domingo, 30 de septiembre de 2012

El meollo. Por Alfredo Molano Bravo



La almendra de la negociación con la guerrilla es el tema de las armas, tanto las que hoy se enfrentan como las que mañana garantizarían el cumplimiento del acuerdo.
Tomado de El Espectador, 2012-09-30
El asunto es esencialmente militar, aunque el punto no se haya hecho explícito en la agenda. En este sentido, los principales negociadores deberían ser, en una primera etapa, los militares. Y por eso la propuesta de las Farc parece razonable: militares activos deberían estar sentados negociando con comandantes de la guerrilla. Frente a frente. No son suficientes los exgenerales Mora y Naranjo, aunque sean representantes válidos de las Fuerzas Militares. Podrán tener ascendencia sobre los soldados, pero no mando. Y lo que se necesita, en primer lugar, es negociar un cese al fuego.
Horacio Serpa, negociador en Tlaxcala, recordó esta semana, en el lanzamiento de la propuesta de Samper para humanizar la guerra, los fracasos de los intentos anteriores con Betancur, Barco, Pastrana, de todo pacto en medio de la balacera. Imposible. La mesa se convierte en un tribunal que termina comiéndose la negociación. Si se trata de no repetir errores, ese caos se debe evitar y por tanto ir de entrada a silenciar los fusiles. El acuerdo entre Belisario Betancur y Marulanda no se pudo cumplir más que en la prensa porque era imposible de controlar. La iniciativa de Samper parece ser la manera de llegar al cese al fuego por etapas. Mauricio Jaramillo, El Médico, uno de los negociadores de la guerrilla, lo sugiere cuando propone la suspensión de atentados contra el sector energético a cambio de la suspensión de bombardeos. Sin duda, una sucesión de acuerdos para humanizar la guerra mientras se firma la paz es el camino para detener la plomera mientras se negocian las soluciones políticas definitivas al desangre.
Desde luego que el cese al fuego supondrá una estricta vigilancia por parte de un agente neutral y fuerte que dé garantías a las partes. Hoy la supervisión mediante satélite —y otras formas electrónicas de espionaje— resuelve los obstáculos que impidieron a Chucho Bejarano e Iván Márquez encontrar mecanismos de verificación y que terminaron en la reactivación de los combates. No se trata ahora de descubrir el agua tibia, sino de acordar el cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ninguna de las partes beligerantes ha cumplido. En el fondo, el DIH es un código de naturaleza militar para sacar a los civiles de la pelea e impedir la guerra sucia. Algunas de esas normas, como propone Samper, aclimatarían el cese al fuego. Los bombardeos, la desaparición, el secuestro, el reclutamiento de menores, se pueden convertir en temas de una agenda compartida para llegar con decisión a firmar un cese al fuego y, entonces sí, entrar a la negociación de fondo: el problema del poder. Se trataría de definir el cumplimiento progresivo de reglas específicas y obligatorias, rigurosamente vigiladas por un organismo acordado y competente. El papel de la comunidad internacional, y más específicamente de la latinoamericana, es en este punto decisivo.
Un cese al fuego supone necesariamente la participación de todo movimiento insurgente. Hablo del Eln, pero también de los restos del Epl —con Megateo incluido—. Más aún, estas dos fuerzas tendrán que entrar, tarde o temprano, a negociar su participación en la mesa que se instalará en Oslo y se desarrollará en La Habana, pero un acuerdo sin su participación resultaría espurio.
El cese al fuego debe ser tan sólido como para seguir vigente después de la firma del acuerdo general. Será la verdadera prueba de la negociación. Quizá no haya una garantía más real del pacto que la profunda recomposición en un solo cuerpo de las fuerzas que se enfrentaron durante medio siglo. Las guerras civiles deben terminar en un ejército nacional unificado y único. La negociación es, de hecho, una invitación obligada a tragar sapos.




Ejercito Colombiano perpetra golpe de estado a la paz en Colombia, sostiene Athemay Sterling Acosta

¿Más soldados al Ejército para más guerra? Tercera División en Cali.

