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jueves, 11 de julio de 2013

Cero en historia. Por Marta Ruiz, Revista Semana





OPINIÓN / Ganó Uribe porque los luchadores sociales no aparecen en la historia oficial de Colombia.

En la última edición de la revista Arcadia el editor Benjamín Villegas cuenta una anécdota muy reveladora: En una ocasión le ofreció a uno de los emporios de las telecomunicaciones que financiara la publicación de los cinco tomos de la obra de Alberto Lleras Camargo, para lo cual se reunió con una alta ejecutiva de dicha empresa, quien, sin pestañear, le preguntó: “¿Y quién es Alberto Lleras?”

Tristemente, los colombianos tenemos un precario conocimiento de nuestra historia y grandes distorsiones sobre ella. Eso fue lo que salió a flote en el concurso el Gran Colombiano, de History Channel, hace dos semanas. 

Hay quienes se rasgan las vestiduras porque ganó Álvaro Uribe. Suponen, no sin razón, que el expresidente prendió su maquinaria de propaganda. Pero yo creo que hay otras razones por las que Uribe se impuso. 

Ganó Uribe porque otros colombianos más grandes que él murieron baleados antes de ser haber podido demostrar su grandeza. Son los casos de Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Y porque, a diferencia de México, no tenemos un Benito Juárez; y a diferencia de Estados Unidos, carecemos de un Lincoln. Y quienes han intentado cambios de fondo, como López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, siempre se encontraron tipos parecidos a Uribe, prestos a destruir su obra.

Ganó Uribe porque es hombre y macho. En un país donde se ha vuelto normal maltratar a las mujeres, llamarlas “mujerzuelas” en la tribuna pública, es apenas natural que aparezcan apenas tres de ellas en una lista de 20 colombianos: Shakira, Mariana Pajón y la Pola. Porque en la historia este país se ha encargado de borrar la huella, por ejemplo, de las sufraguistas. Ni siquiera la Madre Laura, nuestra única santa, entró a hacerle competencia.

Ganó Uribe porque los luchadores sociales no aparecen en la historia oficial de Colombia. Hay quienes piensan que Benkos Biohó y Quintín Lame son apenas nombres de frentes guerrilleros, y no los precursores de los derechos de los negros y los indios, que por cierto también son grandes y colombianos, a pesar de que no aparecen en la lista de History.

Ganó Uribe porque muchos piensan que Bolívar es chavista. Y porque la clase dirigente nunca ha mirado a nuestros próceres con respeto. El presidente Santos, por ejemplo, no quiere emular a Nariño ni al mariscal Sucre. Sueña, según dicen, con ser el Churchill de Latinoamérica.

Ganó Uribe porque en Colombia la gente apenas lee un libro al año, y es posible que muchos no sepan ni qué es un premio Nobel, ni que Gabo es el único de este país que lo ha ganado por una obra magnífica.

Ganó Uribe porque sus votos son de la derecha, que se regodea en los odios y carece de humor. No podían votar por Jaime Garzón.

Ganó Uribe porque este país es precario en símbolos que lo cohesionen. Porque tenemos una educación de pésima calidad y porque el relato de Nación que exhiben los medios es el de la violencia. Y Uribe encaja perfectamente en él.

Y, finalmente, ganó Uribe porque en la lista no estaban los colombianos más populares, que son los narcos como Pablo Escobar. Que por cierto, sin haber sido postulado, obtuvo varios votos. 

A lo mejor si el patrón del mal hubiera competido, Uribe habría tenido que conformarse con un modesto segundo lugar.

lunes, 17 de junio de 2013

Así funciona la corrupción: La ley es (casi) para todos.Por Daniel Coronell, Revista Semana

Daniel Coronell
OPINIÓN. Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía como esa. Pero un informe de auditoría afirma que es de Riopaila Castilla.

Uno de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está burlando la ley para quedarse con más de 40.000 hectáreas en el Vichada. La denuncia la ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa implicada es Riopaila Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la estrategia
fue diseñada por Brigard & Urrutia, la prestigiosa firma de abogados, cuyo principal socio era el actual embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.

El cerebro de la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Las actas de la junta directiva de Riopaila Castilla muestran que el doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su presencia obedecía a un único propósito: esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos en el Vichada.

La ley prohíbe a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para evitar la concentración de la propiedad en terrenos que fueron del Estado. La violación de esta ley da lugar a la caducidad de la adjudicación. En otras palabras, las tierras compradas así deben volver a ser un bien público.

Sin embargo, la ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para saltársela.

La operación empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel. Las empresas fueron registradas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Cada una tenía 100.000 pesos de capital, un poco más de 50 dólares, que ni siquiera fueron pagados.

El único accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe Noguera. La dirección registrada es la calle 70A No. 4–41, la sede de Brigard & Urrutia. El representante legal de algunas de las compañías es Luis Hernández Villegas y el de las otras es Alfredo Azuero. Los dos son funcionarios de Riopaila Castilla.

El mismo año de su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000 hectáreas y firmaron promesas de compra-venta para adquirir otras 11.000. Los predios colindaban entre ellos y eran baldíos adjudicados, o en proceso de adjudicación, a campesinos. 

¿Por qué 27 sociedades y no solo una? Porque así podían comprar –fraccionado en 27– el terreno destinado a convertirse en una sola hacienda.

En algunos casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS reemplazó a quien figuraba como comprador original en un documento. El comprador inicial se llama Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el representante legal de Riopaila Agrícola S.A., Castilla Agrícola S.A. y Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas por Riopaila Castilla.

