Colombia- En Ituango, en Caloto, en todo el territorio… que cese la represión contra el pueblo organizado
Por José Antonio Gutiérrez D.
Miércoles, 05 de Septiembre de 2012
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Que el gobierno de Santos tiene
intenciones de profundizar la guerra sucia queda claro cuando el Ministro de
Defensa Pinzón afirmaba que se intensificaría la militarización y la impunidad
a las fuerzas represivas del Estado (...) es preocupante que, en un contexto en
que nuevamente las negociaciones..
En Ituango, en
Caloto, en todo el territorio… que cese la represión contra el pueblo
organizado
Sabemos que la naturaleza del Estado colombiano y
de la clase dominante que representa, no cambia con el anuncio de los próximos
diálogos. Antes bien, desde su lógica, profundizar la violencia contra los
movimientos populares en Colombia es una manera de limitar el impacto de éstos
en las negociaciones, de amedrentar al pueblo para que no se tome la palabras,
y así fortalecer las cartas de la oligarquía en la mesa. Que el
gobierno de Santos tiene intenciones de profundizar la guerra sucia queda claro
cuando hace apenas un par de días, el Ministro de Defensa Pinzón afirmaba que
se intensificaría la militarización y la impunidad a las fuerzas represivas del
Estado, dejando en claro la ausencia de “buena fe” por su parte en las
negociaciones[1]. Por ello es preocupante que, en un contexto en que nuevamente
las negociaciones de paz están en la agenda, el garrote de la represión oficial
y paramilitar, comience a machacar las cabezas del pueblo
organizado.
En los últimos 15 días se han registrado hechos
gravísimos, parte de una campaña sistemática de arrestos masivos y de
agresiones en contra de movimientos como la Marcha Patriótica:
- En el
Cauca, el 14 de Agosto la XXIX Brigada del Ejército asesinó, en Cajibío,
al campesino Daniel Valenzuela Mosquera; el 17 de Agosto, en Caloto y en
Santander de Quilichao, la Brigada XIV del Ejército procedió al arbitrario
arresto ilegal de 11 personas, todos pertenecientes a FENSUAGRO, la Marcha
Patriótica y la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”[2];
- En el
municipio de Ituango, por su parte, en las veredas de Santa Rita y La
Pascuita, así como en el casco urbano de Ituango, e; 26 de Agosto se
arrestó masivamente a 23 personas en operativos ilegales en los que
participó la Brigada Móvil XVIII del Ejército junto al CTI. Los medios
dijeron que se trataba de miembros de las FARC-EP; por su parte, la
Asociación de Comerciantes de Ituango salió a la defensa de los detenidos
y a denunciar esto como un montaje, diciendo que todos los arrestados eran
personas que han tomado parte en la movilización popular contra el
proyecto Hidroituango y que esta era la quinta captura masiva de personas
en esa localidad en una década[3]. Es de recordar que Ituango ha sido
golpeado de manera salvaje por el paramilitarismo: por citar sólo algunos
hechos de violencia paramilitar, el 11 de Junio de 1996, en La Granja, los
paramilitares asesinaron a 4 campesinos; el 22 de Octubre de 1997, en El
Aro, asesinaron a 15 campesinos más; el 7 de Agosto del 2002,
los paramilitares asesinaron a 15 campesinos y violaron a numerosas
mujeres en El Conguital; el 14 de Agosto del 2008, en un día de fiesta,
paramilitares activaron una bomba, matando en el acto a 7 personas e
hiriendo a más de 50; en total, más de 350 personas fueron asesinadas
selectivamente por el paramilitarismo en ese municipio. Todo esto,
mientras funcionarios del Estado acusan al “100%” de los pobladores de
Ituango de estar coludido con las FARC-EP[4].
Creemos que estos golpes no son casuales y lo que
buscan es debilitar a las fuerzas sociales que, en el marco de un proceso de
negociación política con la insurgencia, pueden movilizarse demandando
soluciones estructurales a las causas que originan el conflicto. Es una manera
de tratar de contener al conflicto armado mediante la negociación, y de
contener al conflicto social mediante la represión. Tal fórmula, lo único que
hace es demostrar que en Colombia sigue sin garantías para ejercer ninguna
clase de oposición, mientras la represión oficial, que ocurre a plena luz del
día, azuzada por los señalamientos de generales y funcionarios contra
movimientos populares (principalmente contra la Marcha Patriótica), es
disfrazada con un manto de impunidad por medios serviles que dan su bendición a
estos “falsos positivos” judiciales.
