Nicaragua: Daniel, el mundo y Juan Manuel Santos

Por toni solo
Fuente: http://tortillaconsal.com/tortilla/es/node/12242

8 de diciembre 2012 / Las secuelas de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de este año han confirmado tendencias ya existentes en la región y también han planteado preguntas provocativas. En su reciente encuentro con el Presidente Santos de Colombia, el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua confirmó su liderazgo como destacado estadista regional. La reunión consolidó el compromiso de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) con una transformación pacífica pero siempre revolucionaria en América Latina.

Para el Presidente Juan Manuel Santos, aquella reunión en México con el Presidente Ortega de Nicaragua fue un primer paso hacia la estabilización tras la reacción confusa y desacertada de su gobierno ante el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ese fallo ratificó la jurisdicción de Colombia sobre la isla de San Andres y las isletas y cayos adjuntos, pero también restauró a Nicaragua sus derechos históricos sobre grandes áreas marítimas adyacentes. La pregunta ahora es si el Presidente Santos es capaz de asegurar que su país cumple de buena fe el fallo de la CIJ para así ayudar consolidar la integración regional.

A nivel internacional, Colombia se ha aliado durante mucho tiempo con los poderes imperiales de Norte América y Europa. Asimismo, sucesivos gobiernos colombianos han cultivado relaciones amistosas con los genocidas criminales sionistas que han negado la paz durante más de 70 años tanto a su propio pueblo como a los Palestinos. Algunos observadores se refieren despectivamente a Colombia como el Israel de América del Sur, un estado forajido, dependiente del apoyo militar de los Estados Unidos para sobrevivir.

El gobierno de Estados Unidos, sus aliados europeos y los gobiernos serviles y pérfidos de Egipto y Arabia Saudita han hecho posible que los asesinos en masa sionistas hayan sostenido su limpieza étnica del pueblo palestino. Una enorme mayoría global rechaza ese genocidio contra el pueblo palestino. Por su parte, durante décadas, Colombia ha elegido imitar a sus patrones estadounidenses y europeos, dejando a un lado los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos, tanto a nivel regional como a nivel nacional.

Pero ahora la situación internacional es muy diferente. La oligarquía de los Estados Unidos promueve políticas profundamente antidemocráticas que condenan al pueblo estadounidense a una sujeción política y económica permanente. Eso ha quedado más claro que nunca, en términos políticos, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001 y, en términos económicos, desde 2005 cuando el endeudamiento privado en el país se volvió insostenible. En Europa, la naturaleza fundamentalmente antidemocrática de la Unión Europea, implícita en el Tratado de Maastricht de 1992 se hizo explícita en el Tratado de Nice del año 2000.

Los acontecimientos recientes en Estados Unidos y en Europa solo ofrecen confirmación de las tendencias que han sido más y más evidentes desde los años 1990s. Los antiguos poderes dominantes de Norte América y de Europa se encuentran en declive categórico en relación a sus rivales como Brasil, China, India y Rusia y también relativo a poderes regionales como Venezuela e Irán. Por ese motivo, la oligarquía corporativa estadounidense ha dirigido la política exterior del gobierno estadounidense hacia alianzas con fuerzas regionales dominantes en países como Egipto, Sudáfrica e Indonesia y en otras partes para así frenar el declive en su influencia global.

Las élites gobernantes de los Estados Unidos y sus decrépitos aliados Francia y Gran Bretaña prefieren trabajar con tiranías que con democracias. Es por ese motivo que apoyan a monarquías, déspotas y oligarquías parecidas a las suyas en todo África, Asia y Europa. Por el mismo motivo, ellas han armado y financiado el terrorismo genocida en Libia y en Siria para así destruir las bases del poder de dos gobiernos amistosos con China y Rusia. Los poderes de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) compensan su relativo declive económico por explotar su enorme capacidad militar de terrorismo del Estado.

Todo esto ha sido evidente desde la bárbara agresión contra Iraq y el sádico asesinato de Muammar al-Gaddhafi y miembros de su familia durante la criminal destrucción de Libia. Es descaradamente obvio en Siria. Lo que es nuevo es que la crisis económica en los países de Norte América y en Europa ha provocado dudas entre los aliados regionales de aquellos países sobre si se puede o no confiar en una eventual recuperación del capitalismo corporativo de consumo de los Estados Unidos y sus aliados en Europa. Es allí donde reside al amplio interés geopolítico en cómo Colombia va a manejar la recuperación por Nicaragua de su territorio marítimo usurpado por Colombia durante más de 80 años.

