Paz sin victoria. Por Alfredo Molano Bravo.

Alfredo Molando

El acuerdo sobre tierras firmado en La Habana por el Gobierno y las Farc es un marco, aún genérico, que amojona no sólo los límites dentro de los cuales podrán moverse las partes para avanzar sobre otros puntos, sino la almendra que deberá ser molida para convertirse en artículos concretos del tratado que la negociación busca.

La gente —para usar el lenguaje del comunicado— esperaba un texto más específico que hablara, por ejemplo, de hectáreas, platas y fechas. Con prudencia los delegados no cayeron en ese campo minado que tienen preparado el uribismo, el paramilitarismo y los latifundistas. Algo se ha aprendido de las negociaciones pasadas, razón por la cual los términos usados por las partes son distintos.

En La Habana se respira un cierto escepticismo —lo que no sólo es explicable, sino sano—, pero también una decidida voluntad de resolver el problema agrario y, por tanto, de sentar una premisa para entrar a resolver problemas como las garantías, los cultivos ilícitos y, si se afina la mirada, hasta algunas formas de participación política futura. El texto está en obra gris, lo cual permite que floten muchos interrogantes: el acceso a la tierra, su uso, su disfrute, su gozo por parte de la “gente”, pero no se traza ninguna línea roja. Y no se habla sólo de tierra, sino también de los complementos económicos y jurídicos que permiten su explotación con un criterio social. De acuerdo con “la Constitución y la ley —agrega el comunicado— se formalizarán todos los predios que ocupan o posean los campesinos”. Este es sin duda el espacio legal abierto para las zonas de reserva campesina que es la fórmula ideal para proteger la economía y las culturas campesinas. Nada se sacaría con darles hoy tierra a los campesinos para que mañana, una vez valorizadas sus fincas, caigan en manos de los negociantes por el mero efecto de la ley de oferta y demanda. El acuerdo no habla de liquidar el latifundio, pero sí de crear mecanismos para solucionar conflictos originados en el uso del suelo. En este sentido es muy valiosa la creación de “una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común”. Equivale a volver a los “jueces de a caballo” de López Pumarejo y a hacer énfasis en la función social de la propiedad, cuyo desconocimiento ha sido una de las causas de la tragedia. El desarrollo de los compromisos, la mayoría de los cuales –sospecho– están ya redactados, no se conocerá hasta que “todo esté acordado”, pero, como es lógico, su cumplimiento dependerá del poder que logre tener la guerrilla una vez se haya transformado en partido político.

Hay otras pistas esperanzadoras como la creación del Fondo Nacional de Tierras para la Paz. De entrada, ese fondo estaría constituido con los pocos baldíos que quedan, con los baldíos otorgados a dedo por “el paramilitarismo anidado en Incoder” —palabras de Juan Camilo Restrepo—, con las tierras confiscadas a los narcos —propiedades que deberían ser expropiadas sin contemplación—; con aquellas tierras que puedan ser adquiridas por la Nación a través de una reforma tributaria que ponga en vigor la renta presuntiva y, por tanto, la eventual reversión del derecho de propiedad sobre tierras indebidamente explotadas. Lo digo así porque si así no fuera, ¿para qué se acuerda la actualización catastral? ¿Sólo para sanear títulos y permitir el juego del capital financiero? No creo, la cosa va por otro lado. De manera, doctor Lafaurie, que vaya usted preparando un team de abogados litigantes que le sirva más a la causa de la ganadería extensiva e improductiva que un oportunista comité de campaña para la Presidencia.

Hay que señalar, por último, que este acuerdo es el primero que firman las Farc y el establecimiento sobre el tema agrario. Falta el trabajo de cincel, pero si este paso es seguido de los cinco que faltan, el camino hacia una “paz sin victoria” quedaría despejado.

* Elespectador.com| Elespectador.com

Todos con todos

Alfredo Molano Bravo

Por: Alfredo Molano Bravo

Hace pocos días estuve en Montes de María, una región bella y amable que ha sufrido la violencia en todas sus formas desde la época en que Sancho Ximeno —que ha pasado en nuestra historia patria como el defensor de Cartagena contra los piratas ingleses— fue también el brutal perseguidor de los negros que se arrochelaban en la zona cenagosa del Canal del Dique y resistían en la pequeña cordillera.

