Para el debate en ANNCOL una reflexión de los generales con sus raices de la guerra contra su propio pueblo. ¡Que saque su propia conclusión. ANNCOL
Por: GRAL. ÁLVARO VALENCIA TOVAR
EL Tiempo 13 de Diciembre del 2012
General A Valencia Tovar
Recuperado el fuero, sin duda el alto mando militar, con el ministro
Juan Carlos Pinzón a la cabeza, recobrará el prestigio y el buen nombre
Ha sido una lucha prolongada y tenaz. Reconocido el fuero militar por
las constituciones colombianas desde los albores de la República, literalmente
en la de 1886, que tuvo ciento tres años de vigencia, se repitió textualmente
en la de 1991 con claridad meridiana: “De los delitos cometidos por miembros de
la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio
conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las
prescripciones del Código Penal Militar”.
Más claro no canta un gallo, diría el refranero popular. Sin embargo,
la guerra jurídica adelantada por las famosas ONG y colectivos de abogados en
busca de millonarias tajadas por demandas contra la nación ante organismos
internacionales hallaron la forma de incumplir el mandato constitucional,
encabezados por el inefable doctor Vivanco, de Human Rights Watch, que, al
enterarse de la reforma del fuero militar que hacía carrera en el Congreso nacional,
se vino lanza en ristre alegando una presunta impunidad que traería consigo la
proyectada reforma, en una descarada intervención en asuntos propios de la
legislación colombiana.
Por fortuna, el Congreso, en altivo rechazo a las pretensiones de
Vivanco, quien aducía que se violaba el Derecho Internacional, lo mandó a
pasear y en arrolladora votación de 54 contra sólo cinco negativos retornó la
vigencia constitucional del atropellado fuero castrense.
Con ocasión de este restablecimiento, conviene repetir lo expuesto
reiteradamente en esta columna. No hay tal que un equivocado concepto del
espíritu de cuerpo prevalezca sobre la recta aplicación de la justicia. Más
poderoso que ese mal entendido espíritu de cuerpo es el sentido del honor
militar y la ética profesional que obligan a cumplir el deber por encima de
consideraciones sentimentales de amistad, compañerismo o espíritu solidario.
Uno de los argumentos que se esgrimieron contra la Justicia Penal
Militar (JPM) fue el de ocasionales equivocaciones jurídicas que pudieron
cometerse. Se olvidaba el proverbio latino errare humanum est, en lamentable
generalización que golpeó a una justicia proba, recta e imparcial, que en su
época de oro indujo al presidente Alberto Lleras Camargo, en el primer gobierno
del Frente Nacional, a asignarle el conocimiento de los delitos conexos con el
de rebelión: incendio, genocidio, asalto en despoblado y otros, en gracia de la
celeridad, la eficiencia y la probidad de los Consejos de Guerra verbales como
coadyuvante en el tratamiento de la violencia residual que dejó la reyerta
bipartidista de 1947 a 1957.
Curiosamente, quienes más duramente esgrimieron los argumentos por
error fueron quienes más fallaron en el ejercicio de la justicia ordinaria y en
sus apreciaciones sobre el tema. En la JPM nunca se vencieron términos ni
liberación de conocidos delincuentes por falta de pruebas. Mucho menos,
fabricación de testigos o manipulación de los existentes según conveniencias de
las “investigaciones”. En otras palabras, en medio del cataclismo de la
justicia en Colombia, la castrense ha sido la menos afectada.
Sin duda, la JPM admite -y requiere- mejoramiento y actualización.
Comenzando por el Tribunal Superior Militar, acabando la corruptela de
coroneles abogados que intrigan el nombramiento como magistrados, pero al
retirarse con su grado militar y sueldo de retiro invocan su calidad de
magistrados para obtener, además, la pensión correspondiente.
Recuperado el fuero, no hay duda de que el alto mando militar, con el
ministro Juan Carlos Pinzón a la cabeza, recobrará el prestigio y el buen
nombre de nuestra institución de justicia.