Por el Doctor Athemay Sterling Acosta *

BOGOTÁ / 2012 / Varios hechos demuestran la doble moral de Gobierno del Presidente Santos en lo que respecta a los Diálogos en búsqueda del fin del conflicto como reza el Acuerdo General  (1) firmado entre el Estado Constitucional Colombiano y  las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas Ejército del Pueblo, Farc-Ep, y a los mismos Principios Constitucionales y Fines del Estado Constitucional que este Gobierno atropella flagrantemente de manera muy peligrosa para la Paz y la Convivencia de Colombia, América y África.
Veamos uno por uno de esos aspectos fácticos, políticos, antijurídicos, ilegítimos que direcciona y ejecuta este y todos los Gobiernos colombianos, como política ya sistemática y permanente de terrorismo de Estado a través de sus Instituciones.
Gobiernos, como el de Santos que no es la excepción, todos continuistas de la nazi y caduca Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por los EEUU, desde cuando en 1948 los yankies a través de la CIA y sectores descompuestos de las clases dominantes colombianas asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán para crear zozobra e imponer en la IX Conferencia Panamericana realizada en Bogotá esta cruel “doctrina”, que Uribe la llamó por ejemplo Seguridad Democrática, Santos Prosperidad Democrática, Gaviria Guerra Integral, Pastrana Plan Colombia, Valencia Plan Laso, Turbay Estatuto de Seguridad, etc., Etc. Cada uno con careta diferente pero con igual esencia.
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Primer hecho, que causa preocupación desde el inicio de este Gobierno Continuista de doble moral santista: sus dos gomelos y Ministros de Defensa que ha tenido: Rivera que llamaba a “…arreciar, arreciar y arreciar la guerra…”, y Pinzón ahora gomelo de medio pelo que llama a “…dar de baja, dar de baja, dar de baja…”, nombrados y avalados por Santos, no sólo van en contravía a la Constitución Política Colombiana sino al anhelo nacional, lo que convierte a los tres servidores públicos aquí nombrados con todo el régimen político que representan, en prevaricadores pues hacen apología a la violencia, a la guerra, a la muerte, aspectos sumamente crueles que van en contra al anhelo nacional colombiano e internacional por la Paz con Justicia Social, reivindicación sentida de la sociedad y del pueblo.
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La propaganda de mala leche y engañosa, además de guerrerista, en los Medios de Información Comercial de Colombia y en Vallas públicas que el Ejército Colombiano ha colocado llamando arbitrariamente a los y las colombianas a hacer parte de sus fuerzas de guerra, mientras todos buscamos la Paz.
No es justo que se llame a fortalecer los cuarteles dizque como “empresas”, sin serlo, en vez de fortalecer la educación y la salud por ejemplo, nombrando maestras y maestros en un País donde el pié de fuerza es mayor al número de educadores y al número de médicas y médicos en Colombia.
¿Qué es lo que quiere el Ejército? Es una pregunta que toda la ciudadanía se hace y se responde ella misma por la paradoja de este exabrupto de las FFMM de Colombia. Quiere guerra aunque la están perdiendo, pues no ganarla es perderla también. Por eso es mejor el Diálogo.
¡Aprenda cada uno de ustedes que más importante es una Escuela, una Universidad, un Colegio, un Hospital que un cuartel!
El Distinguido Monseñor Monsalve de la Arquidiócesis de Cali se pronunció denunciando esta actitud, y yo lo coadyuvo; cuando se manifestó que la Tercera División y la Tercera Brigada a través del Batallón Pichincha en la Sultana del Valle vulneran varios Derechos, entre ellos el de la libre conciencia, la ídem objeción de conciencia, pues a la juventud no hay que llamarla a la guerra sino a la educación, a la ciencia, a la Paz, a la Convivencia y a respetar la vida para entre todos construir condiciones favorables para una vida digna.
Yo mismo visité y quedé aterrorizado al ver la valla grandísima (¿cuánto habrá costado esta campaña cuasi electoral?) hasta con citas bíblicas, prohibidas por la Constitución Política, utilizarlas y peor aún para fines guerreristas contrarios a la Paz. ¡Es muy Preocupante!
Es un Golpe de Estado del Ejército contra la voluntad nacional colombiana de la Paz con Justicia Social y el Fin del Conflicto que se busca ahora en los Diálogos entre las Farc-Ep y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
Yo pregunto a los presentes, como decía Víctor Jara, camarada comunista y cantautor chileno ejecutado extrajudicialmente en el Estadio de Santiago en Chile por el Ejército fascista de Pinochet educado igual que el Ejército Colombiano en la criminal, nazi y caduca Doctrina yankee de la seguridad nacional que acá también ha ejecutado extrajudicialmente a miles de personas y jóvenes en lo que se ha llamado popularmente falsos positivos estimulados desde el mismo ejecutivo, pregunto: si estamos cerca a Instalar en  Oslo Noruega este inicio de Octubre los Diálogos para finiquitar este conflicto y esta guerra, ¿para qué el ejército llama a la guerra?.
¿Para qué van unos supuestos negociadores de Paz del Gobierno a Oslo? ¿Con qué moral de Paz podrá cada uno de ellos intervenir? No tienen moral para hacerlo. Pues la doble moral del Estado no lo permite.
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El Ejército en Valle y Cauca agrediendo la memoria de Apolo, Dios mitológico de la Luz y del Sol, de la Paz y la transparencia, junto al conjunto de las FFMM y FFAA en un desgaste del Estado con dinero que no es del ejército sino del erario, y conociendo que el Comandante de las Farc-Ep Miguel Pascuas, hombre Marquetaliano conocedor del Conflicto Social y Armado ha sido designado como Negociador para ir a Oslo, vuelvo a preguntar: ¿para qué? Y ¿Por qué los Militares de esta sección del País en los medios de información masivos colombianos, llaman a dar de baja a este integrante de la Comisión de Negociadores de las Farc-Ep?
¿Será que quieren matar y exterminar a la Comisión de Negociadores? ¿Es que Ustedes no quieren el Diálogo?
¿Será que en Colombia hay dos políticas?
O ¿Ya habrá un Golpe de Estado Militar a los Diálogos de Paz?
En el Acuerdo aparece que el Gobierno propiciará el desplazamiento normal y pacífico de los insurgentes y beligerantes de las Farc-Ep a Oslo, a la Habana y al lugar que corresponda.
Si es así ¿para qué tanto desgaste militar y tanta agresión verbal y política de los mandos militares ante los Medios llamando a la guerra mientras buscamos la Paz?
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Recuerdo al Coronel Blanco, anterior Comandante de la Misión Apolo del Ejército que agrede a la población civil de Valle y Cauca cuando él me decía una vez en la sala de Juntas de la Alcaldía de Pradera Valle que ellos, el Ejército, en combate podía vulnerar Derechos, y Yo le manifestaba, que él estaba muy equivocado, pues el Ejército tiene como misión constitucional es defender la Soberanía Nacional, respetar los Derechos, acatar la Constitución y la Normatividad y sobre todo, en un País en Conflicto como Colombia, también debía respetar la Normatividad del Derecho Internacional Público en general, y de manera específica, también al DIH.
Será que esta misión Apolo sigue en lo mismo. O ¿es trampa y emboscada de las FFMM en la carretera de los Diálogos?
O ¿Están actuando contra el Presidente Santos?
O ¿ya iniciaron el Golpe de Estado que se escuchaba en el ruido de sables de ACORE?
Le digo al Ejército, a sus Mandos, que en Colombia, toda la Población tenemos los mismos Derechos y Obligaciones, y Ustedes como Servidores Públicos, además de éstos, tienen los que le imponen sus propias funciones.
Recuerde cada uno de Ustedes que el 22 Constitucional ordena: la PAZ es un Derecho y un Deber de Obligatorio Cumplimiento, y ustedes no pueden hacer apología a la guerra, ni a la muerte y menos a la violencia a través de ningún medio. A ustedes se les paga y gastan es del erario. Hay que respetarlo y dedicarlo no a la guerra sino a la inversión social.
Colombia pierde con la guerra y gana con la Paz dije (2) en oportunidad pasada, recogiendo el sentir de toda la población, Concejales, Diputados, Congresistas, Alcaldes, Gobernadores y organizaciones populares, civiles y cívicas, con quien he conversado en todas las giras que hago por el País entero propugnado por los Derechos y la Paz con Justicia Social.
* Abogado Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del Gobierno, Integrante del CPDH y ANDAS, Ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia, Candidato Senado de la República, Director de Radio Televisión Palenque, Analista Político y Geo estratégico, Profesor e Investigador Científico Universitario categorizado por Colciencias.

Doña Justicia Capital. Escribe Narciso Isa Conde





Hubo una vez un hombre muy pobre, que por robarse un salami para paliar el hambre que lo agobiaba, pasó diez años en la cárcel.

En estos días nos informan que otro infeliz fue a parar a un destacamento policial por “robarse una guayaba”.

En ambos casos, tanto el dueño pijotero del salami como el de la guayaba, recurrieron a la nada santa Policía Nacional, asociada desde sus estructuras de mando a todo tipo de delitos de Estado, empresariales, civiles y militares.

