El problema del negacionismo

Arlene Tickner

Por: Arlene B. Tickner, El Espectador.

 

Soy de origen judío, pero no practico ninguna religión. Por lo mismo que condeno el holocausto nazi, soy crítica del uso instrumental que Israel ha hecho de éste para legitimar políticas opresoras frente a los palestinos.

He sido objeto del antisemitismo que documenta Héctor Abad Faciolince en una columna reciente de este diario, no en el pasado sino en el presente. 

Como ciudadana del mundo me horrorizan las denuncias hechas por Daniel Coronell sobre los vínculos del procurador Ordóñez con un ideólogo de los neonazis en Colombia y el negacionismo que practican algunos miembros de la comunidad lefebvrista de la cual forma parte. Y como colombiana nacionalizada se me hace inadmisible que el más alto representante de la ciudadanía ante el Estado, quien no ha ahorrado esfuerzos por hacer públicas sus opiniones personales retrógradas sobre los derechos de las mujeres y de los homosexuales, no rectifique la que tiene sobre el holocausto.

Existe evidencia empírica exhaustiva sobre la “solución final” de Hitler y las políticas discriminatorias contra judíos, gitanos y homosexuales que la antecedieron, mucha de ella recogida por los mismos nazis. De allí que los argumentos de los negacionistas absolutos caen de su propio peso. Sin embargo, la polémica “numérica” con aquellos revisionistas que alegan que no murieron seis millones de judíos sino “tan solo” un millón o 300.000, hace perder de vista el problema de fondo: el holocausto fue una política sistemática de deshumanización y exterminio implementada por un Estado contra ciertos grupos de la sociedad.

El filósofo Giorgio Agamben lo identifica como un hito en el desarrollo de la soberanía, ya que normalizó la práctica del estado de excepción. El poder del soberano de declarar una situación excepcional se traduce no sólo en la suspensión de las garantías legales normales y la negación de las libertades básicas, sino en la división de los seres humanos entre quienes se reconocen políticamente como tales y quienes son deshumanizados, frente a los cuales reclama incluso el derecho de quitarles la vida. Para Agamben, el campo de concentración nazi es la epítome del estado de excepción; dentro de éste las personas fueron identificadas como vidas sin valor o “nula vida”, sin derechos y susceptibles de ser asesinadas con impunidad.

Lo anterior sugiere que, más allá de la condena al revisionismo histórico y su distorsión del costo humano del holocausto, las críticas deben enfocarse en las lógicas políticas mismas que posibilitaron al holocausto —y que son desconocidas por los negacionistas— las cuales, según autores como Agamben, perduran no sólo en los regímenes autoritarios y totalitarios, sino en todo estado que emplea medidas de excepción.

Un país como Colombia, que tiene el vergonzoso honor de encabezar las listas mundiales en asesinatos a sindicalistas y periodistas y en desplazamiento forzoso, que ha sido testigo de procesos de exterminio de la oposición política, como el caso de la Unión Patriótica, que es célebre por sus altas tasas de impunidad y que además busca cambiar su imagen internacional, no admite un jefe del Ministerio Público renuente a clarificar su posición sobre algo que en 16 países de Europa se considera un crimen y en el resto de las democracias del mundo simplemente imperdonable.

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Publicado por Blogger en CambioTotalRevista el 5/08/2013 12:55:00 a.m.

República clerical

Por: Cristina de la Torre.

No se sacude Colombia el lastre de la Iglesia en el poder público. Caverna contra la sociedad plural y el Estado laico que desde nuestra frustrada revolución liberal de los años 30 redobla su ofensiva contra el poder civil, una mayoría de senadores hundió el matrimonio gay, más a embates de biblia que de código civil.

