Para
alcanzar la paz en Colombia, hay que aflojar la tierra
por Jhon Jairo Salinas/ Dirigente
social del Quindó
Históricamente,
la lucha presente del campesinado colombiano, como aparece en la superficie de
la vida social, asume la forma visible de una vasta movilización de sectores
explotados y pauperizados del campo..
“Como
gran parte del territorio carece de agua, que se visiten las vertientes de los
ríos, se observe el curso de ellos, y se determinen los lugares por donde
puedan conducirse las aguas a los terrenos que estén privados de ella”.(
Bolivar)
En el
marco del foro de tierras, realizado en la ciudad de Bogotá los días 17, 18 y
19 de diciembre de 2012, acordado entre el gobierno y la insurgencia de las
FARC, como parte de la agenda de diálogos de paz, se hizo toda una radiografía
del sector agrario en Colombia.
Entre los
1314 delegados asistentes de todos los rincones de Colombia, participaron
numerosas organizaciones sociales, campesinas, indígenas, gremios del sector
agroindustrial, bajo la batuta de las Naciones Unidas, destacándose su
director, Bruno Moro y el politólogo Alejandro Vargas, de la Universidad
Nacional, responsables ambos de organizar, así como dirigir el evento.
Las
conclusiones durante el foro, fueron tajantes y concluyentes. El 94% del
territorio nacional es rural, mientras el 32% de la población, vive en ese
sector. En la última década, el índice de Gini en el campo, pasó del 0,74, al
0,88%. Actualmente, el 77% de la tierra, está en manos un 13% de propietarios,
pero sólo el 3,6 de estos, tiene el 30% de la tierra. Se calcula que 6,6
millones de hectáreas de tierra, fueron despojadas por la violencia estatal en
las últimas dos décadas. Ello, equivale al 15% de la superficie agropecuaria
del país. El 78% de los predios registrados en catastro, se clasifican en
pequeña propiedad, aunque apenas esta cifra, cubre un pobre 3,6% de la superficie
productiva.
Se
enfatizó que el principal problema, hoy, es la extranjerización de las tierras.
De las casi 114 millones de hectáreas que comprenden el territorio nacional,
cerca de 45 millones, se encuentran en manos de las transnacionales y 39
millones, son dedidacadas a la ganadería extensiva. Con estos breves
antecedentes, alcanza para analizar y comprender el frio panorama del problema
de la tierra en Colombia. El foro agrario, se caracterizó por la no presencia
del sector ganadero, encabezado por el Señor Félix Lafurie, quien habría
argumentado que no asistiría, por negarse a discutir el modelo de desarrollo,
sustentado en la ganadería extensiva y al calor de la motosierra. Los efectos
de tal política, tuvieron por resultado que campesinos, líderes sociales,
defensores de derechos humanos, fueran las principales víctimas de este sector
“productivo”, que pretextó implementarla para “defenderse” de la
guerrilla.
Históricamente,
la lucha presente del campesinado colombiano, como aparece en la superficie de
la vida social, asume la forma visible de una vasta movilización de sectores
explotados y pauperizados del campo -arrendatarios, aparceros, peones,
jornaleros, campesinos desempleados y sin tierra- tendiente a provocar una
decisiva redistribución de la propiedad rural. Es obvio que este combate los
enfrenta, en primer término y de manera directa, con la clase de los grandes
terratenientes y latifundistas. Es decir, con propietarios de grandes feudos
rurales, destinados a la explotación ganadera extensiva, con los propietarios
de unidades territoriales incultas y en general, no explotadas de forma
adecuada.
La lucha
del campesinado, se ha dirigido en un principio, contra este tipo de propiedad.
Al examinar el desenvolvimiento de la economía en su etapa neocolonial, se
observa con claridad que hasta la década de los cincuenta, con exactitud, desde
el año 1949, los sectores dominantes consiguieron imprimir en todas las clases
de la sociedad, una ideología que se planteaba las cuestiones económicas y
sociales, a partir de los problemas del proceso de industrialización. Este
último, concebido como un proceso ascendente e interrumpido, el cual habría de
desembocar en la más completa modernización capitalista del país. El mismo, al
iniciarse en la década de los años veinte del pasado siglo, se presentaba como
un proceso de modernización y despliegue de las fuerzas productivas, de
progresiva diferenciación entre ciudad y campo, de introducción al sector
urbano, de las más avanzadas técnicas de la producción fabril.
El punto
de vista sobre la cuestión agraria, se limitaba en estas condiciones a esperar
un proceso semejante de modernización de las estructuras semicoloniales de la
tenencia de la tierra y de las formas económicas de explotación del campo, como
resultado natural “del naciente proceso capitalista de industrialización”.