 Y no es que el pobre hombre del salami o el infeliz joven de la guayaba recibieran el castigo mayor contemplado en casos de violación de la ley que protege la “santísima propiedad privada”, pues es conocida la abundancia de jovenzuelos empobrecidos que caen sistemáticamente abatidos por la implacable metralla policial; muchas veces solo “por sospecha” o por el simple hecho de ser pobre, generalmente “mal vestido”, negro,  mulato o descendiente de haitianos/as

Con el ricachón, el general, el político encumbrado, el alto funcionario enriquecido, el “inversionista extranjero”,  el mafioso  con papeletas… pasa lo contrario. Y si además es blancote y rubiote, va en coche.

A robo menor, penas mayores; robar poquito por hambre puede conllevar  hasta pena de muerte.

A  robo mayor, impunidad absoluta. Robar muchísimo desde el poder  y la opulencia incluye condecoraciones, reconocimientos, alabanzas, candidaturas y nombramientos jugosos; incluidos títulos de filántropos (si se trata de grandes empresarios) o diploma del “mejor estadista del año” (si se trata de un ex-presidente socio en suciedad de una voraz  transnacional tipo Barrick).

Así ha sido en tiranías y post-tiranías, durante las ladrocracias (balaguerista, perredeísta y peledeísta); durante las mentadas democracias, las seudo-democracias y las narcocracias capitalistas.

Y si les asaltan dudas sobre el “arreglo” que le han hecho a la balanza o no alcanzan a ver los agujeros en la venda de Doña Justicia, observen bien los Ladroneles de hoy, presentes en parte en el gabinete de Danilo.

Los asociados a la estafa de la Sun Land  y los conspicuos receptores de las ayudas multimillonarias a FUNGLODE.

Los sobornados por Barrick Gold, Falcondo, Gold Corp, Uni Gold y todo el cártel de la mega-minería. Los muchachones del PEME. Los integrantes de las mafias importadora, eléctrica, energética, de la construcción, de las deudas y los bonos soberanos

Pónganle el ojo clínico a los narcos-generales y sus conexiones políticas.

Y entonces podrán valorar la dicha de esos tipos por no limitarse a  cogerse las guayabas y salchichones ajenos. ¡Justicia de clase!

