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| Tatiana Acevedo |
-Este no es un
problema estético sino jurídico —afirmó el abogado Uribe de Brigard y Urrutia,
refiriéndose a la utilización de estratagemas (antiestéticas, ¿poco éticas?,
pero legales) en la compra abundante de tierras en Vichada. El problema,
dictaminó, es “jurídico”, “altamente sofisticado” y sobre todo “muy técnico”.
El ministro
Estupiñán, por su cuenta, lo describió como “un chicharrón muy complejo”. La
revista Semana, con una definición parecida (“es un enredo jurídico muy
complejo”), reforzó la idea de un embrollo tan complicado que sólo unos pocos
podrán entenderlo.
El embrollo es,
sin embargo, bastante sencillo y tiene que ver con la forma en que Brigard y
sus clientes piensan el futuro de lo que Semana apoda “las regiones
históricamente aisladas”: las tierras antes baldías, que el Estado adjudica a
las comunidades, progresarán si y sólo si élites empresariales se ocupan de
ellas.
Este grupo de
ideas, que tiene por supuesto muchos matices, ha intentado abrirse camino de
variadas formas. De manera legal, con la fórmula Riopaila/Brigard, apegándose a
interpretaciones amañadas y pagando a buen precio las tierras. De manera
estatal, a través de programas como Agro Ingreso Seguro/Carimagua. O de forma
deliberadamente violenta, en lo que podríamos llamar el esquema de despojo
Jiguamiandó y Curvaradó.
Quizá quien
resumió mejor el mentado problema fue Vicente Castaño: “En Urabá tenemos
cultivos de palma, la idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de
proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas
llegan instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del
Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar a los
ricos a todas las regiones del país”.
