domingo, 30 de junio de 2013

Snowden es la punta de un iceberg





Por Percy Francisco Alvarado Godoy
El caso Snowden se ha ido transformando en un complicado culebrón de espionaje cuyo desenlace aún parece incierto. Por un lado, el padre del perseguido por EE UU aseguró que su hijo podría regresar a su país bajo ciertas condiciones, lo cual incluiría no ser detenido de inmediato y estar en libertad hasta que se le realice un juicio justo, lo que resulta dudoso para el joven. Estos requisitos parecen estar contenidos en una carta enviada hoy por su abogado al fiscal general Eric Holder.

Para restar responsabilidad del implicado, el padre sugiere que Snowden pudo ser manipulado por Wikileaks. Lo cierto es que el desertor ha podido ser debidamente interrogado sobre los secretos que conoce por los servicios de inteligencia chinos y rusos, lo que preocupa profundamente a la NSA, la CIA y el FBI.

Lo cierto es que Edward Snowden se encuentra escondido, desde hace cinco días, y sin pasaporte norteamericano, en alguna de las oficinas del área de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremétievo, esperando una solución favorable a su situación legal. Rusia parece estar desentendida del asunto pues el mismo no ingresó al país y rehúye a adoptar medidas cautelares o entregarlo a sus perseguidores. Esta posición se basa en la ausencia de una solicitud del Departamento de Justicia norteamericano para que Snowden sea entregado. También hay que considerar que en Rusia existen opiniones encontradas con respecto a otorgar asilo al ex agente de la CIA, aunque la Duma rusa ha iniciado una posición a favor del asilo, según lo dejaron entrever el senador ruso Ruslan Gattorov y el el miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia Kirill Kabanov. El primero declaró sin tapujos: “Invitamos a Snowden a trabajar con nosotros y esperamos que, en cuanto formalice su estatus legal, colabore con nuestro grupo de trabajo y nos dé pruebas del acceso de las agencias de Inteligencia estadounidenses a los servidores de varias empresas de Internet”.


Otros países, mientras tanto, tratan de ayudar al perseguido basándose en razones humanitarias. Por un lado, la renuncia por parte de Ecuador a las preferencias arancelarias con su par estadounidense, evitando cualquier represalia diplomática de los yanquis, abre una mayor posibilidad para que le sea concedido el asilo a Snowden. El gobierno de Correa, mostrando su acostumbrada dignidad señaló que su país "no acepta presiones ni amenazas de nadie". No obstante, aún estudia los pormenores del caso.

Una nueva opción ha aparecido para el fugitivo cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien llegará a Rusia el primero de julio próximo para asistir al Foro de Países Exportadores de Gas, aseguró su disposición de otorgar asilo a Snowden si éste lo solicita. “Si este joven necesita la protección humanitaria y cree que puede venir a Venezuela (…), Venezuela está a la orden para proteger a este valiente joven de manera humanitaria y para que la humanidad sepa la verdad y esto se acabe”, declaró Maduro.

Mientras tanto, Obama tiene bien claro que el mal ya está hecho y enjuiciar a Snowden le colocaría en una delicada situación, pues al parecer la Caja de Pandora no está totalmente abierta. Es por ello que el presidente declaró que
 Estados Unidos no usará cazas militares, ni negociará la extradición de Edward Snowden, arguyendo que: “No voy a elevar el caso de un sospechoso a quien estamos tratando de extraditar, que de repente cobre tal importancia, que tengamos que negociar muchos otros asuntos importantes, sencillamente para llevarlo ante la justicia”.

No obstante, lanzó una velada amenaza a aquellas naciones que están gestionando el posible asilo del desertor, al señalar: “Mis expectativas son que Rusia o los otros países que han hablado de potencialmente ofrecer asilo al Sr. Snowden reconozcan que son parte de una comunidad internacional y deben respetar las leyes internacionales”

Paradójicamente, el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Patrick Ventrel, amenazó a Ecuador, en el día de ayer, con “graves dificultades” en las relaciones bilaterales si Quito otorga el asilo a Edward Snowden.

No obstante, ha trascendido que diplomáticos de varios países, entre los que se encuentran Rusia, Cuba, Venezuela y Ecuador, se entrevistarán el lunes 1ro. de julio con miembros de la Cámara Pública de Rusia, para evaluar el caso.

Snowden toma medidas por su parte para proteger sus movimientos futuros y que éstos no sean detectados. Una de sus medidas fue la de solicitar a sus abogados que guardaran sus móviles en refrigeradores para bloquear el monitoreo de la CIA y la NSA, dado que el efecto llamado “Jaula de Faraday”, anula el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio, inhabilitando el efecto de los campos externos. Éstas y otras medidas, incluso la muy usada técnica del disfraz, servirían a Snowden para evadir a sus perseguidores, aparentando bien ser un anciano o una joven y delgada mujer caucásica.

Atendiendo a la sagacidad personal de Snowden y los sofisticados métodos de enmascaramiento y disfraces, pudiera ser que Snowden no se encuentre ya en Moscú, luego de haber burlado los ojos avizores de periodistas y de agentes de la CIA y el FBI. 

Para poner aún más álgida la saga de los ¨soplones¨, iniciada hace poco por Bradley Manning y el propio Snowden, un nuevo escándalo sacude al Pentágono y al gobierno de Obama. Esta vez la cadena NBC reveló que James Cartwright, un general de cuatro estrellas de la US Navy, quien fue segundo al mando del Estado Mayor Conjunto en 2011, filtró información al diario The New York Times sobre un ataque con el virus Stuxnet, perpetrado en el 2010 por la NSA y el Mossad contra la infraestructura informática del programa de enriquecimiento de uranio de Irán, en una operación nombrada Olympic Games. Ya jubilado,Cartwright ocupó este importante puesto entre los años 2007 y 2011.

Este nuevo caso es sumamente sensible por cuanto el general era uno de los allegados a Obama. 

Hasta el momento se ha conocido que Manning, Snowden y James Cartwright pudieran ser solo algunos de los casos que se manejan públicamente por Estados Unidos, ya que se sospecha que existe un creciente movimiento contra las acciones encubiertas dentro del Pentágono y las agencias de espionaje gringas, el cual ha sido acallado y envuelto en un profundo secretismo.

Nuevas sorpresas aparecerán en los próximos meses, dejando a los EE UU en entredicho por sus métodos ilegales de espionaje, tan propios de quien se considera el gendarme internacional. Estas acciones de desencanto, repudio, condena y vergüenza, ya no las para nadie.



Colombia, cabeza de playa de los imperios. Por José María Carbonell, Cambio Total






Ya lo habíamos dicho en Cambio Total. Colombia, una vez, se convierte en traidora de los países lationamericanos. Así fue en el Congreso Anfictiónico cuando José F. Paula Santander invitó a los Estados Unidos de Nortamerica y echó al traste el sueño bolivariano de la Patria Grande. Así ha sido con ls 7 bases estadounidenses en territorio colombiano. Así es hoy.

No nos vengan con cuentos porque no los creemos. No nos vengan con la excusa de que será para « educar » oficiales militares y policiales en derechos humanos. No. Lo que busca Colombia es posicionarse en el mercado de la guerra y vender el « nuevo producto no tradicional », los narcoparamilitares y los militares violadores de derechos humanos.