sábado, 29 de septiembre de 2012

Recuento histórico, conflicto armado paz con justicia social





Por Jhon Jairo Salinas/Marcha Patriótica/
Jueves, 27 de Septiembre de 2012
Durante 100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible el clamor de los viejos problemas ir-resueltos.
Durante 100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible el clamor de los viejos problemas ir-resueltos y los nuevos conflictos sociales que aparecían. Al avanzar el siglo XX el campesinado seguía sin acceso a la tierra, y el naciente movimiento obrero que luchaba por las reivindicaciones laborales más elementales era tratado no como un problema social sino de orden público, como lo mostraban los luctuosos hechos de Ciénaga en 1928. (Documento Marcha Ptriòtica)
Cabe resaltar que en dicho periodo de tiempo se organizan las ligas campesinas, compuestas por campesinos que trabajaban en las grandes haciendas cafeteras, y exigían aumento de sus salarios, y que las pesas con las cuales medían su trabajo, y por lo tanto su salario, estuvieran calibradas. Dicho movimiento agrario se fortalece con el incipiente proceso de Reforma agraria bajo la consigna “la tierra es para quien la trabaja”, pues les permitió apropiarse de los terrenos baldíos. Esta reforma fue implementada a través de la ley 200 de 1936 bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo. “Pero la reforma se suspendió en 1944 por presiones del Partido Conservador y de los mismos terratenientes liberales. Y aquí comienza a liquidarse la reforma agraria. La parálisis del proceso de distribución de tierras, fue lo que creó una condición general de violencia, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Esto es un hecho significativo de este periodo. Es la gasolina de toda la violencia”.
La violencia generada por el Partido Conservador, concebida como oposición beligerante a la “chusma” –como definían al campesinado- da origen en la década de los años 40’s a la organización de grupos irregulares armados, llamados chulavitas o también conocidos como pájaros en diferentes zonas del país, que operaron junto con la policía con una clara orientación del Partido Conservador y la bendición de la Iglesia Católica. Estos grupos son los antecedentes de los paramilitares, pues el objetivo fue y actualmente es el mismo: desplazamiento, para eliminar al opositor con la muerte y destinar las tierras usurpadas a proyectos productivos agropecuarios. Las tierras o los lotes que quedaban “limpios” de liberales, los conservadores las daban a los chulavitas como forma de pago de estos “favores”, mientras a los campesinos desplazados les quedaban tres opciones: ir a las ciudades a convertirse en trabajadores, colonizar la montaña (selvas o páramos) ampliando la frontera agrícola o “enmontarse” y proteger la vida.
Estos graves hechos de violencia se agudizan con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, lo cual marca un recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de ese entonces, cuyos mayores impactos agudizaron la acciones de los chulavitas en las zonas rurales del país. La muerte de Gaitán es un símbolo, pero no es el inicio mismo del conflicto armado actual, ya que éste se enraizaba en la tozuda y violenta respuesta latifundista a la justa reivindicación campesina, aunada a la política de Estado de persecución contra la oposición política y social.
En respuesta a la violencia que estaba generando los terratenientes, los campesinos que huyeron hacia la montaña se organizaron en grupos de resistencia armada. Estos grupos de tuvieron diferentes tendencias ideológicas y formas de actuar en medio de la violencia, variando de acuerdo a la región donde se encontraban. Es así como gran parte de estos grupos fueron organizados por el Partido Liberal en los años 50´s y apoyados económicamente por los comerciantes, ganaderos y terratenientes de este partido. Paralelamente, en las antiguas zonas de las ligas campesinas, cuyas orientaciones provenían del Partido Comunista, se organizan grupos de autodefensa, los cuales buscaron una solución para los campesinos que las conformaban, pues se armaron para proteger su vida, y la posibilidad de vivirla dignamente: mediante la posesión de tierra para trabajar. Inicialmente estas autodefensas aunque tuvieron una inclinación política, su labor giró en torno a las actividades cotidianas del campesinado de la época.
Las circunstancias que generaron este fenómeno son evidentemente políticas, económicas y sociales, y se relacionan íntimamente. Políticas en el sentido que el inicio del actual conflicto armado fue una respuesta popular a la violencia, que materializaba la forma de ejercer el poder o de gobernar. Y sociales y económicas, en el sentido que las condiciones de vida del campesinado (falta de tierra, pocas vías de acceso, ausencia de escuelas, etc.) y de los trabajadores generaron inconformidad y levantamientos de los campesinos principalmente en una lucha incesante por la tierra, en contravía de la creciente preocupación de los terratenientes.
Estos antecedentes son fundamentales para comprender cómo la historia que se esconde en la violencia bipartidista tiene otra cara: el interés de las clases dominantes de controlar económica y políticamente al país a costa de la muerte y desplazamiento de miles de colombianos. Estas circunstancias sociales, económicas y políticas han tenido cambios en el tiempo, sin embargo la violencia como forma de ejercer el poder en nuestro país, la concentración de la tierra en pocas familias, y la desigualdad social son constantes que aún persisten, siendo las causas principales del conflicto que vivimos a diario. La violencia bipartidista encubrió realmente una guerra de clase, una contra-reforma agraria efectiva y una urbanización obligada que sobre-ofertó obreros para la economía urbana, rebajando los salarios y aumentando las ganancias de las empresas.
Pero precisamente, ante la inexistencia de contradicciones irresolubles entre los partidos tradicionales mientras miles de sus copartidarios se enfrentaban a machete y escopeta, sus jefes naturales hacen las paces en las playas del Mediterráneo, llegando a un gran acuerdo nacional, pero sin el pueblo. Se promueve una política de desmovilización de los grupos armados, a los que acuden incluso las expresiones más radicalizadas de este inmenso movimiento insurgente. Sin embargo, el nuevo régimen ni siquiera está dispuesto a garantizar la vida de los campesinos que han entregado sus armas. En 1960 es asesinado, Jacobo Prías Alape, dirigente de las guerrillas comunistas del Sur del Tolima, llevando a muchos campesinos a temer por sus vidas y refugiarse en zonas de autodefensa.
El conflicto que no se resolvía por la ausencia de garantías para los dirigentes campesinos, arreciará por la intervención directa de los norteamericanos en nuestro país. El imperio del Norte, enceguecido por su confrontación de la Guerra Fría, y ante el efectivo despertar de movimientos guerrilleros inspirados en la revolución cubana por toda América Latina, da la orden del bombardeo a las zonas campesinas macartizadas por el conservador Gómez Hurtado como “repúblicas independientes”. Es así como de la agresión a las regiones de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero, surgen las actuales FARC.
Mientras tanto, otros sectores políticos expresando la inconformidad creciente de capas medias urbanas dan origen a otros grupos insurgentes como el ELN, el EPL, así como a otros tantos. El Estado buscó desde entonces la “salida militar” y declaró la guerra no sólo a estas organizaciones, sino gracias al seguimiento a pie juntillas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, emprendió una persecución abierta contra cualquier expresión social no afín al régimen, en su paranoica teoría del “enemigo interno”, forma larvada de la actual diatriba anti-terrorista.
Así mismo, volviendo a su vieja usanza, las clases poseedores relanzas sus “pájaros” con especial furor desde la década del 80, ahora bajo el mote de paramilitares, con la innegable anuencia de los altos mandos y coincidiendo con el empoderamiento de los carteles del narcotráfico dentro la elite colombiana. En los 90s este fenómeno se eleva a una verdadera política de Estado, anclada no al combate militar de la insurgencia sino al control político, la persecución al movimiento popular y la salvaguarda de los grandes intereses económicos de los capitales legales e ilegales.
CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO
El proceso histórico del conflicto colombiano no puede explicarse solamente desde sus características armadas sino desde las causas que dieron origen a estas organizaciones que decidieron ejercer la lucha armada.
El conflicto armado colombiano constituye entonces la expresión más evidente de un profundo conflicto social, que tiene su origen en las intensas desigualdades sociales existentes al interior de la sociedad colombiana, así como en el excluyente régimen político colombiano; la concentración de la tierra y de los demás factores de la producción, la exclusión de las mayorías de los mecanismos de toma de las decisiones políticas y económicas, el aniquilamiento físico de la oposición, como en el caso de la Unión Patriótica UP constituyen muestras de dicha realidad. La actual desigualdad social, ha sido una constante en nuestra historia y está fundamentada en el enriquecimiento de un sector minoritario de la sociedad mediante el desplazamiento del campesinado, la explotación de los trabajadores y el empobrecimiento del pueblo colombiano en general.
Pese a lo anterior, la posición oficial del régimen uribista ha sido la de desconocer las raíces sociales del conflicto y limitar la acción armada a un simple actuar de bandas del narcotráfico, donde paramilitares y guerrillas significan lo mismo y su lucha se dá en la competencia que existe por rutas y mercados de la droga. Bajo este argumento la lucha armada no comprende ningún fin político, por lo tanto discusiones como el estatus de Beligerancia, el intercambio de prisioneros y la solución política del conflicto no tiene cabida en la agenda política del gobierno nacional.
Seguidamente otra característica propia del gobierno nacional es la de dibujar la lucha armada y social en el marco de la acción preventiva, el enemigo interno, y los grupos terroristas. Desde esta lógica, todo accionar armado se reduce a hacer parte de una “amenaza terrorista” latente al interior del territorio que quiere atentar contra el gobierno nacional y el gobierno estadounidense. La lucha social se estigmatiza como “apología al terrorismo” y de esta forma se manipula y doblegan las intenciones de cambio y transformación social, generando un hilo de vulnerabilidad sobre las poblaciones y sectores sociales que se atrevan a proponer nuevas formas de vida.
Este sometimiento ideológico se fortalece con la ayuda económica y tecnológica, recibida del gobierno estadounidense y la entrega de territorios para que los militares extranjeros instalen sus bases de dominación supranacional.
Bajo estos preceptos ideológicos del terrorismo, el gobierno nacional desconoce la existencia del conflicto social y armado y cierra toda posible vía que nos lleve a encontrar una solución política y negociada entre los diversos actores.
Ante esta actitud, se contrapone la de la sociedad internacional vecina, principalmente Venezuela y Ecuador, quienes padecen los alcances del conflicto colombiano y sus incidencias en sus propios países. Estos gobiernos han promovido a nivel internacional una cruzada para la solución política y negociada en Colombia, para lo cual han puesto recursos y presupuestos en pro de lograr dosificar los impactos de nuestra guerra nacional.
Así mismo, diferentes organizaciones sociales y populares que recogen varios sectores de la población, han articulado diversas iniciativas en pro de la solución política del conflicto, promoviendo a través de un dialogo fluido con la guerrilla de las FARC–EP, liberaciones unilaterales de rehenes que permitan tomar confianza hacia un acuerdo humanitario, - intercambio de prisioneros de guerra -, como el primer paso, para que las partes logren sentarse en la mesa a dialogar, y así generar caminos de paz que permitan la eliminación de las causas políticas, económicas y sociales promotoras del conflicto y de la desigualdad social que reina en nuestro país.
PERSPECTIVAS HACIA LA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO
1. El reconocimiento del conflicto en su complejidad es un paso necesario en la búsqueda de su solución. El actual conflicto no se reduce sólo a su dimensión armada, sino que la exclusión de orden económico, político y social se encuentra en la raíz del mismo, siendo parte integrante de éste. Así mismo, el entendimiento de la solución del conflicto como motor de cambio social y el reconocimiento del papel activo que todos los colombianos -no sólo de las partes enfrentadas en la confrontación militar- debemos asumir en su solución, son indispensables en la búsqueda de salidas estructurales y de largo plazo para terminar la guerra.
