Por Jorge Capelán, RLP/TcS
MANAGUA / 4 DICIEMBRE de 2012 / La semana pasada el presidente colombiano Juan Manuel Santos - con sus cañoneras en amplio despliegue en la zona del Caribe, que según el Tribunal de La Haya debía haber evacuado ya el 19 de noviembre - dijo que con Nicaragua hablaría “suave en la forma pero firme en el fondo”.
Esas palabras, que en los medios colombianos fueron ensalzadas como todo un monumento a la racionalidad, la educación y el comedimiento - y, en última instancia, como prueba de la superioridad racial de la oligarquía colombiana sobre los nicaragüenses - , en realidad no son sino un refrito de la vieja ideología del “Big Stick”, la misma que inmortalizó el presidente estadounidense Theodore Roosevelt cuando dijo aquello de “habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”.
Es una ideología según la cual el orden y las buenas costumbres deben primar en las relaciones de dominación y sumisión entre los estados siempre y cuando la potencia más fuerte, en este caso la del Destino Manifiesto, esté en las cercanías con sus flotas y sus tropas, “por si acaso”. En realidad, es una vil racionalización del derecho del más fuerte digna de Arturo Ui, aquel gángster ficticio que con las mañas más arteras se hizo del control del mercado del coliflor en la ciudad de Chicago, y con el que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht magistralmente ejemplificó el ascenso de Adolf Hitler al poder.
Esa ideología fue la que Roosevelt usó en 1902-1903 para, reforzando la presencia de sus marines en Cuba, someter a Venezuela, que había cometido la insolencia de negarse a pagar unas deudas infames a los ingleses, los alemanes y los italianos. Con sus tropas desde la mayor de las Antillas prestas a invadir, Roosevelt hizo a Cipriano Castro la “irresistible oferta” de que los europeos levantarían su bloqueo a cambio de que Venezuela dedicase el 30% de sus ingresos de aduanas al pago de la “deuda”.
También en 1903, y con la misma doctrina, el comandante John Hubbard del buque norteamericano “Nashville”, impidió el transporte y cualquier desembarco posterior de las tropas colombianas en Colón, en la históricamente secesionista provincia de Panamá, argumentando que debía respetarse la “neutralidad”del ferrocarril, un argumento que las autoridades norteamericanas habían empleado en anteriores ocasiones en sentido contrario. En realidad, los Estados Unidos se decidieron a apoyar la independencia de Panamá luego de que el Congreso de Bogotá rechazara la “irresistible” propuesta norteamericana de construir un canal interoceánico en el istmo a cambio de unas pocas migajas para Colombia.
Un tratado similar le habían obligado a aceptar a Nicaragua ya en 1901, cuando el Secretario de Estado John Hay le hizo al país la “irresistible”propuesta de que se le cediese el territorio nacional para construir un canal interoceánico por unos míseros 100 mil dólares al año. En vista de las cañoneras, las élites nicaragüenses consideraron que no tenían más remedio que aceptar la oferta, aunque subieron un poquito el precio. Cuando más tarde el presidente José Santos Zelaya se tomó en serio la idea de hacer un canal por su cuenta con la ayuda de los japoneses y los alemanes, fue desestabilizado y finalmente “invitado” a dimitir con una infame nota del secretario de Estado Philander Chase Knox, debidamente respaldada por fuertemente armadas cañoneras.
Con ese cuento de “hablar suave pero con firmeza”, los Estados Unidos intervinieron en numerosas ocasiones en su Mare Nostrum (Mar Nuestro), el Caribe, donde ningún país que haya sido intervenido una vez se ha logrado escapar de repetir la experiencia al menos en una segunda ocasión.
Además de la separación de Panamá de Colombia en 1903 y la Nota Knox contra Zelaya de 1909, se pueden mencionar las ocupaciones militares de República Dominicana entre 1916 y 1924, de Cuba entre 1906 y 1909 y de Haití desde 1915 hasta 1934, entre muchas otras. En realidad, la doctrina del Gran Garrote es hoy en día parte integral de la caja de herramientas geopolíticas del imperio.
Dicho todo esto y volviendo al tema de las altisonantes declaraciones de Santos, debemos plantear un par de preguntas relevantes: ¿Están las élites colombianas en una posición que les permita utilizar el lenguaje de sus amos históricos en lo que respecta a sus intereses estratégicos en el Caribe con respecto a Nicaragua? Cuando Santos dice que va a hablar “suave en la forma pero firme en el fondo” con Nicaragua, ¿es él el que habla, o son los Estados Unidos?
Creo que la respuesta a esas preguntas es compleja y contradictoria. El mundo de inicios del Siglo XXI no es igual al de los inicios del Siglo XX.