Se convertirá Colombia en la « cabeza de playa » al suministrar combustibles en pleno vuelo para los aviones que vienen a latinoamérica a bombardear y sembrar de minas nuestros territorios, es decir, a exterminar los « desechables » de que nos hablara Susan George. Usarán para ello también las 7 bases militares que Uribhitler les concedió a los militares gringos para que adelantaran la agresión de Venezuela –cuando quizá ya los narco-paramilitares hayn fracasado en sus intentonas golpistas- y de todos los pueblos de Suramérica.

Ya estamos viendo cómo es que el imperio actúa. Aprovecha el descontento de la clase media brasilera para introducir su « cabeza de playa ». Aprovecha a los oligarcas venezolanos para tratar de desestabilizar a Maduro. Ataca a Cristina, a Evo, a Mujica, en fon, todo lo que huela a pueblo. Mas Colombia, a pesar de la entrega de la oligarquía santafesina-mafiosa, tiene varones y mujeres valientes, que han entendido claramente que pretenden hacer contra nuestros pueblos.

Por ello, los vemos desesperados vociferando vocingleramente que las FARC deben entregar las armas. No señor. Jamás deberían hacerlo. Patalea el anodino y traidor vice. Con su bocota llena de babaza gruñe el MinDefensa. El MinInterior no sabe cómo acuñar frases para aparecer como « inteligente ». El procuradorcito troglodita cree atravezar un palo a la rueda de la historia con sus propuestas condenadas hace siglos por la historia. El propio JM Santos despotrica de la Paz y las FARC. Y saben por qué lo hacen ? Porque esas armas en poder del pueblo –las FARC- son no solo la garantía de cumplimiento de una eventual Paz firmada entre gobierno-FARC, sino la garantía que el imperio no atacará a Venezuela porque tendría en su propia retaguardia un enemigo poderosísimo que los desgastaría con la guerra de guerrillas.

Por cuenta de los deseos mezquino del imperio quizá la Providencia haya reservado a las FARC el papel irrenunciable de garante de la Paz en Suramérica. Y al hablar de las FARC-EP lógicamente estamos hablando del pueblo colombiano. Por ello la desesperación del enemigo de los pueblos y sus acólitos nativos.

En la época de la lucha por la 1a independencia el ejército libertador llevó con su espada la libertad y la independencia, la cual fue traicionada por los incapaces oligarcas nativos. En la lucha por la 2a y definitiva independencia los pueblos latinoamericanos han entendido que la construcción de la Patria Grande es tarea de todos y todas las hijas de Bolívar, San Martín, Artigas y un sinfin de etc que estuvieron acompañados por millones de indios, negros, blancos, mulatos, zambos, etc, etc.


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Publicado por Blogger en CambioTotalRevista el 6/29/2013

La entrevista de Min-Guerra Pinzón, en ABC de España. Por Alberto Pinzón Sánchez





No es por un azar que el Minguerra colombiano Pinzón, haya escogido para dar sus declaraciones, uno de los diarios más reaccionarios de Europa: el falangista y monárquico ABC de Madrid.

El Min-Guerra con un gran titular, aparecido este 20.07.2013, que debe estar haciendo pensar a Uribe Vélez, pues no se sabe si es una invitación a que se monte en la canoa o una amenaza, le dice: “Uribe haría bien en apoyar a Santos en lugar de criticar”. Pero el verdadero objetivo de la entrevista es más simple: hacer propaganda al plan real que está implementando el gobierno colombiano, de una manera que su jefe JM Santos, no ha podido hacer en todo este tiempo que lleva gobernando. Dice Min-Pinzón lo siguiente:  

”El presidente Santos ha generado una estrategia de varias dimensiones: de lucha contra la pobreza y la desigualdad; una diplomacia activa, que nos ha conectado con el mundo; un modelo económico sostenible, con acuerdos comerciales con Europa y EE.UU.; políticas de reconciliación como la restitución de tierras y la ley de víctimas, y de un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Es la suma de todo la que mueve a Colombia hacia la paz y la prosperidad. Los diálogos son importantes, pero no es el único esfuerzo hacia la paz del gobierno. El presidente ha ordenado que se mantenga la presión por parte de las Fuerzas Armadas. Esto se ha venido cumpliendo y debe motivar que, más temprano que tarde, estas organizaciones entiendan que este es el mejor camino que les queda. Sobre el plazo, hay que ver lo que dicen los negociadores” [1].

Pero la realidad contradice a la alegre propaganda del Min-Guerra colombiano:

1) Sobre la pobreza y desigualdad en Colombia, donde hay 20 millones de pobres entre 47 millones de habitantes, podemos agregar algunas otras cifras dadas por “Portafolio”, periódico económico de la misma familia Santos:

·         La Pobreza en Colombia se ubicó el año pasado (2012) en 32,7%
·         La pobreza extrema o indigencia fue de 10,4 %
·         El índice GINI fue de 0,539
·         En las zonas rurales (donde se libra la guerra contrainsurgente) la pobreza afecta a casi la mitad de la población. En esas áreas la pobreza subió al 46,8 % (46,1 % en 2011), mientras que la extrema pobreza llegó al 22,8 %. Estos índices ya habían crecido respecto al 2011
·         En las cabeceras urbanas la pobreza registrada fue de un 28,4 %, y un 18,9 % en las áreas metropolitanas, mientras que en las otras cabeceras la pobreza es de 42,2 % en 2012.
·         En 2012, los ingresos por cápita a nivel nacional alcanzaron la media de 566,192 pesos en las cabeceras urbanas, y 207, 235 pesos en las zonas rurales. Ver [2]

2) Sobre la diplomacia que nos ha conectado con el mundo; no es sino leer las ultimas noticias abundantemente reseñadas durante este mes, sobre el Eje del Pacífico, promovido por los países que tienen tratados de Libre Comercio con EEUU ( Méjico, Chile; Perú y recientemente Colombia) como cuña neoliberal a los intentos integracionistas del continente suramericano. O la visita diplomática del uribista venezolano Capriles al presidente JM Santos, con el claro propósito de desestabilizar las relaciones con Venezuela. O el anuncio presidencial de ingresar a la OTAN concretado finalmente en los contratos sobre compra de armas e información, y la venta por parte de Colombia de mercenarios para las guerras de la OTAN, que acaba de firmar Min-Pinzón en Bruselas.

3-Sobre los Tratados de Libre Comercio con las potencias del norte y la economía sustentable; no es sino mirar las masivas y combativas manifestaciones populares que se han venido dando en los últimos meses, de los sectores campesinos y agrarios como cafeteros, lecheros, arroceros, cebolleros, paperos avicultores, ect, arruinados con las políticas neoliberales del “Free Market” del gobierno Santos. Eso sin contar el estado pre-insurreccional que se está viviendo en el campo colombiano a raíz de los fusilamientos de campesinos reclamantes en el Catatumbo, ejecutados por los robots de la Policía y por los francotiradores escondidos del heroico ejército colombiano.

