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martes, 25 de junio de 2013

El pueblo hace explosion por el abandono histórico del Estado

Para enterrar dos campesinos muertos por las
balas del Ejército Nacional en Catatumbo.

Cambio Total

El abandono del Estado colombiano con las regiones campesinas ha sido la constante histórica de la vida nacional. Del campo se han acordado -y se acuerdan- para adelantar la única política que adelanta el estado en esas regiones. La guerra y tras de ella, el despojo para adelantar los megaproyectos neoliberales que están moda : acumulación de tierras, ganadería extensiva, cultivos de palma africana para producir biocombustibles, minería, etc.

La migración del campesinado y los indígenas ha significado que la tierra se concentre en pocas manos, es decir, el 0,44% de los propietarios acaparan el 52% de las tierras. El despojo del campesinado ha producido los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Los « barrios populares » -como el Simón Bolívar de Bogotá o las « Comunas » de Medellín- van precarizando la vida en las ciudades y esos expulsados de sus tierras se convierten en el caldo de cultivo del crecimiento exponencial de la pobreza. Así, en « círculo vicioso ».

Ya lo dijo un miembro del PNUD. La pobreza en Colombia es hereditaria, como hereditaria son la riqueza y el poder (Santos nieto de Santos, Pastrana hijo de Pastrana, Galán hijo de Galán, Vives hijo y nieto de Vives, etc, etc). El poder produce riqueza por la corrupción campante y se ejerce de manera violenta para satisfacer los intereses de los ricos (oligarcas, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, etc). 300.000 víctimas y 2 millones de desplazados produjo la llamada « Violencia » de los años 50. En el nuevo ciclo de violencia desde 1964 se han producido 500.000 víctimas y más de 6 millones de desplazados forzados.

Por esta razón, cada tanto se producen manifestaciones de los campesinos y los indígenas exigiendo sus derechos contra la desidia oficial. Debemos recordar las Marchas Campesinas de los años 70 y 80. No debemos olvidar la « Minga » indígena del Cauca. Solo para citar dos ejemplos. El año pasado se registraron en Colombia 1.142 manifestaciones; en 2012 fueron más de 1.573. El campo colombiano está regado de sangre inocente por los asesinados por el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional. Mas ello no ha sido óbice para continuar en la lucha.

Los campesinos e indígenas siguen exigiéndoles al Estado la satisfacción de sus necesidades básicas primarias y secundarias. De mil y una formas. Así como el estado utiliza todas las « formas de lucha », es decir, promesas, represión, terrorismo de Estado, compra de conciencias, etc, así el puebo ha aprendido a desarrollar sus « formas de lucha de masas », o sea, Marchas campesinas, Minga indígenas (32 en 2011), Paros de Corteros de Caña, bloqueos de carreteras paramericanas, tomas pacífica de pueblos y ciudades, y un sinfin de formas que demuestra la inventiva popular.

Esas formas de lucha son la explosión de las masas campesinas e indiígenas frente a la desidida oficial. Explosión que amenaza extenderse a todo el país. Antier fueron la Marchas campesinas. Ayer la « Minga » indígena y los paros de los Corteros de Caña. Hoy son nuevamente las Marchas campesinas. Que comenzaron en el Catatumbo. Y continuarán en todo el país, de eso no tenga la menor duda.

Como siempre, el Estado responde de la única manera que sabe. Represión. Guerra. Promesas que nunca cumplirá. Simpre las marchas pacíficas del pueblo tiene que producir muertos. Muertos que son siempre del mismo lado, el pueblo. Muertos que son causados por los agentes del estado. Es lógico que ante tamaña frustración explote el pueblo. Pueblo del que somos parte y acompañamos en sus expresiones de inconformismo. Adelante !