Si hace 100 años los EE.UU. eran el hegemón global en ascenso, hoy son el hegemón global en declive, con China como la primera economía mundial a la vuelta de la esquina y un naciente orden multipolar. Están empantanados en el Oriente Medio, rehenes de su apoyo al Estado Sionista de Israel. Al mismo tiempo, quieren cercar a China en el Pacífico y contener a Rusia con “escudos antimisiles” que le permitan asestar un primer golpe nuclear. Todo eso lo quieren hacer con una economía en quiebra y un ejército en el que, según un estudio encargado por el Centro de Conducción Militar de Fort Leavenworth, Kansas, solo uno de cada cuatro oficiales cree que está siendo conducido de manera correcta por sus mandos.
El Caribe sigue siendo el Mar Nuestro de los EE.UU., pero desde hace 4 años han tenido que soportar, a vista y paciencia, el regreso de la flota rusa a sus aguas, con planes anunciados de montar una base en Cuba. Colombia entera es formalmente una base militar de los Estados Unidos, en virtud de los acuerdos firmados por ese país. Sin embargo, Bogotá está empeñada en unas conversaciones de paz con unas guerrillas que no ha logrado derrotar y que obligan a Colombia a dedicar entre 5 y 6% del PIB en gastos de guerra (uno de los más altos en el mundo) y ahuyentan a la inversión extranjera.
Es cierto, a mediados de 2008 los EE.UU. restablecieron su IV Flota en el Caribe, y poco menos de 12 meses más tarde era derrocado José Manuel Zelaya en Honduras, pero no han logrado estabilizar su dominio sobre ese país, mucho menos convertirlo en un santuario para sus guerras de “baja intensidad” como lo hicieron en la década de los 1980s contra Nicaragua.
A diferencia de los inicios del Siglo XX, 100 años más tarde en la región existen movimientos populares organizados como sujetos políticos con agendas propias que ponen límites a lo que son capaces de hacer las élites. Porfirio Lobo está desesperado por reactivar el acuerdo de Petrocaribe, no pudo llevar a cabo el escandaloso proyecto de los batustanes neoliberales llamado “Ciudades Modelo” y ve con resignación cómo en su país se ha roto con el bipartidismo ante el avance de la Resistencia. Al mismo tiempo Martinelli, en Panamá, es obligado por las protestas populares a anular un proyecto por el que se pretendía malvender la zona franca de Colón - algo que tan sólo una década atrás habría a sido una cuestión de mero trámite. En El Salvador, el FMLN sigue siendo el partido de gobierno a pesar de todos los esfuerzos de ARENA por retornar al pasado.
En Nicaragua, bajo el gobierno sandinista, se viven tiempos históricos de estabilidad y prosperidad, con niveles de crecimiento entre los más altos de la región y claras tendencias de reducción de la pobreza y la desigualdad, así como de recomposición de las instituciones, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Al contrario de la realidad construida por los cables de las agencias occidentales de noticias, el gobierno del presidente Daniel Ortega goza de un respaldo popular masivo gracias a su capacidad para alcanzar amplios consensos y de dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población. En la Nicaragua de hoy en día es un suicidio político pronunciarse en contra de la necesidad de políticas de reducción de la pobreza, de proyectos de inversión como el del Canal Interoceánico, negar la soberanía del país sobre el Río San Juan o su derecho a los recursos del Mar Caribe.
Sobre los temas limítrofes, el consenso existente en Nicaragua se asienta en el triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979, a raíz del cual una serie de tratados lesivos a la soberanía nacional firmados en condiciones de ocupación extranjera fueron denunciados y una política de recuperación del territorio nacional fue comenzada. Desde 1856, un caso excepcional en la historia moderna, Nicaragua perdió cerca de un tercio de su territorio a manos de sus dos vecinos, de tamaño mucho menor, Honduras y Costa Rica.
Desde los tiempos de la colonia, un interés recurrente de los poderes coloniales ha sido el de lograr que Centro América estuviese dividida en pequeñas unidades políticas en orden de garantizar su sumisión. Esto era extremadamente importante en el caso de Nicaragua, la mayor de las repúblicas independizadas de España. No es casualidad que con la invasión del filibustero William Walker el proceso de despojo de Nicaragua cobró nuevas fuerzas.
Desde la perspectiva nicaragüense, el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra es nulo desde el momento en que fue firmado bajo ocupación norteamericana. Basta con ver el mapa del Caribe para darse cuenta de que Nicaragua está acorralada en ese mar. Es el único país centroamericano con costas en ambos océanos sin un puerto de aguas profundas en uno de ellos: El Caribe. Una de las razones de este hecho es que la escasa franja costera que las cañoneras colombianas estacionadas a lo largo del meridiano 82 dificultaba la viabilidad económica del proyecto para Nicaragua.