Basado en las actuales tendencias en la región, los próximos veinte años verán una América Central que profundiza sus procesos de integración – con o sin el apoyo de la oligarquía zopenca que tiene secuestrada a Costa Rica. Ese proceso de integración creará un bloque político y económico de más de 40 millones de personas, más o menos la población de Colombia. En América Central y del Sur la pobreza y la desigualdad disminuyen marcadamente. América Latina y el Caribe están aprovechando las crecientes relaciones de comercio y de cooperación con Asia y con África a la vez que mantienen estables sus enlaces tradicionales con Norte América y con Europa.

En Colombia, es clara la posición de los aliados incondicionales del imperio, como el expresidente Alvaro Uribe. Ellos quieren conducir su país al mismo callejón sin salida en el que se encuentran los Estados Unidos y los países europeos: corrupción corporativa impune, militarismo derrochador y enriquecimiento de las élites a costo del empobrecimiento de las mayorías. Aparte de la cínica élite que simpatiza con Álvaro Uribe, cualquier colombiana o colombiano capaz de pensar por si mismo sabe que el futuro tienen que ser otro.

Colombia tiene que cambiar para poder garantizar un futuro de paz y prosperidad para su pueblo. No hay razón por qué los países latinoamericanos tienen que anclar el futuro bienestar de sus pueblos a las estrellas mortecinas de Norte América y Europa. Esta realidad regional y global da lugar al optimismo en cuanto a que las autoridades colombianas aceptarán la adjudicación territorial del fallo de la CIJ del 19 de noviembre de este año.

Una nueva constelación se configura a nivel internacional para que América Latina se trace un curso propio hacia un futuro mejor para todos sus pueblos. El Mercosur crece y será transformado con la membresía de Venezuela, Bolivia y Ecuador – todos países del ALBA. A pesar de la tergiversación ideológica entre las élites de Colombia, Chile y Perú, son pocas las personas que niegan que los mejores intereses de esos países serán reivindicados por la consolidación de la integración de América Latina.

Bajo el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua ha demostrado a América Central que el ALBA puede asegurar que la región deje atrás su historia de dependencia y empobrecimiento. De la misma manera, el capacidad de estadista del Presidente Daniel Ortega ha creado una oportunidad para que el gobierno colombiano fije un nuevo rumbo para Colombia al mismo momento en que surgió la posibilidad de poner fin a la guerra civil en el país. Le queda al Presidente Juan Manuel Santos demostrar la estatura moral requerida para ayudar a completar la emancipación de la región de la mano muerta del dominio norteamericano y europeo.

¿Quién perdió con el fallo de La Haya?

Por Armando Brugés Dávila

Lo primero que tenemos que hacer es retrotraernos en la historia y recordar que en 1904, mediante triquiñuelas políticas Estados Unidos nos cercena Panamá; tan cierto, que el tratado que concede a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá no se firma con ésta sino con Estados Unidos (Tratado Thompson-Urrutia. 1922): Obviamente Colombia no quedó muy satisfecha. Una buena ocasión para darles contentillo a los colombianos se presentará el 26 de diciembre de 1926, cuando con el pretexto de ayudar a sus aliados de la derecha nicaragüense y “defender la democracia en el continente” invaden Nicaragua. Dos años después, en plena invasión se firma el tratado Bárcenas-Esguerra, el cual compromete a Colombia a respetar la soberanía de Nicaragua sobre la Mosquitia y las islas Mangle y ésta a su vez le reconoce a Colombia la soberanía sobre San Andrés y Providencia. Si bien es cierto, estas islas pertenecieron primero a la Real Audiencia de Panamá y posteriormente a la Capitanía General de Guatemala, la verdad fue que gracias al auge que venía teniendo el algodón en España, ésta comienza a interesarse por las islas en Hispanoamérica y decide en 1803 poner no sólo a éstas sino también la Costa de Mosquitos bajo la jurisdicción de la Nueva Granada. Se sabe que en 1924 Nicaragua, se dice que presionada por USA, solicita arbitraje internacional para dirimir la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, solicitud que Colombia rechaza de manera airada por considerarla improcedente dados los antecedentes históricos. Más adelante las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formaba parte Nicaragua, reconocen en 1825 la soberanía de Colombia sobre la Costa de Mosquitos y la Isla de San Andrés. No queda claro entonces la razón por la cual Colombia termina aceptando el tratado Bárcenas-Esguerra, pero bien lo podría explicar el hecho de que si bien entregaba la Costa de Mosquito, imponer el meridiano 82 como límite con Nicaragua, le embolataba a ésta, territorios marítimos y la posesión de algunas islas, bancos y cayos, algunos incluso en posesión de Estados Unidos, como veremos a continuación.

