Gloria Gaitán
Bogotá,
diciembre 19 de 2012
Señor Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Ciudad
Ref.:
MEMORICIDIO y diálogos de paz
Doctor Montealegre,
Nadie desconoce su formación como
penalista y, por esa misma razón, el oficio emanado de su despacho No.
2012-100-001707-1 de radicación 12/12/2012 demuestra, no ignorancia suya en
materia penal, sino la clara intención de expedir en el cercano futuro directivas
acomodaticias y de coyuntura, que sirvan
los intereses del Gobierno Nacional en
los diálogos que actualmente se adelantan en La Habana entre los representantes
del Presidente Santos y la delegación de la guerrilla de las FARC-EP, para
encubrir la indiscutible responsabilidad ÚNICA del Estado en el origen y causa
del conflicto armado que hasta hoy padece Colombia.
El propósito que anuncia su carta es claro al decir que
próximamente “expedirá una directiva en la cual examinará, revisará y definirá
los criterios de interpretación del concepto de prescripción en delitos de lesa
humanidad”.
El pretexto coyuntural lo
justifica Ud. diciendo que le he solicitado que “la muerte (sic) de mi padre,
Jorge Eliécer Gaitán, sea declarada delito de lesa humanidad”. ¡No me haga
decir estupideces! Señor Fiscal. ¡Morirse no es un delito! Lo que pido es que el magnicidio contra el
líder popular sea declarado delito contra la humanidad.
Mientras Ud. alude al asesinato de
Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla como “0magnicidios”, al referirse a
mi padre habla de “muerte”, para quitarle gravedad a un hecho que partió en dos
la historia de Colombia, ejecutado en el marco del genocidio de Estado
sistemático, premeditado y generalizado a sus seguidores, que tuvo sus inicios
en el año 1946, como bien lo denunció mi propio padre en tres memoriales de
agravios dirigidos al presidente-genocida Mariano Ospina Pérez, hechos que
señaló reiterativamente el periódico Jornada, órgano del Movimiento Gaitanista y el no menos señalamiento directo que le
hizo mi padre al Presidente genocida Ospina, en su famosa Oración por la Paz,
donde lo responsabiliza DIRECTAMENTE de la violencia oficial generalizada, que
venía azotando al país y que, como pudo saberse más tarde, obtuvo en 1946 su
caracterizado perfil a partir del contrato que firmó el presidente Ospina con
Scotland Yard.
Esa Oración por la Paz,
pronunciada por mi padre en febrero de 1948, días antes de su propio asesinato
debe leerse en su contenido político y en su “sentido” jurídico y no
simplemente en su belleza literaria, para poder captar y entender el
señalamiento que el líder popular le hace, en forma directa y sin ambages, al
gobierno de la llamada Unión Nacional presidido por Mariano Ospina Pérez,
gestor, mentor y ejecutor de la violencia desatada contra las huestes
gaitanistas.
En aquella oración le dice mi
padre al presidente genocida: “Os pedimos que cese la persecución de
las autoridades”. No habla,
como historiadores vasallos, periodistas a sueldo o escribanos inconscientes
que usan el “copypage” han querido hacer creer, pretendiendo que se trató de
una “mortandad” por enfrentamiento partidista del pueblo, echándole así la
culpa a los humildes lavándole las manos a las autoridades. Por ello mi padre
clamó y aclaró en giras realizadas por todo el país, que se trataba de un
crimen de Estado encubierto por el manto del sectarismo partidista. Es así como
en el periódico Jornada (que el gobierno genocida hizo desaparecer de todas las
bibliotecas públicas de Colombia, pero que mi familia conserva y preserva con
celo) se lee en la edición del 13 de
abril de 1947, cuando ya estaba en todo su furor el genocidio de Estado: “Pueblo de todos los partidos: ¡os están engañando las
oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a través de sus
agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del
pueblo les facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que
genera tan monstruosa política”.
Esa
persecución premeditada, generalizada y sistemática se acentuó con el
MAGNICIDIO de mi padre, crimen de lesa humanidad porque, como Ud. mismo lo afirmó en el caso del doctor Luis Carlos
Galán, se fundamenta en el artículo 7º del Estatuto de Roma el cual dice que se
entenderá por “crimen de lesa humanidad” cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
Y no me
vaya a decir Ud., como pretendió el investigador prevaricador Ricardo Jordán
Jiménez - nombrado por sugerencia del entonces Secretario Privado de la
Presidencia de la República, el doctor Misael Pastrana Borrero – que el
magnicidio de mi padre fue un hecho aislado, en medio del asesinato
generalizado a las huestes gaitanistas. Basta leer el expediente del crimen
para ver cómo salta a la vista la manera sibilina como Jordán Jiménez escondió
y torció deliberadamente las pistas que conducían a los autores intelectuales,
para años más tarde ser el mismo Ricardo Jordán Jiménez quien, fungiendo como
Registrador General del Estado Civil, fue el responsable del fraude electoral
que le robó las elecciones al General Rojas Pinilla para otorgarle el triunfo a
Misael Pastrana Borrero. ¿No es acaso ésta una pista significativa para un buen
penalista como Ud., doctor Montealegre y no simplemente una “coincidencia”? El
prevaricador Jordán Jiménez SIEMPRE estuvo al servicio de los intereses de
Misael Pastrana, secretario privado del presidente genocida y de la llamada “Casa
Ospina”.
