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domingo, 7 de julio de 2013

Catatumbo: Estigmatización, criminalización y muerte. Por Horacio Duque.

Catatumbo, una región totalmente militarizada




Ante la contundente movilización del campesinado del Catatumbo, el cual protagoniza una amplia acción social desde hace ya casi un mes, sustentada en un justo y adecuado pliego de peticiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, la respuesta del gobierno nacional en cabeza del señor Santos ha sido un desatino absoluto.

La actitud de la Casa de Nariño no es diferente a la clásica postura de todos los gobiernos de la oligarquía frente a la movilización social y popular. Menudean las mentiras, el desgaste, la manipulación, la represión y la más descarada violencia contra los campesinos. Ya van 4 muertes a manos de la policía, muchos heridos y encarcelados.

Sin duda, esta movilización campesina en el Catatumbo es un hecho social y político extraordinario. Histórico, se podrá afirmar, sin exageración.

Que 12 mil campesinos, hombres, mujeres y jóvenes,  de una población de casi 200 mil habitantes realicen un despliegue de las proporciones vistas, no tiene muchos antecedentes en la historia colombiana y latinoamericana  Basta hacer la comparación con las recientes manifestaciones del Brasil, una nación de casi 200 millones de habitantes, que despegaron con pequeñas concentraciones de 2000 personas, hasta llegar al millón registrado en los eventos más cercanos.

La organización y la potencia de este movimiento reside en la justeza de sus exigencias. Desde luego, en el alto nivel de conciencia de dicha subjetividad agraria y democrática, conformada en la lucha y el trabajo heroico de líderes muy probados.

Son diversos los aspectos de este movimiento sociopolítico que deben ser analizados. Por ahora solo me interesa destacar la posición del gobierno del señor Santos frente al mismo.

En principio, prevaleció el desconocimiento y el menosprecio por la lucha campesina. Se jugó al desgaste y a la muerte de la acción rural.

Pero dada la envergadura de la protesta, de las manifestaciones y de la eficacia de las formas de lucha utilizadas, se recurrió a una feroz carga de violencia con grupos especiales de la policía, del ESMAD (Escuadrón antidisturbios) para masacrar la protesta. Fruto de tal acción terrorista policíaca fue la muerte de varios campesinos, ultimados por tiros de gracia de francotiradores apostados en lugares estratégicos de Ocaña y Tibú.

Como quiera que este escenario desnudó la naturaleza del régimen colombiano ante los ojos del mundo, a renglón seguido se adoptó un tono de conciliación y se improvisó una comisión de altos funcionarios de Bogotá, que derivaron en un fiasco por la frivolidad y cinismo de su Coordinador, un Consejero Social acostumbrado a banalizar los reclamos sociales por la evidente degradación de su comportamiento social y político, luego de haber sido por cierto tiempo un reconocido líder sindical, ahora emblema del transformismo político promovido por la élite dominante.

Todo fue un fracaso y a renglón seguido se dio un salto "metodológico" para acudir a los servicios de un "experto" en solución negociada de conflictos que sirvió de antesala del nuevo y tenebroso capitulo. 

Me refiero al que hemos visto en los últimos tres días.

El nuevo escenario mezcla guerra mediática,  estigmatización, amenazas y criminalización.

El primer paso consistió en difundir un infame reporte periodístico sobre Cesar Jerez, uno de los líderes de los campesinos, para endilgarle vínculos con grupos guerrilleros y asociarlo con planes diabólicos para sabotear el Estado.

La movida siguiente consistió en apurar el despliegue de organismos judiciales para precipitar la penalización y captura de los dirigentes que encabezan la protesta.

Ahora estamos, por cuenta del "experto" negociador de conflictos, abocados a una clásica jugada de estos "técnicos", que consiste en emplazar a una de las partes a que renuncie a sus recursos ofensivos para derivar en la destrucción y fracaso de la movilización.

Obviamente, nada de esto va a doblegar el formidable alzamiento rural del Catatumbo. Este potente movimiento social muestra otros niveles de desarrollo dado que constituye una subjetividad política surgida en un largo proceso de luchas y educación.

Adicionalmente, las condiciones políticas del gobierno Santos están en su peor momento dado el enorme desprestigio de su administración.

Los campesinos del Catatumbo tendrán que avanzar en su protesta dado que no existe la menor intención de Santos de  atender sus demandas.

A la vista están nuevas acciones campesinas que regresaran a las manifestaciones para exigir el cumplimiento de recientes acuerdos después de grandes huelgas y bloqueos de vías para exigir subsidios para los cafeteros, arroceros, paperos, paneleros, camioneros y ganaderos lecheros. Santos no ha cumplido lo pactado y tendrá que vérselas con la indignación de millones de labriegos y conductores de tractomulas.

Es grotesca y brutal la posición gubernamental de estigmatizar, criminalizar y asesinar en el Catatumbo. Nada coherente con las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana para resolver el prolongado conflicto social y armado. Queda al desnudo la demagogia y mentira del régimen de la denominada Prosperidad Democrática. Estamos notificados de su "paz".

Al tiempo con la protesta campesina del Catatumbo ha ocurrido una amplia solidaridad nacional con las reivindicaciones agrarias y democráticas proclamadas. Es el apoyo generoso del movimiento social nacional sensible con la heroica batalla campesina e indígena/Bari.



jueves, 27 de junio de 2013

“Santos, ¡NO mates tu pueblo!”







Por Eliecer Jiménez Julio
Observatorio de Derechos Humanos Paz y Conflicto “Alfredo Correa D’ Andreis” Universidad Distrital de Bogotá-Capitulo Europa.

