¿Un desafuero? Por Marta Ruiz, Revista Semana

Las palabras de este controvertido señor me hicieron recordar un viaje que realicé a la zona del Caguán cuando estaba en curso el famoso Plan Patriota.

Por Marta Ruiz, Revista Semana. 

Hace unas pocas semanas un general de la República que goza de buen retiro, Jaime Ruiz Barrera, dijo en el Congreso, y luego en los micrófonos de la radio, que, palabra más, palabras menos, el senador comunista Manuel Cepeda, asesinado hace casi 20 años por sicarios al servicio de paramilitares, era un guerrillero de las FARC. Ese día quedó claro que Ruiz, que lleva sobre sus hombros la representación de los oficiales retirados, no puede distinguir entre un civil de filiación comunista y un guerrillero de un ejército insurgente.

¿Pensará este general que Manuel Cepeda era un blanco legítimo en la guerra?

Las palabras de este controvertido señor me hicieron recordar un viaje que realicé a la zona del Caguán cuando estaba en curso el famoso Plan Patriota, a mediados de la década pasada.

Un general que en aquel entonces comandaba la Fuerza Tarea Omega me señaló una decena de recolectores de hoja de coca que acababan de ser capturados y me dijo muy convencido: “Son milicianos”. ¿Cómo lo sabe? le pregunté. Para mí eran simples raspachines. Gente “llevada” que termina en lo profundo de la selva ganándose unos pesos, exponiendo su pellejo y su libertad en una actividad ilícita. Él me aclaró, de manera condescendiente, que mi percepción era ingenua. Que dada su experiencia en esa manigua, cultivadores de coca y milicianos eran la misma cosa.

Tenía, en el lenguaje del nuevo fuero, la convicción errada e invencible de que estos paupérrimos campesinos eran parte de un grupo armado, a pesar de que en realidad eran su carne de cañón.

Recuerdo también que cuando estalló el escándalo de los falsos positivos en el 2008, hablé telefónicamente con un brigadier general al mando de tropas en Norte de Santander. Cuando le pregunté por los muchachos de Soacha que habían aparecido como muertos en combate en su jurisdicción, me respondió sin vacilación: “No eran angelitos ni estaban cogiendo café”.

Estupefacta le pedí que me hablara de las circunstancias en las que habían muerto, que eran lo que me interesaba. No obstante, a él sólo le interesaba dejar claro que los muchachos eran parte de una banda de ladrones de Bogotá que tenía azotada la sociedad de Ocaña. Estaba convencido de manera errada e invencible de que los ejecutados eran un “blanco legítimo”.

Si esto es lo que piensan algunos generales muy influyentes, ¿qué se puede esperar de la tropa? ¿Pueden realmente diferenciar un combatiente de uno que no lo es? ¿Saber que es un civil que participa en hostilidades? ¿La situación temporal y puntual que convierte un civil en blanco legítimo?

Permítanme dudarlo. Y encender las alarmas sobre los riesgos intrínsecos del fuero militar aprobado esta semana en el Congreso por una aplastante mayoría.

Primero que todo, el fuero traiciona la esencia del derecho internacional humanitario, que es garantizar la mayor protección de los civiles en la guerra. Lo que ha hecho esta ley es recortar esta protección, con la excusa de ofrecer una mayor garantía jurídica a las Fuerzas Militares.

El fuero interpreta de manera abusiva y torcida el DIH. Abusiva porque según la doctrina internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja es el organismo al que se le ha delegado esta interpretación. Y torcida porque la ley aprobada olvida el principio básico de humanidad, al privilegiar de manera inexplicable y aislada el principio de necesidad militar.

El summum de esta violación de principios es la manera como se acoge la figura del blanco legítimo, que establece como parte del enemigo los civiles que participan directamente en hostilidades.

¿Quién decide si un civil está implicado directamente en hostilidades? ¿Altos oficiales como los tres que describí al principio de esta columna? ¿Con base en los criterios “invencibles” que ellos exponen?

Otros dos problemas que veo en el fuero militar es el contexto en el que está aprobado y quién lo aplicará.

El contexto es el de un país que por primera vez abraza en serio el sueño de ponerle fin a la guerra por la vía del diálogo. Algo en lo que la propia cúpula militar dice estar de acuerdo. Y lo aplicará una institución castrense que, tristemente, se niega a abandonar la doctrina del enemigo interno y su arraigado anticomunismo. Una institución que en un alto porcentaje confunde adversario y opositor, con enemigo. Una institución fuertemente ideologizada.

El fuero ampliado que se aprobó es anacrónico y alberga inmensas zonas grises. Aun así, el problema de fondo no es su articulado, sino la doctrina, el pensamiento y la visión estratégica de quienes lo pondrán en práctica. Su apego a la guerra como fuente de poder.

“Saludo a la bandera” o como los militares tendrán inmunidad igual como los gringos genocidas

EDITORIAL El Espectador / Aplastante, como se esperaba, la votación que el lunes pasado se dio en la Cámara de Representantes: el fuero militar fue aprobado con 103 contundentes votos de los congresistas (apenas seis de ellos se opusieron).

La discusión se prolongó durante ocho horas, pero la victoria estaba cantada. Ahora, más allá de los puntos que se tienen que conciliar entre las dos versiones de las dos cámaras, la realidad es que tendremos fuero militar ampliado para rato. Todo esto pese a que sectores de la academia, penalistas, constitucionalistas, incluso relatores de derechos humanos, prensa escrita, entre otros, nos opusimos de principio a fin. Una reforma que, entre todo, genera más dudas de las que pretendía solucionar.

El fuero militar es una regulación que no existe en el mundo, o que ha tendido a desaparecer, o que está contemplada para delitos tan ininteligibles para los civiles como el de deserción o el de centinela. Acá, sin embargo, necesitamos 100 artículos completos para regularlo. Que estamos en guerra, dicen. Es posible. Pero no parece tan difícil establecer criterios claros para dividir a la justicia civil de la castrense. Hay dudas a veces, sí, pero en su mayoría son de procedimiento y no, como diría un abogado, de derecho sustantivo.

