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| La vereda Puerto Matilde en Río Cimitarra, un lugar del Paraíso en esta tierra. |
Por Horacio
Duque
No
obstante que el Acuerdo general para la solución del conflicto social/armado y
la construcción de una paz estable y duradera, firmado por las Farc y el
gobierno el 27 de agosto en La Habana, sugiere una coincidencia de las partes,
la esencia del proceso de conversaciones lleva a inferir que las visiones son
radicalmente diferentes por las concepciones ideológicas y las posiciones
políticas de cada uno de los actores que intervienen en este nuevo ciclo de
diálogos entre el gobierno de la oligarquía y los delegados de la resistencia
campesina revolucionaria.
Las lecturas e interpretaciones del texto
del Acuerdo son antagónicas y reflejan la lucha de clases en este escenario
político y militar.
El Estado y el actual gobierno del señor
Santos conciben las conversaciones como una estrategia para derrotar y destruir
el movimiento insurgente y consolidar el sistema de explotación y exclusión de
la inmensa mayoría de la sociedad colombiana.
La insurgencia campesina revolucionaria
mantiene claros sus objetivos de transformación profunda de la sociedad
mediante la destrucción del dominio oligárquico y la instauración de un poder
popular democrático en la perspectiva del socialismo. Es por tal razón que su
consigna es la de la paz con justicia social y democracia política.
1. Los planes de Santos.
La pregunta que resulta obligado plantearse
es la siguiente ¿Para qué quiere Santos la paz?
La respuesta a este interrogante debe considerar
el campo más general de las estrategias de “paz” de las clases dominantes y los
poderes multinacionales involucrados en Colombia.
En Colombia, las oligarquías dominantes han
utilizado, desde hace más de cincuenta años, ciertas artimañas pacifistas, con
diálogos y escenarios diplomáticos, para someter y destruir el levantamiento
revolucionario armado de los campesinos.
Ocurrió en los años 50, durante el régimen
militar de Rojas Pinilla, quien ofreció amnistías y perdones a los
grupos insurgentes para después acribillar traidoramente a los lideres en las
calles de las ciudades y exterminar las organizaciones agrarias mediante
violentas campañas militares; de igual manera se repitió dicho esquema en los
años iniciales del Frente Nacional, en los gobiernos de Lleras Camargo y de
Guillermo León Valencia, cuando el discurso de la concordia y el
diálogo entre las élites bipartidistas sirvió de pantalla para descomunales
planes militares focalizados en la derrota de la resistencia campesina
tolimense mediante el Plan Lasso.
De sobra conocemos el fin de los diálogos
de La Uribe y lo sucedido con la masacre de más de 5000 mil miembros de la
Unión Patriotica, asesinados sistemáticamente por las Fuerzas Armadas
gubernamentales y sus grupos paraestatales para mantener el dominio
bipartidista.
Otras concertaciones con grupos insurgentes
de origen urbano y semirural dejaron intacto el modelo feudal y capitalista
predominante, que fue profundizado con las recetas del neoliberalismo cuyas
consecuencias conocemos porque las hemos vivido en carne propia. Neoliberalismo
que fue el caldo de cultivo de una de las épocas más oscuras de la historia
colombiana, cuando el paramilitarismo infiltro la estructura general del
régimen político que algunos cinicamente caracterizan como democrático liberal.
Esta fresca en la memoria colectiva de la
mayoría social las implicaciones políticas y estratégicas del periodo de los
diálogos del Caguan, que fueron utilizados por el señor Pastrana para
configuran una de las fuerzas militares más potentes del continente, con cerca
de 500 mil unidades de combate, dotadas de moderna tecnología, todo financiado
con los recursos del Plan Colombia aportados por el
imperialismo norteamericano.
El señor Santos, un oligarca paramilitar, protagonista
de los “falsos positivos”, ejecutor como Ministro de Defensa durante los años
2006/2008 de las estrategias neofascistas de la mal llamada “Seguridad
Democrática” y artífice de las agresiones internacionales contra
Ecuador, Venezuela y otros Estados progresistas de América Latina, adoptó el
discurso del diálogo y la “llave de la paz” no desde posturas democráticas y
pacifistas. Todo lo ha organizado como parte de una visión militar estratégica
del imperialismo norteamericano. Su objetivo es derrotar y liquidar los grupos
insurgentes revolucionarios.
Con los diálogos del gobierno, las élites
dominantes pretenden servirse del proceso para conducir a la derrota de los
revolucionarios y consolidar, de esa manera su dominación autoritaria. La paz de
Santos es claramente un instrumento contrainsurgente. Se pretende la
pacificación, derrota y eliminación de las guerrillas socialistas. El Ejército
quiere salir triunfante en la Mesa de conversaciones, lo que no ha logrado en
el campo de combate, por más que lleva anunciando por años el “fin del fin” del
conflicto bélico.