 

Fue don Sancho el que si bien redujo al héroe de los cimarrones, Benkos Biojó, no pudo acabar con la rebelión de los esclavos que sobrevivieron en palenques; el más conocido, San Basilio, aún conserva palabras de las lenguas africanas. En los Montes se acostaron con las indias chimilas y zenúes y viceversa, y se pasaron por la faja las barreras raciales. Un primer unos con otros y todos con todos. Más tarde los españoles trataron de sacar a esa gente a punta de tiros de mosquete y perros rabiosos, para poblar la región con colonos criollos y hacendados blancos. Pero unos y otros terminaron gateándoles a todas, y todas abriéndoles campo en el chinchorro a unos y otros. Una segunda batalla ganada por la cama libre. De ahí fue saliendo y puliéndose el todos con todos que terminó siendo la norma de convivencia de nuestro pueblo levantisco. Algunos grandes hacendados, si bien acostaban ‘a la brava’ a la servidumbre de sus haciendas, mantenían relaciones con sus esposas para excluir de la herencia a todo mestizo. Pero, al contrario, los mestizos se divertían de cama en cama y de chinchorro en chinchorro, sin miedos, sin cálculos, sin reservas. Lo que sucedió en Montes de María sucedió —y sucede— en todo el país.

La violencia pasó por esos montes y por esas sabanas como guerra civil. Todos los bandos buscaban el control del río Magdalena y reclutaban niños, mujeres y hombres como carne de cañón. Pero entre batalla y batalla, y también durante las batallas, el todos y todas contra todas y todos mandaba más que los generales, y en las noches los gemidos de goce en las tiendas y hamacas opacaban los de los moribundos. Somos hechos de polvo y pólvora. Guerras civiles que no han terminado. Tampoco las otras batallas.

El último capítulo fue el que escribieron —y escriben— los campesinos en rebelión contra los hacendados de Sucre, Bolívar y Magdalena, uno de cuyos epicentros sigue siendo los Montes de María. Las guerrillas echaron raíces en esa pelea y los paramilitares fueron organizados y financiados para ganarla. Y la ganaron: los bombardeos de la aviación fueron consolidados con masacres y masacres. Las tierras de los campesinos fueron arrebatadas, las haciendas corrieron sus cercas; los notarios firmaron escrituras a dos manos. Y entraron a gozar de las victorias los grandes inversionistas: los fabricantes de arepas, los industriales de la palma africana, los empresarios del cemento, las empresas reforestadoras con teca y pino, con eucalipto y acacia magnum, cultivos devastadores de la fauna y la flora vernáculas. Los ganadores reclamaron sus derechos de vencedores y los pueblos se llenaron de discotecas y prostíbulos donde, dicho sea de paso, se mercadea cualquier cosa, todo o nada.

También apareció una carretera hecha por ingenieros militares que, se dice, costó tres veces más porque de cada viaje de varilla, cemento y combustible, sólo se usaba una parte porque las otras dos desaparecían en los bolsillos de oficiales contratistas. Ahora se sabe el destino y la razón de esa vía con especificaciones de autopista que Uribe inauguró como el más glorioso logro de la seguridad democrática: un puerto en Tolú para sacar aceite de palma, carne en canal, cemento y madera hacia el exterior desde los emporios paisas y los latifundios costeños.

En Macayepo, situado en la cresta de esos montes, en el atrio de una iglesia abandonada donde crecen los yarumos, dos burros machos gozaban entre sí de las facultades que Dios les dio, como para demostrarle al procurador —un macho santandereano— y al eterno senador Gerlein —un varón cartagenero— que ese derecho es tan natural como el que asiste a todos con todas y viceversa, y al contrario. La verdad, siempre es sospechoso tanto machismo institucional.

 

·                     Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com

[Cambio Total Revista] La gran manifestación

Alfredo Molano Bravo

Por: Alfredo Molano Bravo.

Conservo aún el eco de la manifestación del martes.

Miles —quizás un millón— de ciudadanos salimos a defender la paz, que es lo mismo que gritar contra la guerra. Yo caminé con mi nieta desde la 26 a la Plaza de Bolívar, a la que llegó otro río de pueblo que caminaba desde el sur. ¡Formidable! La plaza de Bolívar se llenaba por la carrera séptima y se vaciaba por las calles 10 y 11. Una manifestación firme pero alegre. Gente del pueblo, pacífica, campesina, negra, blanca, indígena, obrera, toda, de alguna manera, víctima de la guerra; una guerra hecha para mantener el statu quo, es decir, los privilegios, la exclusión, la impunidad, la corrupción. La marcha del pasado 9 de abril comenzó el 7 de febrero de 1948 con la Oración por la Paz de Gaitán, que pide lo mismo: “paz y piedad para la patria”. 

