1 Dic 2012
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| Alfredo Molano |
No es mi tema,
pero, por lógica, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá abre algunas
preguntas que no se pueden mirar por el patrioterismo en que andamos.
De entrada, como
se ha dicho, Colombia se retira del pacto en retaliación por el fallo de la
Corte de La Haya. ¿Busca el presidente mermar la caída libre de su prestigio al
perder el país 75.000 kilómetros cuadrados de mar —el doble de la superficie
que, decían, se perdía con el despeje del Caguán— y sobre todo quitarle fuerza
a la iracundia vesánica de Uribe? El mensaje implícito que me parece peligroso
no es sólo el que pueda mandar a otros países, aunque estoy de acuerdo con
Laura Gil, que opina que esa decisión podría afectar “130 tratados que
contemplan la competencia de la Corte”. Es también la credibilidad con que el
Gobierno negocia en La Habana con las Farc y en un futuro cercano con el Eln.
Si los alcances de lo que se negocie con la guerrilla dependen de las encuestas
de opinión, estamos fritos. ¿Qué solidez pueden tener las garantías que ofrezca
el Gobierno si rompe tratados internacionales?
El Pacto de
Bogotá se llama “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”. Lo que implica que
es un medio para arreglar sin armas las diferencias con otros países. Y al
contrario, retirarse del pacto es darles a las armas un papel, así nos digan
que ese retiro no impide suscribir tratados bilaterales. Sí, claro, pero ¿qué
le da a un país fuerza para negociar internacionalmente? La fuerza que le den
las armas, en primer lugar; la fuerza del respaldo de otras fuerzas políticas,
respaldadas también con un potencial bélico sin precedentes, en segundo lugar;
y por último, la fuerza económica, que en nuestro caso es menos significativa.
En concreto. Supongamos que Nicaragua no pida más mar ni más islotes a la Corte
Internacional de Justicia, lo que aún podría hacer puesto que el fallo lo
permite, y se avenga a un acuerdo sobre pesca. ¿Cuál puede ser el argumento
colombiano diferente al de la equidad, el mismo que usó La Haya? Sólo queda
otro: mostrarle los dientes a Nicaragua. Es decir, resolver el diferendo por
vías no pacíficas. O amenazar. Quisiera saber qué pasará el día que Colombia
saque un par de pesqueros de Nicaragua de las aguas que La Haya le reconoció a
este país. No nos digamos otra mentira: el retiro del Pacto de Bogotá pone las
armas como palanca de negociación con Nicaragua y con cualquier país con que
tengamos problemas. Managua debe tener muy presente el bombardeo al Ecuador
ordenado por Uribe y avalado por Santos. ¿Acaso las armas no han sido la norma
para arreglar nuestros problemas domésticos? Todas las leyes desde la 200 del
36 han sido birladas por los terratenientes respaldados por las armas
oficiales. Difícil citar un caso en que la Fuerza Pública saque a un
terrateniente de un predio invadido. Llorar ahora porque el fallo perjudica a
los pescadores de Santa Catalina es puro fariseísmo. ¿Cuándo el Gobierno se ha
preocupado porque las aguas del Magdalena o del Cauca estén envenenadas con
desechos de la industria o de la minería y que están acabando con el bocachico,
el bagre y el moncholo? La pesca en el río Magdalena pasó de 80.000 toneladas
al año en los 70 a menos de 8.000 hoy. ¿Quién llora por los pescadores? ¿Por
qué no cierran la fábrica de armas de Indumil que envenena las aguas del río
Bogotá, o le cancelan la licencia a la Gran Colombia Gold en Marmato, que bota
mercurio y cianuro al Cauca?
¿Apelar a vías no
pacíficas para arreglar diferencias internacionales no justifica de manera
indirecta el levantamiento armado contra un tratado como es una Constitución?
Hay algo que no cuadra en la lógica diplomática del Gobierno. ¿Será por esto
que los tratadistas en derecho internacional han calificado la decisión de
Santos de “valiente y arriesgada”? Y contradictoria, digo yo.