4-Sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; no es sino además de considerar lo ya dicho sobre los contratos militares Colombia- OTAN; leer las noticias nacionales o extranjeras, sobre la aprobación en el honorable congreso colombiano la ley del Fuero (feudal) Militar para blindar con impunidad a los militares, que ha declarado a la población civil (el enemigo interno de los contrainsurgentes) como blanco legítimo a futuro.

4) Y finalmente, en cuanto a la famosa ofensiva militar del Honor que dice haber eliminado 43 “supuestos” jefes de columnas guerrilleras en los últimos años; habrá que esperar las estadísticas sobre bajas militares (muertos y heridos) que suministre León Valencia y su ONG, quien es el único que tiene acceso a las cifras oficiales del Ministerio de Guerra de Pinzón, para saber el costo humano de tan sanguinaria y pírrica propaganda en la prensa falangista española. Ahora bien, sobre los costos económicos de esta publicitada y victoriosa ofensiva militar, ya todo el mundo sabe que los 500 mil soldados y policías colombianos, además de los millones de dólares que aportan los contribuyentes estadounidenses, consumen “solamente” el 6% del PIB; pues la enorme cifra real del gasto militar en Colombia es secreta y solo la conoce una comisión especial del honorable Congreso de la República.

Lapidarium: La agente falangista Salud Hernández Mora, quien desde el periódico colombo-español El Tiempo, viene intentando desde hace décadas meternos por los ojos a Carlos Castaño y su ideología “moralizadora”; hoy derrotada por las evidencias de la ruina de su país de origen y del falangismo en sus dos vertientes: tanto la el PP como del PSOE, prepara las condiciones para dar el salto, esta vez apoyándose en ese “bárbaro inquisidor quema-libros” que pretende unir la justicia divina con la humana, para llevar literalmente a Colombia de la mano de Uribe y sus enanitos verdes, a la edad media. Así son las ratas cuando los barcos se están hundiendo: brincan de primeras. Vale la pena leerla en [3].

Lapidarium II: Bill Clinton quien hace poco dijo: “I Love García Márquez” ¿Si habrá leído “La Mala Hora”, la más colombiana y realista de las novelas suyas?

[1] «Uribe haría bien en apoyar a Santos en lugar de criticar».
[2] Pobreza en Colombia se ubicó el año pasado en 32,7%.
[3] La España corrupta

viernes, 28 de junio de 2013

La política de las consecuencias. Por Francisco Gutiérrez Sanín

Francisco G.S.
Por: Francisco Gutiérrez Sanín, El Espectador

27 Jun 2013 / En su artículo sobre “Las razones contra la constituyente”, Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21/06/2013) dice lo siguiente: “Me parece así mismo débil argumentar contra la constituyente porque dizque se convertiría en el escenario de una contrarreforma orquestada por la extrema derecha. Aceptado el mecanismo, ¿cómo objetar de antemano la eventual decisión de quienes logren tal vez conquistar las mayorías?”.

Débil es la contraargumentación de Eduardo. En primer lugar, se dirige contra lo que se llama en inglés un straw man, un argumento que no ha propuesto nadie, para después desbaratarlo. Por supuesto que la secuencia no consiste en plantear la constituyente, y después decidir si efectivamente se convoca o no de acuerdo a los resultados. Eso no sólo sería antidemocrático, sino sencillamente tonto. No. La idea es ver cómo están distribuidas las preferencias dentro de la población, para imaginar los escenarios probables que resulten de la convocatoria, y después preguntarse por la conveniencia o no de usar el mecanismo. La política concreta es normativa, pero también, necesariamente, estratégica y orientada a las consecuencias. Ningún analista serio, ni ningún político práctico, puede darse el lujo de plantear una propuesta sin detenerse a pensar cuál es el resultado probable de lo que está promoviendo. Cuando las Farc dicen que en la constituyente cabrían los uribistas, eso está muy bien, porque expresa un espíritu democrático, y además simple y llano realismo. Porque, francamente, no veo cómo sacar del sistema a la mitad, o quizás más, de la población (y aunque fuera posible, sería completamente indeseable). Pero una cosa es que quepan —cosa indudable, tanto desde la perspectiva de la democracia como desde la del simple realismo—, y otra es ofrecerles a líderes con proclividades autoritarias y violentas un escenario donde puedan torcer las reglas de juego a su favor y desmontar políticas públicas cruciales para el desarrollo y la paz de este país.

Eduardo ofrece un gesto de escepticismo frente a este peligro: “dizque se convertiría en un escenario de una contrarreforma orquestada por la extrema derecha” (“dizque” significa, de acuerdo con la Real Academia, “murmuración, dicho”; en la otra acepción, “supuestamente”). Creo que vale la pena convertir el gesto en un argumento explícito. Se puede poner en duda: a) la existencia de una extrema derecha en Colombia, y/o b) que ella se oponga al esfuerzo de redistribución de tierras, a la reparación de las víctimas y a la paz. Con mucho gusto abordaré, si Eduardo lo quiere, un debate sobre cualquiera de los dos puntos. Creo que hay una masa enorme de evidencias sobre el primero. La parapolítica estuvo claramente sobrerrepresentada en el uribismo en la primera década de este siglo, y éste adelantó una política que consistentemente llevó a posiciones claves dentro del Estado a elementos extremos, y a menudo conectados orgánicamente con la criminalidad. Algunos de los líderes destacados del uribismo desarrollaron una ideología que abiertamente hacía la apología del proyecto paramilitar. Por ejemplo, Fernando Londoño (quien fuera, según recordará Eduardo, ministro del Interior) escribió una columna de apología a Carlos Castaño, sosteniendo que sólo lo había dañado su cercanía con el narco. “Es hora —concluyó— de que resucite su elemental pero preciso ideario [el de Castaño, FG], la única manera de recuperar el alcance y la legitimidad de la paz” (ver http://www.semana.com/nacion/articulo/la-polemica-columna-fernando-londono/341657-3).

Que la fuerza política que ha anidado a toda esta gente ha hecho de la oposición a la Ley de Víctimas, a la paz con la guerrilla y a los esfuerzos de reparación adelantados desde el Estado y la sociedad el punto central de su programa es también público, y se puede documentar fácilmente. No se trata de una murmuración, o de un caprichoso supuesto.





jueves, 27 de junio de 2013

“Santos, ¡NO mates tu pueblo!”







Por Eliecer Jiménez Julio
Observatorio de Derechos Humanos Paz y Conflicto “Alfredo Correa D’ Andreis” Universidad Distrital de Bogotá-Capitulo Europa.

……..yo soy el hombre que ha perdido el miedo para decirle a los de arriba los que son/ de fiesta en fiesta mantienen al pueblo para que nunca estalle la revolución / aquí en Colombia todo lo bueno está planeado pa’ los de arriba, y los de abajo siguen viviendo sin pan sin techo y sin medicina. . . .
Leandro Díaz, compositor vallenato (qepd)

Los campesinos y pobladores colombianos de la región del Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander, vienen siendo víctimas de las políticas de explotación extranjera patrocinadas por el gobierno del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien junto con los comandantes del ejército y policía vienen señalando a los labriegos de estar aliados o “infiltrados” con la insurgencia, esto con el único objetivo de no atender sus demandas y por el contrario ha militarizado la región y está matando con balas, garrote y gases a los manifestantes con el fin de frenar la movilización del pueblo que reclama sus justos derechos y que en número superior a los 20 mil vienen movilizándose desde hace mas de tres semanas.