Otro de los reconocimientos que debe hacerse es que la vía militar como forma de resolver el conflicto ha fracasado, hecho que ha sido demostrado a través de décadas, ya que ha sido la apuesta de “solución” hecha por el establecimiento durante los ya casi 50 años de guerra. El mito de la victoria militar como salida al conflicto no constituye una solución real ni estructural al mismo, puesto sus profundas raíces sociales hacen que su superación vaya más allá de la rendición de alguno de los contendientes armados.
Nuestro largo conflicto social y armado es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de las experiencias fallidas. La única salida duradera y sólida es la solución política y la búsqueda caminos de paz cimentada en la justicia social. La solución política al conflicto social y armado debe entenderse como el proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas necesario para la superación de las causas estructurales que le dieron origen. La solución política no es la pax romana no como la paz de los sepulcros sino la generación de condiciones económicas, sociales y políticas para que las mayorías tradicionalmente excluidas lleguen a tener condiciones de vida y de dignidad necesarias para la solución de los conflictos por vías diferentes a la armada.
La solución política requiere de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país, afectadas e involucradas dentro del mismo. Cualquier apertura de diálogos que pretenda construir salidas estructurales al mismo debe iniciarse con la construcción de una agenda de paz que integre los aspectos propios del desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. En estos, deben tratarse los grandes temas nacionales que generen garantías para la paz, estos incluyen la apertura democrática del sistema político colombiano, así como la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la concentración de la tierra y el desempleo, es decir, se trata de la paz en una condición de justicia social.
Desde el Cabildo Abierto hacemos un llamado a los movimientos sociales para hacer confluir sus propuestas y reivindicaciones con la apertura de un verdadero proceso de diálogo en pos de la salida política. El problema de la guerra y la paz no es una cuestión de los grupos en conflicto sino de toda la sociedad colombiana y nuestro compromiso activo es un deber de todos los demócratas, humanistas y luchadores sociales. Parte angular de una verdadera solución política será un amplio y fuerte movimiento de masas por la paz de nuestro país, deliberativo, propositivo y dispuesto a la movilización en pos del clamor central de nuestro pueblo: la paz con justicia social.
Una solución política del conflicto requiere de un Estado que brinde garantías para la asociación, para la movilización ciudadana y para el ejercicio de la oposición política, en el que la democracia supere el marco limitado de las libertades individuales reivindicadas por la burguesía hacia el reconocimiento de una libertad colectiva que sólo es posible concretar por medio de la justicia social.
Los cambios requeridos para la salida política del conflicto son estructurales, estos deben incluir reformas políticas e institucionales sustanciales, en función de las cuales se hace necesaria la concreción de una nueva Constituyente a través de la cual puedan repensarse las bases sobre las que se construirá el país.
2. El intercambio humanitario de prisioneros constituye un paso esencial en la búsqueda de salidas políticas al conflicto, puesto que éste sigue constituyendo la única alternativa real que existe para garantizar el retorno a la libertad de la totalidad de los retenidos políticos sin poner en riesgo su integridad física. El sufrimiento de los militares retenidos, de los presos políticos y de sus respectivas familias, debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso certero hacia verdaderos acuerdos que avancen en la finalización de la guerra.
Mientras tanto, el gobierno, sigue sometiendo a los prisioneros a la ruleta rusa de los rescates militares que pueden comprometer la integridad física y la vida misma de los retenidos -cómo ha sido demostrado en múltiples oportunidades-, o al intercambio de dinero por retenidos, bajo fachadas de operaciones rimbombantes o bajo nombres eufemísticos como las llamadas “acciones humanitarias de autoridad” . Esta parece ser la única propuesta hecha por el actual gobierno, síntoma del tratamiento dado por este a los militares retenidos como trofeos de guerra intercambiables por una suma de dinero, poniendo por encima de la libertad de nuestros compatriotas la tozudez de mostrarse fuerte aún a costa del sufrimiento de los cientos de colombianos privados de su libertad.
El intercambio de prisioneros no implica la rendición de ninguna de las partes ni tampoco la desmovilización de quienes son liberados, no constituye tampoco un “intercambio humanitario de claudicación” como argumenta Álvaro Uribe, pues ninguno de los contendientes armados que tienen en su poder retenidos del otro bando estarían declarando su rendición como el concepto de claudicación lo insinúa. No obstante constituye un paso esencial para avanzar hacia la conquista de la tan anhelada paz con justicia social, partiendo del reconocimiento del contrario y la construcción de confianzas para la resolución del conflicto.
El intercambio humanitario tiene antecedentes históricos nacionales e internacionales. Desde el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra firmado entre Bolívar y Morillo en 1820, hasta el Acuerdo de Los Pozos realizado en 2001 demuestran la viabilidad jurídica, política y humana para la libertad de los retenidos por los bandos. No es un problema numérico frente a los prisioneros. Un estado como el de Israel ha firmado un intercambio humanitario en el año 2008 con un grupo como Hezbollá, donde ha liberado importantes 5 importantes presos políticos condenados a cadena perpetua a cambio de recibir los cuerpos de dos soldados israelíes. No hay tampoco impedimento judicial para la liberación de los prisioneros de guerra, ni de la de los presos de conciencia, cuando el mismo presidente Uribe excarceló unilateralmente y extra-procesalmente al guerrillero Rodrigo Granda. El problema del intercambio ha sido y sigue siendo la voluntad política, y desde el Cabildo Abierto seguiremos en la brega por obtener escucha a este clamor.
3. El fracasado proceso de paz con los paramilitares demuestra que la entrega de armas no es garantía para la resolución del conflicto; un proceso truncado ya que no existe ni verdad ni reparación para las víctimas ni para el país, que no se compadece con el ingente daño causado por estas bandas a millones de colombianos.
El paramilitarismo sin dejar de operar se ha renombrado como “bandas emergentes”, “águilas negras”, “BACRIM” y en muchos casos ha legalizado su labor a través de la acción directa de las FFMM oficiales, como lo demuestran los tristemente célebres “falsos positivos.” El verdadero desmonte del paramilitarismo debe partir de una decisión de Estado, atacando realmente a la fuerza social que se esconde tras él: los especuladores del negocio de la tierra, las grandes transnacionales, los altos mandos militares, y los gamonales del clientelismo, en contubernio todos con las mafias del narcotráfico.
La extradición de los máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo las claridades necesarias sobre los crímenes de guerra cometidos, sus cómplices y la continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad. El retorno de los jefes paramilitares a Colombia para rendir cuentas ante nuestra justicia, para pagar por los crímenes cometidos en nuestro país y para cumplir con su deber de informar toda la verdad oculta hasta hoy en torno a su financiación, apoyo y relacionamiento, es una condición ineludible para la paz. Las tierras y demás bienes arrebatados a sangre y fuego a los campesinos y al pueblo colombiano, deben volver a sus verdaderos dueños y no seguir extraviadas entre los testaferros y el Estado.
4. La superación del conflicto social y armado requiere de unas Fuerzas Militares para la paz, cuya base sea un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía nacional y el respeto a las libertades ciudadanas; Colombia necesita una nuevas FFAA purgadas de la Doctrina de Seguridad Nacional con base en la cual ha actuado durante décadas bajo el supuesto de la existencia del “enemigo interno”. La depuración de la oficialidad implicada en violaciones de DDHH en asocio con el paramilitarismo y el narcotráfico, en asesinatos de civiles como los denominados “falsos positivos” y en casos de corrupción, es otra de las tareas ineludibles hacia la consolidación de la paz. Se requiere barrer con cualquier resquicio del fuero militar detrás del que pretenden esconderse los criminales de guerra y rechazar firmemente los intentos fascistas por la restitución de modalidades afines a la impunidad.
El presupuesto de estas FFMM debe ser coherente con las nuevas necesidades del país; no es sostenible para un país que aspira saldar la brecha social que ha sido combustible del conflicto armado, mantener un presupuesto militar cercano al 7% del PIB requiriendo cada año el aumento de la carga tributaria para alimentar la guerra como sucede en la actualidad, con un pie de fuerza hipertrofiado que se ha cuadruplicado en la última década y un pasivo pensional que crece hacia el infinito. En ningún otro momento de la historia colombiana el porcentaje de inversión en guerra fue tan alto, este presenta una tendencia creciente desde el año 1991, pasando del 2% al 6,32% en 2007 y al 6,5% en 2008. Este corresponde al más alto nivel de inversión en guerra del continente americano y a uno de los más elevados del mundo, por encima de Estados Unidos (4,04% del PIB) o los países europeos pertenecientes a la OTAN (alrededor del 2% del PIB). La salida política al conflicto requiere de la reducción y readecuación técnica, presupuestal y operacional del Ejército para la preservación de paz en las fronteras; la Policía deberá reorganizarse para garantizar la seguridad ciudadana.
5. Una salida política requerirá también del cese de las políticas intervencionistas que han estado presentes en las diversas etapas del conflicto y que han constituido uno de los motores centrales de su escalamiento. El episodio más reciente de intervencionismo en el conflicto colombiano lo constituye la firma del denominado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad” entre Colombia y los EEUU, en el marco del cual se autoriza al personal militar norteamericano el acceso y uso de al menos siete (7) bases militares colombianas. Estas bases neocoloniales, aunadas a décadas de intervención militar directa a través de asesores, financiación, instructores, ayuda técnica y demás son violatorias a nuestra independencia y mancillan la gesta patriótica por la que regaron su sangre los colombianos hace 200 años.
La decisión de Washington de hacer expresa su participación en la guerra colombiana se explica gracias a que nuestro conflicto se ha convertido en una verdadera conflagración regional. De forma vergonzosa el suelo patrio se ha convertido en la cabeza de playa de los yanquis para la agresión a los gobiernos alternativos de Suramérica. Por ello la paz en nuestro país, es la paz para el continente: el desarme de las bases norteamericanas, el retiro de la IV Flota y el desmonte del Plan Colombia II, son caminos certeros para desactivar la carrera armamentista que perjudica a la región.
Dada esta dimensión del conflicto colombiano, visualizamos la participación de la comunidad internacional como esencial en el proceso de solución política, enmarcada ésta dentro de los principios de soberanía nacional e independencia política. Planteamos a la Comunidad Suramericana de Naciones, UNASUR, como mediador para el inicio de diálogos de paz, partiendo de escuchar a las partes en contienda.
La búsqueda de la salida política al conflicto requiere de la construcción de propuestas en torno a un nuevo país, así como de la definición de una agenda de lucha y movilización de los sectores sociales comprometidos con esta opción. La Marcha Patriótica y el Cabildo abierto por la Independencia no pueden ser inferiores a esta necesidad histórica, y deben aportar en tal sentido; no puede desaprovecharse esta magnífica oportunidad en la que miles de colombianos procedentes de diversas regiones del país, afectados por el conflicto en sus múltiples expresiones y afines a la salida política nos congregamos para celebrar el bicentenario de nuestra primera gesta independentista, así como la continuación de la lucha por una independencia definitiva. La construcción de una agenda nacional de lucha por la solución política y un gran movimiento de masas por la paz y el intercambio humanitario es una labor histórica ineludible en la que estamos llamados a contribuir.
                                        ¡Marcha Patriótica¡

