Las primeras brisas de la mesa de Oslo-Noruega… camino
a Cuba:
Por Narciso Isa Conde
La prolongada guerra civil colombiana tiene sus causas en el violento y
cruel régimen de dominación, explotación y exclusión social, económica,
política, cultural… formado a lo largo de su historia, y muy especialmente en
los últimos 60 años.
Es un producto del
modelo agrario, el latifundio, la dependencia, las aberraciones de un
capitalismo constantemente recolonizado, el sistema de represión y terror
político bajo auspicio de los EEUU y sus doctrinas militares, la negación de
democracia real, la cultura violenta despótica desplegada por la clase
dominante-gobernante durante seis décadas, la impronta depredadora y
empobrecedora del neoliberalismo a lo largo de los últimos 20 años y la
intervención creciente de unidades militares especializadas y bases de
operaciones estadounidense e israelí en territorio colombiano, tutelando una
guerra de baja y mediana intensidad contra las fuerzas insurgentes y la
población descontenta.
Esto se ha
traducido en hambre, desigualdades escandalosas, profundas injusticias sociales y de todo
tipo, abuso de poder, torturas, para-militarismo (perversamente aupado y
sostenido desde el Estado), narco-militarismo y narco-política, asesinatos a
granel (incluidos los ejecutados con motosierras, los llamados “falsos
positivos”, las grandes fosas comunes
encubiertas o cementerios clandestinos), crueles y masivos despojos,
desplazamientos masivos forzados, restricciones a la libertades, delincuencia
de Estado y corrupción del sistema tradicional de partidos…
La insurgencia armada y la rebeldía social y política
no armada han sido una respuesta político-social a esa cruel realidad, a esa
guerra sucia integral; guerra de Estado, de
la clase dominante, del poder imperialista y las mafias asociadas a esas
fuerzas.
·
EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN Y USO DE LAS ARMAS.
Las armas en poder
de los/as revolucionarios/as civiles de las FARC-EP y del ELN, no es la causa
de esa guerra, sino la respuesta obligada a la violencia social, económica,
cultural, política, militar y paramilitar impuesta desde arriba; usada
sistemáticamente como factor de sometimiento, opresión y represalias.
Las armas pueden
poseerse sin usarse, pueden ser necesarias o innecesarias, pueden usarse y
dejar de usarse, según las circunstancias. No necesariamente deben entregarse
en el curso de las luchas populares, menos cuando son garantías de muchas cosas
justas, incluyendo de los diálogos en busca de paz.
Los/as primeros/as
en poseerlas y usarlas no fueron los/as integrantes de las fuerzas insurgentes
y revolucionarias colombianas, aunque han sido los primeros en proponer un cese
al fuego para crear un clima adecuado en esta segunda fase de los diálogos de
paz inaugurados en Oslo-Noruega el 18 de octubre del 2012.
·
AGENDA COMÚN E INTENCIONES DEVELADAS.
El comandante Iván
Márquez -a quien conozco, aprecio y admiro- hablando a nombre de la delegación
de las FARC-EP en ese acto inaugural,
procuró en sentido
general, en forma elegante y profunda ir a la médula del
problema, a las causas profundas del conflicto armado, a la identificación de
la guerra con las injusticias e inequidades, al modelo agrario, al modelo
minero, a la dependencia y la intervención extranjera, al tipo de sociedad, al
sistema político excluyente… a la necesidad del cambio profundo e integral. Y
lo hizo a tono con la agenda preliminar aprobada por las partes.
El representante
del gobierno y del poder establecido en Colombia, el ex-vicepresidente Humberto
De la Calle, repostó diciendo que “ni el
modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en
discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las
ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden una vez acabe el conflicto y tendrán que
hacerlo sin armas”.
Pero resulta que la agenda aprobada contempla la
cuestión agraria, la participación política, el narcotráfico, la situación de
las víctimas, y el fin del conflicto; en ese orden y sin que en ninguna parte
consigne la entrega previa y unilateral de armas por las FARC-EP.
Al señor De la Calle -personero con escasas
experiencias en el andar por calles marginales- sin querer-queriendo le salió
de sus entrañas las intenciones fundamentales de poderosos sectores del
oficialismo pro-imperialistas en esos diálogos: cercar, presionar en grande a
las Farc-EP, para que acceda a entregar unilateralmente sus armas; presentando
al ejército popular construido por los/as guerrilleros/as durante décadas de
sacrificios, como causa básica y cuasi única de la guerra y la violencia.