……..yo soy el hombre que ha perdido el miedo para decirle a los de arriba los que son/ de fiesta en fiesta mantienen al pueblo para que nunca estalle la revolución / aquí en Colombia todo lo bueno está planeado pa’ los de arriba, y los de abajo siguen viviendo sin pan sin techo y sin medicina. . . .
Leandro Díaz, compositor vallenato (qepd)

Los campesinos y pobladores colombianos de la región del Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander, vienen siendo víctimas de las políticas de explotación extranjera patrocinadas por el gobierno del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien junto con los comandantes del ejército y policía vienen señalando a los labriegos de estar aliados o “infiltrados” con la insurgencia, esto con el único objetivo de no atender sus demandas y por el contrario ha militarizado la región y está matando con balas, garrote y gases a los manifestantes con el fin de frenar la movilización del pueblo que reclama sus justos derechos y que en número superior a los 20 mil vienen movilizándose desde hace mas de tres semanas.

Este Presidente a quien bien le cabe el termino de pacificador y que habla de paz en los escenarios nacionales e internacionales y que se ofrece de “mediador” en el conflicto de Israelitas y Palestinos, no practica en su país lo que intenta ofrecer en el exterior y que está atacando inmisericorde, indolente y brutalmente a la población colombiana, siguiendo la estrategia de guerra ordenada por el gobierno norteamericano y firmando convenios de apoyo con la OTAN para seguir aplicando la guerra contrainsurgente en Colombia con tecnología de punta.

Los campesinos del Catatumbo, solo reclaman que la erradicación de los denominados cultivos ilícitos se haga  de manera manual y concertada con estas comunidades y piden al gobierno colombiano autorice la creación de la Zona de Reserva Campesina que está prevista por la ley desde hace más de dos décadas.

Sin embargo hasta ahora la única respuesta que han recibido los manifestantes han sido las balas de los militares y policías que han asesinado 6 labriegos y heridos medio centenar más.
El reclamo justo de los pobladores del Catatumbo es una manifestación y rebeldía mas contra la denominada locomotora minera que está saqueando a Colombia de sus recursos naturales para beneficio exclusivo de las multinacionales, dejando solo muertos, desolación, desplazamiento y violencia en Colombia.

Desde Europa hacemos la denuncia internacional y pedimos a los diversos países de la Unión Europea que se apersonen urgentemente de esta situación y que en los diversos parlamentos donde se discute el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de la UE y Colombia sean suspendidas sus discusiones o votadas negativamente ya que no se conciben que los países civilizados y defensores de los DDHH estén patrocinando y firmando acuerdos con un gobierno colombiano corrupto y asesino.

Al mismo tiempo responsabilizamos al gobierno colombianos por los muertos y heridos y exigimos parar esta violencia contra el pueblo del Catatumbo y al mismo tiempo demandamos la solidaridad y el apoyo internacional urgente con estos miles de labriegos que hoy se levantan como un solo hombre contra la explotación y abandono a que vienen siendo sometidos por un gobierno y un sistema donde internacionalmente se dice vivir en democracia pero que mata, masacra, desaparece, desplaza y encarcela a los que protestan.

A los manifestantes del Catatumbo los acompañamos solidariamente en sus luchas y a los campesinos del resto de Colombia los motivamos a que pierdan el miedo y se levanten organizadamente a solidarizarse con sus compañeros del Catatumbo y exijan sus derechos y reivindicaciones demostrándole de paso al propio presidente Juan Manuel Santos que la llave de la paz con justicia social no la tiene un mandatario con vocación de pacificador sino el pueblo en su conjunto.

Invitamos a los organismos internacionales que se sumen a los delegados de Canadá, Francia, España y el Observatorio de Derechos Humanos Paz y Conflicto Alfredo Correa D’ Andreis de la Universidad Distrital de Bogotá los cuales están conformando una misión que se llevará a cabo en el marco de la campaña nacional e internacional de solidaridad con las comunidades: “Catatumbo Resiste”. Y que visitará la región entre el 3 y el 6 de julio próximo junto con miembros de la prensa internacional. La Misión se reunirá con los campesinos y la comunidad con el propósito de recibir todas las denuncias sobre los ataques y violaciones de los DDHH que vienen sufriendo estos miles de habitantes con el fin de presentar un informe internacional posteriormente dirigido a los organismos defensores de DD.HH en el contexto internacional.

miércoles, 19 de junio de 2013

Seis millones de desplazados y refugiados colombianos continúan esperando el apoyo público de la UE

Mujeres de Urabá, desplazadas por la alianza Estado-Paramilitarismo y por ser esposas y
militantes de la Unión Patriótica, aqui en condiciones infrahumanas en el sector de la Usme.


Por Oidhaco


Este jueves 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y el 27 el Día Mundial Contra la Tortura, días que, desafortunadamente, nos obligan a pensar en Colombia.

Este jueves 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y el 27 el Día Mundial Contra la Tortura, días que, desafortunadamente, nos obligan a pensar en Colombia y afrontar la triste realidad que va más allá de las noticias que podemos leer sobre el proceso actual de dialogo entre el Gobierno de Santos y las Farc en la Habana.

Según el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno, con sede en Ginebra, entre 4.9 y 5.5 millones de colombianos son víctimas del desplazamiento interno, superando en dos millones a Siria. En el último informe de la organización no gubernamental Codhes, se estima que en 2012 hubo 256.000 nuevas personas desplazadas; a finales de marzo 2013, la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó acerca de un aumento del desplazamiento forzado en Colombia durante el primer trimestre de 2013. Señaló que en este período, teniendo en cuenta solamente los desplazamientos masivos de más de 50 personas “10.694 personas fueron desplazadas por la fuerza. Esto representa un aumento del 59 por ciento”, si se compara con el primer trimestre de 2012. Las estimaciones de 2011 de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hablaban de 400.000 colombianos refugiados en otros países.