Fue una manifestación de convergencia que sacó a la calle desde el presidente hasta el colono del Guaviare, desde el fiscal hasta la empleada de servicio que vive en Soacha y trabaja en Rosales. Papel muy destacado desempeñó Canal Capital al informar con imparcialidad e imaginación el desarrollo del evento. Faltaron los que hacen la guerra, los que de ella se benefician y están dispuestos a impedir —a cualquier costo— que las conversaciones en La Habana terminen en un acuerdo definitivo. No son muchos, pero son fuertes. Uribe le mostró al país que un sector de militares le tiene tanta confianza, que le entrega información confidencial. 

¿Divulgar secretos de Estado no es un delito? Uribe y el uribismo tienen ascendencia sobre un sector de las Fuerzas Armadas y, por tanto, también sobre el paramilitarismo, que está vivito y “colaborando” con renovados bríos —como diría Fernando Londoño— por el antiguo Caldas, por Antioquia, por la Costa Atlántica. El uribismo busca despertar el viejo litigio entre federalismo y centralismo que cocinó con sangre y pólvora todo el siglo XIX. En Medellín y Valledupar, en Amalfi y en Chibolo se habla del “gobierno de Bogotá y de la legítima defensa de la provincia”. Un lenguaje conocido. La criatura está moviendo la cabeza y las extremidades y me parece que el escenario del choque va a ser de nuevo —¡quién lo creyera!— la tierra. El gobierno de Santos ha jugado la carta de las víctimas y poco a poco se muestra más decidido a devolver a sus dueños legítimos la tierra usurpada, pero, ahí, en Córdoba, en Urabá, en Cesar, tierras ubérrimas, están los ejércitos antirrestitución asesinando campesinos. En esas regiones donde el uribismo tiene tanta fuerza, también la tienen los Urabeños y los Rastrojos, que nunca dejaron las armas ni sus vínculos con las manzanas podridas y con el narcotráfico. El paramilitarismo es un monstruoso entable económico y electoral. 

El procurador nada ha dicho sobre la impunidad que ha protegido a los paramilitares, que los reproduce y envalentona; pero en cambio, impugna la ley marco de paz, que pese al esperpento del fuero militar, alienta una salida a la encrucijada, como lo ha defendido el fiscal. No me cabe duda de que oponiéndose a la paz, al aborto, al matrimonio gay, a la despenalización de las drogas, Ordóñez está en campaña política y terminará como candidato del uribismo a la Presidencia si la Corte Constitucional considera exequible el acto legislativo y monseñor renuncia a la Procuraduría. 

¿Quién más tiene posibilidad de enfrentar a Santos? ¿Su zafado primo hermano? ¿El vanidoso y oscilante Holmes Trujillo? ¿El mando de los grandes ganaderos? Se avecina una campaña electoral polarizada en extremo. El hecho de que el Gobierno haya desfilado, de que las Farc hayan apoyado la marcha, de que la mayoría de las tendencias políticas se hayan hecho presentes —pese al infortunado marginamiento del Polo, que parece seguir preso del conflicto chino-soviético— abre una ventana sobre el porvenir que no nos dejaremos birlar de nuevo.

Nueve de abril ¡Sesenta y cinco años!

Alfredo Molano Bravo

En vísperas de una enorme manifestación por la paz, quizá tan grande como la que convocó Jorge Eliécer Gaitán hace 65 años, leo y reescribo: llevamos 65 años clamando, gritando, delirando y matando por la paz. El país está de acuerdo con ella, unos por el camino largo y escabroso de la palabra; otros por el expedito y sangriento de las armas. Está dividido —peligrosamente— entre estas vías.

Alfredo Molano Bravo

Lunes 8 de abril de 2013

El eje de la guerra se mantiene firme: la tierra sigue concentrándose; campesinos y colonos son expulsados de sus predios y, con ello, del sistema político. La tierra y la política están íntimamente ligadas. Sin tierra, el campesino cae en manos de los empleadores, de los agiotistas que lo explotan y de los gamonales. En eso se basa buena parte de la estabilidad del establecimiento. El campo ha sido un campo de batalla donde se juega la guerra desde hace 65 años. Desatar ese nudo con honradez por parte de la guerrilla y sin mezquindad por parte del Gobierno es imperativo.

