jueves, 20 de diciembre de 2012

Fiscalía, memoricidio para diálogos de paz. Escribe Gloria Gaitan.




Gloria Gaitán

Bogotá, diciembre 19 de 2012



Señor Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Ciudad


Ref.: MEMORICIDIO y diálogos de paz


Doctor Montealegre,

Nadie desconoce su formación como penalista y, por esa misma razón, el oficio emanado de su despacho No. 2012-100-001707-1 de radicación 12/12/2012 demuestra, no ignorancia suya en materia penal, sino la clara intención de expedir en el cercano futuro directivas acomodaticias y de coyuntura,  que sirvan los intereses del Gobierno Nacional  en los diálogos que actualmente se adelantan en La Habana entre los representantes del Presidente Santos y la delegación de la guerrilla de las FARC-EP, para encubrir la indiscutible responsabilidad ÚNICA del Estado en el origen y causa del conflicto armado que hasta hoy padece Colombia.

El propósito que anuncia su carta es claro al decir que próximamente “expedirá una directiva en la cual examinará, revisará y definirá los criterios de interpretación del concepto de prescripción en delitos de lesa humanidad”.

El pretexto coyuntural lo justifica Ud. diciendo que le he solicitado que “la muerte (sic) de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, sea declarada delito de lesa humanidad”. ¡No me haga decir estupideces! Señor Fiscal. ¡Morirse no es un delito!  Lo que pido es que el magnicidio contra el líder popular sea declarado delito contra la humanidad. 

Mientras Ud. alude al asesinato de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla como “0magnicidios”, al referirse a mi padre habla de “muerte”, para quitarle gravedad a un hecho que partió en dos la historia de Colombia, ejecutado en el marco del genocidio de Estado sistemático, premeditado y generalizado a sus seguidores, que tuvo sus inicios en el año 1946, como bien lo denunció mi propio padre en tres memoriales de agravios dirigidos al presidente-genocida Mariano Ospina Pérez, hechos que señaló reiterativamente el periódico Jornada, órgano del Movimiento Gaitanista  y el no menos señalamiento directo que le hizo mi padre al Presidente genocida Ospina, en su famosa Oración por la Paz, donde lo responsabiliza DIRECTAMENTE de la violencia oficial generalizada, que venía azotando al país y que, como pudo saberse más tarde, obtuvo en 1946 su caracterizado perfil a partir del contrato que firmó el presidente Ospina con Scotland Yard.

Esa Oración por la Paz, pronunciada por mi padre en febrero de 1948, días antes de su propio asesinato debe leerse en su contenido político y en su “sentido” jurídico y no simplemente en su belleza literaria, para poder captar y entender el señalamiento que el líder popular le hace, en forma directa y sin ambages, al gobierno de la llamada Unión Nacional presidido por Mariano Ospina Pérez, gestor, mentor y ejecutor de la violencia desatada contra las huestes gaitanistas.

En aquella oración le dice mi padre al presidente genocida: “Os pedimos que cese la persecución de las autoridades”.  No habla, como historiadores vasallos, periodistas a sueldo o escribanos inconscientes que usan el “copypage” han querido hacer creer, pretendiendo que se trató de una “mortandad” por enfrentamiento partidista del pueblo, echándole así la culpa a los humildes lavándole las manos a las autoridades. Por ello mi padre clamó y aclaró en giras realizadas por todo el país, que se trataba de un crimen de Estado encubierto por el manto del sectarismo partidista. Es así como en el periódico Jornada (que el gobierno genocida hizo desaparecer de todas las bibliotecas públicas de Colombia, pero que mi familia conserva y preserva con celo)  se lee en la edición del 13 de abril de 1947, cuando ya estaba en todo su furor el genocidio de Estado: “Pueblo de todos los partidos: ¡os están engañando las oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a través de sus agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del pueblo les facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que genera tan monstruosa política”.

Esa persecución premeditada, generalizada y sistemática se acentuó con el MAGNICIDIO de mi padre, crimen de lesa humanidad porque, como Ud. mismo  lo afirmó en el caso del doctor Luis Carlos Galán, se fundamenta en el artículo 7º del Estatuto de Roma el cual dice que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Y no me vaya a decir Ud., como pretendió el investigador prevaricador Ricardo Jordán Jiménez - nombrado por sugerencia del entonces Secretario Privado de la Presidencia de la República, el doctor Misael Pastrana Borrero – que el magnicidio de mi padre fue un hecho aislado, en medio del asesinato generalizado a las huestes gaitanistas. Basta leer el expediente del crimen para ver cómo salta a la vista la manera sibilina como Jordán Jiménez escondió y torció deliberadamente las pistas que conducían a los autores intelectuales, para años más tarde ser el mismo Ricardo Jordán Jiménez quien, fungiendo como Registrador General del Estado Civil, fue el responsable del fraude electoral que le robó las elecciones al General Rojas Pinilla para otorgarle el triunfo a Misael Pastrana Borrero. ¿No es acaso ésta una pista significativa para un buen penalista como Ud., doctor Montealegre y no simplemente una “coincidencia”? El prevaricador Jordán Jiménez SIEMPRE estuvo al servicio de los intereses de Misael Pastrana, secretario privado del presidente genocida y de la llamada “Casa Ospina”.

