Libertad inmediata para Joaquín Perez
Becerra y todos los presos políticos y de conciencia en Colombia
Bogotá 24 de Septiembre de 2012
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Es un serio retroceso para la Justicia
Colombiana los yerros en Derecho que tanto la Fiscalía General de la Nación a
través de la doctora NANCY ESPERANZA PARDO BONILLA, Fiscal 19 Especializada de
la Unidad Nacional contra el Terrorismo, el Señor Juez Séptimo Penal del
Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá, los auxiliares de
la justicia apresurados y con conflicto de intereses, haya cada uno en su
competencia agredido al Derecho Interno y peor aún a los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos, que Colombia como Estado Parte ha
suscrito a través de sus respectivas Leyes Aprobatorias de Tratados
Internacionales, en el entendido que esta Normatividad Internacional sobre
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, prevalecen y además hacen
parte de nuestro Ordenamiento Jurídico.
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Estos dos Despachos y Operadores
Judiciales o no saben, que no les exime de su responsabilidad prevaricadora, o
lo hacen de buena fe en su personalísima hermenéutica y de manera consciente
aunque errada, alineándose en la orilla de los guerreristas y contra el
garantismo procesal tanto nacional como Internacional cuando, sin hechos
concretos que avalen su despropósito jurídico, con pruebas mal habidas, con
conceptos asincrónicos y plenamente acomodaticios a los intereses no de la
justicia sino de la caballeriza castrense, con incongruencias fácticas e Iuris,
Reparos de la Procuradora, Falla este Despacho Judicial Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, atropellando la misma Justicia. A pesar de
los reparos sustentados en Derecho por la señora Procuradora Doctora RITA
ELVIRA PINEDA VILLAMIZAR, reparos no tenidos en cuenta, pues según parece ya
había prejuzgamiento, esa era la conclusión generalizada de quienes conocieron
este exabrupto judicial.
¡Toda una tragedia jurídica y
antidemocrática!
Lo que ilegitima e invalida su precario
pero vulnerador Fallo, Providencia emanada el pasado 17 de Septiembre de 2012
en Bogotá contra un periodista, integrante de la población civil, ciudadano de
otro País, colombiano de nacimiento, pero no afecto al Régimen Político que
representan estos dos Despachos Judiciales, vulnerando todos los Derechos
Universales conquistados por la humanidad al señor, amigo y camarada Joaquín
Pérez Becerra, cuando lo condena a ocho años de privación de su libertad por el
sólo hecho de ser parte de la Oposición Política Colombiana y trabajadores del
periodismo alternativo.
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Este Régimen Colombiano en vez de
darnos protección a la Oposición Política nos da detención y agresión judicial,
penalizando una vez más a quienes pensamos diferente y somos Oposición Política
a este Régimen Político Colombiano que se ha caracterizado por su corrupción y
su esencia narco mafiosa, situación que degrada e ilegitima no sólo a la
justicia colombiana sino a todo el Estado Colombiano; lo que fortalece nuestro
propósito de construir un Estado de Nuevo Tipo donde la Población sí pueda
ejercer de verdad los Derechos Universales y así haya Paz con Justicia Social.
Este fallo inocuo contra Joaquín Pérez
Becerra y contra todas y todos los Presos políticos por ser antijurídicos,
ilegítimo e ineficaz cada uno de ellos, nos da la razón histórica para
oponernos a esta injusticia colombiana, a esta inequidad donde quienes producen
socialmente la riqueza no les queda a ellos, pues otros pocos de manera privada
se la apropian; nos da pié a no estar de acuerdo con la guerra ni la violencia
estatal contra el pueblo, ni de acuerdo con los servidores públicos civiles y
militares que diariamente hacen apología a la guerra y a la violencia con
montajes y acciones de terrorismo de Estado.
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El Fallo condenatorio emanado por este
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá colabora a la guerra y
atenta contra la Paz y la Convivencia, lo que obliga al Tribunal Superior de
Bogotá a nulitarlo y decretar la libertad inmediata incondicional y entregarlo
a la Embajada Sueca en Bogotá para que lo traslade a Suecia de donde es
ciudadano y pueda seguir ejerciendo sus Derechos como Director de la Agencia de
Noticias Nueva Colombia ANNCOL que actúa legal y amparada por las diferentes
Declaraciones, Pactos, Convenciones y diferentes Tratados Internacionales que
nos permite hacerlo a quienes trabajamos en los medios de comunicación sin
traba alguna.
Las Farc-Ep demostraron ser más
garantistas que estos dos Despachos Judiciales Colombianos, pues en plena y
física guerra entregaron a la libertad al periodista francés, mientras en caso
contrario la Justicia Colombiana que se supone es legal, en vez de darle
protección a los Derechos de un periodista, a un comunicador como lo somos
todos nosotros, le da detención y una pena absurda a Joaquín Pérez Becerra.
Es toda una barbaridad de la guerra con
careta de justicia, y que si se llegare a comprobar, que la justicia colombiana
ha sido utilizada como arma de guerra, como un tanque militar judicial, se
reafirma nuestro axioma que vivimos en pleno terrorismo de Estado, y sus
operadores judiciales que cometen estas conductas, en pleno Derecho Interno,
son prevaricadores, pues el montaje organizado
desde los cuerpos de inteligencia ha prevalecido sobre los principios de la
democracia.