La impunidad generalizada frente al abandono forzado y el despojo de tierras es alarmante. Según la Corte Constitucional, de cada 200 casos, menos de uno llega a la etapa de acusación, es decir, más de 99,5% queda en la impunidad. En su informe de noviembre de 2012, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) consideró que existe una “base razonable” para creer que crímenes de lesa humanidad han sido cometidos por los actores del conflicto armado, entre ellos, los desplazamientos forzados. De esta manera anunció que los procesos judiciales relacionados con el desplazamiento forzado estarán entre los elementos en los cuales centrará su examen preliminar sobre Colombia.

Frente a tal magnitud el silencio de la Unión Europea sorprende. “La Unión Europea y sus representantes parecen más dispuestos a felicitarse de la ratificación del acuerdo comercial. Para ello realizan visitas a Colombia con el fin de analizar oportunidades para las empresas europeas. No la vemos tan proactiva a la hora de pedir públicamente mejoras reales en la grave situación que vive Colombia” declara Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.

Y este silencio se repite cuando Colombia se niega a aceptar la recomendación realizada por más de 10 países durante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en Ginebra: la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura. “Qué puede justificar la no ratificación de un instrumento internacional que busca apoyar los países en la lucha contra un crimen tan horrendo como la tortura?”, se pregunta Oidhaco.


“La Unión Europea no puede quedarse mirando únicamente los posibles avances de un proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Santos y las Farc: es necesario que haga visible la grave situación de derechos humanos en Colombia. La UE tiene el deber de condenar esta situación y ofrecer su apoyo para encontrar una solución a estos crímenes y la impunidad que los rodea” concluye el portavoz de la Oidhaco.

sábado, 25 de mayo de 2013

El coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo: El oficial de los magnicidios

Jorge Eliécer Plazas Acevedo, prófugo desde el año 2003; Jesús Emiro Pereira. alias ‘Huevoepisca’;
y Rito Alejo del Río, general (r) condenado por el crimen de Marino López Mena.


Por Juan David Laverde Palma
En razón a dos diligencias de versión libre de los jefes exparamilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisca, en las cuales aportaron detalles sobre el homicidio de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, la Fiscalía ordenó la captura del coronel (r) del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo. La determinación del ente investigador busca establecer hasta qué punto este oficial retirado y otros miembros de la Fuerza Pública colaboraron en el suministro de información de inteligencia a la organización criminal que perpetró el doble homicidio en 1997.

En la declaración de Jesús Emiro Pereira, hoy detenido en la cárcel de Montería y también procesado por el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya, el jefe paramilitar sostuvo que las muertes de Calderón y Alvarado fueron ejecutadas por la banda La Terraza de Medellín. Sin embargo, en desarrollo de su testimonio, Huevoepisca mencionó a otros personajes que, por la misma época, colaboraron con las autodefensas. Cabe aclarar que Jesús Emiro Pereira fue hombre importante en la estructura del bloque Capital, responsable de varios episodios de violencia en Bogotá entre 1997 y 2004.

Pereira admitió que trabajó con el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y que la persona que los relacionó, porque “era simpatizante de las autodefensas”, fue el general (r) Rito Alejo del Río. A su vez, Huevoepisca aclaró que a este último lo conoció en Bogotá en 1998, cuando acababa de llegar de la región de Urabá, y se lo presentó el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alias Doble Cero. El general (r) Del Río, según el declarante, le presentó a Plazas Acevedo para que cuadraran cosas con las autodefensas y por eso la organización ilegal puso a algunos de sus hombres a disposición del coronel Plazas.

Al ser interrogado sobre estos nexos, salieron a relucir dos personajes más: José Húber Coca, alias Camilo Coca, y Graciano Goez. Al respecto, Huevoepisca observó que ambos operaban desde La Mesa (Cundinamarca), las autodefensas les pagaban su sueldo, pero su jefe directo era el coronel Plazas, quien para la época oficiaba como jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército. Alias Huevoepisca insistió en que a Camilo Coca lo mandó a matar el propio coronel Plazas Acevedo y que Graciano Goez está preso por cuenta de la Ley de Justicia y Paz y podría aclarar éste y otros crímenes ocurridos a finales de los años 90 en Bogotá.

La Fiscalía quiso conocer qué podía saber Huevoepisca respecto a otros magnicidios, como el del penalista Eduardo Umaña, ocurrido en abril de 1998. Pereira negó tajantemente saber algo de ese asesinato, de la misma manera que negó conocer los vínculos de otros oficiales retirados del Ejército con las autodefensas. Eso sí, dejó claro quién era el intermediario para que esas fuerzas ilegales les pagaran a miembros del Ejército, la Policía y el DAS por información de inteligencia: “John Lora, y está muerto”. Era de Montería. El segundo pagador fue un exfiscal que hoy está desmovilizado y tenía el alias de Fiscalía.

Las declaraciones de Jesús Emiro Pereira y Don Berna han permitido esclarecer en buena medida cómo llegó a operar el paramilitarismo en la capital de la República. Aunque el ente investigador ha relacionado una sucesión de crímenes y hechos violentos ocurridos entre 1997 y 2004, empezando por el doble homicidio de los investigadores del Cinep, Calderón y Alvarado, todo apunta a que la misma organización o sus enlaces en la Fuerza Pública tuvieron que ver con el magnicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, perpetrado el 13 de agosto de 1999.