En 1972 Colombia y USA suscriben un tratado mediante el cual el segundo le entrega a nuestro país la soberanía sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana. ¿Cómo habían llegado estos cayos a ser posesión norteamericana? Resulta que en 1856 el Congreso americano, dada la importancia del guano como fertilizante, decide aprobar el “Guano Islands Act” que autorizaba a sus ciudadanos a tomar posesión, en cualquier parte del mundo, de islas que poseyeren este tipo de depósitos, salvo que estuviesen ocupadas o bajo jurisdicción de otros gobiernos. Esta salvedad no es muy clara cuando en la misma se ordenaba a su presidente, usar la fuerza militar si fuese necesario para defender estos derechos. En esta telaraña caen los tres cayos arriba señalados. Este tratado obviamente no le gusta a Nicaragua que protesta por considerarlo un reconocimiento a las pretensiones colombianas sobre estos cayos. Lo que generalmente no se menciona de este tratado es que Estados Unidos quedaba en igualdad de derechos con Colombia para usufructuar monopólicamente todas las riquezas del área, fauna y flora, incluyendo el subsuelo. Tanto así, que según reglamentación anexa al tratado queda claro que ambos países gozarían de la libertad monopólica de navegación y pesca en el área. Obsérvese cómo en ambos tratados, Estados Unidos disfrazado de oveja, resulta indirectamente beneficiado.

Si analizamos con atención, el más perjudicado en este proceso, viene a ser, quien lo creyera, Estados Unidos, porque mientras Colombia queda en posesión de los cayos, Nicaragua ejerce soberanía sobre el área marítima. Incluso en el fallo de la Corte de Justicia de La Haya quedó muy claro que los pescadores de San Andrés y Providencia podrían navegar y pescar en dichas aguas por derecho propio. En cambio, los estadounidenses pierden todas las gabelas que sobre esas aguas tenían de acuerdo al tratado firmado con Colombia en 1972.

Surgen entonces varias preguntas: ¿Hasta dónde tendrá la mano metida el gobierno norteamericano en el cambio de actitud asumido por nuestros gobernantes, incluso ex gobernantes, que en principio juraban respetar y acatar el fallo y a las primeras de cambio resultan, de manera por demás casi irracional y por lo mismo sospechosa, retirarse del Pacto de Bogotá y desacatar el fallo? ¿A quién le estarán haciendo la vuelta? ¿Qué tanto afectará esta actitud al ahora exitoso proceso de unidad continental suramericana y a quién beneficiaría?

http://inquietudesajbd.blogspot.de/2012/11/quien-perdio-con-el-fallo-de-la-haya.html

El desplome de Santos y la paz de La Habana

El jefe del Estado y su Mindefensa, Juan Carlos Pinzón.

Por Horacio Duque

CALI, 2 de DICIEMBRE de 2012. / En términos de credibilidad y legitimidad, el fallo de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso de Colombia con Nicaragua por las áreas marinas que rodean el archipielago de San Andres y Providencia ha sido un golpe político demoledor para J.M.Santos. Así lo señalan las encuestas realizadas para la revista Semana.

Casi 70 de cada 100 colombianos no le creen al Jefe de la Casa de Nariño. 65 de cada 100 no votarían su reelección para un nuevo periodo de 4 años. Esta fractura del Presidente no es la primera. En sus casi 30 meses de gestión, de 48, en varios momentos se ha registrado el declive. La última vez, hace 5 meses, el anunció de las conversaciones de paz con las Farc y la promesa de construir 100 mil viviendas gratis derivó en una leve mejoría de los niveles de aceptación popular.

Al revisar los detalles del sondeo se encuentra que hay otros factores incidiendo en la severa caída de Santos. La mayoría de los ciudadanos están descontentos con los magros resultados de la Ley de restitución de tierras, con el curso de la economía, con el desempleo, con la crisis de la salud, con la situación de millones de colombianos víctimas de la violencia, con los daños ambientales de la Locomotora Minera, con la impunidad en los “falsos positivos”, con el fraude de la reelección del Procurador y con la violencia neoparamilitar autora de una seguidilla de masacres y homicidios en Medellin, Armenia, Cali y el Centro del Valle del Caúca. El veredicto ciudadano es demoledor y desmiente la propaganda oficial de la “prosperidad democrática”.