Los partidos copan el aparato, lo manejan a su amaño —siempre respetando las reglas de juego de la banca mundial—, y los empresarios se vuelven socios dóciles de las multinacionales, mientras en las zonas campesinas se intensifica la acumulación de riqueza, cuyo secreto es el despojo de tierras, de trabajo, de bienes. En el campo —sobre todo en las zonas de colonización— la sangre sigue corriendo; la coca ha sido sustituida por la extorsión que implica a todos los “actores armados”, incluidas, por supuesto, las miles de “manzanas podridas”. Es el alimento irregular de la guerra irregular. La maquinaria está tan bien armada, tan sólida, es tan eficaz para gobernar, que es difícil para los ideólogos del establecimiento imaginar un aparato más poderoso y útil. El costo de acomodarlo a nuevas reglas les suelta la tripa, les da vértigo, “bascas les suscita” y disparan sus lenguas de plomo a lo que se mueva, al que no comparta su causa heroica. La guerra no es el único problema del país, ni todos los asuntos se resolverán con la paz, pero hoy por hoy, es asunto de vida o muerte.

El país entero debe salir el 9 de abril, Día de las Víctimas, a defender la brecha que se está abriendo en La Habana. El Gobierno también debe marchar a tomar una posición irreversible. A Santos no le queda otro camino que defender sin ambigüedades la carta de arreglo que puso sobre la mesa, botar las cartas quemadas y enfrentar la reacción de la extrema derecha, que se prepara con todos los fierros. El tiempo se agota. Uribe, los intereses creados y el ejército de las manzanas podridas no le darán tregua. Carlos Flórez lo dijo: “A la paz le falta calle”. No puede seguir siendo un cuchicheo entre bambalinas ni una partida de póquer en la trastienda. Que este 9 de abril se rasguen las cortinas y que sepamos a qué está dispuesto el presidente. No puede jugar a dos bandas, sacándole ventajitas —costosísimas— a las Farc para ponérselas en bandeja de plata a los uribistas —y a los urabeños—.

Punto seguido. El 8 de abril se conmemora el “Rom”, día del pueblo gitano. Tengo un profundo afecto por ellos desde cuando los conocí en sus carpas, montando sus caballos y trabajando el cobre. Dalila Rromni, una de sus bellas y delicadas mujeres, me envió un poema muy oportuno: “Nosotros nunca hemos usufructuado nada de los recuerdos de la muerte, del holocausto, somos un pueblo indefenso, sin ánimos de volcarnos al pasado para obtener recompensas a costa de nuestro dolor. No tenemos héroes reconocidos, ni odios heredados. Nuestra paz no se habla, se siente y se vive como amor a la vida. No nos ven, pero en nuestro cielo mil estrellas alumbran. Somos un espíritu errante al que basta el cielo y la tierra para caminar; no nos apropiamos del fulgor de una estrella ni del viento que mueve las hojas. No tenemos reglas, respetamos los acuerdos”.

A torcerles el cuello a las consultas. Por Alfredo Molano Bravo

Alfredo Molano

Gran parte de los conflictos sociales que enfrentan a comunidades con el establecimiento han tenido origen en la imposición de los intereses de éste sobre los de aquellos.

No solo de enfrentamientos y polémicas civilizadas, sino también de acciones armadas. Ha sucedido así con dos asuntos históricos: la tierra y el poder. La exclusión económica política de campesinos, indígenas y negros ha sido la causa de muchos de los males que sufrimos. Una de las medidas que se han inventado para debilitar esa contradicción es la consulta previa —Convenio 169 de OIT, vinculante— que, léase bien, debe ser libre, previa e informada. La razón es simple, las comunidades étnicas no son respetadas en su integridad —territorio, cultura y autoridades— por las leyes convencionales y requieren una protección especial. Al país se le consulta cada cuatro años sobre políticas públicas y orientaciones ideológicas, lo que implica de por sí una consulta sobre grandes proyectos económicos y políticos. Es una práctica que hace parte de la cultura de Occidente, aceptada formalmente por casi todo el mundo. Son dos formas complementarias de consulta y por tanto de participación política. El problema consiste en que la consulta previa es administrada por el establecimiento, el cual tiene sus propios intereses. Legítimos, claro, pero no idénticos a los de las comunidades étnicas. Y ahí está el problema, porque se trata en general de dos modos distintos de mirar el mundo y de vivir. En la sociedad mayor prima lo que la economía política llama la reproducción ampliada de capital y en las comunidades la reproducción simple. Por eso, entre paréntesis, los campesinos deberían gozar de la consulta previa.