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Aquí son culpables tanto esos
operadores judiciales por sumisión a las FFMM y a la guerra que está proscrita
por la humanidad, como aquellos y aquellas de dentro y fuera del Estado que así
coadyuvaron esta Providencia Condenatoria ilegítima e ineficaz aunque tenga
visos de legalidad.
Aquí hay que recordar que en Colombia
ya se ha convertido en política de Estado sistemática y permanente la
construcción y fábrica de testigos y desertores falsos para ganar prebendas
económicas, de ascensos, privilegios. Todo un negocio macabro denunciado por
todos los medios que no son de ANNCOL, sino que por ser notorios y públicos, es
decir, incontrovertibles, ha sido el conjunto de los medios de información
privados del statu quo quienes lo han denunciado.
El caso más diciente y último conocido
es el del señor Gustavo Muñoz Valencia, un uribista y santista de tiempo
completo, que a pesar de ser abogado, como dice ser, es un Conservador de
Popayán, con un primo del Partido de la U e hijo de un gamonal liberal caucano,
el señor Aurelio Iragorri Valencia también de Popayán, a quien yo llamé el
“encomendero”. Y por eso el Cauca está como está: abandonado y criminalizado
por protestar.
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De este Incongruente, desde el punto de
vista Penal, fallo condenatorio del Juez Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá quien se arrogó la competencia que no tenía de dar
credibilidad como supuesta prueba sobreviviente a toda la Operación Odiseo
donde fue ejecutado extrajudicialmente Alfonso Cano, una prueba mal obtenida,
sin cadena de custodia, y en una operación militar yankee colombiana
constitutiva de crimen de guerra, como la misma Operación Fénix donde en otro
crimen de guerra y de Agresión murió Raúl Reyes junto a la Operación Sodoma
donde murió Jorge Briceño en un Bombardeo desproporcionado como todos los
anteriores, se desprende la necesidad social para que la Autoridad Competente y
sus respectivos Jueces Naturales inicien acción penal contra los creadores de
fábricas de testigos y desmovilizaciones falsas como la llamada Fundación Nueva
Esperanza dirigida por el señor Gustavo Muñoz Valencia, quien en oportunidad
pasada tuvo la desfachatez de amenazarme públicamente de muerte, conducta
antijurídica de este individuo que yo judicialicé.
Es este nuevo momento que
alerto a las autoridades y a la UNP a fortalecerles a Athemay Sterling Acosta y
Rodolfo Ríos Lozano eximios abogados sus esquemas de seguridad tal como ellos
lo han predicado, por la gravedad del asunto, y que por defender el Derecho, la
Paz y la Democracia, estamos seriamente en peligro de muerte. O será que la UNP
nos quiere muertos o exiliados, aunque nunca lo haremos, pues Colombia como
Estado Parte está obligada a propender por nuestra seguridad y la de toda la
Población Colombiana agredida.
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Es todo un entramado creado para usar
dolosamente las ramas del Poder Público como armas de guerra vulnerando entre
otros Derechos el de la Paz, prescrito en el 22 Constitucional, que indica que
la Paz es un Derecho y un Deber de Obligatorio Cumplimiento.
Por esto el Tribunal Superior de Bogotá
debe aceptar la impugnación impetrada por el prestigioso abogado Rodolfo Ríos
Lozano, que yo coadyuvo como Abogado en pleno ejercicio de mis Derechos,
Rodolfo Ríos Lozano defensor de mi colega y camarada Joaquín Pérez Becerra,
ordenar en favor de Joaquín Pérez Becerra su libertad inmediata ya mismo por
conveniencia estatal, constitucional e institucional, e iniciar todas las
acciones penales contra presuntos y confesos culpables de conductas dolosas y
delictuales de los fabricantes de testigos falsos y montajes contra personas de
bien de la Oposición Política, del Movimiento Popular que se manifiesta de
múltiples maneras.
Pues el constitucional 18 colombiano no
es para jugar, ni falsearlo, es un Derecho Universal, inviolable, inalienable,
permanente, interdependiente, indivisible, inderogable, imprescriptible, y como
todos los Derechos Universales, derechos progresivos que los jueces deben
tutelar y no vulnerar.
En el marco de estos Derechos que son
míos también, que los tengo incólumes, además irrenunciables públicamente
exhorto a los Órganos Competentes a actuar para evitar continúe esta agresión
al Derecho, a la Población y a la Oposición Política que somos el Movimiento
Popular en su conjunto.
Convierto públicamente como lo haré en
la Fiscalía General de la Nación esta Denuncia Pública en Denuncia impetrada
donde corresponda, pues no puede prevalecer la guerra sobre la Paz, ni la
Injusticia sobre la Justicia y los Derechos.
Por el Doctor Athemay Sterling Acosta,
Abogado Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor
Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del
Gobierno, Ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia, Director de Radio
Televisión Palenque.
Bogotá 24 de Septiembre de 2012