Pero la tendencia a la baja política incluye otros nombres e instituciones. El patriotero neofascista del Uberrimo queda muy mal parado. Igual ocurre con Andrés Pastrana, de ingrata recordación por ser el autor del infame Plan Patriota que desangró aún más a Colombia en los últimos 10 años. Las Fuerzas Armadas de 500 mil unidades amplían su imagen negativa y los medios masivos de comunicación dominantes pierden crédito por su descarada manipulación de conciencias.

El proceso de paz de La Habana, después de alcanzar un nivel de aceptación superior al 72% se ve contaminado por los indices adversos del gobierno. Cae un preocupante porcentaje. Afirmaciones como aquella de que el “modelo económico, político, militar y la inversión extranjera no se discuten”, lanzada por De La Calle, afectaron el optimismo popular con las conversaciones de La Habana. Las frecuentes descalificaciones y ataques del Ministro Pinzón, dice él que en acuerdo con Santos, y de los altos jerarcas militares han diezmado el ambiente favorable para los diálogos que permitan superar el conflicto social y armado. La hostilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa contra el proceso de paz ha hecho un tremendo daño.

El camino apropiado para fortalecer la Mesa de Conversaciones de La Habana es aquel que consiste en ampliar los espacios de participación popular para que toda la sociedad aporte con sus iniciativas en la construcción de los proyectos y estrategias propias de los 6 temas de la Agenda trazada en el Acuerdo General.

Para los días 17, 18 y 19 de diciembre se ha previsto un Foro Nacional sobre el desarrollo rural en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas. Los potenciales democráticos de un evento como este son evidentes. Sin querer decir que sea la formula mágica, su aporte es a todas luces plausible, no obstante que el Jefe de Fedegan, Jose Felix Lafaurie, el representante de latifundistas, terratenientes y paramilitares en reposo, se haya ido lanza en ristre contra el mismo para ridiculizarlo. Para este caballero de la hacienda rural es preferible el cenáculo oscuro de los gremios al aporte plural de la multitud del campo colombiano. 

El jefe paramilitar involucra al presidente de los ganaderos colombianos con el paramilitarismo.

No quiero decir que sus planteamientos deban ser obstruidos con descalificaciones personales, pero el tono insolente de su retórica no es precisamente el del demócrata liberal que dice ser, por muchos lados se escurre la naturaleza autoritaria de su mundo interior, que me parece es lo que indujo la indagación penal por sus vínculos con el paramilitarismo de Montería, en cabeza de Mancuso.

El diálogo de Santos con el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua en México está indicando que el matoneo y la prepotencia no son las conductas adecuadas para resolver los problemas políticos y diplomáticos. Esa debería ser la fórmula para las previsibles dificultades en las conversaciones con la insurgencia revolucionaria para concretar la paz.

En todo caso, ante eventuales convulsiones y pataleos oficialistas, las Farc han solicitado al CICR el registro, en calidad de documento especial, del Acuerdo General para la superación de la violencia y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en La Habana, lo que implica elevarlo a la condición de un instrumento complementario del Derecho Internacional Humanitario cuyas normas regulan los conflictos civiles internos. No son meras formalidades al estilo del santanderismo liberal de la élite dominante. Mas bien esa medida debe interpretarse dentro de los códigos de lo que hoy se conoce como el pensamiento estratégico. El bloque de constitucionalidad con los pactos internacionales incorporados al texto superior debería reforzar la previsión hecha. Amanecerá y veremos. Es la precaución que tanta falta hizo en La Haya y concluyó con la amputación de 100 mil kilómetros de Mar Caribe. Fracaso por el que desde hace rato deberían haber caído cabezas. Pero, que le hacemos, así es todo aquí. Todos estos burócratas siempre caen parados.

Preguntas de un profano Por: Alfredo Molano Bravo

1 Dic 2012

Alfredo Molano

No es mi tema, pero, por lógica, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá abre algunas preguntas que no se pueden mirar por el patrioterismo en que andamos.

De entrada, como se ha dicho, Colombia se retira del pacto en retaliación por el fallo de la Corte de La Haya. ¿Busca el presidente mermar la caída libre de su prestigio al perder el país 75.000 kilómetros cuadrados de mar —el doble de la superficie que, decían, se perdía con el despeje del Caguán— y sobre todo quitarle fuerza a la iracundia vesánica de Uribe? El mensaje implícito que me parece peligroso no es sólo el que pueda mandar a otros países, aunque estoy de acuerdo con Laura Gil, que opina que esa decisión podría afectar “130 tratados que contemplan la competencia de la Corte”. Es también la credibilidad con que el Gobierno negocia en La Habana con las Farc y en un futuro cercano con el Eln. Si los alcances de lo que se negocie con la guerrilla dependen de las encuestas de opinión, estamos fritos. ¿Qué solidez pueden tener las garantías que ofrezca el Gobierno si rompe tratados internacionales?