En las últimas semanas tres casos se han puesto sobre la mesa de discusión pública: el del Parque Tayrona, el de Fazenda y el de Tumaco. Tres casos diferentes pero que tienen un origen común. Se trata del enfrentamiento de dos derechos, el de la integridad étnica y el de hacer plata. En el caso del Tayrona y de Tumaco los jueces han fallado a favor de las comunidades, es decir, de las consultas; en el caso de Fazenda, un gran criadero de cerdos en los Llanos Orientales que afecta a los indígenas sicuanis, está por fallar. El Gobierno está asustado y busca reglamentar la consulta para que no impida las grandes inversiones o las leyes que las garanticen, así tenga y deba restringir los derechos de las comunidades. Ese es el pleito. La plata manda y el Gobierno se dará mañas de torcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro —la paz— para quedarse con el oro. En el Tayrona, tres empresas y dos familias quieren quedarse con una región entera que pertenece por naturaleza a los indígenas de la Sierra Nevada y por belleza a todos los colombianos. El fallo obliga a la consulta y la consulta les será adversa a los empresarios. En Tumaco, el Tribunal de Pasto concluyó que el uso del veneno —arsénico— que los empresarios emplean para disminuir los costos de la lucha contra una plaga en sus cultivos palma africana debe ser consultado con las comunidades negras que están sufriendo las consecuencias. Vuelve y juega, plata —o inversiones— de unos pocos contra la salud de la mayoría. El caso de Fazenda es también simple: siete niños y 10 adultos de la comunidad indígena sicuani han muerto por contaminación de aguas con la caca de los 20.000 marranos de la empresa. Como quien dice: consuma más carne de cerdo afuera de la región, porque aquí lo que se come es su caca.

El Gobierno alega que la consulta paraliza las inversiones. Que el código de minas, la ley de desarrollo rural, la reforma a las corporaciones autónomas o los grandes proyectos de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras, todo “lo que nos sacará de la pobreza”, está detenido por el capricho de unos cuantos indios y unos pocos negros. No lo dirán tan fuerte, pero así lo dicen en los cocteles, que es el sitio donde se cocinan esos proyectos y leyes. El argumento es que esas inversiones generan —palabra típica— empleo. ¡Fariseísmo puro! Si así fuera se debía excluir, por ejemplo, de la explotación de oro a las multinacionales para que ese trabajo lo hagan los barequeros. En cada caso se podría decir lo mismo. En Fazenda, los cerdos valen más que los indios. En el Tayrona, los Dávila o los Bessudo valen más que los koguis, arhuacos, wiwas, kankuamos y que el derecho que tenemos todos los colombianos de bañarnos en las playas del Tayrona.

Tomado de El Espectador

De nuevo, Zonas de Reserva Campesina. Por Alfredo Molano Bravo.

Valle de Cimitarra es una Zona de Reserva Campesina. 

Todos los intentos de reformar la estructura agraria han fracasado. Desde el gobierno de López Pumarejo hasta el de Andrés Pastrana no se ha hecho nada distinto a titular baldíos, una estrategia pragmática, dada la radical oposición de los latifundistas —armada unas veces, parlamentaria otras— a ceder un centímetro de lo acumulado bajo todas las formas de adquisición.

Alfredo Molano

Entre 1930 y 1970 se adjudicaron unos 11 millones de hectáreas. Las pocas tierras tituladas a los colonos, siempre por intermedio de gamonales y contraprestaciones electorales, terminan en manos de los terratenientes por la mera lógica del mercado. Los colonos entran en bancarrota por las deudas con los comerciantes, que les han vendido caro lo que necesitan para hacer mejoras y comprado barato las cosechas que sacan a la plaza. Cuando el Estado titula, facilita la venta de mejoras a los hacendados y beneficia a los bancos. Así, la colonización es, en realidad, una avanzada del latifundio.

Pasará algo muy parecido con las tierras que el Gobierno logre restituir. Una vez devuelto y titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras Alianzas Productivas, o venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. En cualquier caso, la titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual. En diez años, y habida cuenta del impulso que los gobiernos les darán a las zonas de desarrollo empresarial y a la expansión de la agroindustria, los predios restituidos caerán de nuevo en manos de los terratenientes. Cosa de tiempo. De poco tiempo.

¿Cómo frenar esta dinámica? En 1994, la Ley 160 creó la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una talanquera —igual que los resguardos indígenas o los consejos territoriales— para proteger a los campesinos y evitar que continúen tumbando montaña o se conviertan en asalariados rurales o urbanos. La pieza clave de esa reforma es la Unidad Agrícola Familiar (UAF): la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad —y dar trabajo— a una familia nuclear. Uribe y Santos han querido liquidar este concepto de UAF para titular los baldíos a grandes empresas nacionales o transnacionales.

En pocas palabras: para impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración de la tierra.