Rebaño del abominable Ordóñez, se brincó el derecho de igualdad que a todos cobija, minorías incluidas. Así lo prescribe la democracia, para desdicha de mayorías que suelen imponerse a golpe de tumulto, y de devotos siempre prestos al golpe por la fe. Pero nuestra democracia anda en pañales, pues la historia se repite sin cesar

Cuandoquiera que los segregados levantaron la cabeza, se atrincheró la reacción en su territorio de privilegio moral, bajo la égida de un dios despótico. Dios hechizo a la medida del integrismo católico de un monseñor Builes para fustigar a la mujer que exigía ciudadanía y voto. Dios hechizo para potenciar el griterío de un Laureano contra el divorcio y el matrimonio civil. 

Dios hechizo de las Ilva Myriam y políticos-pastores para bloquear el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico de ley. Dios hechizo con pasajes que el Ku Klux Klan rebuscaba en la biblia para justificar el asesinato y la esclavitud eterna de los negros en EE UU. Hasta 1964 vivieron ellos segregados en el lema “iguales pero separados”. Como en Colombia quedó para las parejas homosexuales: tendrán ellas los mismos derechos jurídicos y patrimoniales de las heterosexuales; pero, eso sí, no se llamará lo suyo matrimonio sino unión solemne. El rótulo discrimina, pues se le asigna en exclusiva a una minoría repudiada. Es fórmula paternalista de mera tolerancia: reconozco que, a mi pesar, existes; no te mato pero tampoco te incluyo; tu destino es el gueto. Gueto fue el de los negros en EE UU.

Campeó en el Congreso, en la plaza y en las redes la misma intransigencia religiosa que aquí se resolvió en guerras, en violencia moral sobre la familia, en ataque al postulado liberal formulado hace siete siglos por Marcilio según el cual la vida civil ha de regirse por la ley civil, no por la divina. El canonizado obispo Ezequiel Moreno, contribuyente de las tropas conservadoras en la guerra de los Mil Días, parecía hablar ahora por boca de nuestra jerarquía eclesial y política. Como reavivando la “sana y recta aversión” del santo a las ideas liberales que “son pecado”, monseñor Falla desconceptuó a la Corte Constitucional y, en defensa de la familia patriarcal, condenó el matrimonio igualitario. El senador Gerlein logró síntesis feliz del Estado confesional, premoderno: “política y religión deben ser aliadas; la Iglesia Católica iluminó a quienes han escrito nuestras Cartas políticas para definir el matrimonio entre hombre y mujer”.

Hoy se reedita el acoso contra el liberalismo y el laicismo. Contra la igualdad de derechos, el respeto a las minorías y a la diversidad creciente en los modelos de pareja y de familia. Diversidad que adquiere legitimidad, visibilidad y voz. E incluye el paradigma de la pareja homosexual, que una nueva ley ha de reconocer y proteger, con igual denominación del vínculo y derecho de adopción. Como en el caso del aborto, este debate no remite a la moral religiosa sino a los derechos civiles. No puede dirimirse entre Dios y el Diablo, sino entre Estado laico y teocracia. Así vocifere todavía la república clerical.

Mea culpa. Por error que lamento, escribí en mi columna pasada que se habría realizado reunión política en casa del concejal Argote para oponerse a un proyecto del Alcalde. Se trataría –según La Silla Vacía- del apartamento de Julio César Acosta y no del concejal Álvaro Argote Muñoz. Rendidas disculpas.

·                     Cristina de la Torre | Elespectador.com

Paz para la vida digna

Paz para la vida digna

Hechos de enorme importancia para la paz pasan fácilmente desapercibidos

Luis I. Sandoval M / Viernes 26 de abril de 2013

Llego, domingo 21 de abril, de la Universidad Nacional donde se realizaba la sesión final del Congreso para la Paz con la expectativa de ver algo en los noticieros sobre un evento que congregó durante tres días a varios miles de personas. Nada dicen los informativos sobre este gigantesco esfuerzo encaminado a crearle condiciones favorables a la paz. La marcha del 9 de abril por su enormidad no podía ser ignorada pero de todas maneras trató de ser minimizada. Esta práctica del sistema de comunicación no le hace bien a la paz ni, más en general, al desarrollo democrático del país.