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Publicado por Blogger en CambioTotalRevista el 6/25/2013

martes, 7 de mayo de 2013

Protestas en Caquetá.- “El gobierno debe solucionar el grave problema de los campesinos en vez de criminalizarlos y encarcelarlos”:


Gloria Inés Ramírez en entrevista para Telesur

Gloria Inés Ramírez

Las comunidades campesinas e indígenas del departamento del Caquetá se vieron obligadas a movilizarse desde hace 21 días en todo el departamento, para exigirle a las diferentes esferas del gobierno que solucione de forma inmediata la grave crisis de la educación en las zonas rurales.


La población rural caqueteña denunció que en lo que va corrido del año la niñez no ha recibido un solo día de clases por la falta de profesores, debido a la desidia del gobernador y los alcaldes.


La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac, informó el pasado 3 de mayo, que voceros de las comunidades habían tenido tres reuniones de acercamiento con las autoridades en los últimos 15 días.


En dichos diálogos se habían concretado algunos acuerdos entre las partes, pero en la misma fecha los voceros de las comunidades se vieron obligados a retirarse temporalmente de la mesa de diálogos debido a que la gobernación los incumplió.


Según Coordosac, entre los puntos que se habían acordado estaban, la ampliación de la planta de docentes como solución definitiva a la problemática; participación de la comunidad en los nombramientos provisionales y dirimir cualquier conflicto en el marco del comité de conciliación de las Asociaciones de Juntas.


Sin embargo al retomar los diálogos el pasado 3 de mayo, los voceros de las comunidades se encontraron con la negativa por parte de la Gobernación y la Secretaria de Educación, de permitir la participación de las comunidades en el proceso, lo que fue calificado por los campesinos como falta de seriedad y de voluntad política.


Ante la indiferencia de las autoridades para solucionar la grave crisis educativa por la que atraviesa el departamento, más de 4.000 campesinos se movilizaron para manifestar su protesta, siendo agredidos brutalmente por el régimen por intermedio de los agentes represores del Esmad.


Además fueron retenidos con amenazas de ser judicializados y condenados al menos 10 personas, una de ellas menor de edad.


Entre las personas retenidas figuran: Dignory Peña, Mauricio Tamayo, Edison Fernández, Calos Díaz, Esteban Bocanegra, Gilberto Olivares, Hever Ramírez, Jhon Alejandro Ossa y Yaira Fernanda Muñoz, menor de edad.


La senadora Gloria Inés Ramírez se comunicó con la Vicepresidencia de la República y con la Defensoría del Pueblo a quienes les solicitó vigilancia y protección de los derechos humanos, no solo de las persona retenidas, sino también de la población caqueteña que se encuentra ejerciendo su derecho a la protesta.


“El Gobierno debe solucionar el grave problema de los campesinos en vez de criminalizarlos y encarcelarlos”, le dijo Gloria Inés Ramírez a Notimundo, expresando además su solidaridad con las justas luchas campesinas del Caquetá.


Igualmente anotó que la protesta social no debe criminalizarse, máxime cuando las comunidades del Caquetá llevan un buen tiempo buscando dialogar con las autoridades, antes de tomar acciones de hecho como única vía que les queda para ser escuchadas.

miércoles, 9 de enero de 2013

Con latifundio no hay paz y menos democracia para los campesinos

¿Que espera el futuro de este niño campesino en el municipio de Quipile?



Por Horacio Duque

El próximo 14 de enero se retoman los diálogos de paz en La Habana entre las FARC/EP y el gobierno del señor Santos. La Mesa de conversaciones y sus delegados ahondarán en el tema de la reforma agraria, la eliminación del latifundio y la hacienda ganadera, foco de la violencia y las formas políticas totalitarias que niegan los derechos políticos a los campesinos colombianos.

El tema rural o la “cuestión agraria” se encuentra en el centro mismo de las transacciones para resolver la guerra civil nacional. La Mesa de La Habana ha colocado la cuestión campesina y el derecho a la propiedad en el escenario político nacional. Antes, el gobierno del señor Santos y la coalición gobernante, configuraron un escenario irrelevante con la Ley de restitución de tierras y reparación de las victimas, cuyos resultados no son exactamente los más favorables como para aceptar la propaganda oficial de una “revolución agraria” de la Prosperidad democrática. La realidad es que dicha ley derivo en un instrumento del inveterado clientelismo político de las maquinarias electorales toda vez que los directorios departamentales de los partidos adictos al gobierno hicieron de las disposiciones aprobadas un mecanismo de favores para ampliar mediante algunas restituciones y las abundantes reparaciones sus caudales electorales y clientelares.