Este Presidente a quien bien le cabe el termino de pacificador y que habla de paz en los escenarios nacionales e internacionales y que se ofrece de “mediador” en el conflicto de Israelitas y Palestinos, no practica en su país lo que intenta ofrecer en el exterior y que está atacando inmisericorde, indolente y brutalmente a la población colombiana, siguiendo la estrategia de guerra ordenada por el gobierno norteamericano y firmando convenios de apoyo con la OTAN para seguir aplicando la guerra contrainsurgente en Colombia con tecnología de punta.

Los campesinos del Catatumbo, solo reclaman que la erradicación de los denominados cultivos ilícitos se haga  de manera manual y concertada con estas comunidades y piden al gobierno colombiano autorice la creación de la Zona de Reserva Campesina que está prevista por la ley desde hace más de dos décadas.

Sin embargo hasta ahora la única respuesta que han recibido los manifestantes han sido las balas de los militares y policías que han asesinado 6 labriegos y heridos medio centenar más.
El reclamo justo de los pobladores del Catatumbo es una manifestación y rebeldía mas contra la denominada locomotora minera que está saqueando a Colombia de sus recursos naturales para beneficio exclusivo de las multinacionales, dejando solo muertos, desolación, desplazamiento y violencia en Colombia.

Desde Europa hacemos la denuncia internacional y pedimos a los diversos países de la Unión Europea que se apersonen urgentemente de esta situación y que en los diversos parlamentos donde se discute el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de la UE y Colombia sean suspendidas sus discusiones o votadas negativamente ya que no se conciben que los países civilizados y defensores de los DDHH estén patrocinando y firmando acuerdos con un gobierno colombiano corrupto y asesino.

Al mismo tiempo responsabilizamos al gobierno colombianos por los muertos y heridos y exigimos parar esta violencia contra el pueblo del Catatumbo y al mismo tiempo demandamos la solidaridad y el apoyo internacional urgente con estos miles de labriegos que hoy se levantan como un solo hombre contra la explotación y abandono a que vienen siendo sometidos por un gobierno y un sistema donde internacionalmente se dice vivir en democracia pero que mata, masacra, desaparece, desplaza y encarcela a los que protestan.

A los manifestantes del Catatumbo los acompañamos solidariamente en sus luchas y a los campesinos del resto de Colombia los motivamos a que pierdan el miedo y se levanten organizadamente a solidarizarse con sus compañeros del Catatumbo y exijan sus derechos y reivindicaciones demostrándole de paso al propio presidente Juan Manuel Santos que la llave de la paz con justicia social no la tiene un mandatario con vocación de pacificador sino el pueblo en su conjunto.

Invitamos a los organismos internacionales que se sumen a los delegados de Canadá, Francia, España y el Observatorio de Derechos Humanos Paz y Conflicto Alfredo Correa D’ Andreis de la Universidad Distrital de Bogotá los cuales están conformando una misión que se llevará a cabo en el marco de la campaña nacional e internacional de solidaridad con las comunidades: “Catatumbo Resiste”. Y que visitará la región entre el 3 y el 6 de julio próximo junto con miembros de la prensa internacional. La Misión se reunirá con los campesinos y la comunidad con el propósito de recibir todas las denuncias sobre los ataques y violaciones de los DDHH que vienen sufriendo estos miles de habitantes con el fin de presentar un informe internacional posteriormente dirigido a los organismos defensores de DD.HH en el contexto internacional.

miércoles, 26 de junio de 2013

“No solamente se hace masacre con armas, las opiniones también matan”. Respuesta a una columna de Maria Isabel Rueda

Militantes de la Unión Patriótica, desplazadas de Uraba, norte de Colombia, a la capital
por la guerra sucia de un Terrorismo de Estado


“No solamente se hace masacre con armas, las opiniones también matan”

Por Nelma Forero Sánchez

Señora María Isabel Rueda
Columnista El Tiempo
Bogotá

Ref.: Su artículo “Nos la están montando”

María Isabel Rueda
Con toda certeza sé que usted no escribe desde la ignorancia, sé que lo hace con la intención de causar daño; usted pertenece al 1% de los que se apoderaron de los recursos de todos, nosotros pertenecemos al 99%, que por ello está indignado. Usted no ha entendido, ni lo entenderá jamás por su posición de clase, que el partido Unión Patriótica fue una propuesta de paz real, concreta y magnánima que ofrecieron las FARC-EP al gobierno en el primer intento por darle solución política al ancestral conflicto interno en nuestro país, conflicto que tiene causas objetivas, fincadas en la desigualdad social; fíjese en dónde tienen al país las medidas económicas: un índice gini del 0.58 en promedio nacional, pero de 0.88 en el campo, con más de 5.000 niños muriendo de hambre anualmente; todos los indicadores sociales dan la razón para estar indignados, la misma indignación que obliga a muchos a tomar las armas, y a otros como nosotros, tal vez, por cobardía, a hacer el trabajo desde lo político, con la certeza de que su clase hegemónica igualmente nos van a matar.

Solo para recordarle, porque sé que a usted no le interesa, ninguno de los que hacían parte de la militancia de la Unión Patriótica, ultimados por las balas del Estado a través de los paramilitares, financiados por industriales y terratenientes, e instigados por ustedes los periodistas, con su lenguaje genocida, que en ese entonces como ahora,  genera una matriz de opinión que busca eliminar físicamente al opositor, enemigo de clase, eran guerrilleros; sí mi estimada María Isabel, todos fueron civiles que creyeron en la plataforma política surgida de las truncadas negociaciones, y que, aún a costa de su propia vida, fue impulsada por la insurgencia; tan cierto es que muchos, para salvar sus vidas, buscaron la protección de las armas, pero la gran mayoría nos quedamos en resistencia, bajo la legalidad burguesa, que hemos aceptado, esperando cambiarla por las buenas. Y no olvide que sigue asesinando diariamente a campesinos, sindicalistas y a todos los opositores sociales que nada tuvieron ni tienen que ver ni con la UP ni con los alzados en armas.

Escribe usted: “Y no es imaginable discutir lo segundo sin lo primero, para no repetir la mortal ecuación de “armas + urnas” que tácitamente respaldaba a la UP, cuando las Farc, aún armadas, lanzaron al ruedo a un partido político marcado por tan profunda contradicción y que terminó en la tragedia de un genocidio que avergüenza a este país.” Querida periodista, la “contradicción” corresponde a la profunda contradicción de clases, hoy más viva que nunca, ¿no se ha dado cuenta que estamos en medio de una lucha de clases? Es muy difícil velar su responsabilidad, como periodista, en el genocidio político de la UP. Claro que es una “vergüenza”, que ni usted ni los de su clase sienten; ¿en qué mundo anda? Son ustedes los de su clase los que han combinado todas las formas de lucha, utilizan: la Fuerza del Estado y para estatales, con ellas y con sus órganos represivos torturan, desplazan y asesinan; así mismo tienen a su servicio los medios masivos de comunicación; y, también, utilizan el sistema educativo como correa transmisora del fatídico y oprobioso modelo, para luego aprovecharse de la ignorancia de la gente.  ¿Cuántos años han estado en el poder y qué han logrado, tan sólo profundizar la crisis social en que se debate nuestro pueblo? ¿El máximum alcanzado no es, acaso, la concentración de la riqueza?