No analizaré el alcance de este singular congreso, tan solo quiero describir lo que me causó sorpresa o asombro. Impresionante el aguante de la gente, la mayor parte proveniente de tierras cálidas, para pasar tres días con sus noches en predios encharcados, senderos desbaratados y edificios congelados de la Universidad Nacional. Sin embargo, con retrasos explicables, la agenda del Congreso se cumplió a cabalidad. La instalación no fue el viernes sino el sábado en el auditorio León de Greiff absolutamente colmado y desbordante de entusiasmo. Entusiasmo por la paz, por un país distinto, por la inclusión real y efectiva en la vida, la riqueza y la política del país de indígenas, negros, campesinos, trabajadores, académicos, religiosos, mujeres, jóvenes, niños, niñas… Unánime respaldo a los diálogos de La Habana y demanda, también general, de que el ELN ingrese pronto al proceso.

Impresionante una asamblea donde la pauta la marcan los jóvenes y donde no hay un personaje central, solo voceros que en el acto mismo no aparecen con especial relieve. El sábado fueron las mesas temáticas donde con preguntas guía y a partir de un documento síntesis construido con las relatorías de siete congresos regionales previos, se abrieron discusiones y se escucharon nuevos aportes o se corroboraban los ya sistematizados. La gente interviene convencida de que otro país es posible y con la decisión de participar en la gestación de un poder nuevo que tiene el propósito indeclinable de ser gobierno.

Lo que se ve es el esfuerzo por practicar una democracia de multitudes, efectivamente participativa y deliberativa que se asienta en la organización y la movilización. En un momento se oyó decir que más de mil organizaciones estaban implicadas en la realización del Congreso. El objetivo declarado era concluir la elaboración de una agenda para la paz con el carácter de mandato que el sujeto plural allí representado asume el encargo de cumplir y hacer cumplir a través de un desarrollo creciente de la iniciativa y la incidencia política. El objetivo se cumplió: efectivamente en la tarde del domingo relatores y relatoras de los siete ejes temáticos leyeron apretadas síntesis de la agenda de paz para la vida digna que el lunes se entregará a representantes del gobierno y de los movimientos insurgentes ELN y FARC. Inédito: una interlocución política macro entre actores políticos tradicionales y alternativos se plantea en el país.

El Congreso de Paz fue iniciativa del Congreso de los Pueblos de manera análoga como la Marcha del 9 de abril fue iniciativa de la Marcha Patriótica. Uno y otra comparten el espacio denominado Ruta Social Común para la Paz. La Alcaldía Mayor de Bogotá apoyó los dos eventos. Causan asombro las novedades que se están viendo y la conmoción que hoy existe. La llegada de la paz está llevando a reconfigurar todo el paisaje político del país. Parece, sin embargo, que aún no nos hemos dado cuenta.

Tomado de El Espectador

Miedo a la democracia

Augusto Trujillo Muñoz

Por: Augusto Trujillo Muñoz

Una Asamblea Constituyente siempre será una alternativa democrática para garantizar el funcionamiento dinámico del estado de derecho.

Según informe de la redacción política de este diario (abril 22/13) algunos círculos han vuelto a considerar la idea no sólo para refrendar los eventuales acuerdos de La Habana, sino para impulsar desarrollos del post-conflicto. Dos días después surgió de nuevo en la mesa de diálogos. Hay que debatirlo: una Constituyente es un instrumento para reformar la Constitución, pero también es una forma de airear la vida política del país.

Para comenzar es la mejor vía capaz de acercar la política a la gente, y al revés. Más allá de la mecánica de los partidos, de la racionalidad del Congreso, del temor de sectores conservaduristas y del sectarismo de sectores revolucionarios que siguen anclados en los ideologismos del siglo xx, supone participación del ciudadano en el debate de sus problemas y en la misma toma de las decisiones.

En los últimos años ha hecho carrera una frase acuñada para generar temores: una Constituyente se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. La afirmación es falsa porque hoy se cuenta con mecanismos que no existían en 1991: una ley que autoriza la convocatoria específica, una corte que ejerce el control constitucional y una jurisprudencia que garantiza la reforma pero impide la sustitución de la Carta Política.

