Mostrando entradas con la etiqueta UP. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta UP. Mostrar todas las entradas

miércoles, 26 de junio de 2013

“No solamente se hace masacre con armas, las opiniones también matan”. Respuesta a una columna de Maria Isabel Rueda

Militantes de la Unión Patriótica, desplazadas de Uraba, norte de Colombia, a la capital
por la guerra sucia de un Terrorismo de Estado


“No solamente se hace masacre con armas, las opiniones también matan”

Por Nelma Forero Sánchez

Señora María Isabel Rueda
Columnista El Tiempo
Bogotá

Ref.: Su artículo “Nos la están montando”

María Isabel Rueda
Con toda certeza sé que usted no escribe desde la ignorancia, sé que lo hace con la intención de causar daño; usted pertenece al 1% de los que se apoderaron de los recursos de todos, nosotros pertenecemos al 99%, que por ello está indignado. Usted no ha entendido, ni lo entenderá jamás por su posición de clase, que el partido Unión Patriótica fue una propuesta de paz real, concreta y magnánima que ofrecieron las FARC-EP al gobierno en el primer intento por darle solución política al ancestral conflicto interno en nuestro país, conflicto que tiene causas objetivas, fincadas en la desigualdad social; fíjese en dónde tienen al país las medidas económicas: un índice gini del 0.58 en promedio nacional, pero de 0.88 en el campo, con más de 5.000 niños muriendo de hambre anualmente; todos los indicadores sociales dan la razón para estar indignados, la misma indignación que obliga a muchos a tomar las armas, y a otros como nosotros, tal vez, por cobardía, a hacer el trabajo desde lo político, con la certeza de que su clase hegemónica igualmente nos van a matar.

Solo para recordarle, porque sé que a usted no le interesa, ninguno de los que hacían parte de la militancia de la Unión Patriótica, ultimados por las balas del Estado a través de los paramilitares, financiados por industriales y terratenientes, e instigados por ustedes los periodistas, con su lenguaje genocida, que en ese entonces como ahora,  genera una matriz de opinión que busca eliminar físicamente al opositor, enemigo de clase, eran guerrilleros; sí mi estimada María Isabel, todos fueron civiles que creyeron en la plataforma política surgida de las truncadas negociaciones, y que, aún a costa de su propia vida, fue impulsada por la insurgencia; tan cierto es que muchos, para salvar sus vidas, buscaron la protección de las armas, pero la gran mayoría nos quedamos en resistencia, bajo la legalidad burguesa, que hemos aceptado, esperando cambiarla por las buenas. Y no olvide que sigue asesinando diariamente a campesinos, sindicalistas y a todos los opositores sociales que nada tuvieron ni tienen que ver ni con la UP ni con los alzados en armas.

Escribe usted: “Y no es imaginable discutir lo segundo sin lo primero, para no repetir la mortal ecuación de “armas + urnas” que tácitamente respaldaba a la UP, cuando las Farc, aún armadas, lanzaron al ruedo a un partido político marcado por tan profunda contradicción y que terminó en la tragedia de un genocidio que avergüenza a este país.” Querida periodista, la “contradicción” corresponde a la profunda contradicción de clases, hoy más viva que nunca, ¿no se ha dado cuenta que estamos en medio de una lucha de clases? Es muy difícil velar su responsabilidad, como periodista, en el genocidio político de la UP. Claro que es una “vergüenza”, que ni usted ni los de su clase sienten; ¿en qué mundo anda? Son ustedes los de su clase los que han combinado todas las formas de lucha, utilizan: la Fuerza del Estado y para estatales, con ellas y con sus órganos represivos torturan, desplazan y asesinan; así mismo tienen a su servicio los medios masivos de comunicación; y, también, utilizan el sistema educativo como correa transmisora del fatídico y oprobioso modelo, para luego aprovecharse de la ignorancia de la gente.  ¿Cuántos años han estado en el poder y qué han logrado, tan sólo profundizar la crisis social en que se debate nuestro pueblo? ¿El máximum alcanzado no es, acaso, la concentración de la riqueza?