Y ahora estamos en otro escenario, uno en el que la justicia penal militar (su competencia, su campo de aplicación, sus múltiples vertientes y comisiones nuevas) está fortalecida. Lo que sí sería más grave, dentro de todo este escenario, es que un caso de justicia civil se colara por el boquete de la penal militar. ¿Pasará? Está por verse. Pero dudas sí hay. Mucho más allá de los “lugares comunes” en los que, según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, caíamos sus críticos. Está, por ejemplo, el punto de las definiciones. La ley dice qué son un grupo armado, un blanco legítimo, un ataque y un objetivo militar. Más allá de si esto ya lo sabíamos o no (en un país que lleva cien años en guerra y múltiples tratados internacionales sobre ella firmados), resulta confuso el tema de los “civiles”.

Blanco legítimo es, claro, quien actúa directamente en el conflicto. Pero también, y esto es lo que sorprende, los civiles que participan en las hostilidades. ¿La campesina que da agua al guerrillero, por ejemplo? ¿Ella sería un “blanco legítimo”? Y de esta forma, con ejemplos menos extremos, todas esas zonas grises que se presentan en un conflicto armado.

Ahora, también se ha creado una institución nueva: para que no exista duda sobre la jurisdicción a la que debe ir un caso determinado se establecerá una Comisión Técnica de Coordinación, con tres miembros civiles elegidos por la Fiscalía y tres militares activos o en retiro. Suena preventiva la medida, pero puede incluso llegar a ser innecesaria. Un trámite burocrático más. La pregunta es la siguiente: ¿hace falta eso? ¿No es mejor tener una claridad legislativa? ¿No la había ya antes de esto?

Más allá de todo lo que significa el fuero militar, que es lo que ya han dicho opositores y promotores, nos parece que este largo articulado es más un saludo a la bandera. “Nuestros militares se sienten desprotegidos”, les oímos decir a los representantes del Gobierno una y otra vez. Pero si el país quiere seguir una senda de derechos humanos, las cosas tendrán que seguir haciéndose como siempre. ¿Para qué, entonces, tanto? ¿Y si tanto ocurrió con un fuero limitado, y tan poca justicia se impartió, podemos tener esperanzas de que con este fuero ampliado habrá mayor respeto a la reglas humanitarias? Permítannos ser escépticos.

Los “civiles” congresistas que aprobaron el fuero militar. Por Allende La Paz

En momentos en que se adelantan conversaciones de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno se aprueba el “fuero militar”. Conversaciones que buscan atacar las causas del conflicto armado interno. Ante ello, nos preguntamos, no es una señal en la dirección equivocada ? No envía el gobierno el mensaje, entre otras cosas, de que la “guerra continuará” ?

El fuero militar busca “blindar” a los militares por sus excesos en desarrollo de todas sus acciones. Todas, sin excepción. La impunidad que significa la “justicia militar” la hemos tenido a lo largo de los años de conflicto interno. No necesitábamos otra muestra. Mas si lo que se trataba era de “blindar” el accionar militar ante la justicia nacional, abren un “boquete” para que las denuncias se lleven al estrado internacional. Tremendo error cometido por el Ejecutivo y el Legislativo (un Congreso súper corrupto).

“Blindar” a las fuerzas militares hubiera sido más fácil con el cambio de doctrina militar –desechar la Doctrina de Seguridad Nacional con Terrorismo de Estado-, por una doctrina bolivariana que contemplara que las fuerzas militares están para defender la soberanía nacional –esa que se entrega a las multinacionales sin ningún pudor- y las fronteras patrias de ataques externos.

Mas no. El “fuero militar” traza una línea totalmente difusa entre civiles y combatientes. Si antes esa línea era supremamente difusa, hoy se ha borrado totalmente al considerar “blancos legítimos” a cualquier persona que según la óptica militar –y gubernamental y congresional- participe del conflicto. Ejemplos hay muchos. Desde el campesino que le da agua a un guerrillero hasta los “civiles” parlamentarios que aprueban un”fuero militar”. Esto le da una justificación cien por ciento al accionar guerrillero que considera legítima su lucha contra el estado en su totalidad. Acaso el poder legislativo no participa en la confrontación al aprobar los presupuestos conque el gobierno “premia” a los militares ? Acaso los diputados del Valle no participaban de la confrontación ? Acaso los politiqueros corruptos asentados en el Congreso no participan en la confrontación al aprobar el “fuero militar” ? Acaso no conocemos la maguala impúdica políticos-militares-narcotraficantes?

Además, no está el “fuero militar” aprobado incentivando los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales ? No está el “fuero militar” demostrando al mundo que en Colombia hay una orientación estatal de ejecutar extrajudicialmente a los colombianos que los militares consideran “combatientes” ? En Colombia supuestamente no está aprobada la ejecución judicial, la pena de muerte, mas ella la aplican los militares contra todos los campesinos, indígenas, manifestantes populares, que ellos consideran “atacan el statu quo”. Esa es la triste realidad.

Que no vengan ahora con estridencias a exigirle a las FARC responsabilidad por la muerte de los 11 diputados del Valle porque ellos –miembros del legislativo- participaban por acción y omisión en la conflicto interno. Que no vengan a exigirle cuentas a las FARC si en el futuro considera legítimo atacar el parlamento o algunos parlamentarios. Ellos le están demostrando a los colombianos y al mundo que ya no hay ninguna línea divisoria entre combatientes y no combatientes.

Los “combatientes congresistas” se han colocado ellos mismos la soga al cuello. Ellos demuestran lo aseverado hace muchos años. Ellos son combatientes del lado estatal.

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Publicado por Blogger en CambioTotalRevista el 6/19/2013

Fuero militar o las técnicas para la impunidad de los “falsos positivos”

Por Horacio Duque

El recién aprobado Fuero (derecho) militar para los miembros de las fuerzas armadas por parte del Congreso de la República a instancias del Presidente Santos, pone al descubierto el doble juego del gobierno frente a la democracia, la justicia, la paz y los derechos humanos. Mientras el discurso oficial sostiene su incompatibilidad con la vulneración de los derechos civiles, las prácticas indican una clara responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos esenciales de la persona humana, como el de la vida y la integridad personal

La ley es la confirmación del poder e influencia de los grupos de derecha que prevalecen en los aparatos armados, colonizados por el neofascismo uribista. Se hizo para tranquilizar los grupos más reaccionarios de la sociedad que protestaban y amenazaban con sus presiones. Ignoraron los argumentos y observaciones de importantes entidades internacionales. Santos utilizó su aplanadora legislativa e impuso un articulado que establece la impunidad para una gran cantidad de delitos cometidos por los militares y policias sobre la población civil

El articulado es una pieza maestra técnico-jurídica para dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad ejecutados por los integrantes de la maquina de guerra estatal como los “falsos positivos”. 