De hecho, el coronel (r) Plazas Acevedo, prófugo de la justicia desde 2003, cuando escapó de la Escuela de Artillería en Bogotá, donde purgaba una condena de 40 años por el secuestro y homicidio del industrial israelí Benjamín Khoudari, tiene hoy orden de captura internacional por el caso Garzón. En octubre de 2012, la Fiscalía encontró razones para pedirle a la Interpol la detención de Plazas, cuyo alias en las autodefensas era Don Diego. Al crimen de Garzón también está vinculado el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.

Seis meses después del asesinato de Jaime Garzón ocurrió el secuestro de la periodista Jineth Bedoya, quien para entonces, como reportera del diario El Espectador, denunciaba actos de corrupción en la cárcel Modelo de Bogotá. En septiembre de 2012, en desarrollo de la investigación por las agresiones a la periodista, la Fiscalía ordenó la detención preventiva por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal de los paramilitares Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca. Es decir, la misma organización en Bogotá.

En esa época, el bloque Capital y el bloque Centauros cometieron un sinnúmero de delitos en Bogotá, insuficientemente aclarados. La vinculación del coronel Plazas Acevedo a ese engranaje en dos graves episodios, como los crímenes de los investigadores del Cinep, baleados en su propio apartamento, o el de Jaime Garzón, deja ver que existió una organización en Bogotá creada por las autodefensas, que tuvo el apoyo permanente de oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía y el DAS. La justicia sigue al debe para aclarar el capítulo de horror del bloque Capital.

Justamente esta semana el portal Verdad Abierta entrevistó en Argentina a Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, capturado el año pasado, quien confirmó pagos mensuales de $400 millones a oficiales y suboficiales de la Policía en Bogotá que colaboraran para fortalecer a la estructura criminal.

jlaverde@elespectador.com



viernes, 24 de mayo de 2013

Nueva edición de “La paz con justicia social es posible, luchemos por ella No 53” por Juan Leonel Pérez



Mayo 23 de 2013.

Reelección.


Álvaro Uribe Vélez se reeligió como presidente de Colombia por 4 años e intentó reelegirse por otros 4, para acabar con la guerrilla, sobre todo con las FARC.

Duró ocho años en el poder, acabó con el país, dejó enlodadas las instituciones: Ejecutivo, Varios ministros y jefes del DAS en la cárcel; Legislativo, el 70 % de los congresistas investigados por narcotráfico y paramilitarismo, varios condenados por estos crímenes; Justicia, la impunidad instalada en todo el poder judicial, los homicidios, desaparecidos, desterrados, perseguidos no encuentran quién administre justicia, muchos ya pasan de diez años y nadie responde por los hechos; militares, totalmente desprestigiados, comprometidos en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales (Falsos positivos) más de mil militares en la cárcel entre ellos varios generales, y no pudo acabar con la insurgencia.

Ahora el presidente Juan Manuel Santos se quiere reelegir para hacer la paz, porque no le alcanzó el periodo de 4 años para hacerla, creyó tener la llave de la paz en el bolsillo y se quedó mucho tiempo tratando de esconderla, para golpear al enemigo, le pareció que matando a los dirigentes llegaría muy fuerte a las conversaciones, y con esto los guerrilleros correrían a entregar las armas y desmovilizarse. Pero no fue así, y no fue así porque la insurgencia, fue golpeada con la muerte de varios jefes importantes, pero no fue derrotada militarmente y menos políticamente, al contrario las causas por las cuales se levantaron en armas están más vigente que cuándo iniciaron la lucha.

Hay una oportunidad histórica, para la RECONSTRUCCIÓN Y REONCILIACIÓN NACIONAL, la guerrilla tiene la voluntad política, la definición de llegar a un acuerdo con el establecimiento, ya lo han mostrado en los ACUERDOS DE LA URIBE EN 1984 y en el Caguán en el 2002 con la AGENDA COMUN POR EL CAMBIO HACIA LA NUEVA COLOMBIA.

Pero la clase dirigente tiene que ser realista, tienen que haber unas reformas estructurales mínimas, en lo económico, político y militar, el gobierno no puede pretender que después de 60 años de guerra, se solucione el problema con el silenciamiento de los fusiles, no, hay una deuda social muy grande y debe ser cancelada al menos en una parte pequeña.

La gente, el pueblo colombiano quiere la paz y respalda los diálogos en la Habana, personalidades del mundo quieren la paz, apoyan el proceso, pero no es comprensible que el gobierno diga todos los días que no hay nada que cambiar, nada que negociar distinto a que la guerrilla se desmovilice, entregue las armas y participe en política, ya lo hicieron y la experiencia fue fatal, más de 5 mil muertos de la Unión Patriótica y el Partido Comunista; aniquilado el Frente Popular y A luchar igual que organizaciones sindicales, indígenas, cooperativas, afro descendiente y de Derechos Humanos. ¿Dónde están las garantías?

Señor Presidente, no basta con el discurso de paz, suena bonito, pero tiene que ser acompañado por una decisión política de acabar con el conflicto por la vía dialogada. Y esto está por verse.

Si usted lo hace, entrará por la puerta grande en la historia de Colombia, si no, puede ser uno más de los malos presidentes que han gobernado el país.


En las cárceles de Colombia hay más de 9.000, presas y presos políticos, en EE.UU, está Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, ellos necesitan de nuestra solidaridad.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Y Aquí ¿Quiénes son los héroes?


Los valeroso campesinos de la rivera del Río Mira, en Tumaco, Departamento de Nariño, denuncian cómo el Ejército colombiano( Batallón 11, Brigada Móvil 19) los señala, los estigmatiza, los violenta y los obligan a desplazarse acantonándose muy cerca de sus casas. 

