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| La pelea interna de la élite colombiana en plena lúz del día |
Por toni solo, 23 de noviembre
2012
El 19 de noviembre es otra fecha a recordar para los estudiantes de
Nicaragua y Colombia en sus futuras clases de la historia. En ese día del año
en curso la Corte Internacional de Justicia confirmó la soberanía de Colombia
sobre la isla de San Andres y sus asociadas islas y cayos. Pero también
confirmó los derechos marítimos de Nicaragua, usurpados por Colombia desde
1928.
En aquel año, hace más de ochenta años, Nicaragua fue ocupada
militarmente por los Estados Unidos. En 1930, el gobierno títere del país
ratificó a regañadientes el tratado inconstitucional Bárcenas Meneses-Esguerra
que entregó a Colombia la isla de San Andrés y el mar alrededor de la isla.
Desde aquel entonces, Colombia se ha asignado de manera unilateral el meridiano
82 como su límite marítimo con Nicaragua. Ese derecho no figura aun en el
controvertido tratado de 1928.
Historiadores nicaragüenses notan que el conflicto ya tiene más de 200
años de existir, desde el período de la colonia española antes de la
independencia de Nicaragua. De allí, a lo largo del Siglo Diecinueve, Colombia
afirmaba sus derechos no solamente a San Andrés sino también al territorio de
la Costa Atlántica de Nicaragua. Después, de 1917 en adelante, Colombia trabajó
con los Estados Unidos para ponerse de acuerdo sobre los términos de lo que
llegó a ser el tratado de 1928, sin tomar en cuenta los precedentes legales
bien establecidos en la región que favorecía a Nicaragua.
Hasta la dictadura de la familia Somoza retó al gobierno
estadounidense por coludirse con Colombia en contra de los derechos marítimos
de Nicaragua en el Caribe. Después de una disputa sobre los derechos de
exploración petrolera en 1969, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia
intentaron en 1972 imponer el Tratado Saccio-Vázquez Carrizosa, que entregó a
Colombia sin ninguna base legal derechos inexistentes de los Estados Unidos
sobre el territorio marítimo nicaragüense. El régimen somocista logró frenar el
tratado en el Congreso estadounidense que lo dejó sin ratificar.
Solo fue después de 1980, cuando la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional declaró nulo el Tratado de 1928, que Colombia convenció
al gobierno del Presidente Reagan que se ratificara el tratado de 1972.
Entonces, Colombia asumió como territorio propio los cayos de Quitasueño,
Roncador y Serrano. Después en 1986, Colombia firmó otro tratado tendencioso,
esta vez con Honduras, una ve? más privando a Nicaragua de sus legítimos
derechos marítimos.
Por casi cien años hasta la sentencia del Corte Internacional de
Justicia del 19 de noviembre de este año, Colombia buscó de una manera agresiva
a establecer derechos ilegítimos de hecho sobre el territorio marítimo de
Nicaragua. Bajo el patrocinio estadounidense, impuso sus derechos espurios por
medio de su enormemente mayor capacidad militar. Fue en diciembre 2001, en los
últimos días de la presidencia de Arnoldo Alemán, que Nicaragua inició el
procedimiento legal en la Corte Internacional de Justicia para obtener una
sentencia independiente para delimitar su territorio marítimo frente a las
pretensiones de Colombia. Esta iniciativa dio continuidad al proceso iniciado
en 1980 y seguido por todos los gobiernos nicaragüenses sucesivamente.
En diciembre 2007, la Corte Internacional de Justicia reconoció la
validez del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928 en términos de la
jurisdicción colombiana sobre la isla de San Andrés. Sin embargo, a la misma
vez, la Corte confirmó que ese tratado no dio a Colombia el derecho de definir
el meridiano 82 como su frontera marítima con Nicaragua. Tanto Colombia como
Nicaragua aceptaron la autoridad y jurisdicción de la corte, lo que estuvieron
obligados a hacer como signatarios al Pacto de Bogotá de 1948 que compromete a
los Estados a resolver sus disputas por medios pacíficos.