Colombia: Crímenes de Lesa Humanidad



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Allende La Paz, Revista Cambio Total.

No por lo conocido debemos dejar de puntualizar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la oligarquía en la « Casa de Nari », es decir, por los dos últimos presidentes colombianos. Sus crímenes, al ser herederos unos de otros y otros de los anteriores otros, no pueden seguir en la impunidad en un mundo que se ha ido sensibiklizando contra los crímenes cometidos desde los Estados, así todavía sólo juzguen a los « dictadores » aplastados por la maquinaria de guerra imperial.

La oligarquía ha ejercido de manera violenta el poder en Colombia, a fin de procurar su enriquecimiento. Es lo que llaman la acumulación capitalista, que siempre es violenta aunque en unos países la violencia es estructural y en otros la violencia es mucho más visible, es física y de eliminación del proletariado, de los trabajdores, del pueblo. En la base de todo el conflicto interno colombiano está entonces la tenencia de la tierra. Tierra que es expoliada a sus legítimos dueños « A LA BRAVA », para que pasen a ser propiedad de manos « legales –militares-, o ilegales –narcoparamilitares- ».

Por la tierra, la oligarquía ha cometido sus crímenes, producto entre otras cosas por la necesidad insatisfecha de una Reforma Agraria verdadera. La reforma agraria propuesta por el Estado es la reforma de los poderosos, quienes roban la « parcelita » al campesino que invirtió muchas horas de trabajo para « civilizar » la tierra y ponerla a producir.

Por la tierra, la oligarquía adelantó la llamada « Violencia » de los años 50, la cual tomó la forma de « violencia bi-partidista » entre liberales y conservadores del pueblo, mientras las élites oligárquicas tomaban juntos « guiski » en sus clubes sociales. El resultado fueron 300.000 víctimas y un millón de desplazados forzados, quienes perdieron todas su poquitas « riquezas ».

