Instituciones
secuestradas
Por Narciso Isa Conde
El titular del poder
ejecutivo es el producto de una imposición
a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores,
tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación
del sistema electoral.
Ese presidente está montado sobre una
constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una
“dictadura constitucional” o una “dictadura institucionalizada”.
El poder legislativo,
el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial y una parte
del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de una
especie de corporación de la corrupción y de los grandes receptores de las
súper-ganancias capitalistas.
Esa dictadura
institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel
Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto
concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo han pasado
a jugar un papel bastante relevante después de su imposición como candidato
“ganador”.
El gobierno actual es una amalgama de leonelismo y
danilismo, bajo un fuerte manto de impunidad tendido por poderosos intereses de
facciones de la burguesía transnacional y criolla y por el patrimonio robado
por una elite partidocrática convertida en lumpen-burguesía burocrática. El
reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de
las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente.
La tutela neoliberal de
los centros decisorios del capitalismo global y el creciente proceso de
putrefacción institucional a cargo de una partidocracia cada vez mas
degenerada, impiden que cualquier
reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el
seno del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral de este país.
Con esas instituciones
al servicio de la clase dominante todo irá para peor, lo que no excluye ciertos
giros y sinuosidades forzadas por la presión popular.
Con este orden
constitucional–institucional no habrá “gestión pública res- ponsable”, ni ”régimen fiscal justo”; menos
aun un pacto educacional digno, una política energética “para el bien común” o
políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural
de la nación.
Entonces, si se trata
de instituciones decadentes e infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar
de ellas lo que siempre ha rechazado?,
¿por qué seguir haciéndole el juego
a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas,
cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.
La estrategia
social-reformista no tiene espacios receptivos en este tipo Estado.