El Pacto de Bogotá se llama “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”. Lo que implica que es un medio para arreglar sin armas las diferencias con otros países. Y al contrario, retirarse del pacto es darles a las armas un papel, así nos digan que ese retiro no impide suscribir tratados bilaterales. Sí, claro, pero ¿qué le da a un país fuerza para negociar internacionalmente? La fuerza que le den las armas, en primer lugar; la fuerza del respaldo de otras fuerzas políticas, respaldadas también con un potencial bélico sin precedentes, en segundo lugar; y por último, la fuerza económica, que en nuestro caso es menos significativa. En concreto. Supongamos que Nicaragua no pida más mar ni más islotes a la Corte Internacional de Justicia, lo que aún podría hacer puesto que el fallo lo permite, y se avenga a un acuerdo sobre pesca. ¿Cuál puede ser el argumento colombiano diferente al de la equidad, el mismo que usó La Haya? Sólo queda otro: mostrarle los dientes a Nicaragua. Es decir, resolver el diferendo por vías no pacíficas. O amenazar. Quisiera saber qué pasará el día que Colombia saque un par de pesqueros de Nicaragua de las aguas que La Haya le reconoció a este país. No nos digamos otra mentira: el retiro del Pacto de Bogotá pone las armas como palanca de negociación con Nicaragua y con cualquier país con que tengamos problemas. Managua debe tener muy presente el bombardeo al Ecuador ordenado por Uribe y avalado por Santos. ¿Acaso las armas no han sido la norma para arreglar nuestros problemas domésticos? Todas las leyes desde la 200 del 36 han sido birladas por los terratenientes respaldados por las armas oficiales. Difícil citar un caso en que la Fuerza Pública saque a un terrateniente de un predio invadido. Llorar ahora porque el fallo perjudica a los pescadores de Santa Catalina es puro fariseísmo. ¿Cuándo el Gobierno se ha preocupado porque las aguas del Magdalena o del Cauca estén envenenadas con desechos de la industria o de la minería y que están acabando con el bocachico, el bagre y el moncholo? La pesca en el río Magdalena pasó de 80.000 toneladas al año en los 70 a menos de 8.000 hoy. ¿Quién llora por los pescadores? ¿Por qué no cierran la fábrica de armas de Indumil que envenena las aguas del río Bogotá, o le cancelan la licencia a la Gran Colombia Gold en Marmato, que bota mercurio y cianuro al Cauca?

¿Apelar a vías no pacíficas para arreglar diferencias internacionales no justifica de manera indirecta el levantamiento armado contra un tratado como es una Constitución? Hay algo que no cuadra en la lógica diplomática del Gobierno. ¿Será por esto que los tratadistas en derecho internacional han calificado la decisión de Santos de “valiente y arriesgada”? Y contradictoria, digo yo.

·         Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com

Debate en ANNCOL Colombo-Nica: Nicaragua recupera derechos usurpados durante más de 80 años

La pelea interna de la élite colombiana en plena lúz del día

Por toni solo, 23 de noviembre 2012

El 19 de noviembre es otra fecha a recordar para los estudiantes de Nicaragua y Colombia en sus futuras clases de la historia. En ese día del año en curso la Corte Internacional de Justicia confirmó la soberanía de Colombia sobre la isla de San Andres y sus asociadas islas y cayos. Pero también confirmó los derechos marítimos de Nicaragua, usurpados por Colombia desde 1928.

En aquel año, hace más de ochenta años, Nicaragua fue ocupada militarmente por los Estados Unidos. En 1930, el gobierno títere del país ratificó a regañadientes el tratado inconstitucional Bárcenas Meneses-Esguerra que entregó a Colombia la isla de San Andrés y el mar alrededor de la isla. Desde aquel entonces, Colombia se ha asignado de manera unilateral el meridiano 82 como su límite marítimo con Nicaragua. Ese derecho no figura aun en el controvertido tratado de 1928.

Historiadores nicaragüenses notan que el conflicto ya tiene más de 200 años de existir, desde el período de la colonia española antes de la independencia de Nicaragua. De allí, a lo largo del Siglo Diecinueve, Colombia afirmaba sus derechos no solamente a San Andrés sino también al territorio de la Costa Atlántica de Nicaragua. Después, de 1917 en adelante, Colombia trabajó con los Estados Unidos para ponerse de acuerdo sobre los términos de lo que llegó a ser el tratado de 1928, sin tomar en cuenta los precedentes legales bien establecidos en la región que favorecía a Nicaragua.