Juan Carlos Pinzón, la voz altisonante de Santos en el Ministerio de Defensa, con sofismas empecinados, estableció tercamente que para impedir la impunidad se habían omitido expresamente de la competencia de la Justicia Penal Militar siete tipos de delitos que son graves vulneraciones de los Derechos Humanos. Entre tales delitos que presumiblemente serían instruidos, calificados y juzgados por la Fiscalia y los jueces ordinarios se registran las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado. 

Las determinaciones sobre el delito de las ejecuciones extrajudiciales son las de más aguda controversia por los expertos. En la legislación penal vigente en Colombia no esta tipificado dicho delito con el que de acuerdo con el gobierno se denominan las infames ejecuciones de civiles cometidos en años recientes por los militares, cuando Santos ocupaba la cartera de Defensa, y que la prensa llamó “falsos positivos”.

Un abogado experto en lo que se conoce como manejo judicial defenderá a su apoderado afirmando que el delito de ejecución extrajudicial no existe en el Código Penal y que de esa manera su cliente debe ser juzgado por los tribunales castrenses asegurando así la absoluta impunidad para sus atrocidades criminales. Es por ese hecho que los críticos del fuero sancionado sugerían que en vez de “ejecuciones extrajudiciales” lo que el articulado debería decir es “homicidio culposo” u “homicidio en persona protegida”, delitos que se contemplan en las normas penales vigentes.

Otro aspecto que redunda en impunidad para los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en el fuero sancionado es que serán los jueces militares quienes tendrán la prioridad para llegar al escenario en que se cometieron los supuestos crímenes, reunir las pruebas pertinentes y determinar si los delitos son de su competencia o lo son de la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalia No se requiere señalar que como se ha visto en épocas pasadas los jueces militares regularmente obran con lo que se conoce como “espíritu de cuerpo”, esto es tratando de inclinar la balanza a favor de los inculpados pues después de todo son colegas que integran los organismos castrenses y policiales.

No será posible que los jueces militares de los casos los entreguen a la justicia ordinaria y casi imposible que proporcionen un inventario completo de las pruebas encontradas en el sitio del crimen o que no modifiquen caprichosamente las escenas de los crímenes.

Lo más aberrante de todo este entramado jurídico es que aún dándose la determinación de que los casos son de incumbencia de los jueces civiles, los culpables podrán acudir a un tribunal especial donde la mitad de sus miembros son integrantes de los cuerpos armados, para que el mismo decida en última instancia cuál sistema judicial, el ordinario o el militar, asumirá el proceso respectivo.

Para redondear las gabelas judiciales el nuevo Fuero establece que con pago del presupuesto público se organicen grupos de juristas que asumirán la defensa de los procesados o acusados por cualquier delito.

Santos, su Ministro de Defensa y la cúpula militar estallaron de felicidad al conocer la hazaña legislativa de la coalición dominante porque de esa manera se daban garantías a los miembros del aparato armado del gobierno, supuestas víctimas de arbitrariedades cometidas por una Justicia civil politizada, ideológica y parcializada en contra de la institución militar.

Con la nueva Ley, según Santos, los soldados perderán el temor para enfrentar a las bandas delincuenciales porque en adelante tendrán la certeza de que no serán procesadas “injustamente” por dar cumplimiento al deber “como ocurre en la actualidad”. 

Lo que se viene para el Estado en los próximos meses, después de la sanción de esta Ley, es una cascada de demandas en las instancias jurídicas internacionales por la cantidad de delitos y vulneraciones de los derechos humanos que serán omitidos, banalizados, distorsionados o vulgarmente manipulados en las acciones procesales que asuma la Justicia Castrense.

A la clase dominante le quedó perfecta la técnica jurídica para la impunidad de miles de delitos contra campesinos, trabajadores y jóvenes victimas del despotismo militarista patrocinado y financiado por los Estados Unidos.

En esos términos es que quieren la paz “express”. Quedamos notificados. 

El debate en el proceso de Paz ¿Dar la cara a las víctimas?

“Aquellos que hacen correr la mayor cantidad de sangre, son los mismos que creen tener el derecho, la lógica y la historia con ellos”

(Albert Camus, Reflexiones sobre la guillotina).

La masacre del municipio de Trujillo, del departamento del Valle, es emblemático sobre cómo las FF.MM. históricamente intentan de evitar a juzgar a sus propios militares. Fueron asesinados más de 300
habitantes por una alianza del Ejército y narcoparamilitares. El 17 de abril de 1990 el Padre Tiberio
Fernández Mafla, Párroco de Trujillo, fue desaparecido y su cuerpo fue hallado mutilado.

de la Calle e Iván Márquez

Cuando estaban recién comenzando los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en Oslo, el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, furibundo a causa de las opiniones expresadas por el comandante guerrillero Iván Márquez sobre el modelo económico neoliberal colombiano, intentó desviar la atención respondiendo a la prensa, en un arrebato, que los insurgentes tendrían que dar la cara a sus víctimas[1].

Curiosamente De la Calle hace este planteamiento precisamente en los momentos en que el Estado colombiano garantiza la impunidad de los miembros de la fuerza pública involucrados en atrocidades y violaciones de derechos humanos, así como da carta blanca al Ejército para aplicar política de tierra arrasada. Tal es el espíritu de la ampliación del Fuero Penal Militar, aprobada finalmente la semana pasada, según la cual se presume que los crímenes y violaciones cometidas por funcionarios del Ejército son actos propios del ejercicio de su servicio, con lo cual deben ser juzgados por tribunales castrenses. Éstos podrían derivarlos a tribunales civiles si determinaran que estos crímenes han sido realizados por fuera del servicio. De esta manera, la violación sexual, los falsos positivos, las torturas, entre otras bellezas, irían a dar primero a los tribunales militares. Y como si esto fuera poco, la reforma incluye un “Sistema de Defensa Técnica y Especializada” mediante el cual los contribuyentes pagarán la defensa a los militares involucrados en crímenes y barbaridades, mientras los campesinos que sean víctimas de ellas, tendrán que rebuscarse quién los defienda sin ningún fondo y con todo el peso del Estado en contra. Algo así como tirar a pelear al campeón de pesos pesados contra un hombre amarrado a un árbol.