Escribe usted: “Pero en eso ya nos están tomando ventaja: al tiempo que exigen restituirle a la UP su personería jurídica e indemnizar a sus víctimas –no ofrecen nada de eso para las suyas– piden “proscribir las prácticas contrainsurgentes del Ejército Nacional”. (¡Háganme el favor!)” ¡Qué alarma! ¡Cómo es posible¡ Sí mi querida María Isabel, los esclavos se rebelan. Ustedes  se creen con el “Derecho de Matar” a los que disienten, por atentar contra sus privilegios. Nosotros los militantes de la UP, reitero civiles, siempre hemos estado bajo la legalidad vigente, recuerde que la UP tuvo su Personería Jurídica legal, nunca nos hemos salido de la normatividad impuesta, jamás nos declararon ilegales, que perdimos la Personería Jurídica porque mataron tanto a nuestros congresistas, diputados, alcaldes, concejales como a militantes, es decir, por sustracción de materia, podemos gritar a los cuatro vientos, que no existe un solo líder ni militante alguno, enjuiciado por haber sido a la vez político y guerrillero; precisamente nos pudieron eliminar fácilmente porque los alzados en armas no nos respaldaron, y porque, aun siendo víctimas de la masacre, tampoco  hubiésemos permitido tal respaldo, teníamos y tenemos claro que andamos en la legalidad.

La restitución de la Personería Jurídica de la UP no depende de lo que se resuelva en La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno, la restitución está basada en argumentos, históricos, políticos, jurídicos, pero fundamentalmente éticos. Hay una demanda interpuesta desde el año 2010, mucho tiempo antes de que se supiera que iban a conversar FARC-EP y Santos. Despistada periodista, la restitución de la personería no fue solicitada por los insurgentes ésta había sido adelantada por nosotros los militantes de base, ni siquiera por nuestras directivas. De otro lado, también, se interpuso una denuncia penal para que se investigue el Genocidio cometido por el Estado, ante la Fiscalía, mucho antes de que se conociera la posibilidad de los diálogos; no confunda, no son las FARC—EP las que piden la indemnización, es nuestro derecho el que lo exige.

Escribe, usted, también: “Aquí falta darle un timonazo a la forma de comunicar la negociación, de manera que se modere a las Farc en los micrófonos”. Está claro, esa es la libertad de expresión que ustedes pregonan; por lo visto le tienen más miedo a las palabras que a las balas, de las que ustedes están perfectamente resguardados.

Y afirma: “Cuando el río suena… ¿Cuál será el primer país de la región en contagiarse de la primavera latina del Brasil?” Sepa, usted, que en el Brasil lo que existe es una insípida socialdemocracia, más hacia la derecha que hacia el pueblo. En lo que se diferencia con el modelo, que usted defiende, es que Dilma no les manda los escuadrones de la muerte a los manifestantes, como lo hace Santos contra los campesinos del Catatumbo.

Que quede claro, que los que “nos la están montando”, desde la independencia española, son los criollos ricos, de los que usted hace parte, y que jamás han sidoclase dirigente sino clase dominante, considerada por académicos e investigadores sociales, como “la burguesía más sanguinaria del continente”.

Con la certeza que me acompaña la razón, y con la seguridad de que ustedes jamás tendrán el valor de publicar ésta en el mismo medio donde usted denosta contra la UP, desde la Academia, suscribo,

Nelma Forero Sánchez
Militante de Base de la Unión Patriótica


jueves, 21 de marzo de 2013

La vigencia de un proyecto y los nuevos intentos de exterminar a la Unión Patriótica




Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Creada en 1984, hace 29 años, la Unión Patriótica, sigue vigente. Ayer 20 de marzo, varias noticias retomaron el tema del movimiento que padeció, tras el genocidio del gaitanismo, otro de similares características: más de 3600 de sus líderes y militantes de base fueron asesinados.

En primer lugar, el Consejo de Estado ordenó a la Nación pedir perdón a los familiares del dirigente agrario y cofundador de la UP, Julio Poveda, asesinado por sicarios el 14 de febrero de 1999 y le exigió a la justicia penal que actúe y esclarezca el crimen.

La Sección Tercera, en su fallo, ordena al Estado pedir perdón en una ceremonia pública, a indemnizar a los familiares del líder político de izquierda con más de 500 millones de pesos y pidió el envío de copias del fallo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analiza una demanda contra la Nación por los más de dos mil militantes de esa organización política asesinados desde 1983.