Una familia campesina puede comprar o vender una UAF, pero ningún particular puede comprar dentro de las ZRC varias fincas para hacer una hacienda. Es el principio básico. En lugar de esas nefastas y tramposas Zonas de Consolidación, controladas por la inteligencia militar para excluir campesinos y manejar recursos sociales con fines militares, el Gobierno debe soltar la tierra, como dice Darío Fajardo. Acordar con las Farc y con el Eln la creación de amplias ZRC en regiones fértiles y no en peladeros; desarrollar programas de crédito subsidiado tal como lo hace para la agroindustria de biocombustibles; contratar la construcción de vías con comunidades campesinas y no con ingenieros militares.

Las Reservas Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y consumidores. Todo esto se ha dicho; todos son programas legales y factibles. Y serían, si de verdad se quiere aclimatar la paz, una de las garantías más sólidas para cambiar fusiles por votos y tatucos por azadones. Se oirán las voces de los generales sindicando a las ZRC de Repúblicas Independientes y los gritos de los dirigentes gremiales acusándolas de violar el sagrado recinto de la propiedad privada y de atentar contra la libertad de mercado. Se oirá en el foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se inaugura mañana lunes en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

USA hiede. Crónica de Alfredo Molano: “Le tienen miedo a que les abra los ojos a las ovejas”

Por: Alfredo Molano Bravo

Opinión | Sab, 12/08/2012 - 23:00 / Hace pocos días fui invitado a dictar una conferencia en la Universidad de Nueva York. Ya lo había sido el año pasado, pero no pude llegar a EE.UU. porque en El Dorado, la línea aérea en que viajaría muy cortésmente me comunicó que debía presentarme en la Embajada —con E mayúscula—. Me indigné, no con la empresa por supuesto, sino porque para mí no era difícil saber por dónde iba —y va— el agua al molino.

Dos años atrás la Universidad de Virginia me había invitado a inaugurar el XVI Congreso de Colombianistas, conferencia que tampoco pude hacer porque, pese a los esfuerzos míos y de un grupo de académicos norteamericanos, la renovación de mi visa fue dilatada hasta dos o tres días después de la fecha prevista para mi pArticipación. Tampoco me fue extraña la maniobra. Durante dos años que duré como becario y profesor de la Universidad de Stanford, cada vez que entraba a EE.UU., en el retén de inmigración, en vez del convencional wellcome, el policía me aplicaba un frío follow me. Y en una sala esperaba varias horas.

No fue siempre así. Antes de 2001 entré muchas veces a ese atormentado país sin ningún problema, pero desde que les tumbaron las Torres Gemelas debí adquirir el estatus de terrorista o de colaborador de los terroristas o de amigo de un amigo del que se dice puede ser terrorista. En Chicago, ya con visa de trabajo como becario de Stanford, me detuvieron seis horas en otra sala similar a la que estuve la semana pasada al entrar a Nueva York.

Desde que el policía de inmigración me miró dos veces —una distraídamente y la otra con inquina— supe que el wellcome me había sido negado. Era la 1 de la madrugada del pasado 29 de noviembre. Sin remedio seguí al officer hasta un lugar similar al que las Sagradas Escrituras llaman el limbo. Al entrar me señaló, con el índice y sin mirarme, una de las 116 sillas del lugar donde había mexicanos, dominicanos, serbios, chicanos, negros norteamericanos, un español extraviado y varios colombianos. El silencio de los detenidos —¿qué otra palabra se podría utilizar?— contrastaba, calculadamente sin duda, con la bullaranga provocadora de los officers que miraban sus computadores y se hacían bromas pesadas entre sí. Hombres grandes, gordos, con cuellos como gibas y cogotes colgantes, brazos tatuados, anillos de oro y pelo al rape. De tanto en tanto alguno gritaba un Mike, o un John, o un Igor, y el paciente se paraba como si hubiera recibido un corrientazo eléctrico, se arreglaba el abrigo y agradecido se acercaba a la tarima de donde lo habían llamado. Al rato otro y después otro; todos con el mismo terror sobre los hombros y la misma rabia encaletada.

Los guardias no miran a los detenidos, pero sin duda los estudian desde algún agujero que no se ve. Uno siente las miradas y casi oye los comentarios de los escudriñadores. ¿Qué crimen —crimen es la traducción colombiana de delito— me estarán endilgando? Un Estado tan grande algo malo debe haber hecho para que lo habite tanto miedo. Uno hace el repaso de cada cosa que lleva en la maleta; de cada cosa que ha hecho en su vida y que pudiera ser sospechosa para la Policía; uno hace cábalas pero la cuenta no sale. Siempre puede haber un homónimo que buscan porque metió unos gramos de cocaína o porque violó una niña o porque habló con un delincuente. O porque sí. ¿Y entonces? Le sucedió a un amigo, Anthony Henman, autor del más completo ensayo sobre la planta de coca en Colombia: estuvo detenido tres días sin ningún cargo. Y un día le dijeron, como me dijeron a mí tres horas después de mi estadía en el pasadizo del limbo y largándome el pasaporte sin mirarme a los ojos: ¡Go ahead! Gracias, debí decir por fuera, y por dentro: ¡Cabrones!