Hasta la dictadura de la familia Somoza retó al gobierno estadounidense por coludirse con Colombia en contra de los derechos marítimos de Nicaragua en el Caribe. Después de una disputa sobre los derechos de exploración petrolera en 1969, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia intentaron en 1972 imponer el Tratado Saccio-Vázquez Carrizosa, que entregó a Colombia sin ninguna base legal derechos inexistentes de los Estados Unidos sobre el territorio marítimo nicaragüense. El régimen somocista logró frenar el tratado en el Congreso estadounidense que lo dejó sin ratificar.

Solo fue después de 1980, cuando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró nulo el Tratado de 1928, que Colombia convenció al gobierno del Presidente Reagan que se ratificara el tratado de 1972. Entonces, Colombia asumió como territorio propio los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrano. Después en 1986, Colombia firmó otro tratado tendencioso, esta vez con Honduras, una ve? más privando a Nicaragua de sus legítimos derechos marítimos.

Por casi cien años hasta la sentencia del Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de este año, Colombia buscó de una manera agresiva a establecer derechos ilegítimos de hecho sobre el territorio marítimo de Nicaragua. Bajo el patrocinio estadounidense, impuso sus derechos espurios por medio de su enormemente mayor capacidad militar. Fue en diciembre 2001, en los últimos días de la presidencia de Arnoldo Alemán, que Nicaragua inició el procedimiento legal en la Corte Internacional de Justicia para obtener una sentencia independiente para delimitar su territorio marítimo frente a las pretensiones de Colombia. Esta iniciativa dio continuidad al proceso iniciado en 1980 y seguido por todos los gobiernos nicaragüenses sucesivamente.

En diciembre 2007, la Corte Internacional de Justicia reconoció la validez del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928 en términos de la jurisdicción colombiana sobre la isla de San Andrés. Sin embargo, a la misma vez, la Corte confirmó que ese tratado no dio a Colombia el derecho de definir el meridiano 82 como su frontera marítima con Nicaragua. Tanto Colombia como Nicaragua aceptaron la autoridad y jurisdicción de la corte, lo que estuvieron obligados a hacer como signatarios al Pacto de Bogotá de 1948 que compromete a los Estados a resolver sus disputas por medios pacíficos.

Ahora, después de una década de procedimientos y deliberaciones, la Corte Internacional de Justicia ha emitido su sentencia. La CIJ ha revindicado la soberanía de Colombia sobre San Andrés y sus asociadas isletas y cayos. Pero también ha revindicado los legítimos derechos marítimos de Nicaragua. Después de explicar su metodología para establecer el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, el texto de la sentencia describe como se ha tratado el tema de la equidad y la proporcionalidad. Se lee así:

“la Corte nota que la línea de la delimitación tiene el efecto de dividir el área relevante entre las Partes en una razón de aproximadamente 1:3.44 a favor de Nicaragua, mientras la razón de las costas relevantes es de aproximadamente 1:8.2. Así que la pregunta es si, en las circunstancias del presente caso, esta desproporción es tal que haga el resultado no equitativo. La Corte concluye que, tomando en cuenta todas las circunstancias del presente caso, el resultado logrado por la delimitación marítima no sea desproporcionada de tal manera que crea un resultado no equitativo.”

Aquí está el mapa relevante:

¡HAZ CLICK EN EL MAPA PARA FORMATO GRANDE!

Lo que significa esta sentencia es que Nicaragua ahora tiene jurisdicción sobre alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados antes usurpados de manera unilateral a la fuerza por Colombia durante más de ochenta años. Ahora toca a Colombia retirar sus buques de guerra que han hostigado a los barcos nicaragüenses durante décadas. La Sentencia también quiere decir que Nicaragua tiene derechos aéreos sobre ese mismo territorio marítimo. Nicaragua ahora tiene los derechos exclusivos a los recursos marinos y otros recursos en el mar y la plataforma continental que la sentencia de la CIJ ha adjudicado al país.

Las reacciones de los dos gobiernos a la sentencia no podrían haber sido más diferentes. En Managua, el Presidente Daniel Ortega hizo una declaración pública en la que aceptó la sentencia a pesar de haber perdido el reclamo nicaragüense a San Andrés y sus asociadas isletas y cayos. El Presidente Ortega habló en presencia de todos los Presidentes y Cancilleres anteriores desde el triunfo de la revolución en 1979, con la excepción de Violeta Chamorro quien no atendió por motivo de problemas de salud. Los nicaragüenses de todas las opiniones políticas miran con alivio la sentencia porque pone fin de una manera positiva a su viejo reclamo contra el histórico expansionismo regional de Colombia.