¿De dónde sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos para comprar estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está registrado en sus libros.

Mientras los colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor Francisco Uribe Noguera cedió las acciones de las 27 SAS –sin recibir pago a cambio– a cinco compañías españolas.
Las sociedades españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado en el principado de Luxemburgo. 

Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía de esas características. Sin embargo, un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, afirma con todas las letras que Asturias Holding pertenece a Riopaila Castilla.
 Le pedí al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la denuncia del senador Robledo. Ellos, habitualmente corteses, guardaron absoluto silencio.

El embajador Carlos Urrutia, por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un comunicado a los medios que vendió sus acciones en Brigard y Urrutia antes de asumir el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y su ejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de estas tierras “fue irregular” y se efectuó “por fuera de la ley”. Sin embargo “como el chicharrón es muy complejo” parece más interesado en adaptar la norma a la irregularidad que en hacer cumplir la ley vigente.


lunes, 3 de septiembre de 2012

“La reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial”


Una Corte sin conflicto

Opinión de  María Jimena Duzán, Revista Semana

Foto: Guillermo Torres -SEMANA   
 
Lo que prueba este escenario tan lamentable para un país sin justicia es que la reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial.

Sábado 1 Septiembre 2012

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de escoger al procurador Alejandro Ordóñez -quien busca ser reelegido en su cargo- deja al descubierto la verdadera estatura ética de esta nueva corte: pese al conflicto de intereses que implicaba ternarlo, acabó postulando su nombre y de manera unánime.

No importó que varios de los magistrados tuvieran familiares nombrados en la Procuraduría ni que les quedara mal postular a quien era el jefe de sus más allegados. Según La Silla Vacía, son varios los magistrados con familiares trabajando en esa entidad. El presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos tiene a su mujer; Ruth Marina Díaz, la magistrada que lideró la candidatura del procurador, tiene una sobrina y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Javier Zapata, aceptó en una entrevista en la F.M de Vicky Dávila, que tenía una familiar en "una institución del Estado", que según mis fuentes, no es otra que la Procuraduría. Pero repito, a pesar de lo anterior, ningún magistrado tuvo la menor duda de que estuvieran actuando en contra de la ética propia de su investidura. A ninguno de ellos se le aceptó su impedimento y ni uno solo voto en blanco. Saltaron la valla del conflicto de intereses de manera de olímpica.

Si estos son los señores que representan la majestad de la justicia, no me extraña que esta haya sido la corte que terminó tranzando con la clase política una reforma judicial que tenía por objetivo volver inmunes a los congresistas a  cambio de dos gabelas: el aumento en la edad de retiro de los magistrados y la prórroga automática de su periodo. 

Tampoco les importó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia estuviera postulando a quien tiene que investigar disciplinariamente. Ni que recientemente se hubiera archivado la investigación que se había abierto contra Ordóñez hacía menos de dos años y mucho menos que esta decisión hubiera coincidido con la llegada de nuevos magistrados, muchos de ellos afines a la ideología del procurador Ordóñez. Los magistrados dirán que tampoco aquí hay mayor problema porque si el procurador resulta reelecto, la Constitución prevé que en estos casos, esa función de juez del procurador que tiene asignada la Corte, puede ser ejercida por el Consejo de Estado. Pero los procesos actuales que ya tiene el procurador en la Corte se quedan. Pregunto: ¿habrá algún magistrado que sea capaz de moverlos después si el procurador resulta reelegido?

Pero tal vez el conflicto de intereses que más va a afectar a la justicia es el que tiene que ver con el hecho de que la Corte Suprema haga esta postulación teniendo de por medio investigaciones de senadores por el caso de la parapolítica o de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuyos votos necesita el procurador para salir reelegido. Esa relación tan sutil, pero que sienten con fuerza a la hora de votar los senadores, es el conflicto de intereses que más efectos nocivos puede tener sobre las investigaciones que esté adelantado la Corte Suprema de Justicia. Investigaciones como las de la DNE, que tienen en el ojo del huracán a congresistas como la conservadora Miriam Paredes, andan a paso de tortuga sin que esa lentitud haya despertado las alarmas en la Procuraduría. Para no hablar del caso de Cajanal por el que se investiga el senador Hernán Andrade denunciado hace unos días por Noticias Uno. 

¿Se declararán esos senadores investigados por la Procuraduría impedidos para votar por el procurador Ordóñez o será que el Congreso no les va a aceptar esos impedimentos como sucedió con los magistrados que tenían familiares en la Procuraduría? ¿Por qué no avanzan ni en la Procuraduría ni en la Corte Suprema, (ni en la Fiscalía), las investigaciones sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes?

Por donde se vea el conflicto de intereses salta a la vista pero los únicos que no lo vieron fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya dignidad ellos mismos se han encargado de minar. 

Lo que prueba este escenario tan lamentable, para un país sin justicia y con impunidades tan altas, es que la reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial. En ambas salen ganando los políticos y perdiendo los colombianos, porque los primeros consiguen meter a la justicia en su bolsillo. Y sin justicia no puede haber paz.  

CODA: El presidente Santos sacó al ministro de Transporte Miguel Peñalosa porque su mujer era contratista del Estado, pero deja al alto consejero para las regiones, Alex Char, que es contratista del Estado y que ha incumplido, como sucede con la concesión de la carretera Bogotá-Girardot. ¿Será que hay santistas de primera y de segunda clase?