamente vulnerables.

Los sistemas y medios públicos de comunicación deben ser objeto de una amplia reestructuración para dar cabida equitativa a todos los sectores y matices de la opinión política nacional y regional. Radio, televisión, prensa, editoriales, Internet, web, deben ser objeto de una radical democratización dado su valor estratégico en la configuración de la conciencia, la voluntad y a decisión del ciudadano.

Es inaplazable establecer un nuevo "régimen ciudadano" para la paz, con el fin de otorgar y hacer efectivos los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales centrales de todas las personas que integran la sociedad.

La paz requiere de un Estatuto para separar el Estado de los gobiernos de turno, mediante la adopción de una servicio civil independiente, competente y profesional que evite la manipulación clientelista y electoral de los funcionarios estatales por los caciques y gamonales. 

Es imprescindible abordar el Presidencialismo autoritario que impera en la organización del Estado para explorar formas de una República parlamentaria como una vía para socializar el poder.

La reforma del sistema judicial es un asunto de la mayor trascendencia a fin de dar garantías de una justicia objetiva, imparcial y democrática.

Bien puede ser que los puntos aquí sugeridos amplíen el horizonte de temas que la Mesa de Conversaciones de La Habana abordará en las rondas que se han previsto para los siguientes días con el fin de tratar el asunto de la Participación política, incluyendo el Foro que se adelantará al finalizar el mes de abril organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, en Bogotá.

Paz, hacia un “consenso suficiente” en el tema agrario

¿Cómo erradicar la pobreza rural? es uno de los temas que se discute
entre las FARC y el gobierno.

Por Horacio Duque

La Mesa de conversaciones para la paz de La Habana ha emitido un comunicado conjunto para dar a conocer avances en los diálogos realizados sobre el primer punto de la agenda temática que esta referido al desarrollo agrario.

En el Acuerdo general para la superación del conflicto firmado desde agosto del 2012 quedó establecido que la Mesa elaborara informes periódicos del proceso con el fin de garantizar la transparencia del mismo. Se trata del mecanismo institucional para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa.

El Informe No 9 emitido al término de la tercera ronda de conversaciones señala que en lo atinente al punto agrario y en el marco de la discusión se abordó el análisis exhaustivo del punto del acceso a la tierra, apareciendo aproximaciones entre las delegaciones en lo que tiene que ver con erradicar la pobreza rural y lograr una transformación de la realidad del campo a través de programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, que sean sostenibles, que regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y que aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural. 

Para algunos este hecho podrá ser no trascendente. Sin embargo no es así. 

Este comunicado compartido por el gobierno del Presidente Santos y las Farc-EP está mostrando que la paz avanza con buen paso y buscando lo que se denomina “consenso suficiente” en La Mesa y, de manera general, en la sociedad y el Estado porque la facción más recalcitrante, que actúa con una oposición obtusa a cualquier posibilidad de superar el conflicto armado es colocada en un lugar marginal dentro del mecanismo general del poder político.

El “consenso suficiente” que se construya entre las partes es más que una simple negociación política, que no se menciona en el texto del Acuerdo general porque lo establecido es que las partes conversan e inteligentemente van decantando aquello que constituye un denominador común en la paz.

Será necesario esperar otras semanas para que un informe general de la Mesa ponga en conocimiento de toda la sociedad y la comunidad internacional el primer acuerdo sobre la Agenda temática, que bien puede tener el formato del Acuerdo que selló la fase de exploración realizada en Venezuela y Cuba.

Obviamente su aplicación y materialización deberá esperar a que se agoten los 5 temas adicionales porque lo dispuesto es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

No es fácil llegar a la paz pero las partes están haciendo la tarea con responsabilidad y necesitan el acompañamiento de toda la nación con manifestaciones y movilizaciones de la sociedad civil como la programada para el próximo 9 de abril, fecha histórica para Colombia. Es la manera de obliterar la acción de sabotaje de la ultraderecha fascista.

Con latifundio no hay paz y menos democracia para los campesinos

¿Que espera el futuro de este niño campesino en el municipio de Quipile?

Por Horacio Duque

El próximo 14 de enero se retoman los diálogos de paz en La Habana entre las FARC/EP y el gobierno del señor Santos. La Mesa de conversaciones y sus delegados ahondarán en el tema de la reforma agraria, la eliminación del latifundio y la hacienda ganadera, foco de la violencia y las formas políticas totalitarias que niegan los derechos políticos a los campesinos colombianos.