Punto aparte: En la época en que César Rincón estuvo enfermo de hepatitis C, yo adquirí el mismo virus a raíz de una operación en una prestigiosa clínica de Bogotá. Me trató Rafael Claudino Botero, el “padre de la hepatología” en el país, como lo califica el doctor Roberto Esguerra, director por muchos años de la Fundación Santa Fe. Botero es un gran científico y un eminente cirujano a quien hoy la Secretaría de Salud del Distrito le impide ejercer su profesión en Colombia arguyendo formalismos burocráticos. O celos de algún médico de esa entidad, la misma que nada hace para impedir que la gente se muera esperando un turno en los hospitales.

¿Casos aislados? Por Alfredo Molano.

¿Casos aislados?

Alfredo Molano

Sin la colaboración de militares habría sido imposible la organización de 10.000 hombres armados al servicio de una guerra —sucia— que beneficiaba, de una u otra manera, a las fuerzas institucionales. Y a eso, querámoslo o no, doctor De la Calle, hace referencia la “doctrina”

Por Alfredo Molano Bravo / Domingo 28 de octubre de 2012

Fueron capturados el miércoles en Bogotá los policías vinculados al asesinato de Diego Felipe Becerra, el muchacho grafitero. Hay que recordar que el comandante de la Policía de Bogotá hizo todo tipo de movidas para cubrir —como se dice en el argot militar— a sus unidades. No se salieron con la suya, sin duda por la vigilancia constante de la opinión pública.

?Tampoco le fue bien al otro comandante de la Policía que se puso del lado del senador Eduardo Merlano cuando sus subalternos lo encontraron manejando borracho. Aparentemente distintos son los casos, pero hay que saber leerlos. A mí me parece que tienen algo en común: la solidaridad de los mandos con los delincuentes. Podría añadir otro: el del muchacho —gente “divinamente”— que mató borracho a tres motociclistas en La Calera y al que la Policía no detuvo por ser quien era. No hay día en que no se publique un desafuero de la misma especie. Como el último que destacó El Espectador en primera página con una foto donde se ve a un policía energúmeno, literalmente montado sobre una periodista de El Tiempo que había osado tomar fotos de un accidente de tránsito. Los jefes de la Policía dirán, por supuesto, que son casos excepcionales. Sin duda, pero dicientes. Lo mismo podrían decir del teniente que violó y asesinó a una niña de 13 años y mató a los hermanitos de ella por ser testigos del crimen. Los casos de militares judicializados por delitos contra la población civil y contra otros militares son miles. Todas manzanas podridas, alegan los generales; de un árbol, agrego yo, que creció torcido.

El monopolio de las armas es no sólo un fundamento constitucional inmodificable sino un principio sano y explicable. Las armas son una de las bases de todo Estado. (Hay que aceptar ciertas desgracias como virtudes). Y ese principio es indiscutible. La negociación con las guerrillas versa, como dirían los juristas —más si son caldenses—, sobre ese tópico. El monopolio de la fuerza es para nuestro Estado, si busca ser de verdad democrático, un gran reto. Es la condición válida para que las guerrillas se conviertan en un partido político. La otra condición, igualmente válida, es que el Estado garantice ese derecho. Y de eso también trata la negociación. No podrá haber una matazón como la de la UP, como no podrá haber otro Caguán.

Hay que ponerse en el caso de un guerrillero raso que va a entregar su fierro: lo mínimo que puede exigirle al que lo recibe es que no lo vaya a matar con él. Ni que se lo dé a otro para hacerlo. El monopolio de las armas implica que sea general. El Gobierno debe desarmar a los paramilitares sin reserva. Pero debe ir más adentro, debe cortar las ramas del palo que permitió su existencia. Sin la colaboración de militares habría sido imposible la organización de 10.000 hombres armados al servicio de una guerra —sucia— que beneficiaba, de una u otra manera, a las fuerzas institucionales. Y a eso, querámoslo o no, doctor De la Calle, hace referencia la “doctrina”. A un árbol sembrado, abonado y defendido por la Guerra Fría hay que reformarlo hoy, cuando no hay soviéticos por ningún lado. Los ejércitos de tierra, mar y aire terminaron, a la luz de esa siniestra doctrina, luchando contra un enemigo interno sin respetar el DIH ni los DD.HH., que la alta oficialidad considera un perendengue que hay que saber eludir.