De la Calle puso temprana e imprudentemente en
evidencia la pretensión gubernamental de obviar las raíces del conflicto
armado, situando de nuevo las armas en manos de la insurgencia como causa, y no
como consecuencia del mismo, y presionando en dirección a la rendición de las
FARC; que equivale a su desarme, desmovilización y “legalización”, dejando el
sistema y sus modelos sectoriales intactos o con limitadas reformas y cambios
domésticos.
·
POR UN TRATAMIENTO
ESPECIAL AL TEMA DE LAS ARMAS.
El representante del presidente Manuel Santos, cuyo
gobierno está montado sobre una crisis sistémica integral y embestido por un
ascendente movimiento político-social (armado y no armado), ignoró que ahora
más que nunca en Colombia la palabra paz significa justicia; los acuerdos entre
las partes implican cambios sustanciales, y la cuestión de las armas exige un
tratamiento totalmente diferente al tradicional.
Y eso es válido para la FARC-EP y el ELN y para el
oprobioso régimen colombiano
Nadie debe creer tan tonta la guerrilla
guerrillerada más antigua, experimentada y heroica de la historia universal
moderna –y confieso que para mí sería una desconcertante y desagradable
sorpresa un yerro de esa magnitud- como para repetir los costosos errores del
M-19 a raíz de su desmovilización y deposición de las armas, de los acuerdos
que dieron lugar a la vida legal-electoral de la Unión Patriótica, de los
acuerdos pactados en Guatemala, e incluso de lo acontecido en ese plano -aunque
con consecuencias no tan graves- en El Salvador.
·
RECORDANDO A MARULANDA
No olvidaré jamás lo que me dijera el camarada
Manuel Marulanda en el curso de una larga e íntima conversación cuando visité
Colombia a raíz de los diálogos de paz del Caguán, dándome plena seguridad de
que los dirigentes de las FARC jamás iban a aceptar disolver en una mesa de
diálogo el ejército popular que habían construido con enormes sacrificios
durante más de cuatro décadas, insistiéndome que se trataba de un patrimonio
del pueblo en lucha y de la revolución pendiente, que debía ser parte y
garantía de los cambios a emprender, aun en el marco de cualquier acuerdo hacia
una etapa de paz y transición
democrática.
Tengo confianza en que la nueva y talentosa
conducción de esa fuerza insurgente seguirá
siendo leal a esa concepción medular expuesta por su líder legendario,
que además de defender acertadamente lo acumulado desde el esfuerzo
revolucionario colectivo, persigue rechazar categóricamente la idea del desarme
unilateral y del monopolio de lo militar en favor de las derechas y del bloque
dominante.
El fin del actual conflicto armado en Colombia es
el último punto a abordar en la agenda acordada. Su inclusión de esa manera
indica que un tratamiento adecuado del mismo dependerá de los éxitos alcanzados
en los puntos previos y que de ninguna manera el final del conflicto armado
estará inexorablemente amarrado a la entrega de las armas por ninguna de las
dos partes, aunque sí, por definición de
paz, a la cesación del uso de las mismas y, en consecuencia, de los combates
armados.
Soy de los piensan que en ese caso una paz con
garantías duraderas, sin graves riesgos de ominosos desequilibrios y
violaciones tempranas, no se logra disolviendo los ejércitos populares
conformados, sino procurando formas originales de coexistencia de los mismos en
el proceso de transición democrática y de creación de la nueva
institucionalidad.
La FARC y el ELN son organizaciones
político-militares con amplia presencia nacional. Lo militar, lo político y lo
social combinado en ellas son la garantía de su existencia y su potencia
duradera, del cumplimento de la agenda de cambios nacionales y de la defensa y
el ascenso de los movimientos democráticos, patrióticos y revolucionarios
civiles. Si se desarman unilateralmente, estarían lamentablemente decretando su
exterminio progresivo y el retroceso de lo que pueda lograrse en los diálogos
de paz. Ese es un dato muy fuerte de la historia colombiana y de esta fase
altamente peligrosa a consecuencia de la decadencia y la agresividad del
imperialismo estadounidense.
La paz nunca ha sido sinónimo obligado de desarme
de una de las partes; sí de justicia, libertad, bienestar colectivo, cese de
los combates armados y garantía plena de ejecución de lo acordado con amplia
participación y vigilancia popular. Y esta, menos aún, podría ser la excepción.
19-10-2012, Santo Domingo RD.
