“Aquellos que hacen correr la mayor cantidad de sangre, son los mismos que creen tener el derecho, la lógica y la historia con ellos”
(Albert Camus, Reflexiones sobre la guillotina).
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La masacre del
municipio de Trujillo, del departamento del Valle, es emblemático sobre cómo
las FF.MM. históricamente intentan de evitar a juzgar a sus propios militares. Fueron
asesinados más de 300
habitantes por una alianza del Ejército y narcoparamilitares. El 17 de abril de 1990 el Padre Tiberio Fernández Mafla, Párroco de Trujillo, fue desaparecido y su cuerpo fue hallado mutilado. |
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| de la Calle e Iván Márquez |
Cuando
estaban recién comenzando los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y
las FARC-EP en Oslo, el negociador del gobierno, Humberto de la Calle,
furibundo a causa de las opiniones expresadas por el comandante guerrillero
Iván Márquez sobre el modelo económico neoliberal colombiano, intentó desviar
la atención respondiendo a la prensa, en un arrebato, que los insurgentes
tendrían que dar la cara a sus víctimas[1].
Curiosamente De la Calle hace este planteamiento precisamente en los momentos en que el Estado colombiano garantiza la impunidad de los miembros de la fuerza pública involucrados en atrocidades y violaciones de derechos humanos, así como da carta blanca al Ejército para aplicar política de tierra arrasada. Tal es el espíritu de la ampliación del Fuero Penal Militar, aprobada finalmente la semana pasada, según la cual se presume que los crímenes y violaciones cometidas por funcionarios del Ejército son actos propios del ejercicio de su servicio, con lo cual deben ser juzgados por tribunales castrenses. Éstos podrían derivarlos a tribunales civiles si determinaran que estos crímenes han sido realizados por fuera del servicio. De esta manera, la violación sexual, los falsos positivos, las torturas, entre otras bellezas, irían a dar primero a los tribunales militares. Y como si esto fuera poco, la reforma incluye un “Sistema de Defensa Técnica y Especializada” mediante el cual los contribuyentes pagarán la defensa a los militares involucrados en crímenes y barbaridades, mientras los campesinos que sean víctimas de ellas, tendrán que rebuscarse quién los defienda sin ningún fondo y con todo el peso del Estado en contra. Algo así como tirar a pelear al campeón de pesos pesados contra un hombre amarrado a un árbol.
Curiosamente De la Calle hace este planteamiento precisamente en los momentos en que el Estado colombiano garantiza la impunidad de los miembros de la fuerza pública involucrados en atrocidades y violaciones de derechos humanos, así como da carta blanca al Ejército para aplicar política de tierra arrasada. Tal es el espíritu de la ampliación del Fuero Penal Militar, aprobada finalmente la semana pasada, según la cual se presume que los crímenes y violaciones cometidas por funcionarios del Ejército son actos propios del ejercicio de su servicio, con lo cual deben ser juzgados por tribunales castrenses. Éstos podrían derivarlos a tribunales civiles si determinaran que estos crímenes han sido realizados por fuera del servicio. De esta manera, la violación sexual, los falsos positivos, las torturas, entre otras bellezas, irían a dar primero a los tribunales militares. Y como si esto fuera poco, la reforma incluye un “Sistema de Defensa Técnica y Especializada” mediante el cual los contribuyentes pagarán la defensa a los militares involucrados en crímenes y barbaridades, mientras los campesinos que sean víctimas de ellas, tendrán que rebuscarse quién los defienda sin ningún fondo y con todo el peso del Estado en contra. Algo así como tirar a pelear al campeón de pesos pesados contra un hombre amarrado a un árbol.
Aún cuando la impunidad más vergonzosa reina en los casos de crímenes de Estado (del orden del 98%), esto no es suficiente para el gobierno. Reclaman por la “inseguridad jurídica” de los soldados en el desempeño de su servicio, lloriquean que la “justicia ordinaria” no entiende el rigor de la guerra y que, por consiguiente, no puede juzgar los crímenes de esa élite por encima de la ley que es el ejército. La impunidad absoluta para que las fuerzas represivas del Estado impulsen una ofensiva militar que arrase todo a su camino, ha sido reclamada desde hace tiempo desde el bloque dominante, no sólo por el uribismo más recalcitrante; de hecho, ya se habían hundido versiones previas del fuero militar durante el gobierno de Santos [2]. El lema de la oligarquía ha sido expresado con mayor claridad que nadie por el primo del presidente, Francisco Santos, quien en una columna en Julio reclamaba “blindar totalmente a las Fuerzas Armadas. Así sea en exceso y sin dudas. Hay que recuperar la moral de combate cueste lo que cueste”[3]. Santos, como miembro de la oligarquía rancia que se reparte el poder en familia de hace dos siglos, bien sabe que el “costo” de la guerra sucia no tendrá que pagarlo ni él ni nadie de su familia ni de su clase. Por eso lanza la consigna de masacrar sin ningún escrúpulo.