No se requiere ser zahorí para comprender que el objetivo que Ud. busca ahora está focalizado en defender los intereses del gobierno en el marco de los diálogos de paz en La Habana, a fin de negar (por prescripción) la responsabilidad del Estado Colombiano en los orígenes de la VIOLENCIA POLÍTICA desatada por éste a partir de 1946, ya que la violencia económica y social la ha ejercido desde siempre.

Con el ardid de “definir los criterios de interpretación del concepto de prescripción pretende Ud. – en connivencia con el Ejecutivo - despojar de responsabilidad al Estado colombiano, incluyendo al Ejército y la Policía (no solo al Ejecutivo) y negar la validez de la afirmación de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, cuando le dijo en su Oración por la Paz al presidente genocida: “Señor Presidente: Vos que sois un hombre de Universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa”, adelantándose así a la Declaración Universal de Derechos Humanos que considera que “los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Principio hoy acatado en todos los documentos que se refieren a la defensa de los Derechos Humanos.

Ese es el origen de la guerrilla. Asesinado mi padre en el marco de la violencia desatada por el Estado - autor directo e instigador del sectarismo partidista - el pueblo tuvo que acudir a la lucha armada para defender su vida. Ejerció, entonces, el derecho a la legítima defensa que es lo que claramente Ud. pretende encubrir con la anunciada “directiva en la cual examinará, revisará y definirá los criterios de interpretación del concepto de prescripción en delitos de lesa humanidad”.

¡No Señor Fiscal! Esta maniobra torticera no detendrá el propósito de quienes hemos sido y somos víctimas de la violencia instigada y ejecutada por el Estado para callar nuestra lucha por un cambio renovador para Colombia. Seguiremos empeñados en que se reconozca que el Estado colombiano está al origen, premeditadamente, del conflicto que hoy vivimos y que los guerrilleros de hoy son los continuadores de aquel acto de legítima defensa que avisoró mi padre antes de ser asesinado.

Su oficio del pasado 12 de este mes coincide con la expedición de la resolución que me incluye oficialmente en la LISTA ÚNICA DE VÍCTIMAS y, paradójicamente, su oficio es una prueba más de la tortura psicológica y persecución de que vengo siendo objeto porque me empeño en impedir que sepulten la memoria histórica del Movimiento Gaitanista y de mi padre.  Su intención develada de pretender negarse a señalar como crimen de lesa humanidad el magnicidio de mi progenitor, cometido en el marco del genocidio al Movimiento Gaitanista, es un escándalo,  estando involucrado el Director de la Policía Nacional, coronel Virgilio Barco, quien en misiva que conoce el investigador Alfredo Molano, cumpliendo órdenes del Presidente Ospina Pérez, confiesa que reclutó en la vereda boyacense de Chulavita a lo que hoy llamaríamos “parapolicías”, a fin de crear los cuerpos élite destinados a ejecutar la orden presidencial de asesinar y perseguir a las huestes gaitanistas, dándole génesis a la rebelión popular que hoy se discute en La Habana.

Ha tomado Ud. como pretexto mi solicitud para, en forma ladina, negarle el carácter legítimo de rebelión a la guerrilla, cuyos familiares se alzaron en armas en ejercicio evidente de la LEGÍTIMA DEFENSA, razón por la cual el Estado debe pedir perdón y los guerrilleros deben ser amnistiados.

Me suscribo del Señor Fiscal como ciudadana víctima de tortura psicológica porque nada legalmente impide que se reabra la investigación sobre el magnicidio de mi padre, ya que se han presentado hechos nuevos, no contemplados en el expediente ya cerrado, como se lo vengo pidiendo de años atrás a la Fiscalía General de la República. De querer ejercer justicia sería perentorio reabrir el caso del  magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y declararlo crimen contra la humanidad,


GLORIA GAITÁN JARAMILLO
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Tel. 6293836 – Cel 3214640737
Correo-e: gaitanjaramillogloria@yahoo.es
Bogotá, D.C.

Anexo: Oración por la Paz – Fotocopia de los Memoriales de Agravios de mi padre al genocida Ospina
         – Folleto y DVD sobre el Genocidio al Movimiento Gaitanista -.