EDITORIAL El Espectador / Aplastante,
como se esperaba, la votación que el lunes pasado se dio en la Cámara de
Representantes: el fuero militar fue aprobado con 103 contundentes votos de los
congresistas (apenas seis de ellos se opusieron).
La discusión se
prolongó durante ocho horas, pero la victoria estaba cantada. Ahora, más allá
de los puntos que se tienen que conciliar entre las dos versiones de las dos cámaras,
la realidad es que tendremos fuero militar ampliado para rato. Todo esto pese a
que sectores de la academia, penalistas, constitucionalistas, incluso relatores
de derechos humanos, prensa escrita, entre otros, nos opusimos de principio a
fin. Una reforma que, entre todo, genera más dudas de las que pretendía
solucionar.
El fuero
militar es una regulación que no existe en el mundo, o que ha tendido a
desaparecer, o que está contemplada para delitos tan ininteligibles para los
civiles como el de deserción o el de centinela. Acá, sin embargo, necesitamos
100 artículos completos para regularlo. Que estamos en guerra, dicen. Es
posible. Pero no parece tan difícil establecer criterios claros para dividir a
la justicia civil de la castrense. Hay dudas a veces, sí, pero en su mayoría
son de procedimiento y no, como diría un abogado, de derecho sustantivo.
Y ahora estamos
en otro escenario, uno en el que la justicia penal militar (su competencia, su
campo de aplicación, sus múltiples vertientes y comisiones nuevas) está
fortalecida. Lo que sí sería más grave, dentro de todo este escenario, es que
un caso de justicia civil se colara por el boquete de la penal militar.
¿Pasará? Está por verse. Pero dudas sí hay. Mucho más allá de los “lugares
comunes” en los que, según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, caíamos
sus críticos. Está, por ejemplo, el punto de las definiciones. La ley dice qué
son un grupo armado, un blanco legítimo, un ataque y un objetivo militar. Más
allá de si esto ya lo sabíamos o no (en un país que lleva cien años en guerra y
múltiples tratados internacionales sobre ella firmados), resulta confuso el
tema de los “civiles”.
Blanco legítimo
es, claro, quien actúa directamente en el conflicto. Pero también, y esto es lo
que sorprende, los civiles que participan en las hostilidades. ¿La campesina
que da agua al guerrillero, por ejemplo? ¿Ella sería un “blanco legítimo”? Y de
esta forma, con ejemplos menos extremos, todas esas zonas grises que se
presentan en un conflicto armado.
Ahora, también
se ha creado una institución nueva: para que no exista duda sobre la
jurisdicción a la que debe ir un caso determinado se establecerá una Comisión
Técnica de Coordinación, con tres miembros civiles elegidos por la Fiscalía y
tres militares activos o en retiro. Suena preventiva la medida, pero puede
incluso llegar a ser innecesaria. Un trámite burocrático más. La pregunta es la
siguiente: ¿hace falta eso? ¿No es mejor tener una claridad legislativa? ¿No la
había ya antes de esto?
Más allá de
todo lo que significa el fuero militar, que es lo que ya han dicho opositores y
promotores, nos parece que este largo articulado es más un saludo a la bandera.
“Nuestros militares se sienten desprotegidos”, les oímos decir a los
representantes del Gobierno una y otra vez. Pero si el país quiere seguir una
senda de derechos humanos, las cosas tendrán que seguir haciéndose como
siempre. ¿Para qué, entonces, tanto? ¿Y si tanto ocurrió con un fuero limitado,
y tan poca justicia se impartió, podemos tener esperanzas de que con este fuero
ampliado habrá mayor respeto a la reglas humanitarias? Permítannos ser
escépticos.