La comunidad convive con amenazas de muerte, robos y se les pretende imponer el miedo; sin embargo deciden acceder a dar estas entrevistas para visibilizar su situación y ejercer su legítimo derecho a la defensa


http://youtu.be/0Is3-Gt59Qk

domingo, 19 de mayo de 2013

La pistola humeante. Por Daniel Coronell


Por Daniel Coronell
Revista Semana

A la exalcaldesa nuevamente nadie le prestó atención. En agosto del año pasado la mataron de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en Valledupar.

Una seguidilla de crímenes ha azotado a La Guajira. Familiares de los asesinados –y algunas de las víctimas que alcanzaron a hacerlo– han señalado la presunta responsabilidad en estos hechos del señor gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez o KG. Nada ha pasado con las denuncias. Están ganando polvo en los anaqueles de La Guajira donde la palabra del gobernador es la ley. 

Denunciar no le sirvió de nada a la anciana wayú Francisca Sierra. Ella advirtió a las autoridades que iban a matar a su hija Martha Dinora Hernández. A pesar de haber puesto las amenazas en conocimiento de la Fiscalía –mencionando con nombre propio al gobernador– nadie investigó esa pista. Martha Dinora fue acribillada a 50 metros de una estación de Policía sin que nadie pudiera ver nada. Un tiempo atrás habían matado a Víctor Ojeda, esposo de la asesinada y yerno de la denunciante.

La historia de Yandra Cecilia Brito es aún peor. Ella fue alcaldesa de Barrancas, La Guajira, y en 2008 mataron a tiros a su esposo Ustariz Guerra y a Wilfrido Fonseca, que lo acompañaba. Ella aseguró que detrás del crimen estuvo Kiko Gómez e hizo su denuncia tan pública como pudo.

Le envió una carta al entonces fiscal Mario Iguarán, al procurador Alejandro Ordóñez y al entonces presidente Álvaro Uribe en la que les pedía protección y aseguraba: “Tal como lo señalé en la denuncia mis hermanos Saúl Javier, Saúl Rafael Brito Castillo y mi persona; hemos venido siendo amenazados telefónicamente por secuaces del señor Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez. Amenazas que empezaron dos meses después de la muerte de mi difunto esposo, originadas en el hecho de que estábamos investigando los motivos de su asesinato…”.

Las investigaciones nuevamente se quedaron engavetadas. A la exalcaldesa nadie le prestó atención. En agosto del año pasado la mataron de ocho balazos, disparados en ráfaga desde una moto en el barrio Guatapurí de Valledupar.

La Justicia no se imagina quién pudo haber ordenado ese homicidio, pero su desconsolada madre, Nedda Carrillo, ha denunciado –también infructuosamente– que quien está detrás es Kiko Gómez. Asegura además que la están amenazando desde el sepelio de su hija para que no siga averiguando por las muertes de sus parientes.

Ninguna investigación avanza contra el poderoso gobernador Kiko Gómez.

Tampoco le ha sucedido nada en el risible Consejo Nacional Electoral que terminó avalando su cuestionada elección en el cargo, ni en el Consejo de Estado cuya sección quinta produjo hace unos días un fallo favoreciéndolo. (Dicho sea de paso: ¿alguien sabe qué pasó con la investigación por el tráfico de fallos en el Consejo de Estado que implica por cierto a un célebre personaje guajiro?) 

Hace unos meses el periodista Gonzalo Guillén fue a La Guajira para indagar por los homicidios, por las investigaciones paradójicamente congeladas en el desierto y por otros fenómenos de corrupción. 

Guillén, veterano reportero de investigación con 36 años de experiencia, empezó pronto a encontrar las huellas de una alianza entre autoridades locales y miembros del hampa binacional que trafica combustibles, drogas y precursores químicos desde el Cesar en Colombia hasta Maracaibo en Venezuela. 

La investigación aún no ha sido publicada, pero la semana pasada fue descubierto un plan para asesinar al investigador.

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio del Interior, alertó sobre un atentado en marcha para matar al periodista Gonzalo Guillén y a los investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila, quienes desde la Fundación Arco Iris en el año 2011, habían mostrado las prácticas torcidas de la política en La Guajira, incluyendo las alianzas con grupos delincuenciales.

Según la Policía, a cargo de la ejecución del crimen está un hombre conocido con el alias de 'Morroncho' que –casualmente– viene de La Guajira.

Las autoridades, en su sabiduría, han podido determinar después de las exhaustivas pesquisas de rigor que detrás de la preparación del triple homicidio están, sin duda, “las bandas criminales” y “los enemigos de la paz”.


jueves, 9 de mayo de 2013

La Paz con Justicia Social es posible, luchemos por ella. No 51. Por Juan Leonel Pérez

Le costó casi la vida al periodista de la Revista Semana, Ricardo Calderón. El “delito” haber
informado a los colombianos sobre la “Vida Carcelaria” de los 1500 militares que pasan sus
sentencias en el clima tropical de la base militar y entrenamiento del Ejército Nacional.