Y el mismo 20, otras dos informaciones sacudieron el escenario político del país: al tiempo que el Congreso creaba una subcomisión que analizará las posibilidades jurídicas de restituir la personería jurídica de la Unión Patriótica, la Procuraduría instaba al Consejo de Estado a no revocar el fallo del Consejo Nacional Electoral que en 2002 le arrebató a esta agrupación sus derechos políticos.

A la idea de los congresistas Alexandra Moreno, del Movimiento Mira, y Guillermo Rivera, del Partido Liberal, se unieron las comisiones de paz del Congreso, que tras la sesión conjunta del miércoles 20 habilitaron a un grupo de congresistas que analizarán las vías jurídicas para ello.

Una comisión reparadora y la ley de víctimas

De acuerdo con el presidente del Senado, Roy Barreras, citado por El Tiempo, “se ha creado una subcomisión que revisará las posibilidades jurídicas de restablecimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica, el movimiento víctima del genocidio, conocido y doloroso, y que implica una nueva manera de reparación a esas víctimas de la UP”.

Según la tesis, los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas contemplan la “reparación colectiva” a las organizaciones políticas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Esto se haría tras una recomendación del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual encabeza el Presidente de la República, a la Unidad de Víctimas, que emitiría una resolución pidiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le regrese la personería jurídica a la UP.

Se trataría de un fallo histórico en el camino de la reparación de miles de víctimas y el resarcimiento de un movimiento que contribuyó a la paz de Colombia tras su fundación bajo los acuerdos de la Uribe de mayo de 1984 entre la administración de Betancur con las FARC de Cese al Fuego, Tregua y Paz, los únicos que por cierto esa guerrilla ha firmado con gobierno alguno.

El Procurador vuelve a matar a las víctimas

Por eso el pronunciamiento del Procurador solo apunta a volver a exterminar al joven movimiento que se levantó como una real alternativa política en Colombia.

Los actos administrativos 5659 del 30 de septiembre de 2002 y 7477 del 20 de noviembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral fueron demandados ante el alto tribunal por la UP que argumentó que el Consejo Nacional Electoral CNE, excedió sus competencias, al aplicar la Ley 130 de 1994, sin tener en cuenta que la UP fue objeto de un genocidio político.

El procurador delegado Antonio Eduardo Gómez Merlano, obedeciendo órdenes del Procurador General, Ordoñez, conceptuó que si el Consejo Nacional Electoral no hubiese aplicado la norma que rige para mantener la personería jurídica de la UP, estaría violando la Constitución o estaría generando desigualdad en referencia a otros partidos políticos.

La ley electoral determina que un partido político pierde sus derechos si no alcanza un determinado número de votos o no se presenta a elecciones. Que no fue precisamente el caso de la UP pues no era igual ante la ley como pretende el Procurador pues fue objeto de una política de exterminio que no sufrieron los otros partidos. Olvidar esto no es sino convertirse en cómplice de quienes optaron por la vía de la extinción a sangre y fuego.

Con toda razón los demandantes del absurdo fallo del Consejo Nacional Electoral que le arrebató la personería jurídica y que ratificó a través de las Resoluciones 0101 del 24 de enero de 2012 y 0364 del 11 de abril de 2012, señalan que “la presunción de legalidad que para vergüenza del país aún ostentan estos actos administrativos que se solicitan se revoquen indican a la conciencia nacional, que fue políticamente eficaz eliminar sistemáticamente – matándolos - a los dirigentes visibles y a muchos de los militantes de un partido político para determinar o por lo menos incidir en su bajo desempeño electoral y lograr así la pérdida de su personería jurídica”.

Devolverle la personería jurídica al partido que lideró Jaime Pardo Leal, está en consonancia con la Ley de Víctimas y que debe ser tenida en cuenta por el Consejo de Estado en un fallo que espera pronto todo el país.

Se trata, como lo indica dicha ley y en desarrollo de las garantías de no repetición que deben entenderse retroactivamente derogadas las interpretaciones de las normas electorales que para el Consejo Nacional Electoral no admitían - hasta antes de la Ley de Víctimas - considerar "situaciones excepcionales" como lo es un genocidio contra un partido político para inaplicar una norma electoral en particular.

Otra cosa sería volver a repetir un acto simbólico de consumación del genocidio.

Como lo recuerdan los demandantes de las arbitrarias resoluciones del Consejo Electoral éste se limitó a señalar la imposibilidad legal de asumir un estado excepcional de cosas, como lo es el genocidio cometido, para no aplicar una fría normatividad vigente.