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| Francisco Santos propuso al jefe paramilitar Carlos Castaño de crear un Bloque Capital en la regiuón de Bogota y Castaño le ofreció a Santos de ser el jefe de ese bloque, según Salvatore Mancuso, que reemplazó a Castaño. |
Si son así sin fuero...
Aún
sin el fuero militar, el Ejército ya ha venido aplicando estas políticas de
exterminio en las zonas de consolidación militar, donde hemos visto aumentar
los abusos y las violaciones de todo tipo en la más absoluta impunidad. Aún una
parlamentaria oficialista de la “unidad nacional”, Ángela María Robledo, ha
puesto el grito en el cielo ante los abusos del Ejército en el Putumayo:
“Abusan de
las niñas, las llevan al ‘cambuche’ o al lugar donde ellos están. Vienen 5, 6,
7 u 8 militares, las llevan y están con ellas (…) Este año, 12 estudiantes
menores de edad, del Colegio Industrial, resultaron embarazadas. Todas ellas
por soldados (…) Les dan bolsas de comida para conquistarlas. Tiempo después,
les dicen déjeme tocarle los senos y yo le doy $2 mil. Y las niñas se dejan
tocar, que es lo más complicado. Si se dejan tocar la vagina son $5 mil, $10
mil. Son muchas las necesidades de estas peladas, viven en condiciones
deplorables: no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay energía (…) Uno
muchas veces está frente a un televisor y se sorprende de la cantidad de
mentiras que dicen. A mí me da rabia cuando un coronel del Ejército dice que
esos son casos aislados. Cuando uno está en el medio, uno sabe que eso no son
casos aislados, que eso es un común denominador. Yo he tenido contacto con el
batallón. Como también me ha tocado estar con la guerrilla y me sorprende como
muchas veces hay mejor trato de parte de la guerrilla que del Ejército (…) Si
eso ocurriera con un civil, seguro que le aplicarían el peso de la ley, pero
pasa con un soldado profesional y todo el mundo evade la responsabilidad (…)
Los campesinos cuentan que van a mercar y cuando vuelven el Ejército se les
mete a las casas y les quitan la poca comida que tienen, y, ¿quién los
defiende? No podemos decir que son casos aislados, pero a la gente le da miedo
denunciar porque Putumayo es uno de los departamentos donde más casos de falsos
positivos se han presentado. Si hablo, a mi hija la violan. Si hablo, me ponen
una mina quiebrapatas. Si hablo, no me siento respaldado”[4].
Si
ese es el clima de terror que ya se respira en las zonas de consolidación del “glorioso”
ejército, entonces mejor ni pensar qué atrocidades se verán ahora que ya tienen
licencia plena para asesinar. Para los trasnochados que aún creen que en
Colombia los héroes sí existen y que estos “excesos” ocurren sólo en la base hay
que solamente ver lo que ha pasado con el tema de los falsos positivos; dice la
Corte Penal Internacional (Informe Noviembre 2012) que:
“Existe
fundamento suficiente para creer que los actos descritos se cometieron conforme
a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas
armadas que constituye una política del Estado o de una organización para
cometer esos crímenes. Las Salas de la Corte han señalado que lo que se
entiende por política del Estado ´no tiene por qué haber sido concebida en las
esferas más altas del aparato estatal, sino que puede haber sido adoptado por
instancias estatales regionales o locales. Así, una política adoptada a nivel
regional o local puede cumplir los requisitos relacionados a la existencia de
una política del Estado´. No obstante, la Fiscalía sigue analizando información
para esclarecer si esa política se podría haber formado a niveles más altos del
aparato del Estado”[5].
Aparte
de esto, denuncian en el mismo documento que existen fundamentos para acusar a
la fuerza pública de violación y otras formas de violencia sexual, tortura y
tratos degradantes, ultrajes contra la dignidad personal, ataques contra
civiles y homicidios. Qué belleza. ¡Y esto ha ocurrido en Colombia aún antes de
que se amplíe el fuero militar!
