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La fuerza pública siempre ha sido el Patron del
paramilitarismo que solo en la región de Catatumbo asesinó
más de 7.500 seres
humanos de la población civil.
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Juan Diego Restrepo E.*
Ante el fracaso del Estado en la región del Catatumbo,
a las autoridades solo les queda estigmatizar la protesta campesina y sus
justas peticiones.
El 15 de marzo de 1999 comenzó a escribirse el peor periodo de la
historia reciente de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Ese día,
en una larga entrevista que le concedió el paramilitar Carlos Castaño Gil al
diario El Tiempo, anunció la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia
(Auc) a esa zona fronteriza: “Este año va a haber fuerte confrontación con el
ELN.
Nuestras tropas están avanzando en este momento hacia el norte, en
Santander, y el mayor escenario de confrontación se va a establecer en las
riberas del río Tarra, donde permanecen ‘Gabino’ y ‘Antonio’ cuando no están
vacaneados en el extranjero. El país tendrá que entender lo que va a suceder
allí”.
Lo que vino semanas después fue una despiadada incursión de facciones paramilitares
que dejaron sangre y desolación en las veredas. Caminos, trochas y cunetas se
comenzaron a llenar de muertos, la mayoría civiles, y el Estado, impasible, no
hizo nada por defender a los campesinos; es más, algunos sectores fueron
cómplices. Eso está probado ante la justicia.
Uno de los pocos funcionarios que se atrevió a quejarse de ese abandono
fue Iván Villamizar, Defensor Regional del Pueblo, días después de un inútil
consejo de seguridad realizado en Cúcuta y que encabezó el entonces presidente
de la República, Andrés Pastrana Arango: “Es necesario que se le diga a la
comunidad qué clase de medidas se adoptaron, si las que se tomaron no fueron
aplicadas o resultaron insuficientes, o si los organismos militares y
policiales no las cumplieron a cabalidad”.
La osadía de defender a las comunidades del Catatumbo, denunciar las
atrocidades de los paramilitares y reclamar mayor presencia del Estado le
costaría caro: Carlos Castaño Gil desató una persecución en su contra que
terminó el 22 de febrero de 2001, cuando fue asesinado por sicarios momentos
después de salir de la Universidad Libre de Cúcuta, donde trabajaba. El vocero
político de las Auc lo acusó de “ser simpatizante de la guerrilla”.
Ese discurso que esgrimieron los paramilitares contra todos aquellos que
rechazaron sus acciones y se mantuvieron cerca a las comunidades es muy
parecido al que vienen propagando algunas autoridades cuando indican que la
actual protesta campesina “está infiltrada por las Farc”. Cuánto peligro hay en
esos señalamientos.
Lo que queda claro en el Catatumbo es el fracaso del Estado en
gobernarlo y ejercer autoridad. Desde mediados de la década del noventa se sabe
que ha sido territorio estratégico para los grupos armados organizados
ilegales. Sus extensos cultivos de hoja de coca, su ubicación fronteriza y los
corredores de movilidad la hacen apetecible. Y esa atracción ha sido fatal para
miles de labriegos pobres que desde esas épocas no han tenido más oportunidad
que dedicarse a la ilegalidad.
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| En éstos hornos fueron quemados centenares de víctimas del paramilitarismo. |
El año de 1999 es bien interesante por todo lo que se diagnosticó sobre
el Catatumbo. El diario La Opinión, de Cúcuta, preocupado por la región,
reclamaba mayor atención del Estado, en un editorial del 2 de junio: “El
Catatumbo es una región con problemas por resolver y en vez de agravarlos se
impone es trabajar para hacer posible soluciones efectivas, con las cuales se
mejore el nivel de existencia de todos. Un sueño colectivo en el cual es
preferible coincidir en vez de atizar hogueras de muerte”.
Asimismo, en una extensa entrevista que le hizo la agencia Colprensa y
publicada por el diario El Colombiano el 22 de agosto, el entonces alcalde de
Cúcuta, José Fernando Bautista, aseguró que “los gobiernos, todos sin
excepción, se comprometen a cosas con la intención de cumplir. Luego, las
realidades financieras y presupuestales hacen que no se realicen o se hagan a
medias. El Catatumbo es una región deprimida y necesita de inversión”.
Por su parte, en un editorial del 27 de agosto de ese mismo año, el
diario El Tiempo reflexionó sobre los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo y
se preguntó: “¿Es ese otro de los signos demostrativos del fenómeno de un
Estado ausente, que al no tomar iniciativas para el fomento del campo en los
más diversos frentes ha dejado a la población que depende de la agricultura a
disposición de distintas fuerzas para las que la tierra solo vale en la medida
en que sea útil para incrementar un negocio sórdido?”.
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Casi 14 años después, la situación parece detenida en el tiempo. El Estado
nunca llegó y si lo hizo fue empleando medidas de fuerza, criminalizando a la
población campesina y fustigándola con el manido argumento de sus “nexos con
las guerrillas”, como lo hicieran en el pasado las fuerzas paramilitares. La
región ha estado a merced de las guerrillas del Eln, las Farc y el Epl, así
como de las Auc y, actualmente, de las llamadas ‘bandas criminales emergentes’.
Históricamente estos grupos armados ilegales han sido la autoridad y los
gobiernos de los últimos 20 años tienen gran responsabilidad en ello. Nunca
supieron cómo resolver los problemas. Hoy quieren llegar a la fuerza, tal como
lo pidió el presidente de la República, Juan Manuel Santos: “la orden a las
fuerzas militares es implantar el orden en la zona”. ¿Es así cómo se buscan
soluciones a problemas estructurales que vienen de décadas atrás?
Sus pobladores han estado sometidos a todo tipo de presiones, desde la
ilegalidad, pero también desde la legalidad. No reclaman nada nuevo, sus
pedidos son los mismos de hace 20 años, que aún tienen sentido y son justos
porque el Estado, en su inoperancia, no los encara de manera eficiente y
concreta.
Las comunidades de esta región de Norte de Santander merecen mejor
suerte. Son colombianos también, viven en la zozobra y quieren tener una mejor
calidad de vida. Razón les asiste a los campesinos cuando dicen, en su pliego
de peticiones, que “el problema de la coca debe tratarse como un problema
económico, social y político y no como un problema criminal”. De mantenerse ese
último tratamiento, el Catatumbo no le pondrá fin a su triste historia.
* Periodista y docente universitario