El Consejo Nacional Electoral textualmente, dijo que: “tampoco es jurídicamente aceptable tener en cuenta "circunstancias extrañas", es decir, el genocidio de la UP, que todas las instancias jurídicas y políticas del país, sin excepción, (para no hablar de las internacionales) entre ellas la Corte Constitucional, la Fiscalía General, el Congreso, los poderes ejecutivos desde el año 2000, han aceptado se perpetró contra dicho partido.

El ex presidente Andrés Pastrana reconoció en su libro La palabra bajo fuego, que lo ocurrido contra la UP fue un genocidio político.

Las inaceptables “circunstancias extrañas” para el Consejo Nacional Electoral

Entonces no aceptar dichas "circunstancias extrañas" niega simplemente, como dice la UP en su alegato, los efectos anulatorios que debe tener un genocidio, sobre las normas electorales redactadas para tiempos de normalidad, y constituye en sí misma una postura ideológica que siempre fue inconstitucional y ahora, sin duda, también es ilegal.

“El Consejo Nacional Electoral, además de aplicar incorrectamente la ley electoral - esto no fue lo más grave-, terminó siendo parte importante de una estrategia de genocidio político a la que el faltaba el elemento simbólico que la demandada aportó dando al país la errada idea de que la desaparición de la Unión Patriótica fue constitucional, legal, justa, y, por lo tanto, políticamente correcta”, señala con vigor la demanda.

Al respecto la Corte Constitucional ha sido clara en su doctrina, que debe aplicar ahora el Consejo de Estado del “estado inconstitucional de cosas”, que no fue otra cosa que sucedió en el caso de la UP, sometida a pero barbarie del último medio siglo.

Por ello, con toda razón, los representantes Guillermo Rivera e Iván Cepeda, y la senadora Alexandra Moreno Piraquive sostienen que la Unión Patriótica podría recuperar las curules y los cargos públicos que perdió luego del asesinato selectivo de sus miembros en la década de los 90.

Rivera sostiene que los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas abren la puerta para la reparación de ese grupo político por medio de la restitución de su personería jurídica, figura que permite a los movimientos postular candidatos para las elecciones.

"Sería importante que en el Plan Nacional de Atención y reparación integral a las víctimas se contemplara la posibilidad de restituir la personería jurídica de esa organización política como mecanismo de reparación colectiva", señala Rivera.

Por otro lado, el representante Iván Cepeda recalcó que la UP ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le devuelvan las curules y la personería jurídica perdida. El representante no duda que el tema sea tratado en la mesa de negociación de La Habana donde dialogan el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Soplan nuevos vientos

"Hay que devolver todas las curules arrebatadas a la Unión Patriótica, entre ellas la que le fue arrebatada a mi padre, entiéndase que no la reclamo para mí sino para la UP que sigue viva", afirmó Cepeda a El Tiempo.

A su vez, la senadora Piraquive sostuvo al mismo diario que uno de los escenarios para permitir la participación política de la guerrilla de las Farc sería devolver la personería jurídica a la extinta Unión Patriótica.

"Una decisión de este tipo permitiría reivindicar a las víctimas de la UP y a los miembros que todavía hacen parte de esa colectividad reconociéndoles su derecho a participar en las elecciones que se avecinan", dijo la parlamentaria.

Soplan, pues, nuevos vientos hacia la reparación inevitable de la Unión Patriótica. Por encima de falacias e interpretaciones santanderistas que solo pretenden, bajo un manto seudojurídico, afirmar que aquí no ha pasado nada, que un genocidio que nadie olvida como lo recordaron decenas de oyentes hoy 21 en la escuchada emisora La W, que tuvo como su tema el día la restitución de la personería jurídica de la UP, debe quedarse así.

Iván Cepeda ya lo había dicho en la entrevista que le hicimos en 2011 para el libro Unión Patriótica, expedientes contra el olvido y cuyas palabras adquieren plena vigencia: “La UP es imprescindible en cualquier proceso político de cara a la reconciliación. Digamos que los de la UP son ese tipo de crímenes en los cuales no puede la sociedad colombiana encontrar la paz hasta su esclarecimiento”.

Esperamos que así lo entienda, para el bien del país, el Consejo de Estado, ya que el Procurador ha preferido el camino de la afrenta a la memoria histórica.








sábado, 29 de septiembre de 2012

Colombia: Crímenes de Lesa Humanidad



¨

Allende La Paz, Revista Cambio Total.

