Más neoliberalismo, la medicina de Santos para
rematar la salud,
Horacio Duque.
La crisis del sistema de
salud colombiano se sigue agravando, hundiéndose en el abismo. Todos los días
hay anuncios de cierre de hospitales, los enfermos mueren en los pasillos de
las salas de urgencias, recibir un medicamento es una verdadera hazaña y las
EPS intermediarias se roban los pagos mensuales de los usuarios.
Lo cierto es que los más
débiles están sin salud; se repiten a diario los paseos de la muerte; las EPS
siguen con las respuestas negativas a los pacientes sobre los tratamientos,
medicamentos, terapias o intervenciones quirúrgicas ordenadas por los galenos;
las esperas son insoportables en las salas de urgencias; afiliados y patronos
siguen pagando cotizaciones, casi siempre con liquidaciones desproporcionadas,
pero sin resultados. No se ve una luz al final del túnel neoliberal de la
salud. Un túnel largo y muy oscuro como todo lo de esta sociedad descompuesta y
mercantilizada.
Agréguele que los
responsables del reciente saqueo al sistema que se destapó a principios del
2012, ya reorganizaron su negocio, con la mirada complaciente del gobierno
central. Palacino, el de Saludcoop, sigue campante con su prospero negocio de
la salud a través de testaferros y funcionarios que le dan apoyo desde la
Superintendencia de Salud y el Fosyga. Debería estar en la cárcel por sus
fechorías y actos delincuenciales. Lo que se robo le alcanza para comprar la
impunidad en un sistema judicial corrupto.
El tamaño de los
problemas de la salud pública es de tales proporciones que ni los funcionarios,
ni los legisladores, ni los especialistas en el asunto que actúan como
consultores, poseen la más mínima idea sobre las reformas inmediatas que se
deben implementar, menos aciertan en una solución estructural de largo plazo
que garantice el derecho a la salud de toda la sociedad, empezando por los más
débiles.
Por supuesto, en lo más
mínimo se les ocurre que lo primero es eliminar la causa principal de la
descomunal crisis en la salud, la famosa ley 100 de 1992 y sus normas
reglamentarias para reestructurar toda la salud con criterios de equidad y
modernidad, ajenos al negocio capitalista.
Para rematar, Santos
nombró un Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que respira neoliberalismo por
todos los poros. Su Dios es el mercado. La oferta y la demanda, son su
adoración. Es alérgico a principios como la solidaridad, la equidad y la
igualdad. Para él todo lo resuelve el mercado y la democracia liberal porque
según sus "eruditos" conocimientos el socialismo es una aberrante
desviación humana.
Con esa visión de la
vida y del mundo a este "caballero del mercado" se le ocurrió una
idea genial: como lo único que ha funcionado hasta el momento para proteger el
derecho fundamental a la salud de los pacientes más pobres es la Acción de
Tutela, única manera de resistir y defenderse ante la muerte, y mecanismo que
permite los recobro de medicinas, ya redactó un texto mañoso y explosivo que
incorporó en el proyecto legislativo denominado de "reforma a la salud",
que acumula otros de iniciativa parlamentaria. Se trata del artículo 14 el cual
dice que “con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política, se crea
la Acción de Protección a la Salud, que tendrá por objeto resolver los
conflictos o las controversias que surjan entre los usuarios y las entidades
prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando por la
actuación u omisión de éstas se vea amenazado el derecho de los usuarios”.
Los autores de esta
iniciativa le quitaron en un envión a la salud, aun en conexión con la vida, el
carácter de derecho fundamental –establecido claramente en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional de los últimos años-, pues ubican dicho derecho en el
conjunto de los derechos, completamente ajena al artículo 86 (que
institucionalizó la Acción de tutela de los derechos fundamentales en la Carta
del 91), y lo encapsulan en el artículo 89, referido a los recursos, acciones y
procedimientos que la ley puede establecer para “la protección de los derechos individuales,
de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades
públicas”. De esa manera, además, excluyen de manera absoluta la posibilidad de
actuar contra las EPS, que no son entes públicos dándole a la salud un trato
marginal, como ha ocurrido en los últimos años.
Obviamente es una idea
claramente adversa a los propósitos de “protección”, que es el pretexto del
gobierno para incluir esta norma. Quieren que los jueces, en adelante, nieguen
las demandas de tutela en materia de salud por la existencia de otro recurso de
defensa judicial, que por supuesto será ineficaz, lento, complejo y
extraordinario, pues se trata de hacer valer la inmunidad de las negociantes
intermediarios frente al amparo constitucional, y –obviamente- dejar a los enfermos
en la más absoluta desprotección.
Es el "modelo"
de salud que no quiere De La Calle que se debata en la Mesa de Conversaciones
de La Habana, pues allí solo se pretende la rendición de la resistencia
campesina revolucionaria invicta. Es la "paz neoliberal" que quiere la
oligarquía empresarial y negociante de la salud.