Escribe usted: “Pero en eso ya nos están tomando ventaja: al tiempo que exigen restituirle a la UP su personería jurídica e indemnizar a sus víctimas –no ofrecen nada de eso para las suyas– piden “proscribir las prácticas contrainsurgentes del Ejército Nacional”. (¡Háganme el favor!)” ¡Qué alarma! ¡Cómo es posible¡ Sí mi querida María Isabel, los esclavos se rebelan. Ustedes  se creen con el “Derecho de Matar” a los que disienten, por atentar contra sus privilegios. Nosotros los militantes de la UP, reitero civiles, siempre hemos estado bajo la legalidad vigente, recuerde que la UP tuvo su Personería Jurídica legal, nunca nos hemos salido de la normatividad impuesta, jamás nos declararon ilegales, que perdimos la Personería Jurídica porque mataron tanto a nuestros congresistas, diputados, alcaldes, concejales como a militantes, es decir, por sustracción de materia, podemos gritar a los cuatro vientos, que no existe un solo líder ni militante alguno, enjuiciado por haber sido a la vez político y guerrillero; precisamente nos pudieron eliminar fácilmente porque los alzados en armas no nos respaldaron, y porque, aun siendo víctimas de la masacre, tampoco  hubiésemos permitido tal respaldo, teníamos y tenemos claro que andamos en la legalidad.

La restitución de la Personería Jurídica de la UP no depende de lo que se resuelva en La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno, la restitución está basada en argumentos, históricos, políticos, jurídicos, pero fundamentalmente éticos. Hay una demanda interpuesta desde el año 2010, mucho tiempo antes de que se supiera que iban a conversar FARC-EP y Santos. Despistada periodista, la restitución de la personería no fue solicitada por los insurgentes ésta había sido adelantada por nosotros los militantes de base, ni siquiera por nuestras directivas. De otro lado, también, se interpuso una denuncia penal para que se investigue el Genocidio cometido por el Estado, ante la Fiscalía, mucho antes de que se conociera la posibilidad de los diálogos; no confunda, no son las FARC—EP las que piden la indemnización, es nuestro derecho el que lo exige.

Escribe, usted, también: “Aquí falta darle un timonazo a la forma de comunicar la negociación, de manera que se modere a las Farc en los micrófonos”. Está claro, esa es la libertad de expresión que ustedes pregonan; por lo visto le tienen más miedo a las palabras que a las balas, de las que ustedes están perfectamente resguardados.

Y afirma: “Cuando el río suena… ¿Cuál será el primer país de la región en contagiarse de la primavera latina del Brasil?” Sepa, usted, que en el Brasil lo que existe es una insípida socialdemocracia, más hacia la derecha que hacia el pueblo. En lo que se diferencia con el modelo, que usted defiende, es que Dilma no les manda los escuadrones de la muerte a los manifestantes, como lo hace Santos contra los campesinos del Catatumbo.

Que quede claro, que los que “nos la están montando”, desde la independencia española, son los criollos ricos, de los que usted hace parte, y que jamás han sidoclase dirigente sino clase dominante, considerada por académicos e investigadores sociales, como “la burguesía más sanguinaria del continente”.

Con la certeza que me acompaña la razón, y con la seguridad de que ustedes jamás tendrán el valor de publicar ésta en el mismo medio donde usted denosta contra la UP, desde la Academia, suscribo,

Nelma Forero Sánchez
Militante de Base de la Unión Patriótica


Señor de vidas y haciendas. Por Daniel Coronell.

Daniel Coronell
OPINIÓN. ¿Por qué unos empresarios respetables se le midieron a hacer un negocio en contravía de la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas terribles?

El supuesto ejemplo de productividad agroindustrial en los Llanos orientales está construido sobre una sucesión de crímenes que muchas autoridades se niegan a ver. La gigantesca propiedad donde opera La Fazenda fue escenario de entrenamientos, torturas, desapariciones y asesinatos por parte de los paramilitares. 

Además, los predios fueron comprados ilegalmente por allegados a Víctor Carranza y englobados también ilegalmente para crear una hacienda de las dimensiones requeridas para el proyecto. La seguidilla de irregularidades es de tal dimensión que, incluso, uno de los firmantes estampó su rúbrica en un papel cuando habían pasado casi tres años desde su muerte.

Dos investigaciones periodísticas y una de control político no han sido suficientes para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Buena parte de los hechos ha salido a flote por el trabajo del portal VerdadAbierta.com, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y del congresista Iván Cepeda, quien adelantó un debate sobre el tema en la Cámara de Representantes.

La tierra en la que crece el proyecto más productivo de la altillanura sirvió como base de entrenamiento de los paramilitares conocidos en esa zona como Los Carranceros. Esa finca llamada entonces El Brasil era el centro de la operación paramilitar de esa región. Así lo han confesado los paramilitares Deiber Bolaños, alias 520; Delfín Villalobos, alias Alfa Uno; Elkin Casarribia, alias el Cura y Dúmar Guerrero, alias Carecuchillo.

En la casa principal de la finca se acondicionaron habitaciones para que sirvieran de celdas y cuartos de interrogatorio. Al lado funcionaba un taller donde se desarmaban carros robados. Cerca del río fue construida una pista de entrenamiento y un polígono donde se prepararon los autores de varias masacres. Allí pernoctó un grupo que reforzó a los asesinos que vinieron de Urabá a efectuar la masacre de Mapiripán. 

Cinco fosas con restos humanos han sido encontradas por la Fiscalía en los predios de la hacienda. Según testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz el dueño de la tierra ha sido Víctor Carranza y detrás hay una historia de apropiación de antiguos baldíos, es decir de tierras del Estado por las que antes se movían los indígenas sikuani.

Todo empezó en 2007 cuando varios adjudicatarios de baldíos en Puerto Gaitán decidieron otorgarle un a poder a un abogado de Valledupar, llamado Fernandel Alfonso, para que cruzara medio país y fuera hasta una notaría en Villavicencio a englobar sus parcelas con las tierras de un hijo de Víctor Carranza.

Varias de las firmas que aparecen en los documentos de englobe no corresponden con las que figuran en la diligencia de titulación de la tierra. Aparentemente son falsas.

Uno de los adjudicatarios, llamado Segundo Luis Gaitán, le otorgó poder en 2007 a Julio Pérez Niño para que hiciera el englobe. Lo raro es que hay un certificado de defunción que demuestra que Segundo Luis había muerto en diciembre de 2004, casi tres años antes de firmar el poder.

Las tierras no se podían agrupar. La ley prohíbe sumar antiguos baldíos para crear grandes haciendas. Sin embargo, con la firma del muerto, las otras que no coincidían y en franca contradicción con la ley prosiguió el proceso.