Igualmente preocupante es la situación del
paramilitarismo, que de la mano de la dizque “limpieza social” y de los
llamados “Ejércitos Anti Restitución”, está asomando nuevamente su horrible
cabeza por todas partes, con masacres y asesinatos selectivos. No es que el
paramilitarismo se esté reorganizando; en realidad, nunca se fueron y están
empezando a aceitar sus armas para enfrentar al nuevo ciclo de luchas sociales y
campesinas, mientras el uribismo desarrolla una campaña de agitación
proto-fascista en todos los medios y cuarteles.
Recuerdo, nuevamente, las palabras de Jaime Pardo
Leal en 1987, poco antes de ser asesinado, en que interpelaba al presidente
Virgilio Barco: “Le hemos dicho al gobierno nacional que nos
defina si tenemos derecho o no a vivir en nuestro país”. Esta
pregunta, que jamás fuera contestada por Barco, tiene plena vigencia hoy. El
gobierno dirá que no puede controlar a las fuerzas paramilitares. Pero estas
fuerzas existen, son alimentadas y, en última instancia, controladas por el
Ejército, las Fuerzas Armadas del Estado, así como por gamonales y caciques
políticos locales, todos aliados al gobierno[5]. Si el gobierno se declara
incapaz de controlar a sus propias fuerzas, si el gobierno de declara entonces
incapaz de poner rienda a sus “perros salvajes”, nos preguntamos qué sentido
tiene negociar con un gobierno que no controla, que no se impone entre sus
propias fuerzas. Queremos que se aclare, entonces, si es que hay que negociar
con algún poder “superior y oculto”.
Esa es la gran pregunta que se hacen quienes, desde
el movimiento popular, se han comprometido en apoyar un proceso de paz que abra
las puertas a la solución de las causas estructurales del conflicto social y
armado. Pero sabemos que esta es una pregunta retórica que nada tiene que ver
con la “capacidad” de la oligarquía y su Estado, sino que tiene que ver con su
voluntad política.
Pero al menos Santos debería ser capaz de controlar
a sus fuerzas oficiales. En una reunión el 31 de Agosto con el Partido
Comunista, Santos se comprometió a evitar las acusaciones de sus funcionarios
contra la Marcha Patriótica. Sin embargo, exigió a los comunistas para ello
mantener una clara diferenciación entre este movimiento y las FARC-EP, como si
no la hubiera[6]. Nos queda la duda qué significa esta vaga exigencia…
¿significa, acaso, que la Marcha renuncie a alzar su voz ante las negociaciones
o que decline a incluir en su programa temas como la reforma agraria integral?
¿quién definiría si esta diferenciación es lo suficientemente clara o no, y qué
parámetros usaría? ¿cuál sería el precio a pagar por los movimientos sociales
si el Estado estima que se ha cruzado una línea necesariamente borrosa en su
esquema contrainsurgente?
No podemos permitir que el compromiso con una
Colombia mejor se convierta hoy en la razón para la persecución oficial y
para-oficial, la cobarde amenaza y el asesinato por parte de hampones a sueldo.
Hoy, al igual que ayer, “El debate no es si la guerrilla
sigue o no sigue, sino, si la élite va a dejar de hacer la guerra sucia y de
poner todo su aparato de Estado para eliminar a la oposición
”[7],
como dijera el comandante del ELN Pablo Beltrán. Un proceso de negociación
política de un conflicto que no sólo es armado, sino ante todo social, requiere
que el pueblo sea capaz de hablar sin miedo a ser asesinado o desaparecido. Hoy
la tarea fundamental es blindar mediante la solidaridad a las expresiones
populares como la Marcha Patriótica, exigir garantías para su libre actividad y
movilizarse contra la represión oficial que encarcela al pueblo organizado y en
las cárceles tortura a los presos por luchar. Sin estas mínimas garantías,
estas conversaciones no serán sino el preludio de un nuevo ciclo de exterminio.
José Antonio Gutiérrez D.
3 de Septiembre, 2012
[3] Ver la noticia en los medios: http://www.
[4] http://www.
[5] Lo que no significa que estas fuerzas
paramilitares, que reclutan sus efectivos entre hampones y mafiosos, no tenga
una “autonomía relativa” debido al móvil eminentemente de beneficio personal
que les anima. Pero, en última instancia, no dejan nunca de estar bajo el
control último de las fuerzas del Estado, al que le deben su existencia, aunque
tengan un amplio margen de libertad de acción que, en ocasiones puntuales, los
lleva a entrar en ciertas contradicciones con éste. Ver, al respecto, un
análisis anterior que hicimos sobre el Paro Armado de los Urabeños en Enero y
la naturaleza del paramilitarismo colombiano.
[7] “De la Resistencia al Poder Popular,
Diálogo con el comandante Pablo Beltrán” Ed. OceanSur, 2008, pp.35-36.
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