Las garantías para el ejercicio de la política —que no son sólo una cuestión de cuidar las filas de los votantes el día de elecciones— son la esencia misma del trato con los insurrectos y no se pueden confundir con la reforma —muy discutible, por lo demás— del fuero militar que está por aprobarse. La doctrina en que se ha formado, y ha hecho la guerra, nuestra Fuerza Pública debe ser enterrada, quizá por el Congreso de la República, pero atendiendo a una justa exigencia de la guerrilla —y de la lógica— para que la entrega de armas no se convierta en una nueva tragedia.

El meollo. Por Alfredo Molano Bravo

La almendra de la negociación con la guerrilla es el tema de las armas, tanto las que hoy se enfrentan como las que mañana garantizarían el cumplimiento del acuerdo.

Tomado de El Espectador, 2012-09-30

El asunto es esencialmente militar, aunque el punto no se haya hecho explícito en la agenda. En este sentido, los principales negociadores deberían ser, en una primera etapa, los militares. Y por eso la propuesta de las Farc parece razonable: militares activos deberían estar sentados negociando con comandantes de la guerrilla. Frente a frente. No son suficientes los exgenerales Mora y Naranjo, aunque sean representantes válidos de las Fuerzas Militares. Podrán tener ascendencia sobre los soldados, pero no mando. Y lo que se necesita, en primer lugar, es negociar un cese al fuego.

Horacio Serpa, negociador en Tlaxcala, recordó esta semana, en el lanzamiento de la propuesta de Samper para humanizar la guerra, los fracasos de los intentos anteriores con Betancur, Barco, Pastrana, de todo pacto en medio de la balacera. Imposible. La mesa se convierte en un tribunal que termina comiéndose la negociación. Si se trata de no repetir errores, ese caos se debe evitar y por tanto ir de entrada a silenciar los fusiles. El acuerdo entre Belisario Betancur y Marulanda no se pudo cumplir más que en la prensa porque era imposible de controlar. La iniciativa de Samper parece ser la manera de llegar al cese al fuego por etapas. Mauricio Jaramillo, El Médico, uno de los negociadores de la guerrilla, lo sugiere cuando propone la suspensión de atentados contra el sector energético a cambio de la suspensión de bombardeos. Sin duda, una sucesión de acuerdos para humanizar la guerra mientras se firma la paz es el camino para detener la plomera mientras se negocian las soluciones políticas definitivas al desangre.

Desde luego que el cese al fuego supondrá una estricta vigilancia por parte de un agente neutral y fuerte que dé garantías a las partes. Hoy la supervisión mediante satélite —y otras formas electrónicas de espionaje— resuelve los obstáculos que impidieron a Chucho Bejarano e Iván Márquez encontrar mecanismos de verificación y que terminaron en la reactivación de los combates. No se trata ahora de descubrir el agua tibia, sino de acordar el cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ninguna de las partes beligerantes ha cumplido. En el fondo, el DIH es un código de naturaleza militar para sacar a los civiles de la pelea e impedir la guerra sucia. Algunas de esas normas, como propone Samper, aclimatarían el cese al fuego. Los bombardeos, la desaparición, el secuestro, el reclutamiento de menores, se pueden convertir en temas de una agenda compartida para llegar con decisión a firmar un cese al fuego y, entonces sí, entrar a la negociación de fondo: el problema del poder. Se trataría de definir el cumplimiento progresivo de reglas específicas y obligatorias, rigurosamente vigiladas por un organismo acordado y competente. El papel de la comunidad internacional, y más específicamente de la latinoamericana, es en este punto decisivo.

Un cese al fuego supone necesariamente la participación de todo movimiento insurgente. Hablo del Eln, pero también de los restos del Epl —con Megateo incluido—. Más aún, estas dos fuerzas tendrán que entrar, tarde o temprano, a negociar su participación en la mesa que se instalará en Oslo y se desarrollará en La Habana, pero un acuerdo sin su participación resultaría espurio.

El cese al fuego debe ser tan sólido como para seguir vigente después de la firma del acuerdo general. Será la verdadera prueba de la negociación. Quizá no haya una garantía más real del pacto que la profunda recomposición en un solo cuerpo de las fuerzas que se enfrentaron durante medio siglo. Las guerras civiles deben terminar en un ejército nacional unificado y único. La negociación es, de hecho, una invitación obligada a tragar sapos.