Esa situación es comprendida por los vecinos centroamericanos de Nicaragua en el Caribe, que están sometidos a presiones similares por las fronteras de Colombia. La oligarquía colombiana se equivoca si da por sentado el apoyo de los países de la región en su política antinicaragüense. Ni siquiera Costa Rica, que podría haber perdido mar a raíz del fallo de La Haya, ha puesto en duda la validez del mismo. Incluso, no sería extraño que intentase renegociar su tratado limítrofe con Colombia sobre el Caribe, que no ha sido ratificado por el Parlamento.
Una continuación de la política de confrontación por parte de Colombia probablemente tendría como consecuencia que Centro América cierre filas tras Nicaragua. A nivel popular, no existe ningún entusiasmo por aventuras guerreristas de ninguna clase, y a nivel de estados, no existen ánimos para plegarse ante agendas que sólo dificultan el flujo de las inversiones. Pero además, hay un proceso más profundo que hace inviable la aplicación de las políticas del Gran Garrote en la región.
La firma de los acuerdos de Esquipulas II, en 1987, rechazada en su momento por los Estados Unidos, fue un hecho geopolítico sin precedentes en la región. Más allá del reconocimiento por los demás países centroamericanos de la legitimidad del gobierno sandinista, esos acuerdos implicaron una ruptura con el status quo imperial y la lógica del Gran Garrote toda vez que los gobiernos de la región, apoyados por un grupo de países sudamericanos, lograron resolver sus diferencias entre ellos mismos, al margen de los Estados Unidos.
La oligarquía colombiana fue incapaz, en esas condiciones, de entender que debía renegociar su geopolítica en el Caribe, en lugar de seguir como aprendiz de hegemón regional a la cola del hegemón global. En lugar de eso, la oligarquía colombiana actuó con prepotencia e ignoró la decisión nicaragüense de declarar nulo el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra a inicios de los 80s, dejándose encandilar por el “reconocimiento” de parte de la administración Reagan de su “soberanía” sobre los callos Quitasueño, Roncador y Serrana.
A la firma de los acuerdos de Esquipiulas II en Centroamérica, para las élites colombianas siguieron 20 años de vivir de la ilusión, con sus planes Colombia y Patriota, financiados con enormes sumas de dinero estadounidense y sueños de sentirse “el Israel de América Latina”. Ahora todo eso se acabó y el fallo de la CIJ no hizo otra cosa que devolver a Colombia a la realidad. Una prueba de ello es que el mismísimo juez ad-hoc designado por Bogotá en el Alto Tribunal votó a favor del fallo, y sólo estuvo en desacuerdo con la manera en que se trazaron los límites, proponiendo otra que, a su juicio, le habría dado a Nicaragua la misma cantidad de mar.
Difícilmente logre Colombia el apoyo explícito de Washington para su actitud de desacato a la CIJ. Ayer en Managua, la embajadora estadounidense, Phyllis Powers, aseguró que “vamos a seguir trabajando muy estrechamente con Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico” independientemente de la nueva situación fronteriza. Esto lo dijo a sabiendas de que la Asamblea Nacional en Managua, el mismo día de la semana pasada que renovó su invitación a Estados Unidos para colaborar en la lucha contra en narcotráfico en el Caribe, invitaba a las armadas de Cuba y Rusia a hacerse presentes en la zona.
No se trata de que los Estados Unidos repentinamente hayan desarrollado una simpatía por Daniel Ortega, o que no les preocupe el hecho de que Nicaragua adquiera el peso regional que está alcanzando.
La élite estadounidense está dividida sobre el tema de la Convención del Mar, que Colombia no ha ratificado y los EE.UU. ni siquiera han firmado porque, según argumentaba Ronald Reagan a inicios de los 80s, el hacerlo sería como poner la soberanía de Estados Unidos en las manos del tercer mundo. Sin embargo, desde entonces a esta parte una gran mayoría de los países del mundo se han convertido en signatarios del Tratado, y los EE.UU. están perdiendo muchos billones en contratos de explotación marítima, por lo que la presión para su ratificación es cada vez más fuerte, y no solo entre las filas de los demócratas.
Como acostumbra recordar el presidente ecuatoriano Rafael Correa, no estamos asistiendo a una mera época de cambios, sino a un cambio de época signado por el fin de la hegemonía estadounidense. La oligarquía colombiana debería elegir qué camino quiere seguir: o normaliza sus relaciones con la sociedad colombiana y con el resto de América Latina, o sigue por el trillado camino del gamonalismo interno y externo que Santos en vano trata de esconder tras su discurso de “hablar suave en la forma pero firme en el fondo”.