Aún cuando la impunidad más vergonzosa reina en los casos de crímenes de Estado (del orden del 98%), esto no es suficiente para el gobierno. Reclaman por la “inseguridad jurídica” de los soldados en el desempeño de su servicio, lloriquean que la “justicia ordinaria” no entiende el rigor de la guerra y que, por consiguiente, no puede juzgar los crímenes de esa élite por encima de la ley que es el ejército. La impunidad absoluta para que las fuerzas represivas del Estado impulsen una ofensiva militar que arrase todo a su camino, ha sido reclamada desde hace tiempo desde el bloque dominante, no sólo por el uribismo más recalcitrante; de hecho, ya se habían hundido versiones previas del fuero militar durante el gobierno de Santos [2]. El lema de la oligarquía ha sido expresado con mayor claridad que nadie por el primo del presidente, Francisco Santos, quien en una columna en Julio reclamaba “blindar totalmente a las Fuerzas Armadas. Así sea en exceso y sin dudas. Hay que recuperar la moral de combate cueste lo que cueste”[3]. Santos, como miembro de la oligarquía rancia que se reparte el poder en familia de hace dos siglos, bien sabe que el “costo” de la guerra sucia no tendrá que pagarlo ni él ni nadie de su familia ni de su clase. Por eso lanza la consigna de masacrar sin ningún escrúpulo.

Francisco Santos propuso al jefe paramilitar Carlos Castaño de crear un
Bloque Capital en la regiuón de Bogota y Castaño le ofreció a Santos de ser
el jefe de ese bloque, según Salvatore Mancuso, que reemplazó a Castaño.

Si son así sin fuero...

Aún sin el fuero militar, el Ejército ya ha venido aplicando estas políticas de exterminio en las zonas de consolidación militar, donde hemos visto aumentar los abusos y las violaciones de todo tipo en la más absoluta impunidad. Aún una parlamentaria oficialista de la “unidad nacional”, Ángela María Robledo, ha puesto el grito en el cielo ante los abusos del Ejército en el Putumayo:

“Abusan de las niñas, las llevan al ‘cambuche’ o al lugar donde ellos están. Vienen 5, 6, 7 u 8 militares, las llevan y están con ellas (…) Este año, 12 estudiantes menores de edad, del Colegio Industrial, resultaron embarazadas. Todas ellas por soldados (…) Les dan bolsas de comida para conquistarlas. Tiempo después, les dicen déjeme tocarle los senos y yo le doy $2 mil. Y las niñas se dejan tocar, que es lo más complicado. Si se dejan tocar la vagina son $5 mil, $10 mil. Son muchas las necesidades de estas peladas, viven en condiciones deplorables: no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay energía (…) Uno muchas veces está frente a un televisor y se sorprende de la cantidad de mentiras que dicen. A mí me da rabia cuando un coronel del Ejército dice que esos son casos aislados. Cuando uno está en el medio, uno sabe que eso no son casos aislados, que eso es un común denominador. Yo he tenido contacto con el batallón. Como también me ha tocado estar con la guerrilla y me sorprende como muchas veces hay mejor trato de parte de la guerrilla que del Ejército (…) Si eso ocurriera con un civil, seguro que le aplicarían el peso de la ley, pero pasa con un soldado profesional y todo el mundo evade la responsabilidad (…) Los campesinos cuentan que van a mercar y cuando vuelven el Ejército se les mete a las casas y les quitan la poca comida que tienen, y, ¿quién los defiende? No podemos decir que son casos aislados, pero a la gente le da miedo denunciar porque Putumayo es uno de los departamentos donde más casos de falsos positivos se han presentado. Si hablo, a mi hija la violan. Si hablo, me ponen una mina quiebrapatas. Si hablo, no me siento respaldado”[4].

Si ese es el clima de terror que ya se respira en las zonas de consolidación del “glorioso” ejército, entonces mejor ni pensar qué atrocidades se verán ahora que ya tienen licencia plena para asesinar. Para los trasnochados que aún creen que en Colombia los héroes sí existen y que estos “excesos” ocurren sólo en la base hay que solamente ver lo que ha pasado con el tema de los falsos positivos; dice la Corte Penal Internacional (Informe Noviembre 2012) que:

“Existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos se cometieron conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas que constituye una política del Estado o de una organización para cometer esos crímenes. Las Salas de la Corte han señalado que lo que se entiende por política del Estado ´no tiene por qué haber sido concebida en las esferas más altas del aparato estatal, sino que puede haber sido adoptado por instancias estatales regionales o locales. Así, una política adoptada a nivel regional o local puede cumplir los requisitos relacionados a la existencia de una política del Estado´. No obstante, la Fiscalía sigue analizando información para esclarecer si esa política se podría haber formado a niveles más altos del aparato del Estado”[5].

Aparte de esto, denuncian en el mismo documento que existen fundamentos para acusar a la fuerza pública de violación y otras formas de violencia sexual, tortura y tratos degradantes, ultrajes contra la dignidad personal, ataques contra civiles y homicidios. Qué belleza. ¡Y esto ha ocurrido en Colombia aún antes de que se amplíe el fuero militar! 

La mayoría de las organizaciones de derechos humanos manifestaron su vehemente oposición al proyecto[6]. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hasta hace poco un entusiasta simpatizante del presidente Santos, ha declarado que “graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares—incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual”, en virtud de esta reforma, quedarían en la impunidad[7]. El escándalo ha de ser mayúsculo para que aún la timorata Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresara su oposición a este proyecto[8].

