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| en condiciones infrahumanas sobreviven los presos colombianos |
Miguel
Ángel Beltrán Villegas / Martes 30 de abril de 2013
“Suele
decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una
de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus
ciudadanos de alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más
bajo”: El Largo Camino Hacia la Libertad. Nelson Mandela
“Nunca
había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan
familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar
mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con
las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido,
húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos
sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos,
cojos , mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados,
sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba
pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y
fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala
de la muerte […].
Este
testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras
vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional
Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición
a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su
vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde
finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto
que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles
purgaba una pena de 20 años. Si nos atuviéramos a los principios para la
protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del
9 de diciembre de 1988 garantiza que “Toda persona sometida a cualquier forma
de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las
situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen
parte de un pasado remoto.
Sin
embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las
que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de
Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de
Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo
retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías
procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos
degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen
cumpliendo las cárceles como instrumento de represión política y control
social.
SISTEMA
PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE
ESTADO
Recientes
episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de
400 prisioneros murieron calcinados; o los hechos de violencia que cobraron la
vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en
el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad
con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su
paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que
parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista
norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel-
son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del
abuso hacia aquellos confinados en ellas”.
Aunque
el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio
para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial
(“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato
punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los
criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de
la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la
vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales
inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad
mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas
que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden
con ellos son relegados a jaulas”
En
este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de
otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el
hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua
potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de
condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que uno de los sectores de
la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son
las personas privadas de la libertad .
Pero
si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las
del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las
complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde
hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal
que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar
la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento
crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante
papel como instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones
sociales, y el silenciamiento de la protesta social.
La
presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema
nacional penitenciario y carcelario (INPEC) , y en algunos centros de
reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el
Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el Comando Operativo de Remisiones de
Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que
les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta
estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios
a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.
LAS
CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS
Según
cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca
de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal
del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de
Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC
cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que
significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles
de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el
20%.
El
informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente
que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras
o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar
platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal
Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en
anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.
Con
todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de
reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles
alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas
para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están
alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le
sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos
el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del
mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la
propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud
constituye otro de los problemas estructurales que vive la población
carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la
escasez de medicamentos .
En
una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional
Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en
que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba
como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por
inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta
impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la
desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a
día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en
los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución
que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”
El
hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de
“Picaleña” (Ibagué/Tolima),con la muerte, por falta de tratamiento médico
oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses
atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente.
Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han
muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado
Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan
la protección del derecho a la vida.
Es
aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes
sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de
embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del
encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que
estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en
general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de
ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación
de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para
lograr obediencia de las madres internas.
Cabe
advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo
trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de
remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la
llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales,
regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción,
paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas
médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite
permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando
otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares,
donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en
un preso común sería impensable.
UN
MODELO PERVERSO
El
9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana,
colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de
cooperaciónpara el supuesto“mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”;
el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes
de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y
materialdel Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de
instalacionespenitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de
funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores
norteamericanos.Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11
NuevosEstablecimientos de Reclusión del Orden Nacional (“ERON”)
Una
investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008
puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno
para las personas privadas de la libertad: “No cuentan–señala el informe- con
espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de
sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio
limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en
ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las
dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no
garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz
natural en condiciones normales” .
Pese
a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el
tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de
corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos
fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la
responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que no sólo han visto
restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los
abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la
violación de los derechos fundamentales de los reclusos.
Resulta
claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con
la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización.
Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y se expandió a
Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado
fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado,
arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde
con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la
justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el
sistema por más tiempo” .
El
sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las
políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”,señala,
-apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se
ha transformado en una de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el
tercer renglón generador de empleo en ese país. Alrededor de este ramo se anuda
una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la
feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde
participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de
productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar
de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles
que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación
de aire antituberculosis
COLECTIVOS
DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”
La
prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él, el
incremento del número de presos(as) políticos(as)-que ya sobrepasa los diez
mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización
y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han
conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos
gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente,
recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y
paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.
A
lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por
estimularla deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio
de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a
través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde
el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre
infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y
Paz” (ley 975 de 2005)
Pese
a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos
colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa
que-a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo
visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha
logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y
organizar la lucha colectivapor mejoras en la atención sanitaria, la calidad de
la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia
civil.
Frente
a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y
redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de
trabajo, en los pabellones de alta seguridad, los colectivos de presos
políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de
alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad
nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los
presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de
azar se constituyen en la constante.
Los
sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos
“per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados
recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del
país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para
bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la
que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo
(“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)
quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como
consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que,
desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por
las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.
En
numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento
(Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y
sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios
que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su
núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de
custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino de la sistemática
violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las
cárceles colombianas.
Los
atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del
Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado
exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta
establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que
adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas,
cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino
para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento
de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde
hace ya tantas décadas.