La reacción fue muy diferente en Colombia. Allí, el Presidente Santos saludó la sentencia de la CIJ pero rechazó todos los elementos desfavorables para Colombia. Colombia ha sido dominada por un pequeño grupo de familias adineradas desde que logró la independencia de la colonia española. Comparten el racismo grosero típico de las élites de la región desde el Rio Grande hasta Tierra del Fuego. Para ellas y ellos, el perder a manos de Nicaragua un territorio extenso del que se habían apropiado es una humillación nacional.

La opinión entre la elite gobernante de Colombia sugiere que van a rechazar la sentencia de la CIJ sean cuales sean las consecuencias. Saben que militarmente son mucho más fuertes que Nicaragua. Creen que tienen el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Como sus aliados sionistas en Israel, saben muy bien que el roto sistema de las Naciones Unidas probablemente se demostrará impotente una vez más dado el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

El conflicto será una prueba dura de la viabilidad de las nuevas instituciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas. Para los aliados de Nicaragua en la Alianza Bolivariana de nuestras Américas, el conflicto será una prueba de la viabilidad del compromiso de sus países miembros con la diplomacia y el diálogo para dirimir disputas. Para el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es una excelente oportunidad para dividir para dominar, como lo han hecho los países de Europa y los Estados Unidos a lo largo de la historia moderna latinoamericana.

De parte de Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega ya ha hecho más que claro que nada cambiará para los habitantes de San Andrés y sus isletas vecinas en términos de su acceso al mar para pescar en las zonas ahora adjudicadas a Nicaragua. El gobierno de Nicaragua y sus aliados de los países del ALBA están a la espera de qué, al final, el gobierno de Colombia va a decidir a hacer. La sentencia de la CIJ es de cumplimiento obligatorio e inapelable.

El gobierno colombiano está valorando los costos y los beneficios de rechazar la sentencia de la CIJ. La duplicidad hipócrita y la adicción sádica al asesino uso de la fuerza armada han caracterizado la élite gobernante colombiana desde su independencia y la traición contra Simón Bolívar. Esa odiosa tradición histórica ha sido continua durante lás últimas seis décadas desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan en 1948. Parece remota una aceptación oportuna por Colombia de la sentencia de la CIJ.

Patria Grande, o guerra colombo- nicaragüense

Por Alberto pinzón Sánchez

La reacción enardecida, pletórica de un provincialismo latifundista del siglo XIX, con el que la clase dominante y dirigente de Colombia (también llamada por Jorge Eliecer Gaitán Oligarquía Vendepatria) ha recibido el reciente fallo de Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo colombo- nicaragüense; lo único que está demostrando al mundo es la caducidad política y la ignorancia de esta clase montada en el Poder por el general F de P Santander en 1830, a la muerte del Libertador, y que desde entonces ha regido a sangre, fuego y demagogia, los destinos de Colombia.

LAS DOS FRACCIONES de esta clase social dominante , que actualmente están enfrentadas por intereses sobre la renta de la tierra, nudo gordiano de la estructura económica de Colombia, tienen también diferencias políticas de matices en cuanto a dicho fallo: Una fracción liderada por el gamonal de las sombras Uribe Vélez, quien haciendo causa común con el actual ministro de defensa Pinzón el bueno, ha iniciado desde ya una campaña retrógrada, aislacionista y mentirosa para desconocer el fallo proferido en la Haya, “asumiendo todas las consecuencias” que se puedan derivar del uso de las armas contra el hermano pueblo nicaragüense, al que tildan de caterva de comunistas.

La otra, la dirigida por el presidente Santos, sus ministros y políticos bipartidistas de la Unidad Nacional, tratando de ganar un tiempo perdido o de corregir un error con otro más grande, como si fueran un avestruz; proponen en el máximo grado de la ignorancia diplomática y oscurantismo político, meter la cabeza en la arena y retirarse de la Corte Internacional de Justicia y demás organismos internacionales, como si con ello se suspendiera el fallo emitido y se regresara al pasado feliz; argumentando con una simpleza de colegiala que; “!Nicaragua va por más. Va por San Andrés!”, tal y como lo acaba de decir sin rubor la canciller Holguín, en el “recinto sagrado de la democracia colombiana”.

Que saque sus propias conclusiones sobre la concentración de la política exterior en
una sola familia y la ignorancia y entrega de la patria que representa.