Como consecuencia del englobe de tierras, en la misma notaría fue creada una empresa llamada Agualinda Inversiones S.A., cuyos gerentes son un ingeniero llamado Sergei Andrei Poveda y la esposa de Víctor Carranza, doña María Blanca Carranza de Carranza. 

Pocos días después de su creación, la empresa de la señora Carranza de Carranza –a través de un contrato de fiducia– le entregó la tierra al Banco Helm. El contrato establece que la propiedad debe ser administrada por La Fazenda del Grupo Aliar, cuya cabeza visible es el empresario bumangués Jaime Liévano Camargo.

El doctor Liévano es empresario avícola. Su firma Avidesa es dueña de Mac Pollo. En su proyecto de La Fazenda está asociado, además, con el grupo Contegral de Antioquia, dueño de la marca de concentrados Finca.

¿Por qué unos empresarios respetables, se le midieron a hacer un negocio con semejantes personas, en contravía de lo ordenado por la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas tan terribles? 

Le escribí un mensaje al doctor Liévano y lo llamé por teléfono para preguntárselo. Hasta ahora no ha respondido. 


El Quicio de la Habana. Por Alberto Pinzón Sánchez.



Por allá en los años 70, en la universidad nacional de Bogotá, un compañero estudiante tuvo la idea de poner en una bicicleta adaptada, una venta ambulante de perros calientes con mostaza: era “el carrito de los perros de sociología”. Pero el “espíritu empresarial” del estudiante, no solo estuvo en esa idea que pretendía quitar con poco dinero, el hambre de los estudiantes que salían hambreados después de comer el almuerzo oficial de la cafetería de la universidad, sino en el cartelito con letras rojas que colgó de los manubrios de la bicicleta y que decía: “Estos perros calientes no son tan malos como el Decano de la facultad dice, ni tan poco tan buenos como mi esposa lo pregona”

Este recuerdo me viene, ahora que las Farc-ep han propuesto una Asamblea Constituyente como un “pacto de paz colectivo, indispensable y definitivo” para que en un ambiente tan santanderista como el colombiano, se refrende, se asegure y se cumpla en el tiempo lo acordado o pactado. La propuesta tan antigua como el conflicto colombiano mismo, tiene que ver con “la ley de leyes” con la que la oligarquía trasnacional ha mantenido durante siglos, a sangre y fuego, su dominio, explotación y opresión neoliberal sobre el conjunto de clases subordinadas y sectores oprimidos de la sociedad, que en breve se denomina “el pueblo trabajador colombiano o gente del común”.

 Una ley de leyes o Constitución reaccionaria, clerical y excluyente, que se impuso sobre los escombros de la guerra civil de 1885, ganada por los latifundistas y grandes exportadores de productos agrarios y se prolongó por más de 100 años, hasta 1991, cuando presionada por “la mano invisible” del libre mercado global, Cesar Gaviria y sus ministros incluido los del M19, convocaron una Asamblea Constituyente amarrada (no sin antes atacar casa-verde) y promulgaron la constitución de 1991 sobre la cual se ha desarrollado “la legitimidad y legalidad” de la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado actuales y vigentes: No es sino mirar el “sustento legal” con la que el ejército y la policía colombianas están fusilando civiles en el Catatumbo.

La propuesta de una Asamblea Constituyente como pacto de paz colectivo, para refrendar lo acordado y finalizar el conflicto interno, obviamente tiene como fin prioritario modificar la correlación política dominante hegemonizada por los latifundistas tradicionales, a la vez que desarrollar un nuevo pacto social que haga viable a Colombia en el mundo actual globalizado. Y eso, implica una modificación a la actual ley de leyes de la oligarquía trasnacional y sus aliados “democráticos internos”.

Y aquí es donde viene el recuerdo del cartelito del carro de los perros calientes de sociología: La constitución del 91 no es tan buena como dice Humberto de la Calle o Navarro, ni tampoco lo que dicen sus más enconados opositores.

Personalmente creo que la constitución colombiana del 91, haciendo importante salvedades, contiene aspectos positivos sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos y algunos derechos de las minorías y comunidades. Pero, también tiene innumerables aspectos negativos que a lo largo de estos años han demostrado en la práctica y en la vida ser soportes de militarismo y del neoliberalismo-autoritario (valga el pleonasmo) fuentes de conflicto y muy inconvenientes para la paz, el progreso social y la soberanía. Y por lo tanto deben ser corregidos y enmendados si se desea verdaderamente la paz definitiva para el pueblo colombiano.

En todo proceso de acuerdo, así sea comercial o político, cada una de las partes posee un Dintel (máximo) y un Umbral (mínimo) y entre estos está el Vano de la puerta. Generalmente, el dintel de la contraparte es mi umbral y viceversa. Pero si desea sinceramente llegar al acuerdo, no es sino mirar que la cerradura de toda puerta está a la altura de la mano. Cerca de su mitad.

Creo sinceramente que los representante y diplomáticos tanto del Estado colombiano como los de las FARC-ep sentados en la Habana buscando finalizar el conflicto armado interno, están en capacidad y pueden acordar fácilmente cuales aspectos de la Constitución del 91 merecen dejarse a perdurar, y cuales deben ( necesariamente) ser modificados, cuidándose muy bien no darle campo al fascismo. Lo demás es llegar a la cerradura sobre cómo se constituiría esa constituyente y como se refrendaría democráticamente lo acordado, para que no se “salga de quicio” todo el proceso de paz, que es lo que están empeñados en lograr a toda costa Uribe Vélez con sus enanitos.



martes, 25 de junio de 2013

¿Un desafuero? Por Marta Ruiz, Revista Semana



Las palabras de este controvertido señor me hicieron recordar un viaje que realicé a la zona del Caguán cuando estaba en curso el famoso Plan Patriota.

Por Marta Ruiz, Revista Semana. 

Hace unas pocas semanas un general de la República que goza de buen retiro, Jaime Ruiz Barrera, dijo en el Congreso, y luego en los micrófonos de la radio, que, palabra más, palabras menos, el senador comunista Manuel Cepeda, asesinado hace casi 20 años por sicarios al servicio de paramilitares, era un guerrillero de las FARC. Ese día quedó claro que Ruiz, que lleva sobre sus hombros la representación de los oficiales retirados, no puede distinguir entre un civil de filiación comunista y un guerrillero de un ejército insurgente.

¿Pensará este general que Manuel Cepeda era un blanco legítimo en la guerra?

Las palabras de este controvertido señor me hicieron recordar un viaje que realicé a la zona del Caguán cuando estaba en curso el famoso Plan Patriota, a mediados de la década pasada.

Un general que en aquel entonces comandaba la Fuerza Tarea Omega me señaló una decena de recolectores de hoja de coca que acababan de ser capturados y me dijo muy convencido: “Son milicianos”. ¿Cómo lo sabe? le pregunté. Para mí eran simples raspachines. Gente “llevada” que termina en lo profundo de la selva ganándose unos pesos, exponiendo su pellejo y su libertad en una actividad ilícita. Él me aclaró, de manera condescendiente, que mi percepción era ingenua. Que dada su experiencia en esa manigua, cultivadores de coca y milicianos eran la misma cosa.