La libertad de prensa
Una de la víctimas del conflicto político, social y armado en Colombia ha sido la libertad de prensa, la cual ha pagado un alto precio, llegando a ser inexistente en nuestro país, así los grandes diarios de Colombia y de América agrupados en Andiarios, digan que Colombia es un país en el que se respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Han sido varias decenas de periodistas asesinados, por el delito de decir, investigar e informar sobre la verdad de lo que ocurren en el país.
La lista es muy larga, pero no podemos dejar de mencionar a: Guillermo Cano, Jaime Garzón, Manuel Cepeda y decenas de periodistas que han perdido la vida por sus opiniones escritas y divulgados en los diferentes medios de comunicación nacional e internacional.
El día 01 de mayo de 2013, a las 7.30 de la noche el periodista de Semana, Ricardo Calderón, fue objeto de un atentado, la razón el haber investigado y denunciado las chuzadas por el tristemente célebre Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). A políticos, Magistrados, periodistas, defensores de Derechos Humanos, dirigentes sindicales y todos los que criticaban al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los falsos positivos cometidos por militares en servicio activo, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales contra personas inocentes que llevaban engañados con un trabajo y luego los mataban haciéndolos aparecer como guerrilleros muertos en combate con las FARC. Más triste aún los mataban para ganarse un acenso y una suma irrisoria de dinero. ¡! Hasta donde llegó la miseria humana !!
Haber denunciado [1] las condiciones de vida de más de 1.500 militares presos en la Base Militar de Tolemaida, (Departamento del Tolima) donde viven con todas las comodidades y no como prisioneros que pagan largas condenas cometidas contra gente inocente que va desde violaciones a los Derechos Humanos, homicidios, masacres, torturas y desapariciones.
Los medios de comunicación no se dan por enterados, La procuraduría calla, el Ministro de Defensa no dice nada ante semejante atentado contra la libertad de prensa y eso que el medio que ha hecho las denuncias es parte del establecimiento, que tal que fuera un periódico alternativo.
La libertad de prensa y la libertad de expresión, no es que haya un grupo de empresarios que monopolizan todos los medios de comunicación y que despiden a los periodistas que no les son funcionales, la libertad de prensa es que se le informa al pueblo la verdad de lo que está ocurriendo en el país, sea quien fuere el que comete el ilícito.
Cuantos crímenes, masacres, asesinatos, se le hubieran ahorrado al pueblo colombiano si las denuncias que hicieron en su momento los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y partidos políticos sobre la organización de los paramilitares, se hubieran publicado.
Cuántas vidas se hubieran salvado si cuando se denunció la participación de oficiales de alta graduación del Ejército y la Policía en la organización de estos grupos de asesinos se le hubiera informado al pueblo la verdad de lo que estaba ocurriendo, pero no fue así, lo que se hizo fue desinformar, lo que se publicó fue que habían vendettas entre los miembros de la UP y las FARC, que las FARC, estaba matando a los de la UP, la vinculación infame con el narcotráfico, todo con el fin de desprestigiar a una organización política, hasta convertirlo en una forma de hacer política, mato al adversario y digo que era un guerrillero, mato al adversario y digo que era un terrorista.
Si los dueños de los medios de comunicación y los “periodistas” que publicaron estas mentiras hicieran un análisis profundo se darían de cuenta que ellos tienen mucha responsabilidad en la tragedia del pueblo colombiano.
La libertad de prensa es que cualquier ciudadano, organización social o partido político pueda tener un medio de comunicación y recibir el apoyo del Estado para sean respetados sus derechos.
Por pensar diferente hay 9.500 presas y presos políticos en Colombia, por pensar diferente, Simón Trinidad, Sonia e Iván están en las cárceles de los EE.UU, todos necesitan de nuestra solidaridad.
[1] Tolemaida Resort, Revista Semana, 02 abril 2011
http://www.semana.com/nacion/articulo/tolemaida-resort/237791-3

viernes, 15 de febrero de 2013

Fuero militar o las técnicas para la impunidad de los “falsos positivos”




Por Horacio Duque

El recién aprobado Fuero (derecho) militar para los miembros de las fuerzas armadas por parte del Congreso de la República a instancias del Presidente Santos, pone al descubierto el doble juego del gobierno frente a la democracia, la justicia, la paz y los derechos humanos. Mientras el discurso oficial sostiene su incompatibilidad con la vulneración de los derechos civiles, las prácticas indican una clara responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos esenciales de la persona humana, como el de la vida y la integridad personal

La ley es la confirmación del poder e influencia de los grupos de derecha que prevalecen en los aparatos armados, colonizados por el neofascismo uribista. Se hizo para tranquilizar los grupos más reaccionarios de la sociedad que protestaban y amenazaban con sus presiones. Ignoraron los argumentos y observaciones de importantes entidades internacionales. Santos utilizó su aplanadora legislativa e impuso un articulado que establece la impunidad para una gran cantidad de delitos cometidos por los militares y policias sobre la población civil

El articulado es una pieza maestra técnico-jurídica para dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad ejecutados por los integrantes de la maquina de guerra estatal como los “falsos positivos”. 

Juan Carlos Pinzón, la voz altisonante de Santos en el Ministerio de Defensa, con sofismas empecinados, estableció tercamente que para impedir la impunidad se habían omitido expresamente de la competencia de la Justicia Penal Militar siete tipos de delitos que son graves vulneraciones de los Derechos Humanos. Entre tales delitos que presumiblemente serían instruidos, calificados y juzgados por la Fiscalia y los jueces ordinarios se registran las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado. 

Las determinaciones sobre el delito de las ejecuciones extrajudiciales son las de más aguda controversia por los expertos. En la legislación penal vigente en Colombia no esta tipificado dicho delito con el que de acuerdo con el gobierno se denominan las infames ejecuciones de civiles cometidos en años recientes por los militares, cuando Santos ocupaba la cartera de Defensa, y que la prensa llamó “falsos positivos”.

Un abogado experto en lo que se conoce como manejo judicial defenderá a su apoderado afirmando que el delito de ejecución extrajudicial no existe en el Código Penal y que de esa manera su cliente debe ser juzgado por los tribunales castrenses asegurando así la absoluta impunidad para sus atrocidades criminales. Es por ese hecho que los críticos del fuero sancionado sugerían que en vez de “ejecuciones extrajudiciales” lo que el articulado debería decir es “homicidio culposo” u “homicidio en persona protegida”, delitos que se contemplan en las normas penales vigentes.