Human Rights Watch envió una carta en la que, punto por punto, critican de manera demoledora los presupuestos de quienes impulsaron el fuero, hecho que califican de un “golpe al estado de derecho”: la supuesta”inseguridad jurídica” de los militares es una mentira (el gobierno ha sido incapaz de dar un caso de militares juzgados sin mérito), la eficiencia de la justicia penal militar para juzgar violaciones a los derechos humanos es otra mentira y el argumento de que la justicia ordinaria carecería de conocimientos especializados para juzgar los delitos de los militares es improcedente (los jueces no necesitan saber de medicina para juzgar un acto de negligencia médica, ni necesitan saber de economía para juzgar fraudes financieros)[9].

De manera certera, un comunicado emitido por las principales organizaciones de derechos humanos en Colombia decía que el “ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido los diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral.” [10]

Masacre de Santa Rosa de Osos.

Dar la cara a un pueblo en lucha y resistencia

El Estado colombiano, según la versión oficial, es una “democracia asediada”[11]. Según ésta, el Estado es neutral o hasta una víctima del conflicto. Pero el Estado, a diferencia de lo que puedan decir tanto uribistas como socialbacanos, no es la encarnación del bien común, sino un agente activo del conflicto: según datos del CINEP, en el 2009, el Ejército y sus aliados paramilitares fueron responsables del 85% de las violaciones a los derechos humanos; el 2007, según la Comisión Colombiana de Juristas, el Ejército y los paramilitares (con los que colaboran o a los que toleran) fueron responsables del 75% de los asesinatos de civiles colombianos [12]. Tomando en consideración estos datos, De la Calle necesita, como se dice en criollo, mucho huevo para decir a la insurgencia que tendrá que dar la cara a las víctimas. Históricamente, podemos decir que el conflicto armado es la respuesta a la dinámica de violencia de clases alimentada desde el Estado, por lo menos, desde la década de los ´40; desde entonces, el terrorismo de Estado y la exclusión de las masas mediante el ejercicio de la fuerza, han sido las constantes de la vida política colombiana. Esto es un hecho de primordial importancia que hay que tener en cuenta si se va a hablar en serio sobre la paz. A la luz de la realidad que viven millones de campesinos y de décadas de historia, las palabras de De la Calle son una tomadura de pelo, una sinvergüenzura sin nombre.

Lo más preocupante es que en el marco de las negociaciones de paz, el Estado ha reforzado una ofensiva represiva en contra del pueblo organizado, arrestando, reprimiendo, abusando por todo el territorio nacional. El fuero militar es parte de esta política de exterminio orquestada desde las altas esferas del Estado con la complicidad de los gremios y los medios. Me tocó estar la semana pasada en Corinto y presenciar las provocaciones del Ejército que continúan sus ametrallamientos indiscriminados hacia los cerros, pese al cese al fuego unilateral decretado por la insurgencia. Toda la noche sobrevolaron helicópteros y se oyó el sonido de granadas, todo cerro arriba. Hacia abajo no hubo disparos. Estas provocaciones, que buscan que la insurgencia se defienda para así el Ejército poder montar una pataleta mediática [13], tienen un grave efecto sobre la población campesina que, exasperada, se movilizó en centenares en la vereda de San Luis Arriba, exigiendo al Ejército retirarse de la zona. Esa es la realidad del conflicto que ocultan los medios y que se respira en el día a día en miles de puntos de la geografía colombiana.

Un tanque del Ejército Nacional en el municipio de Corinto mientras los
helicópteros sobrevuelan el pueblo, militarizando la vida de los habitantes.

El discursillo sobre las víctimas de De la Calle es una broma de mal gusto que indigna a quienes aún tenemos un corazón que palpita en el pecho. Es un insulto contra los millones de colombianos victimizadas por un Estado que practica abiertamente el terrorismo, con el gentil auspicio de una comunidad internacional cómplice. Que De la Calle no se enrede mucho, porque ya le tocará su turno de dar la cara a las víctimas, aunque por ahora cubran sus crímenes con el manto de la impunidad y con las patrañas que reproducen los serviles medios masivos, cómplices en el más vil negacionismo del holocausto que se vive en la Colombia rural [14]. Aunque tendrá que dar la cara a algo más que víctimas: nos negamos a asumir al pueblo en una condición inerme, desprovista de sentido histórico, de proyectos de vida y de capacidad de luchar. A quien realmente tendrá que dar la cara es a un pueblo al que han violentado, desaparecido, masacrado, desplazado y bombardeado, pero un pueblo berraco que sigue luchando, que sigue resistiendo. Un pueblo que niega a ser visto unidimensionalmente como pobre víctima y que en todo el territorio reclama su derecho a vivir y a ser amo de su propio destino.

 

José Antonio Gutiérrez D.

20 de Diciembre, 2012

[1] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-38190...renci
[2] http://anarkismo.net/article/20768
[3] http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option...d=127
[4] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...umayo
[5] http://www.rebelion.org/docs/160002.PDF Sobre los Falsos Positivos, ver el informe de Junio del 2012 de la FIDHhttp://www.fidh.org/IMG/pdf/colombie589e.pdf y un artículo previo escrito por este mismo autorhttp://anarkismo.net/article/10199
[6] http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com...id=67
[7] http://justiciaypazcolombia.com/Carta-al-Presidente-Santos
[8] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...litar
[9] http://justiciaypazcolombia.com/Carta-al-Presidente-Santos
[10] http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com...id=67
[11] http://anarkismo.net/article/24244
[12] A. Isaacson “CINEP: Colombia’s conflict is far from over”, Center for International Policy, Washington DC, Abril 2008; Comisión Colombiana de Juristas “Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario”, Enero 2007.
[13] Operaciones de este tipo se vienen presentando en todo el Cauca, pero la prensa, para echar leña al fuego, las muestra como quiebres al cese al fuego http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/miedo...regua
[14] Como botón de muestra, ver la reacción del Estado ante la massacre de Santo Domingo Arauca: el 13 de Agosto de 1998 la Fuerza Aérea bombardeó con bombas de racimo a un grupo de civiles, asesinando a 17 personas (6 de ellos menores de edad). El Estado se dedicó a mentir descaradamente, mediante testimonios contradictorios http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...-de-s; sembrando la duda y calumniando a las organizaciones de derechos humanos así como a las víctimas, y diciendo que la masacre fue un “acto de servicio” http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-...timas; alterando los hechos para hacer pasar a las FARC-EP como las autoras del bombardeo http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...encia; y por último, negando que el bombardeo existió http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-...40901 Con todo, el ministro de defense Pinzón vuelve a victimizarse de este fallo, lloriqueando que el es “doloroso” para el Estado ser sindicado por sus violaciones contra el pueblo, y que todo esto afecta la moral de la fuerza pública http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...fensa Lo que realmente mina la moral de la fuerza pública es el character totalmente inmoral de esta empresa bélica.