Tenía, en el lenguaje del nuevo fuero, la convicción errada e invencible de que estos paupérrimos campesinos eran parte de un grupo armado, a pesar de que en realidad eran su carne de cañón.

Recuerdo también que cuando estalló el escándalo de los falsos positivos en el 2008, hablé telefónicamente con un brigadier general al mando de tropas en Norte de Santander. Cuando le pregunté por los muchachos de Soacha que habían aparecido como muertos en combate en su jurisdicción, me respondió sin vacilación: “No eran angelitos ni estaban cogiendo café”.

Estupefacta le pedí que me hablara de las circunstancias en las que habían muerto, que eran lo que me interesaba. No obstante, a él sólo le interesaba dejar claro que los muchachos eran parte de una banda de ladrones de Bogotá que tenía azotada la sociedad de Ocaña. Estaba convencido de manera errada e invencible de que los ejecutados eran un “blanco legítimo”.

Si esto es lo que piensan algunos generales muy influyentes, ¿qué se puede esperar de la tropa? ¿Pueden realmente diferenciar un combatiente de uno que no lo es? ¿Saber que es un civil que participa en hostilidades? ¿La situación temporal y puntual que convierte un civil en blanco legítimo?

Permítanme dudarlo. Y encender las alarmas sobre los riesgos intrínsecos del fuero militar aprobado esta semana en el Congreso por una aplastante mayoría.

Primero que todo, el fuero traiciona la esencia del derecho internacional humanitario, que es garantizar la mayor protección de los civiles en la guerra. Lo que ha hecho esta ley es recortar esta protección, con la excusa de ofrecer una mayor garantía jurídica a las Fuerzas Militares.

El fuero interpreta de manera abusiva y torcida el DIH. Abusiva porque según la doctrina internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja es el organismo al que se le ha delegado esta interpretación. Y torcida porque la ley aprobada olvida el principio básico de humanidad, al privilegiar de manera inexplicable y aislada el principio de necesidad militar.

El summum de esta violación de principios es la manera como se acoge la figura del blanco legítimo, que establece como parte del enemigo los civiles que participan directamente en hostilidades.

¿Quién decide si un civil está implicado directamente en hostilidades? ¿Altos oficiales como los tres que describí al principio de esta columna? ¿Con base en los criterios “invencibles” que ellos exponen?

Otros dos problemas que veo en el fuero militar es el contexto en el que está aprobado y quién lo aplicará.

El contexto es el de un país que por primera vez abraza en serio el sueño de ponerle fin a la guerra por la vía del diálogo. Algo en lo que la propia cúpula militar dice estar de acuerdo. Y lo aplicará una institución castrense que, tristemente, se niega a abandonar la doctrina del enemigo interno y su arraigado anticomunismo. Una institución que en un alto porcentaje confunde adversario y opositor, con enemigo. Una institución fuertemente ideologizada.


El fuero ampliado que se aprobó es anacrónico y alberga inmensas zonas grises. Aun así, el problema de fondo no es su articulado, sino la doctrina, el pensamiento y la visión estratégica de quienes lo pondrán en práctica. Su apego a la guerra como fuente de poder.

El pueblo hace explosion por el abandono histórico del Estado

Para enterrar dos campesinos muertos por las
balas del Ejército Nacional en Catatumbo.

Cambio Total

El abandono del Estado colombiano con las regiones campesinas ha sido la constante histórica de la vida nacional. Del campo se han acordado -y se acuerdan- para adelantar la única política que adelanta el estado en esas regiones. La guerra y tras de ella, el despojo para adelantar los megaproyectos neoliberales que están moda : acumulación de tierras, ganadería extensiva, cultivos de palma africana para producir biocombustibles, minería, etc.

La migración del campesinado y los indígenas ha significado que la tierra se concentre en pocas manos, es decir, el 0,44% de los propietarios acaparan el 52% de las tierras. El despojo del campesinado ha producido los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Los « barrios populares » -como el Simón Bolívar de Bogotá o las « Comunas » de Medellín- van precarizando la vida en las ciudades y esos expulsados de sus tierras se convierten en el caldo de cultivo del crecimiento exponencial de la pobreza. Así, en « círculo vicioso ».

Ya lo dijo un miembro del PNUD. La pobreza en Colombia es hereditaria, como hereditaria son la riqueza y el poder (Santos nieto de Santos, Pastrana hijo de Pastrana, Galán hijo de Galán, Vives hijo y nieto de Vives, etc, etc). El poder produce riqueza por la corrupción campante y se ejerce de manera violenta para satisfacer los intereses de los ricos (oligarcas, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, etc). 300.000 víctimas y 2 millones de desplazados produjo la llamada « Violencia » de los años 50. En el nuevo ciclo de violencia desde 1964 se han producido 500.000 víctimas y más de 6 millones de desplazados forzados.

Por esta razón, cada tanto se producen manifestaciones de los campesinos y los indígenas exigiendo sus derechos contra la desidia oficial. Debemos recordar las Marchas Campesinas de los años 70 y 80. No debemos olvidar la « Minga » indígena del Cauca. Solo para citar dos ejemplos. El año pasado se registraron en Colombia 1.142 manifestaciones; en 2012 fueron más de 1.573. El campo colombiano está regado de sangre inocente por los asesinados por el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional. Mas ello no ha sido óbice para continuar en la lucha.

Los campesinos e indígenas siguen exigiéndoles al Estado la satisfacción de sus necesidades básicas primarias y secundarias. De mil y una formas. Así como el estado utiliza todas las « formas de lucha », es decir, promesas, represión, terrorismo de Estado, compra de conciencias, etc, así el puebo ha aprendido a desarrollar sus « formas de lucha de masas », o sea, Marchas campesinas, Minga indígenas (32 en 2011), Paros de Corteros de Caña, bloqueos de carreteras paramericanas, tomas pacífica de pueblos y ciudades, y un sinfin de formas que demuestra la inventiva popular.

Esas formas de lucha son la explosión de las masas campesinas e indiígenas frente a la desidida oficial. Explosión que amenaza extenderse a todo el país. Antier fueron la Marchas campesinas. Ayer la « Minga » indígena y los paros de los Corteros de Caña. Hoy son nuevamente las Marchas campesinas. Que comenzaron en el Catatumbo. Y continuarán en todo el país, de eso no tenga la menor duda.

Como siempre, el Estado responde de la única manera que sabe. Represión. Guerra. Promesas que nunca cumplirá. Simpre las marchas pacíficas del pueblo tiene que producir muertos. Muertos que son siempre del mismo lado, el pueblo. Muertos que son causados por los agentes del estado. Es lógico que ante tamaña frustración explote el pueblo. Pueblo del que somos parte y acompañamos en sus expresiones de inconformismo. Adelante !