El tema rural o la “cuestión agraria” se encuentra en el centro mismo de las transacciones para resolver la guerra civil nacional. La Mesa de La Habana ha colocado la cuestión campesina y el derecho a la propiedad en el escenario político nacional. Antes, el gobierno del señor Santos y la coalición gobernante, configuraron un escenario irrelevante con la Ley de restitución de tierras y reparación de las victimas, cuyos resultados no son exactamente los más favorables como para aceptar la propaganda oficial de una “revolución agraria” de la Prosperidad democrática. La realidad es que dicha ley derivo en un instrumento del inveterado clientelismo político de las maquinarias electorales toda vez que los directorios departamentales de los partidos adictos al gobierno hicieron de las disposiciones aprobadas un mecanismo de favores para ampliar mediante algunas restituciones y las abundantes reparaciones sus caudales electorales y clientelares.

Una vez colocado el asunto agrario en el lugar visible en que está y en los términos correspondientes, la reacción furiosa latifundista no se ha hecho esperar. Poderosos agentes de la hacienda ganadera han arremetido con todo para confundir los términos del debate y de la ruta a seguir, tal como lo ha hecho el jefe de Fedegan.

Ya esta visto que lo agrario es un asunto político por excelencia pues es el foco de la violencia y la negación de los derechos políticos ciudadanos de millones de campesinos. El problema agrario, a diferencia del industrial o minero, no es un problema de carácter económico y social sino que es esencialmente político, pues esta directamente ligado a las estructuras de poder existentes en la sociedad colombiana y sobre todo la tierra y su propiedad es una de las más importantes fuentes de poder. Por tal razón avocar por parte de la Mesa de La Habana la “cuestión agraria” es plantearse el tema de la propiedad privada o también mas específicamente del derecho de propiedad, pues para realizar la reforma agraria integral es necesario realizar transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra, además de los ajustes territoriales e institucionales complementarios.

La reforma agraria que se acuerde debe incluir entre sus objetivos principales redistribuir la propiedad agraria entre millones de campesinos sin tierra. Es decir, transformar a los no propietarios en propietarios. Es una condición inevitable y fundamental.

Proceso que implica no solo un profundo cambio en la estructura de la propiedad de la tierra sino también un cambio institucional, pues demanda la modificación de la estructura de las reglas político-legales que norman el derecho y las relaciones de propiedad.

Para alcanzar la paz es necesario impulsar la propiedad social, colectiva o comunitaria, identificada con el socialismo.

La forma/Estado paramilitar que predomina en la formula gubernamental está entroncado con el tema de la reforma agraria, o sea, con el conflicto político por la redistribución de la propiedad agrícola. Las tradicionales estructuras agrarias constituyen el principal obstáculo para la democratización y la modernización progresista del país.

Sin embargo, las fuerzas partidarias de una reforma agraria avanzada deben considerar que el latifundio reaccionario no la va aceptar tranquila y pasivamente. Los grupos de grandes propietarios, o sea aquellos grupos que han tenido un amplio poder político para limitar la democracia de la ciudadanía y la participación política, van a frenar y sabotear cualquier intento de transformación de su principal base y fuente de poder: la gran propiedad latifundista y hacendataria. Para estos grupos el latifundio constituye un valor y un derecho superior a cualquier otro, incluso a la vida y a la libertad; por consiguiente a la democracia.

Redistribuir la propiedad entre los campesinos sin tierra, los desplazados y despojados, constituye un problema mucho más profundo que una simple cuestión técnica o de visión territorial, o un problema que podría resolverse políticamente. La reforma agraria implica la destrucción completa de un orden sociopolítico y cultural constituido a lo largo de 4 siglos el cual ha generado una determinada visión del mundo, de las cosas, del país, de la historia, tanto en los terratenientes como en el campesinado especialmente en el de la resistencia revolucionaria que lucha por el socialismo y la independencia nacional. Pero esta visión no solo esta presente en los diversos grupos sociales y culturales agrarios sino también en la cosmovisión de los grupos sociales y culturales urbanos. La mayoría de los grupos urbanos ya sea de baja, media o alta sociedad tienen distintas conexiones con el mudo agrario. Téngase en cuenta que el vaciamiento reciente del espacio rural es el causante del acelerado crecimiento urbano de Bogota y otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

Pretender colocarle pañitos de agua tibia al problema del derecho a propiedad de la tierra de los campesinos colombianos es hacerle trampa a la paz para toda Colombia.