Balas del Ejército Nacional disparado en Catatumbo |
En el colmo de la
mediocridad e incompetencia, el señor Santos ha salido, por todos los medios de
comunicación, a descalificar y descartar la demanda de los 200 mil campesinos
del Catatumbo para que se de vía libre allí a una Zona de Reserva Campesina con
su Plan de desarrollo social integral, elaborado directamente por los labriegos
y sin el apoyo de las instituciones correspondientes, que siempre la han
bloqueado.
Su argumento manido consiste en afirmar que no
acepta las vías de hecho, para referirse a la huelga que adelantan los
pobladores, desde hace ya más de un mes y con varias personas asesinadas por la
policía, después de años de reclamos y demandas exigiendo la solución
de sus graves problemas, entre ellos el de la violencia ejecutada por
sangrientos grupos paramilitares que con el apoyo de la Fuerza Pública,
asolaron la región con masacres, despojos y desplazamientos de miles de
familias, que hoy se encuentran en condiciones infrahumanas en Cúcuta y
su Área Metropolitana, donde también deben soportar la indolencia del
gobierno y la ineficacia de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, convertida en la palanca de los politiqueros para la expansión de sus
latifundios electorales, pues las reparaciones por 22 millones de pesos que se
deben entregar a cada víctima son del manejo discrecional de los directorios
políticos santistas.
Ese es el Estado de derecho del que se ufana
el doctor Santos.
Por supuesto que en Colombia, no solo en el
Catatumbo, millones de seres humanos deben recurrir legítimamente a la
movilización, rebelión y presiones para obtener sus derechos, ante el
derrumbe del Estado y de sus instituciones, capturadas por las mafias de la
corrupción politiquera, que lo canalizan para favorecer sus intereses privados
y dinásticos. Eso ocurre con la vivienda, con la salud, con la educación, con
la tierra, con la seguridad humana y con muchos otros derechos que son negados
por las burocracias al servicio de maquinarias electoreras, de poderosos
terratenientes, banqueros y paraempresarios .
Se necesita cinismo, mucho cinismo, como el
del Jefe de la Casa de Nariño, para afirmar que aquí El Estado, el derecho y
las instituciones funcionan a la perfección, porque esta "democracia"
de papel es un lujo que envidian los ojos del mundo. En que país vivirá este
caballero. En Londres debe ser.
La propuesta de Zona de Reserva Campesina del
Catatumbo/ZRC, no es un proyecto inventado a última hora. Lleva años de
preparación e impulso, con asambleas, talleres, seminarios, apoyo de expertos y
elaboración de planes concretos. Todo dentro de los términos de la Ley 166 de
1993, que las institucionalizó. El obstáculo siempre lo han colocado los
burócratas del Incoder y del Ministerio de Agricultura. Por supuesto se oponen
los militares que tienen su negocio montado con la Zona de Consolidación y
Recuperación Territorial Estratégica, donde actúan sin control y como
si fuesen un Estado soberano, para gastar a discreción y atropellar la población
conjuntamente con los paramilitares de las Autodefensas de la Frontera, que
comanda Alias Chang y financia el cartel de los "Pepes Álvarez"
(herederos del Pulpo), dueños de medio Cúcuta y de casi toda las haciendas de
Puerto Santander, a los ojos de todas las autoridades que conforman la
institucionalidad que el señor Santos nos pondera en sus peroratas televisivas.
Las multinacionales de la Locomotora Minera
que saquean el carbón, el petrolero y los recursos forestales, son,
obviamente, enemigos jurados de la ZRC. No aceptan las exigencias agrarias y
populares para que se protejan los recursos naturales de la región, como
los ríos la fauna, la flora, los vientos y los bosques. Eso es un peligro
para los negocios del extractivismo que patrocina la Prosperidad Democrática.
Decir, en un perfecto galimatías, que no se
aceptan las exigencias de los campesinos porque las decisiones administrativas
devienen en situaciones legales, es de una pobreza mental que lo pone a uno a
dudar sobre la salud del Jefe de la Casa de Nariño. Quien le hará los discursos
a este personaje. Obvio, que las decisiones legales deben ser acompañadas de
actos administrativos, para decirlo de otra manera. Lo mismo que en el pasado
el sujeto del Estatuto de Seguridad, afirmaba con un descaro absoluto, que las
cosas no eran ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Es la ridiculez de
la discursividad oficialista. Dan ganas de llorar.
Afirmar que en el Catatumbo se han invertido
dos billones de pesos a lo largo de su gobierno, provoca risa. Lo que resulta
obligado preguntarse es ¿en qué se invirtieron esos dineros? ¿Cuáles son las
obras realizadas? ¿A qué población se favoreció? Pues, en el Catatumbo lo que
se observa es pobreza, miseria, terror y desolación que es justamente lo
que propició la reacción indignada de los pobladores.
Es cierto que en los últimos meses se anunció
la expedición de un Conpes por los burócratas de Planeación Nacional,
pero todo eso se ha quedado en el papel, y lo poco que se ha dado se lo
llevaron para sus bolsillos los políticos, senadores y representantes, unos
verdaderos magos en el arte del enriquecimiento veloz y criminal.
Una afrenta al país es lo que hace Santos
cuando se le atraviesa a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Hundió
todavía más su reelección presidencial.
A los campesinos no les queda más alternativa
que seguir adelante con su lucha democrática y masiva hasta alcanzar sus
objetivos. Esa es la experiencia de este país. Acá nada se consigue
por las buenas. Cada derecho ha sido conquistado con mucha lucha y sangre. O
sino que lo diga la martirizada Unión Patriótica. O los
sindicalistas. O los desplazados. O las víctimas de la violencia militar y
paramilitar.
Exigimos la Zona de Reserva Campesina del
Catatumbo, sin más dilaciones y mentiras del señor Santos.
Aguachica, 12
de julio de 2013