Reforma a la justicia penal militar abre las puertas a la Corte Penal Internacional

Por FIDH

Viernes 14 de diciembre de 2012 / La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su profunda preocupación por la aprobación del fuero penal militar y advierte que esta reforma podría dar lugar a la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional.

Mediante esta reforma, se está afectando las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos así como el equilibrio entre las ramas del poder público, dándole al Tribunal de Garantías Penales potestades sobre la justicia penal militar y sobre la justicia ordinaria.

Si bien los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado quedan bajo competencia de la justicia ordinaria, resulta sumamente grave que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública pasen a ser de competencia de la justicia penal militar.

La justicia militar debe ser excepcional y limitada a investigación y juzgamiento de los delitos de índole militar, y no puede bajo ninguna circunstancia conocer de violaciones de derechos humanos incluyendo las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Pues graves violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de la población civil el marco del conflicto armado pueden ser también consideradas como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como es el caso del delito de tortura, que se investiga como lesión personal y por lo tanto también puede reclamarse de competencia de la jurisdicción militar en el marco de esta reforma.

En este contexto, resulta particularmente alarmante que se establezca un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar determinen cuáles investigaciones contra integrantes de las Fuerzas Armadas quedarán en la justicia ordinaria y cuáles en la justicia militar, pues esta disposición da lugar a que se ejerzan presiones sobre la Fiscalía para que haga pasar cualquier clase de casos a la justicia penal militar.

También es objeto de mayor preocupación la creación de un Tribunal de Garantías Penales que tenga la competencia de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública, ejerciendo un control formal y material de las etapas procesales. Este Tribunal, que carece de autonomía, imparcialidad e independencia por estar en parte conformado por militares retirados, se convierte en un instrumento para la impunidad tanto de casos que podría conocer la justicia penal militar como la propia justicia ordinaria, lo que hace prácticamente inviable las medidas de aseguramiento y las acusaciones contra altos mandos militares responsables de crímenes de guerra, graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Además, en aplicación del principio de favorabilidad, los militares procesados por casos de falsos positivos en la justicia ordinaria van a poder acudir a este Tribunal argumentando por ejemplo que se trataba de guerrilleros muertos en combate, estos casos pasando así a depender de la justicia penal militar.

Asimismo, la FIDH expresa su rechazo ante la disposición de que los miembros de la fuerza pública cumplan su condena en centros de reclusión especializados y establecidos para ellos, gozando de esta manera de beneficios y privilegios, siendo éste un mecanismo más de impunidad. También rechaza que se asigne a cargo del presupuesto del Estado la defensa penal de los miembros de la fuerza pública frente a cualquier delito que cometan, en vulneración del principio de igualdad.

Resulta también particularmente preocupante que el propio Jefe del Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, al usar el término de «guerra jurídica», ataque con estas declaraciones a los defensores de derechos humanos que representan víctimas de crímenes internacionales.

Esta reforma constituye un alarmante retroceso para la democracia colombiana, para la justicia y para los derechos de las víctimas, afectando gravemente el proceso de paz en curso. La FIDH recuerda que el Estado colombiano tiene la obligación de esclarecer los crímenes internacionales y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por agentes de la fuerza pública, y de depurar el Ejército a sus más altos niveles para evitar que dichos crímenes se reproduzcan.

Al priorizar abiertamente la seguridad jurídica de los militares que podrían ser responsables de graves crímenes sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la reforma a la justicia penal militar está abriendo el paso a la consagración de la impunidad. La FIDH subraya que esta iniciativa podría, además, interpretarse como una ausencia de voluntad del gobierno colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los más altos responsables de estos crímenes, lo cual podría dar lugar a la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, en el marco del análisis preliminar de Colombia y en virtud del principio de complementariedad.

No era necesaria una reforma al fuero militar: Generales en retiro

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/no-era-necesaria-una-reforma-al-fuero-militar-generales-en-retiro/20121212/nota/1810159.aspx

El general Héctor Fabio Velasco considera que era mejor hacer una reforma por medio de una ley estatutaria y no elevar a rango constitucional siete delitos.

El general Héctor Fabio Velasco, presidente Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, consideró que no era necesario hacer una reforma constitucional pues, la carta magna ya era muy clara con los delitos que debían ser competencia de las Justicia Penal Militar.

“La Constitución es muy clara en los delitos que deben juzgar las cortes marciales, son los delitos que se cometen y que tengan relación directa con el servicio. Lógico que una desaparición forzada no tiene relación con el servicio, es lógico que una violación no tiene relación con el servicio”, indicó el general en retiro.

Por eso, el representante de Acore considera que era mejor hacer una reforma por medio de una ley estatutaria y no elevar a rango constitucional siete delitos.

Caracol | Diciembre 12 de 2012

Fuero militar: ¿inseguridad jurídica para los ciudadanos?

Por: Arco Iris

Por Reina Lucía Valencia V*. Uno de los argumentos que más se escuchó de los promotores de la reforma al fuero militar es que la ampliación era necesaria porque los militares no tenían seguridad jurídica para actuar en medio del conflicto armado. Sin embargo, algunos juristas y directores de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en afirmar que la inseguridad jurídica será para los ciudadanos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Veamos que dijeron a Arcoiris.com.

“El Congreso de la impunidad”: Jorge Molano

Jorge Molano, abogado con especial trayectoria en la defensa de los derechos humanos y quien lleva casos como el del Palacio de Justicia y la masacre de San José de Apartadó, dijo que en Colombia tenemos el Congreso de la impunidad por las reformas a la justicia y al fuero militar. Molano agregó que “las víctimas quedan indefensas frente a graves casos de violaciones de derechos humanos, lo que significa que las víctimas de los falsos positivos, toma de rehenes y otro tipo de actos que no están en la ampliación del fuero militar tendrán que acudir directamente ante órganos internacionales para demandar la exigibilidad de sus derechos”.