No por lo conocido debemos dejar de puntualizar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la oligarquía en la « Casa de Nari », es decir, por los dos últimos presidentes colombianos. Sus crímenes, al ser herederos unos de otros y otros de los anteriores otros, no pueden seguir en la impunidad en un mundo que se ha ido sensibiklizando contra los crímenes cometidos desde los Estados, así todavía sólo juzguen a los « dictadores » aplastados por la maquinaria de guerra imperial.

La oligarquía ha ejercido de manera violenta el poder en Colombia, a fin de procurar su enriquecimiento. Es lo que llaman la acumulación capitalista, que siempre es violenta aunque en unos países la violencia es estructural y en otros la violencia es mucho más visible, es física y de eliminación del proletariado, de los trabajdores, del pueblo. En la base de todo el conflicto interno colombiano está entonces la tenencia de la tierra. Tierra que es expoliada a sus legítimos dueños « A LA BRAVA », para que pasen a ser propiedad de manos « legales –militares-, o ilegales –narcoparamilitares- ».

Por la tierra, la oligarquía ha cometido sus crímenes, producto entre otras cosas por la necesidad insatisfecha de una Reforma Agraria verdadera. La reforma agraria propuesta por el Estado es la reforma de los poderosos, quienes roban la « parcelita » al campesino que invirtió muchas horas de trabajo para « civilizar » la tierra y ponerla a producir.

Por la tierra, la oligarquía adelantó la llamada « Violencia » de los años 50, la cual tomó la forma de « violencia bi-partidista » entre liberales y conservadores del pueblo, mientras las élites oligárquicas tomaban juntos « guiski » en sus clubes sociales. El resultado fueron 300.000 víctimas y un millón de desplazados forzados, quienes perdieron todas su poquitas « riquezas ».

A partir de 1964 comienza la Segunda Fase de la Violencia, matizada con el anticomunismo heredado de la confrontación este-oeste. Comienzan a utilizar las viejas figuras siniestras de los violentadores que adelantaban masacres, violaciones de mujeres y desapariciones. Los « Pájaros », « Cóndores », etc, de esa época son revividos de la mano –no de Jesús- sino de los militares, los cuales actúan a nombre del Estado. Hoy son los « sicarios en moto », los « descuartizadores, los « Mochacabezas » y demás figuras demoníacas de los narco-paramilitares, llamados así por el pueblo en acertada calificación.

Cientos de miles de víctimas, en una orgía interminable y un reguero de sangre en los campos y ciudades colombianas. Asesinan a todo el que se oponga a su proyecto de expansión capitalista. Especialmente a los líderes de izquierda, sindicalistas, maestros, etc. Algunos investigadores calculan en 500.000 víctimas de la orgía de sangre oligárquica. Entre ellos, sbresalnes algunos crímenes.

Los 5.000 mártires de la U.P., es apenas una muestra de la forma de « hacer política » de la oligarquía colombiana. El asesinato de Jaime Pardo Leal y de Bernardo Jaramillo Ossa su sumum máximo. Seguirían otros candidatos presidenciales « incómodos » al establecimiento, sin importar que hicieran parte de él. Ya en los últimos tiempos sobresalen tres hechos principales. Los asesinatos de Raúl Reyes, el « Mono Jojoy » y de Alfonso Cano. Espeluznante la forma de adelantar sus asesinatos, a pesar de que ya los « determinadores de la guerra » sabían de la determinación de las FARC de adelantar conversaciones de Paz, la cual siempre han buscado. Frialdad máxima del asesino que sabiendo el sentimiento de paz de Cano, ordena su persecución y ejecución –reconocido por el propio JMSantos-. Ejecución sumaria, ejecución extrajudicial, ya que los asesinos materiales ya habían prácticamente reducido al Comandante de las FARC. Necesitaban las « bestias » que la sangre generosa del Comandante de las FARC rubricara sus deseos de Paz. Era imprescindible la firma de los Acuerdos que ya se tramitaban en La Habana (Cuba) con tinta-sangre de Alfonso Cano. Y así fue.

Los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por JMSantos, como un pesado fardo, se han convertido en « la Jiba » que eternamente tendrá que cargar. Y si es valiente, tendrá que encarar los juicios por su responsabilidad en estos crímenes ante un juzgado civil internacional. Esa es su enorme « Jiba ». ¡Las víctimas selevantan de sus tumbas y exigen justicia verdadera!

