En cárcel de Picaleña en Ibagué
Hacinamiento y pésima alimentación
Por Nelson
Lombana Silva
La
situación de las personas recluidas en la penitenciaría de Picaleña en Ibagué,
Tolima, es realmente degradante, exige de la comunidad defensora de Derechos
Humanos apoyo solidario para hacer presión para que el gobierno nacional y las
autoridades del INPEC tomen cartas en el asunto. Todo parece indicar que en
este centro de reclusión se están violando los derechos mínimos de los
detenidos, al igual que los Derechos Humanos consagrados no solo en la carta de
las Naciones Unidas, sino también en la constitución nacional de 1991.
El
hacinamiento es impresionante. Según cálculos, este penal fue construido con
capacidad para albergar 2.500 reclusos y en la actualidad hay 5.038, más un
centenar que llegarían en el transcurso de la presente semana, entre otros,
Daniel Barrera, más conocido como “El loco Barrera”. De igual manera, según
versión de los mismos detenidos, están aguantando física hambre, no solo por la
mala calidad y poca cantidad de alimentos, sino por la forma tardía de repartir
las comidas. Para la muestra un botón: El viernes 16 de noviembre el almuerzo
les llegó a las cinco de la tarde y la comida a las diez de la noche.
Lo grave
de esto, según reclusos consultados por el semanario VOZ La verdad del pueblo,
es que esto no es un hecho aislado y circunstancial, hace rato se viene
presentando con bastante frecuencia. La humillación es extrema y muy frecuente.
No se permite el ingreso de la prensa, el “caspete” funciona a medias y el
ingreso de literatura, especialmente para los presos políticos, es
exageradamente restringido.
Se
denuncia también la escasez de agua, las dificultades para que los enfermos
sean atendidos oportunamente; al parecer muchos reclusos han muerto tramitando
una cita médica.
La cárcel
es otro mundo, distante e insondable que bien parece un infierno, donde se
encuentran muchas personas inocentes pagando largas condenas sin deber
absolutamente nada. “Estoy de en acuerdo que el que la deba la pague”, dijo un
preso de esta cárcel, “yo no debo nada, sin embargo, estoy pagando las coles
que el burro se comió”.
De igual
manera, se ha venido denunciando que este penal es una “bomba de tiempo” que en
cualquier momento puede explotar, por cuanto no hay separación de presos
políticos de presos por delitos comunes. Son denuncias que reiterativamente se
han venido haciendo, pero las autoridades hacen caso omiso.
Según los
detenidos, la ley habla que el centro penitenciario es un centro de
resocialización. Para ellos, hay de todo en la cárcel menos la posibilidad de
eso. “¿Quién puede resocia- lizarse en unas condiciones tan precarias e
inhumanas?” dijo uno de los presos.
Organizaciones
de Derechos Humanos con asiento en la región se han dirigido al defensor
regional del pueblo, Santiago Ramírez, quien ha hecho pronunciamientos pero las
autoridades competentes aún no se han manifestado en serio para resolver la
grave situación carcelaria. Solo pronunciamientos que se pierden en la
demagogia de un régimen cada vez más represivo y criminal, que pretende minar
la resistencia popular a punta de infernales prisiones como la de Picaleña.
Es la
situación compleja que denuncian los detenidos en esta prisión de la ciudad de
Ibagué, con la esperanza de tener una respuesta oportuna y humana del gobierno
nacional. “Amanecerá y veremos”, dijo el ciego.