Una de las principales preocupaciones para Molano es la competencia del tribunal de garantías, el cual estará conformado por cuatro militares en retiro, designados directamente por el Presidente de la República. “Será este mismo tribunal el que conozca casos como el acceso carnal violento y la toma de rehenes entre otros, sin garantías para que sean revisados por un sistema de justicia adecuado”.

En cuanto a las acciones a emprender Molano indicó que “lo que queda es iniciar una actividad conjunta para exigirle a la Corte Constitucional que haga un análisis independiente e imparcial de fondo. Agregó que también hay que acudir a los organismos internacionales para que examinen el tema de la condicionalidad en tanto que Colombia ha querido romper con todos los estándares internacionales de Derechos Humanos. Por último dijo que hay que comunicarle a la Fiscal de la CPI la reforma que acaba de ser habilitada en el Congreso y que tiene consecuencias directas sobre los derechos de las víctimas.”

“El famoso comité de garantías paritario, el verdadero veneno del proyecto”: Pedro Santana

Pedro Santana, presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris señaló tres grandes críticas a la ampliación del fuero militar. La primera es que es una reforma constitucional que se ha hecho en contra de los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH, en la medida en que pretende trasladar a la justicia militar delitos que no tienen que ver con las funciones propias de las fuerzas armadas. La segunda crítica es el famoso comité de garantías paritario, el verdadero veneno del proyecto, porque este resolverá a cuál jurisdicción van a ir los casos que involucren a militares en servicio activo. Y la tercera es que no incluye crímenes de guerra ni las graves infracciones al DIH.

Juristas y directores de organizaciones de la sociedad civil, consultados sobre la reforma al fuero militar aprobada en el Congreso, coincidieron en afirmar que se abre una puerta a la inseguridad jurídica para los ciudadanos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En cuanto al camino que le queda a la sociedad civil, Santana comentó que hay que demandar ante la Corte Constitucional: “yo creo que hay suficientes elementos jurídicos del orden constitucional para que un grupo de organizaciones demanden ante la Corte. Hay un antecedente y es que esta semana la Corte Constitucional tumbó el acto legislativo de 2011 que había acabado con el conflicto de intereses en una votación 5 – 4”. Santana también subrayó algunos argumentos que podrían sustentar la demanda como la sustitución de la Constitución porque se están reemplazando principios básicos del bloque de constitucionalidad; además que la reforma al fuero va en contravía de los avances de los fallos de la Corte Constitucional.

 ”Se está aprobando una ley de punto final en relación a los falsos positivos”: Armando Novoa

Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural planteó que “hay un lado oscuro del Gobierno Nacional que tiene que ver con todos los cambios en la administración de justicia y que, al parecer, en uno de ellos hay un nuevo arreglo institucional. Lo que resulta absolutamente complicado sobre todo cuando se está hablando de agenda para la paz. ¿Si va a ver paz para qué se flexibilizan los controles de los militares en el marco del conflicto interno?” Novoa agregó que no está claro si va a ver proceso de paz y que quizás no lo haya si realmente lo que se está aprobando es una ley de punto final en relación a los falsos positivos.

Con respecto a la actuación de las organizaciones de la sociedad civil comentó que hay que hacerle seguimiento a los temas que se definirán en la ley estatutaria del fuero militar y demandar ante la Corte Constitucional para que haga la revisión de la reforma, y examine si se encuentra ajustada a la Constitución y a los convenios internacionales que regulan la protección de los derechos humanos.

 ”Se ha perdido uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”: Alberto Yepes

Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos manifestó que “es la peor noticia que ha recibido en muchos años porque el trabajo en derechos humanos ahora pierde la posibilidad de que se realice utilizando los canales que cualquier democracia tiene para eso. Básicamente hemos perdido la posibilidad de una separación de poderes para que la justicia sea independiente e imparcial y tenga competencia para conocer los crímenes contra los derechos humanos de los ciudadanos. Se ha perdido uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”.

Sin lugar a dudas se le quita a los ciudadanos la posibilidad de un acceso a la justicia independiente, así como lo afirmó Yepes: “las víctimas tendrán que acudir a las guarniciones militares y se encontrarán allí con sus propios victimarios, además sus denuncias no irán a ninguna parte porque en la mayoría de los casos se archivaran los procesos, sobre todo cuando estén implicados militares de alto rango”. También hizo referencia a la época del gobierno Turbay y dijo que con la ampliación del fuero militar Colombia se retrotrae a dicha época cuando con el estatuto de seguridad las violaciones a los derechos humanos eran investigadas por los propios militares. Yepes advirtió que en Colombia no se tiene conciencia de la gravedad de lo aprobado y que se hace necesario concientizar y movilizar a los ciudadanos en contra de la reforma al fuero militar.

* Periodista del Portal ArcoIris.com.co

El general A. Valencia Tovar: Nos retornan el fuero militar

Para el debate en ANNCOL una reflexión de los generales con sus raices de la guerra contra su propio pueblo. ¡Que saque su propia conclusión. ANNCOL

Por: GRAL. ÁLVARO VALENCIA TOVAR

 EL Tiempo 13 de Diciembre del 2012

General A Valencia Tovar

Recuperado el fuero, sin duda el alto mando militar, con el ministro Juan Carlos Pinzón a la cabeza, recobrará el prestigio y el buen nombre

Ha sido una lucha prolongada y tenaz. Reconocido el fuero militar por las constituciones colombianas desde los albores de la República, literalmente en la de 1886, que tuvo ciento tres años de vigencia, se repitió textualmente en la de 1991 con claridad meridiana: “De los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

Más claro no canta un gallo, diría el refranero popular. Sin embargo, la guerra jurídica adelantada por las famosas ONG y colectivos de abogados en busca de millonarias tajadas por demandas contra la nación ante organismos internacionales hallaron la forma de incumplir el mandato constitucional, encabezados por el inefable doctor Vivanco, de Human Rights Watch, que, al enterarse de la reforma del fuero militar que hacía carrera en el Congreso nacional, se vino lanza en ristre alegando una presunta impunidad que traería consigo la proyectada reforma, en una descarada intervención en asuntos propios de la legislación colombiana.