La mayoría de las organizaciones de derechos humanos manifestaron su vehemente
oposición al proyecto[6]. El director de Human Rights Watch, José Miguel
Vivanco, hasta hace poco un entusiasta simpatizante del presidente Santos, ha
declarado que “graves violaciones de
derechos humanos cometidas por militares—incluidas ejecuciones extrajudiciales,
torturas y violencia sexual”, en virtud de esta reforma, quedarían
en la impunidad[7]. El escándalo ha de ser mayúsculo para que aún la timorata
Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
expresara su oposición a este proyecto[8].
Human Rights Watch envió una carta en la que, punto por punto, critican de manera demoledora los presupuestos de quienes impulsaron el fuero, hecho que califican de un “golpe al estado de derecho”: la supuesta”inseguridad jurídica” de los militares es una mentira (el gobierno ha sido incapaz de dar un caso de militares juzgados sin mérito), la eficiencia de la justicia penal militar para juzgar violaciones a los derechos humanos es otra mentira y el argumento de que la justicia ordinaria carecería de conocimientos especializados para juzgar los delitos de los militares es improcedente (los jueces no necesitan saber de medicina para juzgar un acto de negligencia médica, ni necesitan saber de economía para juzgar fraudes financieros)[9].
De manera certera, un comunicado emitido por las principales organizaciones de derechos humanos en Colombia decía que el “ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido los diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral.” [10]
Human Rights Watch envió una carta en la que, punto por punto, critican de manera demoledora los presupuestos de quienes impulsaron el fuero, hecho que califican de un “golpe al estado de derecho”: la supuesta”inseguridad jurídica” de los militares es una mentira (el gobierno ha sido incapaz de dar un caso de militares juzgados sin mérito), la eficiencia de la justicia penal militar para juzgar violaciones a los derechos humanos es otra mentira y el argumento de que la justicia ordinaria carecería de conocimientos especializados para juzgar los delitos de los militares es improcedente (los jueces no necesitan saber de medicina para juzgar un acto de negligencia médica, ni necesitan saber de economía para juzgar fraudes financieros)[9].
De manera certera, un comunicado emitido por las principales organizaciones de derechos humanos en Colombia decía que el “ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que actuar las víctimas en el presente, se vería intensificado si los procesos quedan en manos de las mismas instituciones que han cometido los diversos crímenes y por lo tanto la desconfianza en las acciones de derecho se aumentaría, generando en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral.” [10]
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| Masacre de Santa Rosa de Osos. |
Dar la cara a un pueblo en lucha y resistencia
El
Estado colombiano, según la versión oficial, es una “democracia asediada”[11].
Según ésta, el Estado es neutral o hasta una víctima del conflicto. Pero el
Estado, a diferencia de lo que puedan decir tanto uribistas como socialbacanos,
no es la encarnación del bien común, sino un agente activo del conflicto: según
datos del CINEP, en el 2009, el Ejército y sus aliados paramilitares fueron
responsables del 85% de las violaciones a los derechos humanos; el 2007, según
la Comisión Colombiana de Juristas, el Ejército y los paramilitares (con los
que colaboran o a los que toleran) fueron responsables del 75% de los
asesinatos de civiles colombianos [12]. Tomando en consideración estos datos,
De la Calle necesita, como se dice en criollo, mucho huevo para decir a la
insurgencia que tendrá que dar la cara a las víctimas. Históricamente, podemos
decir que el conflicto armado es la respuesta a la dinámica de violencia de
clases alimentada desde el Estado, por lo menos, desde la década de los ´40;
desde entonces, el terrorismo de Estado y la exclusión de las masas mediante el
ejercicio de la fuerza, han sido las constantes de la vida política colombiana.
Esto es un hecho de primordial importancia que hay que tener en cuenta si se va
a hablar en serio sobre la paz. A la luz de la realidad que viven millones de
campesinos y de décadas de historia, las palabras de De la Calle son una
tomadura de pelo, una sinvergüenzura sin nombre.