Movidos por una expectativa semejante, los representantes políticos de la
burguesía liberal, expidieron la ley 200, de 1936, conocida como la “Ley de
Tierras” del presidente Alfonso López Pumarejo. Tal como lo expresó el
parlamentario de ese entonces, Darío Echandía, en la exposición de motivos que
le correspondió hacer como ponente del respectivo proyecto de ley, esta
pretendía establecer:
“…Una
nueva modalidad en la propiedad territorial, desde el punto de vista de la
función que debe llenar como elemento de transformación social y económica, da
a la propiedad social seguridad, termina con el sistema feudal y antieconómico
existente, impide que el labriego que ha vinculado su esfuerzo a la tierra sea
vencido en los juicios posesorios por quien solo exhibe un titulo inscrito e
incrementa la producción para que de esta manera pueda abaratarse la vida de
las clases trabajadoras abrumadas por el alto costo de la subsistencia…”.
En opinión
del analista y experto en economía agraria, Absalón Machado, el
neo-estructuralismo reconoce la importancia de los factores políticos e
institucionales; que las políticas selectivas, prestan atención a la
participación, la democratización y la descentralización del poder, dando
relevancia a los factores sociales, los valores y las actitudes en la
formulación de políticas.
Los
neo-estructuralistas buscan renovar la visión del problema agrario y superar
las concepciones neoliberales. Subrayan las relaciones de la agricultura con
otros sectores, principalmente, la industria y destacan el papel de las cadenas
productivas.
Otro de
los problemas latentes, discutido en el foro de tierras, fue la siembra
indiscriminada de agrocombustibles, palma aceitera, caña de azúcar, etc., donde
el gobierno actual, pretende sembrar 1.500.000 hectáreas
de estos productos agroindustriales, que para la único que servirán, será para
alimentar los motores de los carros, traídos con los tratados de libre
comercio, atentando contra la seguridad y soberanía alimentaria de los más
pobres del país.
También la
minería a cielo abierto, se denunció como amenaza latente contra la soberanía
nacional de nuestros recursos naturales. Como consecuencia de su inmediata
implementación, las únicas consecuencias serán el despojo, la violencia social,
la pobreza, la miseria y un eminente “ecocidio” a nuestra biodiversidad
de las montañas andinas o las selvas tropicales. Estas políticas, desconocen,
inclusive, el preámbulo de los derechos de la tierra que el mismo Estado
Colombiano, se comprometió a respetar ante la Naciones Unidas, el cual expresa:
“…Estamos
en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe
elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente
y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para
seguir adelante, debemos reconocer que en medio de grandes promesas. Para
seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de
culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad
terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y una Cultura de paz. En torno a este fin,
es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra
responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran Comunidad de la vida y hacia
las generaciones futuras…”.
Como
propuestas centrales de este magno evento agrario, se contempló la urgente
necesidad de fortalecer y hacer respetar las zonas de reserva campesina, como
fuente sustentable de la verdadera economía agraria, con mercados justos
campesinos, tecnología agroecológica, respetando los saberes y tradiciones
autóctonas campesinas, donde las semillas originarias, germinen en los campos,
como garantía de una alimentación libre de transgénicos.
Así mismo,
se le recordó al Estado Colombiano, que debe adoptar por obligación, los
derechos de los campesinos y campesinas, promulgados en el año 2010, porque
ellos también son sujetos de derechos.
A modo de
reflexión final, se concluyó que para la consolidación de la verdadera paz en
Colombia, se torna inminente realizar una verdadera reforma agraria integral,
entendida como la dignificación de quienes labran la tierra de sol a sol, con
verdaderos subsidios al campo; hacer un censo real de la verdadera situación
agraria del país, controlando la importación desmesurada de productos
agrícolas; la diversificación de productos de pan coger, el desmonte definitivo
de quienes financian políticamente el paramilitarismo, la no estigmatización de
las zonas de reserva campesina, nacionalizar las tierras, que en estos momentos
se encuentran en poder de las transnacionales; seguridad social para los
jornaleros del campo, destinar del producto interno bruto (PBI) recursos
suficientes para ciencia y tecnología y así, sacar del atraso y el ostracismo a
la economía agraria del país, para recuperar el sitial que hace más de treinta
años, ocupaba Colombia como una de las despensas agrícolas más importantes del
mundo.
¡En
definitiva, PARA LOGRAR LA PAZ EN COLOMBIA, HAY QUE AFLOJAR LA TIERRA! ¡NO HAY
OTRA SOLUCION!
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