A partir de 1964 comienza la Segunda Fase de la Violencia, matizada con el anticomunismo heredado de la confrontación este-oeste. Comienzan a utilizar las viejas figuras siniestras de los violentadores que adelantaban masacres, violaciones de mujeres y desapariciones. Los « Pájaros », « Cóndores », etc, de esa época son revividos de la mano –no de Jesús- sino de los militares, los cuales actúan a nombre del Estado. Hoy son los « sicarios en moto », los « descuartizadores, los « Mochacabezas » y demás figuras demoníacas de los narco-paramilitares, llamados así por el pueblo en acertada calificación.

Cientos de miles de víctimas, en una orgía interminable y un reguero de sangre en los campos y ciudades colombianas. Asesinan a todo el que se oponga a su proyecto de expansión capitalista. Especialmente a los líderes de izquierda, sindicalistas, maestros, etc. Algunos investigadores calculan en 500.000 víctimas de la orgía de sangre oligárquica. Entre ellos, sbresalnes algunos crímenes.

Los 5.000 mártires de la U.P., es apenas una muestra de la forma de « hacer política » de la oligarquía colombiana. El asesinato de Jaime Pardo Leal y de Bernardo Jaramillo Ossa su sumum máximo. Seguirían otros candidatos presidenciales « incómodos » al establecimiento, sin importar que hicieran parte de él. Ya en los últimos tiempos sobresalen tres hechos principales. Los asesinatos de Raúl Reyes, el « Mono Jojoy » y de Alfonso Cano. Espeluznante la forma de adelantar sus asesinatos, a pesar de que ya los « determinadores de la guerra » sabían de la determinación de las FARC de adelantar conversaciones de Paz, la cual siempre han buscado. Frialdad máxima del asesino que sabiendo el sentimiento de paz de Cano, ordena su persecución y ejecución –reconocido por el propio JMSantos-. Ejecución sumaria, ejecución extrajudicial, ya que los asesinos materiales ya habían prácticamente reducido al Comandante de las FARC. Necesitaban las « bestias » que la sangre generosa del Comandante de las FARC rubricara sus deseos de Paz. Era imprescindible la firma de los Acuerdos que ya se tramitaban en La Habana (Cuba) con tinta-sangre de Alfonso Cano. Y así fue.

Los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por JMSantos, como un pesado fardo, se han convertido en « la Jiba » que eternamente tendrá que cargar. Y si es valiente, tendrá que encarar los juicios por su responsabilidad en estos crímenes ante un juzgado civil internacional. Esa es su enorme « Jiba ». ¡Las víctimas selevantan de sus tumbas y exigen justicia verdadera!

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Publicado por cambio total en 
CambioTotalRevista
 el 9/29/2012 12:17:00 a.m. 

Valmen: El choque de trenes, es realmente choque de clases




Punto de vista de un desterrado colombiano
Por: Valmern – Vozcol 
Septiembre 30 de 2012 – No. 002

El choque de trenes, es realmente choque de clases
El imperio norteamericano, sus aliados y la clase dominante, tradicional y emergente, no descansan en sus intentos por esconder y negar la inmensa responsabilidad que tienen frente al grave y creciente conflicto interno colombiano. Así, los poderosos de ayer y de hoy, apoyados en un costoso, sofisticado y muy bien sincronizado engranaje represivo, de maniobra, mentira y engaño, intentan convertir en víctimas a los victimarios y en victimarios a las víctimas.
Según la clase dominante y pro-imperialista que desde hace ya muchos años controla y domina todos los círculos y esquemas de poder, son las grandes mayorías sociales y populares del país las “responsables” de todo lo que les ha ocurrido, les esté ocurriendo o les pueda ocurrir. Según las enriquecidas, multimillonarias y violentas minorías, los pobres son los “culpables” de que haya que despojarlos, explotarlos, asesinarlos, masacrarlos, desplazarlos, desaparecerlos, torturarlos y violentarles todos sus derechos, debido a que se oponen a vivir bajo el látigo de los de arriba.  
Pero las grandes mayorías, los de abajo, han luchado, luchan y lucharán por la verdad, por el rescate y defensa de derechos que les han sido arrebatados, que les han sido robados y que les están siendo negados.
Así, los verdaderos y comprometidos enamorados de la dignidad de patria, de la paz con justicia social, de la democracia real y de la soberanía plena, no podemos quedarnos solo en discursos, solo en diagnósticos, solo en esperanzas. Ante los incuestionablemente importantes espacios de diálogo y ante la posibilidad de tender puentes que progresivamente nos aproximen a la paz y la justicia, se hace mucho más que inaplazable el fortalecimiento de la unidad, el desarrollo de la organización, el impulso de la movilización y la masiva generación de conciencia social, de conciencia política y de conciencia frente a la poderosa fuerza de la solidaridad.
La responsabilidad de mantener vivos los espacios de diálogo, haciéndolos cada vez más eficaces, está en manos del conjunto de trabajadores, empleados, profesionales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, desempleados, pensionados, estudiantes y, en general, de mujeres y hombres, de jóvenes y de viejos dispuestos a derrotar el guerrerismo y a construir una patria de todos y para todos, buscando y encontrando mecanismos y banderas movilizadoras de millones de compatriotas.
¿Cómo entender que Santos hable de paz y a la vez se ordene el asesinato de sus interlocutores?
(Hasta la próxima)



“El agua moja” y el carácter político de las FARC


Domínico Nadal, Revista Cambio Total.

Estoy sorprendido. Sorprendidísimo ! La oligarquía colombiana, por boca de JMSantos, descubrió un axioma. «El agua moja»! Es increíble la capacidad de síntesis oligárquica para llegar a semejante conclusión. No sabemos cuántos años les tomó llegar a ese descubrimiento, pero con seguridad fueron muchísimos. Pero, bueno, al fín llegaron allí !

Porque nosotros, desde por allá los años 70, estamos diciendo “axiomáticamente” lo que hoy la oligarquía santista descubre. O que sabía, pero lo tenía bien guardado, como la “llave de la Paz”. Que entre otras cosas es una de las causas que han dado origen al conflicto interno colombiano cuando la oligarquía, representada por Guillermo León Valencia,  –y el imperio, no faltaba más- decidió que los “campesinos comunistas” no tenían derechos, mucho menos derechos políticos ni derecho de pensar como les diera la gana. Claro que hay otras “causas” que tocan toda la estructura y la superestructura del estado.

El inteligente JMSantos ha dicho que las FARC deben participar en política porque “no solo se le puede pedir a la guerrilla “que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas”. De esta manera reconoce JMSantos que las FARC no son “terroristas”, “narcotraficantes”, “bandidos”, etc, etc, sino que son “actores políticos” de la vida del país que fueron obligados a “participar en política” con las armas en la mano.