Otro aspecto que redunda en impunidad para los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en el fuero sancionado es que serán los jueces militares quienes tendrán la prioridad para llegar al escenario en que se cometieron los supuestos crímenes, reunir las pruebas pertinentes y determinar si los delitos son de su competencia o lo son de la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalia No se requiere señalar que como se ha visto en épocas pasadas los jueces militares regularmente obran con lo que se conoce como “espíritu de cuerpo”, esto es tratando de inclinar la balanza a favor de los inculpados pues después de todo son colegas que integran los organismos castrenses y policiales.

No será posible que los jueces militares de los casos los entreguen a la justicia ordinaria y casi imposible que proporcionen un inventario completo de las pruebas encontradas en el sitio del crimen o que no modifiquen caprichosamente las escenas de los crímenes.

Lo más aberrante de todo este entramado jurídico es que aún dándose la determinación de que los casos son de incumbencia de los jueces civiles, los culpables podrán acudir a un tribunal especial donde la mitad de sus miembros son integrantes de los cuerpos armados, para que el mismo decida en última instancia cuál sistema judicial, el ordinario o el militar, asumirá el proceso respectivo.

Para redondear las gabelas judiciales el nuevo Fuero establece que con pago del presupuesto público se organicen grupos de juristas que asumirán la defensa de los procesados o acusados por cualquier delito.

Santos, su Ministro de Defensa y la cúpula militar estallaron de felicidad al conocer la hazaña legislativa de la coalición dominante porque de esa manera se daban garantías a los miembros del aparato armado del gobierno, supuestas víctimas de arbitrariedades cometidas por una Justicia civil politizada, ideológica y parcializada en contra de la institución militar.

Con la nueva Ley, según Santos, los soldados perderán el temor para enfrentar a las bandas delincuenciales porque en adelante tendrán la certeza de que no serán procesadas “injustamente” por dar cumplimiento al deber “como ocurre en la actualidad”. 

Lo que se viene para el Estado en los próximos meses, después de la sanción de esta Ley, es una cascada de demandas en las instancias jurídicas internacionales por la cantidad de delitos y vulneraciones de los derechos humanos que serán omitidos, banalizados, distorsionados o vulgarmente manipulados en las acciones procesales que asuma la Justicia Castrense.

A la clase dominante le quedó perfecta la técnica jurídica para la impunidad de miles de delitos contra campesinos, trabajadores y jóvenes victimas del despotismo militarista patrocinado y financiado por los Estados Unidos.

En esos términos es que quieren la paz “express”. Quedamos notificados. 

domingo, 13 de enero de 2013

De pobre prisionero a asesino de luchadores. Apropósito el caso del sargento Pedro Guarnizo


“Pesadilla” ¿para quien? ¿Para los familiares de los cuatro colombianos que pertenecieron
a la Unión Patriótica y que fueron asesinados por Guarnizo y sus compañeros de armas?
En el mundo del El Tiempo y los Santos es al revés, la víctima se convierte en victimario.



De pobre prisionero a asesino de luchadores

Por Nechi Dorado


Hablar de las personas que fueron prisioneras de guerra en manos de la guerrilla colombiana, es introducirse en un pozo demasiado sensible para quien odia los encierros sea quien fuere que los ejecuta.

Sin embargo, no podemos dejar de observar que para el sistema dominante hay distintos tipos de prisioneros. Unos, sobre los que tiene que caer el peso de la ley con todo su rigor. Estos, en general son los pobres, los que de alguna manera osaron quejarse de los atropellos que padecen sus pueblos y que además de ser encarcelados pasarán a llamarse terroristas.

Otros, que dejarán de llamarse prisioneros políticos para el mismo sistema, aunque hayan sido capturados en plena contienda bélica. Esos serán, además de casi santificados, rehenes de los terroristas.


ASÍ ES LA HISTORIA porque lo justo no es justo para todos, el sistema tiene hijos y tiene entenados, esto no es nuevo. Las cárceles colombianas, espantosas como toda cárcel en la que conviven seres humanos degradados moral y físicamente, están abarrotadas de presos y presas, algunos hasta sin condena luego de varios años de permanencia en los penales. Sin acceso a comida, agua, medicina, sin acceso a nada más que al horror.

Como muchas veces son confinados a lugares muy distantes al de su residencia de origen, tampoco tienen acceso a la visita de sus familiares, lo que produce un desprendimiento de vínculos mucho más aberrante aún.

Crecerán sus hijos sin padre o sin madre. Morirán sus padres sin volver a ver los ojos de sus hijos o hijas. Así es la historia de esta gente invisibilizada por la gran prensa internacional, condenados a ser “nadie” para el mundo del cual, guste o no, son parte.
Carecen de cualquier derecho humano y son como una llaga abierta a la que continuamente, el estado colombiano, rocía con sal.

Hubo en Colombia, en el marco de una guerra fratricida que lleva 50 años de ejecución, otros prisioneros políticos. Y digo hubo porque afortunadamente han sido liberados por decisión unilateral de sus captores, las FARC-EP.

Dos prisioneros de guerra del Ejército Nacional capturados en combate con las FARC. En la
foto, el 28 de junio de 2001, se alistan para ser liberados y entregados a la Cruz Roja
Internacional junto a 239 de sus compañeros de armas. Así las FARC cumplieron de
liberar sus prisioneros de guerra unilateralmente al Estado Colombiano.


ESTOS, PARA EL ESTADO NO son considerados prisioneros sino rehenes, no olvidemos que en Colombia, los diferentes gobiernos que ocuparon la Casa de Nariño desconocen que exista una guerra, pese a los beneficios materiales que alcanzan gracias a ese estado bélico.