Por fortuna, el Congreso, en altivo rechazo a las pretensiones de Vivanco, quien aducía que se violaba el Derecho Internacional, lo mandó a pasear y en arrolladora votación de 54 contra sólo cinco negativos retornó la vigencia constitucional del atropellado fuero castrense.

Con ocasión de este restablecimiento, conviene repetir lo expuesto reiteradamente en esta columna. No hay tal que un equivocado concepto del espíritu de cuerpo prevalezca sobre la recta aplicación de la justicia. Más poderoso que ese mal entendido espíritu de cuerpo es el sentido del honor militar y la ética profesional que obligan a cumplir el deber por encima de consideraciones sentimentales de amistad, compañerismo o espíritu solidario.

Uno de los argumentos que se esgrimieron contra la Justicia Penal Militar (JPM) fue el de ocasionales equivocaciones jurídicas que pudieron cometerse. Se olvidaba el proverbio latino errare humanum est, en lamentable generalización que golpeó a una justicia proba, recta e imparcial, que en su época de oro indujo al presidente Alberto Lleras Camargo, en el primer gobierno del Frente Nacional, a asignarle el conocimiento de los delitos conexos con el de rebelión: incendio, genocidio, asalto en despoblado y otros, en gracia de la celeridad, la eficiencia y la probidad de los Consejos de Guerra verbales como coadyuvante en el tratamiento de la violencia residual que dejó la reyerta bipartidista de 1947 a 1957.

Curiosamente, quienes más duramente esgrimieron los argumentos por error fueron quienes más fallaron en el ejercicio de la justicia ordinaria y en sus apreciaciones sobre el tema. En la JPM nunca se vencieron términos ni liberación de conocidos delincuentes por falta de pruebas. Mucho menos, fabricación de testigos o manipulación de los existentes según conveniencias de las “investigaciones”. En otras palabras, en medio del cataclismo de la justicia en Colombia, la castrense ha sido la menos afectada.

Sin duda, la JPM admite -y requiere- mejoramiento y actualización. Comenzando por el Tribunal Superior Militar, acabando la corruptela de coroneles abogados que intrigan el nombramiento como magistrados, pero al retirarse con su grado militar y sueldo de retiro invocan su calidad de magistrados para obtener, además, la pensión correspondiente.

Recuperado el fuero, no hay duda de que el alto mando militar, con el ministro Juan Carlos Pinzón a la cabeza, recobrará el prestigio y el buen nombre de nuestra institución de justicia.

“Es falso que el fuero penal militar ampliado no conduzca a la impunidad”: Iván Cepeda

Iván Cepeda.

VIDEO:

http://youtu.be/dC4HhsaJ2XU

Notimundo recoge apreciaciones del Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro sobre la aprobación de la Reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar que conduce a la impunidad por los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

Notimundo: ¿Qué concepto tiene sobre el hecho de que se haya aprobado la Reforma a la Constitución para ampliar el Fuero Penal Militar?

Iván Cepeda: Es un golpe como pocos en nuestra historia reciente a los Derechos Humanos y a la Justicia. Implica que Colombia vuelva a épocas en las cuáles los militares y policías podían actuar con la plena certeza de que independientemente de los métodos que utilicen, sus acciones no van a tener ninguna clase de control. Es falso que este Fuero Penal Militar Ampliado no vaya a conducir a la impunidad. Estamos ante una muy clara intención de que juicios e investigaciones en las que se ha venido avanzando queden de nuevo en manos de tribunales militares, que seguramente van a dejar esto en la impunidad.”

Notimundo: Los mal llamados 'falsos positivos' o asesinatos a sangre fría de civiles a manos de militares, ¿qué futuro tienen?

Iván Cepeda: Es altamente probable que todos esos casos de asesinatos terminen en manos de la justicia militar. Que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar; es claro que no hay ninguna clase de garantía en esta reforma que impida que esos hechos terminen siendo objeto de un juzgamiento militar y no por la justicia ordinaria.”

Notimundo: ¿Va a demandar la aprobación de ese Fuero? ¿Qué posibilidades hay?

Cepeda: Estamos estudiando los vicios de procedimiento y los fundamentos de una demanda de inconstitucionalidad. Estamos estudiando esta situación con juristas, organizaciones, defensores de DDHH y otros congresistas.

Notimundo: ¿Ahora quién puede defenderle los derechos a las víctimas?

Cepeda: Bueno precisamente ante una circunstancia de esta naturaleza las víctimas quedan expuestas a que su derecho a la justicia sea abiertamente violado y vulnerado, dado que esto implicaría el retroceso a la justicia militar.

Notimundo: ¿Qué posibilidades hay de que prospere la demanda que piensan anteponer?

Cepeda: Nosotros hacemos el trabajo de elaborarla con los más sólidos fundamentos, como hemos hecho tantas otras. Pero es evidentemente la Corte Constitucional la que decide... Nosotros creemos que hay todos los argumentos desde el punto de vista jurídico, político y ético para que esta reforma no prospere.

Todas las instancias de la comunidad internacional, decisorias en materia de DDHH, se han pronunciado contra esta reforma: la CPI a través de su fiscalía, 11 relatores de DDHH de Naciones Unidas, la CIDH, las más importantes organizaciones de DDHH en el plano internacional se han pronunciado contra esta reforma. 

Hay muchos argumentos para decretar esto inconstitucional, pero es la Corte, con su nueva composición, la que decide esto...

Notimundo: ¿Qué posibilidades entonces tiene la CPI de meterle mano a lo que sucede en Colombia en materia de violación a los derechos humanos?

Cepeda: Como se sabe la CPI viene observando a Colombia. Colombia es uno de los países que está en el grupo de “observación preliminar” y en cualquier momento esa observación puede dejar de ser simplemente una atención frente a lo que ocurre en materia de impunidad en Colombia, y puede pasar a ser la apertura de procesos. Así que hay que seguir documentando, informando, denunciando ante la Corte (CPI), frente a la fiscalía de la CPI.