Es que no sobra reafirmar que el actual
gobierno manipula las conversaciones de paz como una trampa para inmovilizar al
pueblo y profundizar el terrible sistema de explotación imperante. Lo que
quieren es una desmovilización y entrega de armas del movimiento insurgente. Se
le está instrumentalizando para ampliar el carácter militarista y opresor del
sistema político y su actual forma/estado. Santos y la élite que representa de
banqueros, generales, senadores, terratenientes y multinacionales, quieren
direccionar el proceso para seguir militarizando la sociedad e imponer leyes,
como la tributaria y la del fuero militar, que sirven para proteger
funcionarios, generales y políticos corruptos y mafiosos.
Para entender la estrategia del actual
gobierno con su política de paz es necesario considerar que este reproduce un
paradigma que viene desde el mandato ultraconservador de Ronald Reagan en USA,
cuando se trazó la estrategia contrainsurgente conocida con el nombre de “conflicto
de baja intensidad” que los gringos elaboraron en 1982 para ejecutar en América
Latina.
La implementación y desarrollo de dicho
programa se sustenta en una táctica compuesta de dos opciones para enfrentar la
lucha guerrillera revolucionaria. Una de estas se refiere al aspecto militar y
la otra enfatiza la gestión diplomática y negociadora. Se plantea un plan de
negociaciones y diálogos con la guerrilla para erosionar las posiciones
progresistas o revolucionarias desde su interior, intentan desmovilizar a las
masas y ganar tiempo bajo el objetivo de liquidar a los revolucionarios. Es lo
que explica la negativa a una tregua bilateral en el proceso en curso y la
descompuesta afirmación del MinDefensa, de golpear para ablandar a los
delegados insurgentes en La Habana.
Lo que está claro, pero clarísimo, es que
el señor Santos va a intensificar la guerra mientras habla de paz.
En síntesis, la Mesa de La Habana y
las conversaciones que allí se adelantan son utilizadas por el oficialismo para
proteger su modelo económico encarnado en las locomotoras mineras y
agroindustrial. Lo que se quiere es pacíficar las áreas donde las
multinacionales adelantan la explotación de los recursos mineros y petroleros
de nuestro territorio.
Los diálogos de paz, en palabras de De La
Calle, jefe de los delegados gubernamentales, no tocaran el modelo económico
neoliberal, ni el social, ni la doctrina fascista de imperante en las fuerzas
militares. Eso es sagrado para la oligarquía.
Ni mas ni menos.
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| Tierra ¿al servicio a quién? |
2. Los objetivos de la resistencia
campesina revolucionaria.
Por supuesto, la insurgencia revolucionaria
tiene otra visión de los diálogos. Su visión del Acuerdo General es
integral, holístico. No excluye ninguna de los campos identificados en el
texto.
Es claro que el actual escenario en nada
afecta su objetivo estratégico de destruir El Estado y la sociedad de
explotación y opresión para construir una nueva sociedad, la civilización
socialista y solidaria, donde no impere el despojo de los débiles y los
asalariados. La insurgencia campesina y revolucionaria encarna la lucha de los
pobres por liberarse de la pobreza, de la esclavitud asalariada, la violencia y
la injusticia.
Es por tal razón que en la visión popular
de la paz la Mesa de conversaciones tiene que debatir a fondo soluciones a los
problemas económicos y sociales del pueblo.
La paz de La Habana debe ser con justicia
social, democracia plena y transformaciones profundas de la estructura
retrograda que impera en la actualidad en Colombia.
Son pues, las dos concepciones
contrapuestas de los diálogos por la paz que se realizan en la actualidad.
Es en ese marco que ocurre su avance y su
incidencia en el movimiento general de la sociedad nacional, que ahora ha sido
convocada a participar en foros y movilizaciones populares.
Nota: La negociación de la lucha armada se fundamenta en la teoría de la paz
social, cuyo criterio de pacificación de la sociedad se concreta sin afectar el
Estado ni la dominación imperialista. Los grupos de poder no sufren el más
mínimo rasguño y se reafirma la continuación del sistema político corrompido y
antidemocrático. No se toma en cuanta la opresión de los trabajadores, ni mucho
menos sus reivindicaciones sociales y políticas. El “diálogo y paz con los
grupos guerrilleros” contribuye a mantener una America Latina “sin terrorismo y
sin insurgentes”. Es decir sin ningún obstáculo serio que amenace los planes
estadounidenses en la región. Esta “paz americana” contribuye a consolidar la
hegemonía mundial de los Estados Unidos.