Que exista un solo prisionero político, de por si, resulta tristísimo, pertenezca al bando que sea. Cuando el gobierno desoyó los insistentes llamados de la insurgencia invitando a un intercambio de prisioneros y luego de muchos años de notar que parecía que estaban hablando con las paredes, fue que decidieron liberar unilateralmente –insisto en este término- a sus detenidos.

La entonces senadora Piedad Córdoba, jugó un papel importantísimo en esa liberación, ya que fue garante de la entrega, en la que salieron todos y  sanos y salvos, del lugar al que nunca deberían haber ingresado.

Entre varios liberados estaba el sargento Pedro Guarnizo, luego de pasar 6 años de prisión. Este hombre, condenado a la tragedia propia y ajena, luego de su liberación hizo declaraciones a la prensa, que lógicamente siguió el caso “liberaciones”, tomando clarísima parte en sus conceptos omitiendo la consideración de que en Colombia hay guerra.

Y para que haya guerra debe haber dos bandos enfrentados.

Dijo al diario El Tiempo “…eran las 11 de la mañana cuando entramos en combate. Eramos 25 militares contra 300 guerrilleros. A las 5 de la tarde ya estábamos sin munición…” agregando “…cuando sentí que se acercaba tropa grité: no disparen, soy Guarnizo, con unos heridos. Pero eran las FARC. Ahí empezó mi secuestro”

Claro, es lógico que en esas circunstancias se sintiera secuestrado, pero convengamos que el sargento fue apresado en combate, en ningún momento habla sobre estar haciendo un viaje de turismo a la zona guerrillera, sino que estaba sin munición. Y con munición se mata, se hiere, se gana o se pierde, al pobre le tocó esto último y podría haber sido al revés.

Solo cambiarían los términos porque entonces ahora estaríamos leyendo en la prensa “terrorista capturado por el ejército colombiano”.

Así cambia la historia, las palabras, las designaciones y así se reproducen y el mundo donde reinan los loros repetidores estaría hablando de eso mismo. Y sabemos que pensar en esto no es mera especulación.


ESTE PRISIONERO FUE SOBREVIVIENTE, además, de un intento de liberación a tiro limpio, realizado irresponsablemente por el ejército colombiano. Cualquiera que jamás haya calzado uniforme alguno, mucho menos empuñado armas y muchísisisimo menos, pertenecido a ninguna fuerza militar, sabría que cuando hay prisioneros hay que ser muy cuidadosos antes de entrar en escena bala va, bala viene, al mejor estilo Rambo, “héroe” de ficción que por trabajar en películas gringas siempre caerá parado y escuchará el aplauso del público festejando su bravura.

Este no era el caso de los muchachos militares colombianos. Lloraron varias bajas de su propio cuerpo por irresponsabilidad e improvisación, ya que la guerra no es un juego sino que es cosa muy seria y lamentable.

Ahora bien, este sargento que al igual que los prisioneros liberados por la insurgencia, entrega unilateral, (repito aún a costa de resultar reiterativamente aburridora) ya no es ese hombre heroico entre los que tratan de salvar a Colombia de la amenaza marxista.

No señores, el sargento parece que no fue una carmelita descalza antes de su cautiverio, ya que esta semana el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó que pesa en su contra una condena de 33 años. Fue investigado y condenado por una masacre de 4 personas en Puerto Unión, Meta, en el año ’92.

Varias personas lo identificaron entre los ejecutores de la masacre perpetrada contra adherentes a la Unión Patriótica, cosa que por supuesto, él mismo niega, así como su abogado defensor.

Los carros, cada uno con su ataúd de la familia Carlos Julián Vélez, dirigente del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica (UP) en Meta, el mismo departamento donde el sargento Pedro Guarnizo participó en la masacre de cuatro militantes de la UP. Los cuatro integrantes de la familia Vélez, entre ellos un niño de 5-6 años que fue castrado con machete y dejando a morir sangrando, fueron asesinados en esa guerra sucia montada por el Estado Colombiano contra la oposición política legal que costó la UP cinco mil (5000) de sus mejores cuadros.

O sea, quien ayer fuera víctima de la insurgencia, abandonado por sus propios jefes en área de incidencia guerrillera, sobreviviente de una irresponsabilidad sin límites mientras se encontraba en manos de la organización guerrillera, cargaba ya no en su mochila, sino sobre sus espaldas, con la masacre de cuatro militantes políticos que ejercían su derecho a la pertenencia en un movimiento de carácter político no militar.

Vaya uno a saber como seguirá la historia de este personaje que ayer ocupara páginas de los diarios, horas de televisión, minutos de radios nacionales e internacionales como víctima inocente en manos de captores “terroristas”.


VARIAS VECES EL ESTADO COLOMBIANO bajo el gobierno de Uribe lo dejó librado a su suerte, quién puede anticipar sobre lo que pasará mañana con este hombre, sabiendo que en Colombia todo está tan despatarrado que los héroes son los asesinos y de los otros, Dios nos libre y guarde…

Estos días me preguntaba qué será de la vida de aquella mujer casi santificada, la que bajó de un avión luego de ser prisionera durante varios años y que lucía tan bien que cuando la vi pensé, pucha, que no se debe pasar tan mal en el medio de la selva, siendo prisionera de “un grupo de inadaptados sociales que hasta se dan el lujo de hacer entregas de prisioneros u-ni-la-te-ral-men-te…”

Y entre los entregados se encontraba un criminal de personas civiles, ¿quién lo hubiera dicho del “pobre” Guarnizo, no? ¿Qué dirá ahora la prensa des-informativa?