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Publicado por Blogger en CambioTotalRevista el 6/25/2013

Ley estatutaria en salud: otra vez gato por liebre




Por Mario Hernández Álvarez[1]


Nuevamente el gobierno nacional y sus aliados presentan a la sociedad colombiana la noticia de una ley que comienza a resolver los problemas del cuestionado sistema de salud colombiano. Otra vez, con toda suerte de imprecisiones, el presidente Santos sale a decir que “se acaba el negocio de la salud”, mientras sus ministros y parlamentarios aliados hablan de una “reforma responsable” que por fin garantizará el derecho fundamental a la salud. Pero no hay tal. Lo aprobado es una limitación del derecho a la salud y claramente va en contra de las necesidades de la población, como demostraré a continuación.

A pesar de la inclusión de muchos textostomados de otros proyectosbien intencionados, lo fundamental de la restricción del derecho se mantuvo. Esto es, la definición del “núcleo esencial” del derecho como “la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud”, como reza el artículo correspondiente. Aunque le pongan adornos como “promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación”, lo exigible al Estado como derecho fundamental será un paquete de “beneficios”, con dos caras: la negativa, con “exclusiones explícitas”, y la positiva con “prestaciones en salud cubiertas” definidas por la ley ordinaria.

Las exclusiones en apariencia son razonables, pues se dice que el Estado no cubrirá servicios o intervenciones de tipo cosmético o suntuario, no autorizados por autoridad competente, en experimentación o prestados en el exterior. Pero también excluye aquellos en los “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia [o] su efectividad clínica”.El alcance de estos criterios es bastante incierto en muchos procedimientos, tecnologías, medicamentos, dispositivos y toda clase de medicinas alternativas. Estas exclusiones serán definidas cada cierto tiempo por el Ministerio de Salud con la participación de expertos y posibles afectados, como se intentó muchas veces con el anterior POS.

Si desafortunadamente lo que Usted o su hijo necesita quedó excluido, le queda la opción de pedir “reposición” de esa decisión administrativa; si tampoco lo logra, puede acudir a una acción de nulidad o a cualquier otro instrumento con primeras y segundas instancias, “sin perjuicio de las acciones de tutelapresentadas para proteger directamente el derecho a la salud”. Claro que los usuarios seguirán utilizando la tutela cada vez que los “gestores de servicios” les rechacen el acceso a lo que necesitan. Pero en el caso de las exclusiones, la ley estatutaria diceque se podrá usar la tutela”contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras accionescontencioso-administrativas”. Es decir, sólo le cabe la tutela una vez haya quemado todas las etapas previas. En consecuencia, la flamante ley estatutaria sí desplaza o prolonga el uso de la tutela frente a las exclusiones definidas por el Ministerio. En tal caso, las familias tendrán que pagar por ellas. ¿No se parece esto a las “prestaciones excepcionales en salud” de la emergencia social de Uribe?

Para complementar lo anterior, dos mecanismos de la estatutaria contribuyen a distribuir las cargas económicas en las familias, según su capacidad de pago, para lograr la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema:

1.    La insistencia en que el sistema acudirá al principio de “sostenibilidad […] de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Si bien el parágrafo del Acto legislativo correspondiente no permite aplicar este criterio “cuando se trate de un derecho fundamental”, si las exclusiones no hacen parte del derecho, no se podrán exigir al Estado y, por lo tanto, las pagarán la familia.
2.    La inclusión del “deber” de las personas de “contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago”. Se legaliza así, por ley estatutaria, los regímenes, las cuotas moderadoras y, sobre todo, los copagos, según capacidad de pago. ¿Alguna duda de que las familias tendrán que pagar las exclusiones y mucho más?
3.    La tutela seguirá utilizándose, claro. Recuérdese que hoy en día el 75% de las tutelas se deben a servicios ya incluidos y pagados en el POS a las EPS. Se supone que ya no se presentará esta situación porque la ley estatutaria dice que “para acceder no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa”. Pero, a renglón seguido, afirma que esto sólo será “cuando se trate de atención inicial de urgencia y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”. En el actual sistema existe al “paseo de la muerte” aunque las EPS y las IPS están obligadas a prestar la “atención inicial de urgencias” ¿Algo nuevo bajo el sol?

Por el simple hecho de que la ley ordinaria que se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de Senado impulsada por el gobierno sostiene el mecanismo fundamental de la intermediación con ánimo de lucro entre el nuevo banco llamado Salud Mía y los prestadores -léase hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios-, se seguirán presentando las barreras de acceso y la “tutelitis” por servicios incluidos en el plan de beneficios. El asunto no se corrige ordenándoles a los nuevos “gestores” que no lo hagan, porque éste no es un asunto de mal comportamiento. Las EPS de hoy y los “gestores de servicios de salud (GSS)” de mañana seguirán poniendo obstáculos mientras sus ganancias sean mayores entre menos servicios presten. Y esto no cambia en la propuesta del gobierno, porque el gran banco Salud Mía tendrá para cada gestor una cuenta con el valor de las UPC correspondientes al número de afiliados que puedan captar. Aunque les paguen una parte por “resultados en salud”, lo más importante será que no se gasten “su platica” autorizando el pago de los servicios prestados a sus afiliados.

Los médicos y demás profesionales de la salud creyeron haber rescatado su autonomía profesional a través de un artículo muy severo contra quienes pretendan constreñirla o ponerle límites. Pero seguramente no han caído en la cuenta de que si una ley estatutaria dice que no podrá ordenar o formular nada que no tenga evidencia científica sobre seguridad, eficacia y efectividad, serán las “guías y protocolos” de manejo las que decidan, so pena de violar la ley e ir a la cárcel. ¿Queda algún espacio para la autonomía profesional en estas circunstancias?

No seamos ingenuos. El gobierno juega a que todo cambie para que todo siga igual, porque defiende el gran negocio establecido en el mundo y en Colombia con los servicios de salud y no quiere afectar la “seguridad jurídica” de los inversionistas nacionales y transnacionales, estimulados por los tratados de libre comercio (TLC). No en vano se incluyó a la fuerza un artículo sobre política de medicamentos con la siguiente advertencia:”[el gobierno] regulará los precios hasta la salida del proveedor mayorista. El Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y comercialización cuando éste no refleje condiciones competitivas”. Ni más ni menos, únicamente allí donde no opere el mercado. En la selva amazónica,tal vez. El resto estará a cargo de las restricciones de los TLC.

¿Algo qué hacer? Todavía queda el control constitucional previo de la Corte. Es necesario que la sociedad toda se pronuncie frente a la Corte Constitucional, para salirle al paso a estos engaños, como lo hizo con la emergencia social del presidente Uribe en enero de 2010. Pero también es necesario no perder de vista el trámite de la ley ordinaria actualmente en el congreso. Vuelven a vendernos gato por liebre en materia de salud. ¿Hasta cuándo? ¿No hay punto de saturación? ¿No cabe discutir el pacto constitucional en salud más allá de un plan de beneficios costo-efectivo? ¿No cabe discutir sobre ambiente, agua, alimentación, vivienda o trabajo cuando hablamos de salud? Otras sociedades lo están logrando. No es un asunto de riqueza o de pobreza, ni de escasez de recursos, sino de proyecto de sociedad compartido y de acción colectiva sostenida.

Bogotá, junio 20 de 2013.


[1] Médico, bioeticista, doctor en Historia, Profesor Asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR) y de la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud (ANSA)