Ignorancia supina que oculta deliberadamente dos cosas:

1- La definición tan diciente como simple que de si misma da la CIJ:
“La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU”. http://www.icj-cij.org/homepage/sp/

2- El carácter de sus miembros y de sus fallos internacionales:
. . . “Pueden recurrir a la Corte, en materia contenciosa, todos los Estados que sean parte en su Estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los Miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que en cada caso determine la Asamblea General de la ONU por recomendación del Consejo de Seguridad. Nauru es el único Estado no Miembro que es parte en el Estatuto.

EN LO QUE CONCIERNE a las partes, un juicio de la Corte es vinculante, final y sin posibilidad de apelación y, como consecuencia de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, cada Estado Miembro de las Naciones Unidas (ONU) se compromete automáticamente a obedecer cualquier sentencia de la Corte Internacional de Justicia en un asunto en el cual sea parte. Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas contempla en su artículo 94 párrafo segundo la posibilidad de los Estados de recurrir frente a un incumplimiento de una resolución de la Corte al Consejo de Seguridad, el cual tiene la potestad de hacer recomendaciones o dictar medidas con el fin de que se cumpla lo fallado por parte de la Corte en el caso particular”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia).

Mientras los mal llamados “ padres legisladores de la patria” se debaten en un verdadero esperpento diplomático, construcción máxima de la demagogia oligárquica colombiana, que retraerá nuestro país al siglo XIX; han desconocido que la Corte Internacional de Justicia de conformación Trasnacional (15 jueces, 10 de las grandes potencias centrales como EEUU, Francia, Inglaterra, Japón, China, Rusia, Italia, México, India, Brasil, Nueva Zelandia y 4 países periféricos de relleno) , ubicada en una de las ciudades más cosmopolitas de uno de los países más universales de Europa; con este fallo le ha mandado a la dirigencia colombiana un mensaje de Transnacionalización definitiva, que los oligarcas dominantes ignoran o no han entendido : ¡Se integran de forma directa al Caribe, o perecerán como clase opuesta al progreso!

Y en lugar de seguir mirándose el ombligo en Bogotá (la tenaz suramericana) a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar y perder tiempo valioso en debates bizantinos y demagógicos; debieran hacer desde ya lo que la realidad actual y futura ordena: una integración de pequeñas patrias en una Patria Grande, como lo enseñó nuestro padre Simón Bolívar.

Un acuerdo DIRECTO Y DEFINITIVO de beneficio mutuo de los intereses colombianos con los nicaragüenses; por ejemplo doble nacionalidad permanente para los sanandresanos y raizales. Libre movilidad por todos los países confluentes. Explotación petrolera conjunta de Ecopetrol y la empresa estatal de Nicaragua, junto con otros países caribeños que deseen participar. Acuerdos mutuos definitivos, permanentes y de largo plazo para la pesca, de comunicaciones, aéreos, de seguridad, de comercio, etc y en fin, un acuerdo de verdadero desarrollo Soberano para toda la Zona.

Pero no. Según la arcaica ideología latifundista de la intolerancia dominante en Colombia, de resolver cualquier divergencia mediante las armas y el extermino del contrario; la Oligarquía Vendepatria toca a redoble el tambor de la guerra y el atraso del aislamiento internacional, quizás hasta que una nueva configuración y alianza de clases populares y progresistas entre a regir el destino soberano de Colombia y, realice latan anhelada integración caribeña de la Patria Grande.

El jefe del Ejército de Nicaragua: “Estamos en capacidad de garantizar seguridad en nuevos límites”

 El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés

El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, dijo que tienen la capacidad para garantizar la seguridad en el territorio marítimo ampliado por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya (Holanda), aunque reconoció que ahora “son espacios mayores” que tienen que “analizar”.

“Es decir, actualmente estamos en capacidad de llegar hasta los límites que la CIJ ha delimitado, de eso tengan la plena seguridad”, dijo esta mañana al salir de una sesión especial en la Asamblea Nacional, dedicada al fallo de la CIJ que favoreció a Nicaragua con mayor territorio marítimo en el Caribe.

Agregó que ya han tenido presencia en la zona ampliada con el “debido cuidado” y están dispuestos a coordinarse con Colombia para luchar contra el narcotráfico.“Inclusive nosotros estamos en toda la disponibilidad con las autoridades colombianas para establecer las coordinaciones necesarias para luchar contra el narcotráfico en esa zona, son zonas que no pueden quedar abandonadas”, manifestó.

El general Avilés dijo que si se encuentran fragatas colombianas en el territorio que ahora le pertenece a Nicaragua, las tienen que retirar en obediencia al fallo de la CIJ que ya no está en cuestión.foto cortesía CCC Jairo Cajina