Lo
más preocupante es que en el marco de las negociaciones de paz, el Estado ha
reforzado una ofensiva represiva en contra del pueblo organizado, arrestando,
reprimiendo, abusando por todo el territorio nacional. El fuero militar es
parte de esta política de exterminio orquestada desde las altas esferas del
Estado con la complicidad de los gremios y los medios. Me tocó estar la semana
pasada en Corinto y presenciar las provocaciones del Ejército que continúan sus
ametrallamientos indiscriminados hacia los cerros, pese al cese al fuego
unilateral decretado por la insurgencia. Toda la noche sobrevolaron
helicópteros y se oyó el sonido de granadas, todo cerro arriba. Hacia abajo no
hubo disparos. Estas provocaciones, que buscan que la insurgencia se defienda
para así el Ejército poder montar una pataleta mediática [13], tienen un grave
efecto sobre la población campesina que, exasperada, se movilizó en centenares
en la vereda de San Luis Arriba, exigiendo al Ejército retirarse de la zona.
Esa es la realidad del conflicto que ocultan los medios y que se respira en el
día a día en miles de puntos de la geografía colombiana.
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| Un tanque del Ejército Nacional en el municipio de Corinto mientras los helicópteros sobrevuelan el pueblo, militarizando la vida de los habitantes. |
El
discursillo sobre las víctimas de De la Calle es una broma de mal gusto que
indigna a quienes aún tenemos un corazón que palpita en el pecho. Es un insulto
contra los millones de colombianos victimizadas por un Estado que practica
abiertamente el terrorismo, con el gentil auspicio de una comunidad
internacional cómplice. Que De la Calle no se enrede mucho, porque ya le tocará
su turno de dar la cara a las víctimas, aunque por ahora cubran sus crímenes
con el manto de la impunidad y con las patrañas que reproducen los serviles
medios masivos, cómplices en el más vil negacionismo del holocausto que se vive
en la Colombia rural [14]. Aunque
tendrá que dar la cara a algo más que víctimas: nos negamos a asumir al pueblo
en una condición inerme, desprovista de sentido histórico, de proyectos de vida
y de capacidad de luchar. A quien realmente tendrá que dar la
cara es a un pueblo al que han violentado, desaparecido, masacrado, desplazado
y bombardeado, pero un pueblo berraco que sigue luchando, que sigue
resistiendo. Un pueblo que niega a ser visto unidimensionalmente como pobre
víctima y que en todo el territorio reclama su derecho a vivir y a ser amo de
su propio destino.
José Antonio Gutiérrez D.
20 de Diciembre, 2012
[1] http://www.elespectador.com/
[2] http://anarkismo.net/article/
[3] http://www.
[4] http://www.elespectador.com/
[5] http://www.rebelion.org/docs/
[6] http://www.
[7] http://justiciaypazcolombia.
[8] http://www.elespectador.com/
[9] http://justiciaypazcolombia.
[10] http://www.
[11] http://anarkismo.net/article/
[12] A. Isaacson “CINEP: Colombia’s conflict is far from over”, Center for International Policy, Washington DC, Abril 2008; Comisión Colombiana de Juristas “Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario”, Enero 2007.
[13] Operaciones de este tipo se vienen presentando en todo el Cauca, pero la prensa, para echar leña al fuego, las muestra como quiebres al cese al fuego http://www.elpais.com.co/
[14] Como botón de muestra, ver la reacción del Estado ante la massacre de Santo Domingo Arauca: el 13 de Agosto de 1998 la Fuerza Aérea bombardeó con bombas de racimo a un grupo de civiles, asesinando a 17 personas (6 de ellos menores de edad). El Estado se dedicó a mentir descaradamente, mediante testimonios contradictorios http://www.elespectador.com/
[2] http://anarkismo.net/article/
[3] http://www.
[4] http://www.elespectador.com/
[5] http://www.rebelion.org/docs/
[6] http://www.
[7] http://justiciaypazcolombia.
[8] http://www.elespectador.com/
[9] http://justiciaypazcolombia.
[10] http://www.
[11] http://anarkismo.net/article/
[12] A. Isaacson “CINEP: Colombia’s conflict is far from over”, Center for International Policy, Washington DC, Abril 2008; Comisión Colombiana de Juristas “Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario”, Enero 2007.
[13] Operaciones de este tipo se vienen presentando en todo el Cauca, pero la prensa, para echar leña al fuego, las muestra como quiebres al cese al fuego http://www.elpais.com.co/
[14] Como botón de muestra, ver la reacción del Estado ante la massacre de Santo Domingo Arauca: el 13 de Agosto de 1998 la Fuerza Aérea bombardeó con bombas de racimo a un grupo de civiles, asesinando a 17 personas (6 de ellos menores de edad). El Estado se dedicó a mentir descaradamente, mediante testimonios contradictorios http://www.elespectador.com/