Ahora, después de una década de procedimientos y deliberaciones, la
Corte Internacional de Justicia ha emitido su sentencia. La CIJ ha revindicado
la soberanía de Colombia sobre San Andrés y sus asociadas isletas y cayos. Pero
también ha revindicado los legítimos derechos marítimos de Nicaragua. Después
de explicar su metodología para establecer el límite marítimo entre Colombia y
Nicaragua, el texto de la sentencia describe como se ha tratado el tema de la
equidad y la proporcionalidad. Se lee así:
“la Corte nota que la línea de la delimitación tiene el efecto de
dividir el área relevante entre las Partes en una razón de aproximadamente
1:3.44 a favor de Nicaragua, mientras la razón de las costas relevantes es de
aproximadamente 1:8.2. Así que la pregunta es si, en las circunstancias del
presente caso, esta desproporción es tal que haga el resultado no equitativo.
La Corte concluye que, tomando en cuenta todas las circunstancias del presente
caso, el resultado logrado por la delimitación marítima no sea desproporcionada
de tal manera que crea un resultado no equitativo.”
Aquí está el mapa relevante:
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Lo que significa esta sentencia es que Nicaragua ahora tiene
jurisdicción sobre alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados antes usurpados de
manera unilateral a la fuerza por Colombia durante más de ochenta años. Ahora
toca a Colombia retirar sus buques de guerra que han hostigado a los barcos
nicaragüenses durante décadas. La Sentencia también quiere decir que Nicaragua
tiene derechos aéreos sobre ese mismo territorio marítimo. Nicaragua ahora
tiene los derechos exclusivos a los recursos marinos y otros recursos en el mar
y la plataforma continental que la sentencia de la CIJ ha adjudicado al país.
Las reacciones de los dos gobiernos a la sentencia no podrían haber
sido más diferentes. En Managua, el Presidente Daniel Ortega hizo una
declaración pública en la que aceptó la sentencia a pesar de haber perdido el
reclamo nicaragüense a San Andrés y sus asociadas isletas y cayos. El
Presidente Ortega habló en presencia de todos los Presidentes y Cancilleres
anteriores desde el triunfo de la revolución en 1979, con la excepción de
Violeta Chamorro quien no atendió por motivo de problemas de salud. Los
nicaragüenses de todas las opiniones políticas miran con alivio la sentencia
porque pone fin de una manera positiva a su viejo reclamo contra el histórico
expansionismo regional de Colombia.
La reacción fue muy diferente en Colombia. Allí, el Presidente Santos
saludó la sentencia de la CIJ pero rechazó todos los elementos desfavorables
para Colombia. Colombia ha sido dominada por un pequeño grupo de familias
adineradas desde que logró la independencia de la colonia española. Comparten
el racismo grosero típico de las élites de la región desde el Rio Grande hasta
Tierra del Fuego. Para ellas y ellos, el perder a manos de Nicaragua un
territorio extenso del que se habían apropiado es una humillación nacional.
La opinión entre la elite gobernante de Colombia sugiere que van a
rechazar la sentencia de la CIJ sean cuales sean las consecuencias. Saben que
militarmente son mucho más fuertes que Nicaragua. Creen que tienen el respaldo
incondicional de los Estados Unidos. Como sus aliados sionistas en Israel,
saben muy bien que el roto sistema de las Naciones Unidas probablemente se
demostrará impotente una vez más dado el veto de Estados Unidos en el Consejo
de Seguridad.
El conflicto será una prueba dura de la viabilidad de las nuevas
instituciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas. Para los aliados de
Nicaragua en la Alianza Bolivariana de nuestras Américas, el conflicto será una
prueba de la viabilidad del compromiso de sus países miembros con la diplomacia
y el diálogo para dirimir disputas. Para el gobierno de los Estados Unidos y
sus aliados de la OTAN es una excelente oportunidad para dividir para dominar,
como lo han hecho los países de Europa y los Estados Unidos a lo largo de la
historia moderna latinoamericana.
De parte de Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega ya ha hecho más que
claro que nada cambiará para los habitantes de San Andrés y sus isletas vecinas
en términos de su acceso al mar para pescar en las zonas ahora adjudicadas a
Nicaragua. El gobierno de Nicaragua y sus aliados de los países del ALBA están
a la espera de qué, al final, el gobierno de Colombia va a decidir a hacer. La
sentencia de la CIJ es de cumplimiento obligatorio e inapelable.
El gobierno colombiano está valorando los costos y los beneficios de
rechazar la sentencia de la CIJ. La duplicidad hipócrita y la adicción sádica
al asesino uso de la fuerza armada han caracterizado la élite gobernante
colombiana desde su independencia y la traición contra Simón Bolívar. Esa
odiosa tradición histórica ha sido continua durante lás últimas seis décadas
desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan en 1948. Parece remota una aceptación
oportuna por Colombia de la sentencia de la CIJ.
