Viernes 14 de diciembre de 2012 / La
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su profunda
preocupación por la aprobación del fuero penal militar y advierte que esta
reforma podría dar lugar a la apertura de una investigación por parte de la
Corte Penal Internacional.
Mediante esta reforma, se está afectando las obligaciones
internacionales de Colombia en materia de derechos humanos así como el
equilibrio entre las ramas del poder público, dándole al Tribunal de Garantías
Penales potestades sobre la justicia penal militar y sobre la justicia
ordinaria.
Si bien los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y
desplazamiento forzado quedan bajo competencia de la justicia ordinaria,
resulta sumamente grave que las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública pasen a ser de
competencia de la justicia penal militar.
La justicia militar debe ser excepcional y limitada a investigación y
juzgamiento de los delitos de índole militar, y no puede bajo ninguna
circunstancia conocer de violaciones de derechos humanos incluyendo las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Pues graves violaciones de
derechos humanos perpetradas en contra de la población civil el marco del
conflicto armado pueden ser también consideradas como infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, como es el caso del delito de tortura, que se
investiga como lesión personal y por lo tanto también puede reclamarse de
competencia de la jurisdicción militar en el marco de esta reforma.
En este contexto, resulta particularmente alarmante que se establezca
un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar determinen cuáles
investigaciones contra integrantes de las Fuerzas Armadas quedarán en la
justicia ordinaria y cuáles en la justicia militar, pues esta disposición da
lugar a que se ejerzan presiones sobre la Fiscalía para que haga pasar
cualquier clase de casos a la justicia penal militar.
También es objeto de mayor preocupación la creación de un Tribunal de
Garantías Penales que tenga la competencia de servir de juez de control de
garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra
miembros de la Fuerza Pública, ejerciendo un control formal y material de las etapas
procesales. Este Tribunal, que carece de autonomía, imparcialidad e
independencia por estar en parte conformado por militares retirados, se
convierte en un instrumento para la impunidad tanto de casos que podría conocer
la justicia penal militar como la propia justicia ordinaria, lo que hace
prácticamente inviable las medidas de aseguramiento y las acusaciones contra
altos mandos militares responsables de crímenes de guerra, graves violaciones
de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Además, en aplicación del
principio de favorabilidad, los militares procesados por casos de falsos
positivos en la justicia ordinaria van a poder acudir a este Tribunal
argumentando por ejemplo que se trataba de guerrilleros muertos en combate,
estos casos pasando así a depender de la justicia penal militar.
Asimismo, la FIDH expresa su rechazo ante la disposición de que los
miembros de la fuerza pública cumplan su condena en centros de reclusión
especializados y establecidos para ellos, gozando de esta manera de beneficios
y privilegios, siendo éste un mecanismo más de impunidad. También rechaza que
se asigne a cargo del presupuesto del Estado la defensa penal de los miembros
de la fuerza pública frente a cualquier delito que cometan, en vulneración del
principio de igualdad.
Resulta también particularmente preocupante que el propio Jefe del
Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, al usar el término de
«guerra jurídica», ataque con estas declaraciones a los defensores de derechos
humanos que representan víctimas de crímenes internacionales.
Esta reforma constituye un alarmante retroceso para la democracia
colombiana, para la justicia y para los derechos de las víctimas, afectando
gravemente el proceso de paz en curso. La FIDH recuerda que el Estado colombiano
tiene la obligación de esclarecer los crímenes internacionales y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por agentes de la
fuerza pública, y de depurar el Ejército a sus más altos niveles para evitar
que dichos crímenes se reproduzcan.
Al priorizar abiertamente la seguridad jurídica de los militares que
podrían ser responsables de graves crímenes sobre el derecho de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación, la reforma a la justicia penal militar
está abriendo el paso a la consagración de la impunidad. La FIDH subraya que
esta iniciativa podría, además, interpretarse como una ausencia de voluntad del
gobierno colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los más altos
responsables de estos crímenes, lo cual podría dar lugar a la apertura de una
investigación por parte de la Corte Penal Internacional, en el marco del
análisis preliminar de Colombia y en virtud del principio de complementariedad.