La Asamblea Constituyente es producto del avance que se ha producido en el mundo actual, hacia la democracia de participación. No ha sido fácil ese tránsito por reservas ideológicas y temores políticos. Las primeras sobredimensionan las virtudes de la representación y desconfían de la gestión participativa. Los segundos sienten miedo de que los desborden algunas decisiones democráticas.

Después del 91 se ha producido en Colombia un fenómeno de conservatización creciente, que cubre casi todos los sectores de la actividad social. Los gobiernos, los partidos, los congresos, múltiples organizaciones de la sociedad civil encontraron identidades entre sí, fundamentalmente dirigidas al mantenimiento del statu quo. Y miran impasibles ciertas decisiones políticas que deterioran la legitimidad institucional.

Lo que ocurrió, el año pasado, con la reforma constitucional a la administración de justicia es el mejor ejemplo, aunque no el único. Hay reformas urgentes, importantes, incluso inaplazables que se siguen negociando políticamente a sabiendas de que no van a resolver los problemas. Para eso estaría la Constituyente. Pero cuando se habla de ella surgen rechazos hasta en quienes fueron sus miembros en 1991.

Cualquier colombiano sabe que, por ejemplo, la reforma política, la de la justicia, la del sistema electoral, son imposibles de aprobar e través del Congreso. Pero no hay voluntad política alguna para tramitarlas por vías alternativas. Se nos están quedando escritas en la Constitución unas instituciones básicas para la modernización de nuestra democracia. La Constituyente es una de ellas. Parece increíble.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net

El Espectador.com

Bogotá arropó la paz

Campesinos, afros, indígenas, estudiantes, funcionarios y políticos hicieron un festival en las calles de la capital. A las once de la mañana la Plaza de Bolívar estaba al tope

Camilo Segura Álvarez / Miércoles 10 de abril de 2013

Todo comenzó en la noche del 8 de abril. Más de 840 buses provenientes de todas las regiones del país llegaron convocados por movimientos como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. En carpas o refugios improvisados, ubicados en lugares como el coliseo El Campín, miles de colombianos de las zonas rurales esperaron a que llegara la hora cero. A las siete de la mañana de ayer, muy puntuales y con la convicción de que son ellos quienes padecen en carne propia los estragos más contundentes de la guerra, comenzaron su caminata para arropar al proceso de paz y defender el diálogo como la ruta hacia el fin del conflicto.

Mientras los ríos de personas se extendían desde la Universidad Nacional, el parque Enrique Olaya y la sede de la Universidad Nacional en la calle 26, la marcha, en su capítulo político, comenzaba y concentraba las miradas de los medios de comunicación.

Primero, el presidente Juan Manuel Santos emprendió una marcha desde el Ministerio de Defensa. Acompañado por sus colaboradores más cercanos, con un fuerte dispositivo de seguridad y empujando la silla de ruedas de un soldado herido en combate, el mandatario llegó hasta el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí los esperaba el alcalde Gustavo Petro. Todo su gabinete y simpatizantes lo escoltaban con cientos de banderas, entre las cuales resaltaban las de Progresistas y el M-19. Junto a decenas de víctimas de la guerra sucia y del conflicto, Petro le dio la bienvenida a Santos.

Juntos sembraron un árbol, abrazaron a un par de niños y, solemnemente, lideraron un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado una guerra que, justo ayer, completó 65 años. El alcalde invitó al presidente a conocer el monolito construido con puñados de tierra que las víctimas y las organizaciones sociales de todo el país le donaron al Distrito. “Este es un día para las víctimas. Este es un día en el que nos comprometemos con nuestros hijos a dejarles un país en paz. Los políticos, llámense Santos, Petro o Uribe, pasamos; la paz queda”, dijo el alcalde.

Santos terminó su recorrido en ese punto, mientras que Petro inició el suyo. Para ese entonces la Plaza de Bolívar ya estaba atestada. Según contaban las autoridades distritales, había 100.000 personas concentradas allí. Los ríos de gente parecían nunca terminar. El rebusque hizo su agosto. Dulces, frutas, tamales, arepas, comidas típicas regionales; de todo se vio en los andenes.