No se requiere ser zahorí para
comprender que el objetivo que Ud. busca ahora está focalizado en defender los
intereses del gobierno en el marco de los diálogos de paz en La Habana, a fin
de negar (por prescripción) la responsabilidad del Estado Colombiano en los
orígenes de la VIOLENCIA POLÍTICA desatada por éste a partir de 1946, ya que la
violencia económica y social la ha ejercido desde siempre.
Con el ardid de “definir los
criterios de interpretación del concepto
de prescripción” pretende
Ud. – en connivencia con el Ejecutivo - despojar de responsabilidad al Estado
colombiano, incluyendo al Ejército y la Policía (no solo al Ejecutivo) y negar
la validez de la afirmación de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, cuando le dijo
en su Oración por la Paz al presidente genocida: “Señor Presidente: Vos
que sois un hombre de Universidad debéis comprender de lo que es capaz la
disciplina de un partido que logra contrariar las leyes de la psicología
colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa
muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente
podría reaccionar bajo el
estímulo de la legítima defensa”, adelantándose así a la Declaración
Universal de Derechos Humanos que considera que “los derechos humanos deben ser
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión”. Principio hoy acatado en todos
los documentos que se refieren a la defensa de los Derechos Humanos.
Ese es el origen de la guerrilla.
Asesinado mi padre en el marco de la violencia desatada por el Estado - autor
directo e instigador del sectarismo partidista - el pueblo tuvo que acudir a la
lucha armada para defender su vida. Ejerció, entonces, el derecho a la legítima
defensa que es lo que claramente Ud. pretende encubrir con la anunciada
“directiva en la cual examinará, revisará y definirá los criterios de
interpretación del concepto de prescripción en delitos de lesa humanidad”.
¡No
Señor Fiscal! Esta maniobra torticera no detendrá el propósito de quienes hemos
sido y somos víctimas de la violencia instigada y ejecutada por el Estado para
callar nuestra lucha por un cambio renovador para Colombia. Seguiremos
empeñados en que se reconozca que el Estado colombiano está al origen,
premeditadamente, del conflicto que hoy vivimos y que los guerrilleros de hoy
son los continuadores de aquel acto de legítima defensa que avisoró mi padre
antes de ser asesinado.
Su oficio del pasado 12 de este
mes coincide con la expedición de la resolución que me incluye oficialmente en
la LISTA ÚNICA DE VÍCTIMAS y, paradójicamente, su oficio es una prueba más de
la tortura psicológica y persecución de que vengo siendo objeto porque me
empeño en impedir que sepulten la memoria histórica del Movimiento Gaitanista y
de mi padre. Su intención develada de
pretender negarse a señalar como crimen de lesa humanidad el magnicidio de mi
progenitor, cometido en el marco del genocidio al Movimiento Gaitanista, es un
escándalo, estando involucrado el
Director de la Policía Nacional, coronel Virgilio Barco, quien en misiva que
conoce el investigador Alfredo Molano, cumpliendo órdenes del Presidente Ospina
Pérez, confiesa que reclutó en la vereda boyacense de Chulavita a lo que hoy
llamaríamos “parapolicías”, a fin de crear los cuerpos élite destinados a
ejecutar la orden presidencial de asesinar y perseguir a las huestes
gaitanistas, dándole génesis a la rebelión popular que hoy se discute en La
Habana.
Ha
tomado Ud. como pretexto mi solicitud para, en forma ladina, negarle el
carácter legítimo de rebelión a la guerrilla, cuyos familiares se alzaron en
armas en ejercicio evidente de la LEGÍTIMA DEFENSA, razón por la cual el Estado
debe pedir perdón y los guerrilleros deben ser amnistiados.
Me suscribo del Señor Fiscal como
ciudadana víctima de tortura psicológica porque nada legalmente impide que se
reabra la investigación sobre el magnicidio de mi padre, ya que se han
presentado hechos nuevos, no contemplados en el expediente ya cerrado, como se
lo vengo pidiendo de años atrás a la Fiscalía General de la República. De
querer ejercer justicia sería perentorio reabrir el caso del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y
declararlo crimen contra la humanidad,
GLORIA
GAITÁN JARAMILLO
c.c.
20’144.757 de Bogotá
Calle
121 No. 18B-23 Apto. 404
Tel.
6293836 – Cel 3214640737
Correo-e: gaitanjaramillogloria@yahoo.es
Bogotá, D.C.
Anexo:
Oración por la Paz – Fotocopia de los Memoriales de Agravios de mi padre al
genocida Ospina
– Folleto y DVD sobre el Genocidio al
Movimiento Gaitanista -.