Desde luego que es bueno que la propia oligarquía diga lo que las FARC se ganó en la confrontación politica-armada. Que reconozca su verdadero carácter. Por ahí parece que vamos por el camino correcto. Reconocer el carácter político de las FARC es un pasito, chiquitico, pero que puede tomar connotaciones mucho mayores con el transcurso de los días. La oligarquía tendrá que seguir dando esos pasos para seguir adelante con el proceso ya que las FARC desde siempre dijo que quiere la Paz y que ellos nunca se han parado de una Mesa de Diálogos por voluntad propia, sino impelidos por el contrario que se levantó antes que ellas.

Tocará a los “perifoneadores” de la oligarquía “cambiarse el chip” porque ahora ya no podrán seguir llamando a las FARC “empresa criminal”, sino una organización insurgente armada con todas sus características. Tocará re-aprender otro lenguaje –como dice un médico por allá en las tierras frías del círculo polar-, o sea, tendrán que re-educarse para estar a la altura del momento. Momento que exige mucha sabduría y mucha, muchísima paciencia.

Ese reaccionario “chip” también tendrán que cambiárselo los empresarios que apoyaron durante tantos años el desangre siniestro del narco-paramilitarismo, creado y aupado por los militares estatales ; los militares fascistas, los politiqueros corruptos, los jueces corruptos imbuidos de la Doctrina de Seguridad Nacional. En fin, tendremos que mandar a una Escuela de Re-educación a todos los funcionarios estatales y a la oligarquía a fin de ponerle un “chip” inteligente que sepa analizar el momento político que vivimos.

El hecho de haber descubierto que el “agua moja”, no le quita merito al hecho de decirlo. Tendremos que ir apoyando estas muestras tímidas de cambio –todavía no total-, que muchas veces chocan con prejuicios y políticas largamente aplicadas por creación imperial. Claro que también le daremos unos cuantos fuetazos cuando se la embarre. Los medios de comunicación por su parte deben jugar su papel en estos momentos cruciales para el país. Seriedad, circunspección, claridad y ninguna marrullería. 

Nosotros, desde Cambio Total, seguiremos ofreciendo a nuestros lectores nuestras modestas reflexiones políticas en el entendido que la historia popular la siguen escribiendo los guerrilleros y el pueblo que los acompaña.

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Publicado por cambio total en CambioTotalRevista el 9/29/2012

Crónica de Athemay Sterling: Caminar campesino popular


Por el Doctor Athemay Sterling Acosta*

Platanal de Santander de Quilichao, Octubre de 2012 
Mi anochecer caucano huele a panela, café tostado y a trabajo campesino. Hace un Momento olía a cacao y banano en zonas de antiguos Palenques de aquellos que Mateo Mina con nosotros en la primera mitad de los setenta en el libro “Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca” decíamos de toda nuestra población campesina negra e indígena, que desde Japio, pasando por el Palo y saboreando el dulce de Caloto que a su alrededor en época colonial de Colombia se establecían como cimarrones precursores guerrilleros.
Colombianos que en lucha por su libertad construían Palenques, es la simbiosis de este momento, recordando la historia de las luchas populares y el olor a laboriosos campesinos y gentiles mujeres que recuerdan a Dominga como amiga de todo caminante.
Así estamos marchando en este campo untado todito de pueblo que conversa con nosotros a esta hora de la noche debajo de la luna violinera de Santander de Quilichao, contándonos sus alegrías cuando en 1999: juntos en el sur occidente colombiano realizamos victoriosos la más grande movilización popular, que obligó a los Gobiernos de Nariño, Putumayo y Cauca fundamentalmente, a negociar con el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, conquistas que nunca las tres Dumas de estos Departamentos con sus Gobernadores desde que hay República Burguesa en Colombia, pueblo alguno haya alcanzado.
Esa historia contada con olor a maduro asado y agua de panela tibia en este terminar nocturno eriza la piel cuando escuchamos todas las anécdotas y cuitas de mujeres que llevaban el agua y los hombres que transportaban la yuca para comer en la larga travesía de esta marcha que hoy de Proceso Popular del Sur Occidente Colombiano, al lado de miles de Organizaciones Populares nos hemos constituido contemporáneamente en Marcha Patriótica por la Independencia.
Como nuestro Grupo Científico de Investigación Universitario que denominamos Palenque genera en esta reunión la más grata amistad y compenetración entre el saber del pueblo y la conquista de los Derechos a través de la lucha popular, nos convierte en ayudantes recíprocos desde el campo colombiano, al Diálogo exploratorio que las Farc-Ep en nombre del Pueblo y el Gobierno de Juan Manuel Santos en nombre de los potentados y de los EEUU, continuarán oficialmente este próximo ocho de Octubre en Oslo Noruega, allá en la Península Escandinava con el propósito de finiquitar las causas que generaron el conflicto, y por lo tanto del conflicto mismo, según reza el Acuerdo General firmado entre las Partes: Farc-Ep y Gobierno Constitucional.
Es la luna violinera como le estamos diciendo a ella, pues a nuestro lado están los niños negros ganadores mundiales del primer puesto como los mejores violinistas, y ellos son de este campo y platanal que caminamos, y desde donde esta melodía de violines que agranda diversas formas de unidad, son escuchados por la misma luna que alumbrará en Oslo, luego en Cuba y después donde corresponda a los negociadores sin odios ni rencores tanto de las Farc-Ep como Fuerza Revolucionaria beligerante como los del Gobierno Constitucional Colombiano. A pesar de la doble moral de Juan Manuel Santos y su gomelo Pinzón.
De esta manera al estilo Palenquero Caucano con niñas, hombres, niños y mujeres al son de canciones alrededor de la candela, como lo hacían en otrora, acabamos de conversar, comer maduro asado y beber agua de panela tibia para endulzar y fortalecer el anhelo nacional y popular por la Paz con Justicia Social y los Derechos para toda la Población.
Eso hacemos, nos despedimos y escribimos para que las y los citadinos se den cuenta que nosotros acá debajo de esta luna violinera, luego que el sol se ha acostado, el pueblo nos reunimos, organizamos, resistimos y nos constituimos en alternativa en un gran Frente Amplio Popular que lleve al abismo a este régimen resquebrajado e ilegítimo que hace más de 200 años viene explotando al pueblo.
Y que hoy aspiramos a un Estado de Nuevo Tipo donde por fin haya Paz con Justicia Social y no esta guerra que el terrorismo de Estado ha decretado y aún hoy en doble moral desde el Ejecutivo nacional en palabras de Juan Manuel Santos y del gomelo Pinzón siguen impulsando y desarrollando una estéril guerra civil asimétrica contra el pueblo y la sociedad; que sólo favorece a los negociantes del militarismo, los químicos y del narcotráfico que siempre han actuado juntos en esta historia colombiana.
* Abogado Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del Gobierno, Ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia, Escritor, Poeta, Profesor Universitario, Director de Radio Televisión Palenque, Columnista ANNCOL