----------------
Publicado por cambio total en 
CambioTotalRevista
 el 9/29/2012 12:17:00 a.m. 

sábado, 4 de agosto de 2012

Carta de Carlos A. Lozano Guillén director de VOZ al diario El Espectador

Carlos Lozano (a la derecha) en el congreso de la Juventud Comunista. Rechaza los
señalamientos en el sentido que la Marcha Patriótica esta dirigida por la insurgencia.
Cinco mil víctimas del PCC y la UP son las consecuencias fatales de esa guerra mediática.
La oligarquia y una izquierda que no ha sabido canalizar los anhelos de cambios estructurales
temen que el descomunal movimiento, constituído por 1700 organizaciones populares,
será el movimiento capaz de crear el nuevo estado al servicio del pueblo colombiano.




Bogotá D.C. 2 de agosto de 2012

Periodista
Fidel Cano Correa
Director diario El Espectador

Apreciado señor Director:
El en el día de hoy, jueves 2 de agosto de 2012, el columnista de El Espectador, Rodolfo Arango, reconocido intelectual y a quien leo con respeto, decidió dar su propia versión sobre la Conferencia Nacional Ideológica del Polo Democrático Alternativo, reunida el fin de la semana pasada en Bogotá. Sugiere el doctor Arango que el Polo le dijo no a la Marcha Patriótica, sin embargo, en el texto explica es la posición del maestro Carlos Gaviria Díaz, respetable, por supuesto, pero que no es compartida por numerosos sectores del PDA, como fue evidente en el desarrollo del debate democrático.
El Polo no le dijo no a la marcha, lo dijeron algunos de sus dirigentes, voces respetables, pero que no necesariamente expresan el sentimiento del partido. Por el contrario, el comunicado final convoca a la más amplia unidad de la izquierda, en la idea que solo una convergencia de fuerzas avanzadas podrá ser opción de poder para conquistar la paz con democracia y justicia social. La misma propuesta que hace Marcha. La democracia en el Polo exige también dar las versiones completas de sus debates y resoluciones. Sobresale que hay desacuerdos sobre este punto, pero lo que se optó fue seguir discutiendo hacia el Congreso Nacional al final de este año o comienzos del próximo.
Marcha Patriótica es una realidad nacional que no se puede ignorar. Arrancó con fuerza como lo registró el país en la inmensa movilización del pasado 23 de abril, como en manifestaciones posteriores recientes de presentación de los comités departamentales en varias capitales colombianas. Es un movimiento político y social, cuya base fundamental son más de 2.000 organizaciones populares de todos los tamaños, nacionales y regionales, que le dan un talante particular y lo convierten en protagonista de primera línea de la lucha social y popular.
Decir que Marcha Patriótica es una organización de la guerrilla es sencillamente repetir el libreto de los militaristas y de la ultraderecha, que buscan repetir el martirologio de la Unión Patriótica. Decir que a la Unión Patriótica la exterminaron por el vínculo con las FARC, es tanto como justificar el asesinato inerme de sus 5.000 militantes. A Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda Vargas, Leonardo Posada, Miller Chacón, José Antequera, Bernardo Jaramillo, Teófilo Forero, Mercedes Méndez y un largo etcétera, los asesinaron en la brega política, no en un campo de batalla y en uso legítimo de un derecho constitucional. Buscando la paz y la justicia social.
Marcha Patriótica no reivindica las armas, ni hace la apología de la violencia, su apuesta es por la paz, pero con democracia y justicia social, algo fundamental en la vida política del país porque de la solución democrática y pacífica del conflicto, dependen las garantías y los cambios que el país requiere. Es una opinión diferente a los que desde la izquierda creen que los cambios democráticos en Colombia se hacen mediante pactos con “burguesías nacionales” y en componendas con el poder dominante. Sería bueno que un buen lector como el doctor Arango leyera los documentos programáticos y declaraciones de Marcha que contienen sus planteamientos medulares.
El debate en la izquierda debe adelantarse de forma democrática, sin sectarismos ni odiosas exclusiones, mucho menos con señalamientos que son peligrosos en un país con tantos riesgos como el nuestro.
Atentamente,
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ, vocero de Marcha Patriótica y miembro de la Junta Nacional del PDA