Una vez colocado el asunto agrario en el lugar visible en que está y en los términos correspondientes, la reacción furiosa latifundista no se ha hecho esperar. Poderosos agentes de la hacienda ganadera han arremetido con todo para confundir los términos del debate y de la ruta a seguir, tal como lo ha hecho el jefe de Fedegan.

Ya esta visto que lo agrario es un asunto político por excelencia pues es el foco de la violencia y la negación de los derechos políticos ciudadanos de millones de campesinos. El problema agrario, a diferencia del industrial o minero, no es un problema de carácter económico y social sino que es esencialmente político, pues esta directamente ligado a las estructuras de poder existentes en la sociedad colombiana y sobre todo la tierra y su propiedad es una de las más importantes fuentes de poder. Por tal razón avocar por parte de la Mesa de La Habana la “cuestión agraria” es plantearse el tema de la propiedad privada o también mas específicamente del derecho de propiedad, pues para realizar la reforma agraria integral es necesario realizar transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra, además de los ajustes territoriales e institucionales complementarios.

La reforma agraria que se acuerde debe incluir entre sus objetivos principales redistribuir la propiedad agraria entre millones de campesinos sin tierra. Es decir, transformar a los no propietarios en propietarios. Es una condición inevitable y fundamental.

Proceso que implica no solo un profundo cambio en la estructura de la propiedad de la tierra sino también un cambio institucional, pues demanda la modificación de la estructura de las reglas político-legales que norman el derecho y las relaciones de propiedad.

Para alcanzar la paz es necesario impulsar la propiedad social, colectiva o comunitaria, identificada con el socialismo.

La forma/Estado paramilitar que predomina en la formula gubernamental está entroncado con el tema de la reforma agraria, o sea, con el conflicto político por la redistribución de la propiedad agrícola. Las tradicionales estructuras agrarias constituyen el principal obstáculo para la democratización y la modernización progresista del país.

Sin embargo, las fuerzas partidarias de una reforma agraria avanzada deben considerar que el latifundio reaccionario no la va aceptar tranquila y pasivamente. Los grupos de grandes propietarios, o sea aquellos grupos que han tenido un amplio poder político para limitar la democracia de la ciudadanía y la participación política, van a frenar y sabotear cualquier intento de transformación de su principal base y fuente de poder: la gran propiedad latifundista y hacendataria. Para estos grupos el latifundio constituye un valor y un derecho superior a cualquier otro, incluso a la vida y a la libertad; por consiguiente a la democracia.

Redistribuir la propiedad entre los campesinos sin tierra, los desplazados y despojados, constituye un problema mucho más profundo que una simple cuestión técnica o de visión territorial, o un problema que podría resolverse políticamente. La reforma agraria implica la destrucción completa de un orden sociopolítico y cultural constituido a lo largo de 4 siglos el cual ha generado una determinada visión del mundo, de las cosas, del país, de la historia, tanto en los terratenientes como en el campesinado especialmente en el de la resistencia revolucionaria que lucha por el socialismo y la independencia nacional. Pero esta visión no solo esta presente en los diversos grupos sociales y culturales agrarios sino también en la cosmovisión de los grupos sociales y culturales urbanos. La mayoría de los grupos urbanos ya sea de baja, media o alta sociedad tienen distintas conexiones con el mudo agrario. Téngase en cuenta que el vaciamiento reciente del espacio rural es el causante del acelerado crecimiento urbano de Bogota y otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

Pretender colocarle pañitos de agua tibia al problema del derecho a propiedad de la tierra de los campesinos colombianos es hacerle trampa a la paz para toda Colombia.