Pero no sólo se beneficiaron los vendedores informales. Era la primera vez, en muchos años, que los comerciantes del centro de la capital no cerraban sus negocios. Ninguno de los marchantes pretendía hacerle daño a algún inmueble, ni sabotear el normal funcionamiento del comercio. Tal vez, porque hace mucho tiempo no había una consigna tan clara y que no se declarara, exclusivamente, contra alguien.

La Marcha Patriótica colmó de banderas con su símbolo y diferentes estandartes el centro político del país. Los estudiantes, por su parte, exclamaban que “la paz son cambios”. Los campesinos gritaban por el cese bilateral al fuego. Los funcionarios gozaron de su día sin ir a la oficina, aunque muchos parecían espontáneamente entusiasmados. Los indígenas le exigían a Santos que no se parara de la mesa de diálogo con las Farc hasta llegar a un acuerdo. Luego vinieron los discursos que, seguramente, hoy no serán tan recordados como el hecho de que la capital vivió, por un día, la ilusión de los ciudadanos pidiendo y reclamando la paz.

* Tomado de El Espectador

Defensor de derechos LGBTI agredido en el Congreso colombiano, en foro sobre matrimonio igualitario

por Diana Carolina Cantillo E. 

/ El Espectador / Resistencias Populares

Domingo, 07 de Abril de 2013

Daniel Antonio Sastoque fue uno de los voceros en la audiencia ante la CIDH donde se denunció la situación de hostigamiento y criminalización a defensores de derechos sexuales y reproductivos.

En el foro convocado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Edgar Espíndola, sobre las implicaciones del matrimonio igualitario, Daniel Antonio Sastoque reclamó para que se abriera un espacio de debate equitativo. Sastoque fue agredido por desconocidos y la policía intentó obligarlo a dejar el recinto. Adicionalmente fue intimidado por escoltas de funcionarios públicos no identificados.

En la audiencia frente a la CIDH, que tuvo lugar el 14 de marzo de este año, Sastoque dejó en evidencia cómo las actuaciones de la Procuraduría comprometen la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los compromisos internacionales relacionados con el respeto y la protección a los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos en Colombia y la falta de controles que eviten la persecución de los defensores y protejan su trabajo.

Sastoque ha sido objeto de una serie de ataques sistemáticos. Una semana antes de presentarse frente a la CIDH su residencia fue objeto de disparos. Sastoque también fue objeto de ataques homofóbicos cuando trabajaba como funcionario público en la procuraduría general de la nación. Esto evidencia una escalada en las agresiones que comenzaron con ataques en sus espacios privados y hoy han llegado al punto de darse en espacios públicos ante la presencia indiferente de autoridades estatales.

“A pesar de que el Estado colombiano manifestó que protegía a los defensores de derechos sexuales y reproductivos en la audiencia frente a la CIDH, queda clara la desprotección de nuestras labores y la falta de garantías para ejercer nuestro trabajo.” dijo Sastoque.

Las organizaciones firmantes exigimos avances en las investigaciones a los ataques que han sufrido diferentes defensoras y defensores de derechos sexuales y reproductivos, pues un Estado que se dice comprometido con la defensa de los derechos humanos no puede ser persimisivo con la preocupante escalada de estos hostigamientos.

Más información
Daniel Sastoque
3138099345

Organizaciones

Justicia a la colombiana

Cecilia Orozco Tascón

Por: Cecilia Orozco Tascón, El Espectador.

El mejor defensor de los delincuentes de cuello blanco es la mala memoria nacional —una endemia—. Después de que cometen sus fechorías, no es raro que uno los vea gozar de la vida mientras se desarrolla un lentísimo proceso judicial del cual, con gran probabilidad, saldrán indemnes y sin sufrir, siquiera, aislamiento social. Por el contrario, si en el curso de sus andanzas han logrado llenarse los bolsillos, los invitan, los llevan, los traen y, encima, los admiran por ‘verracos’.

 

En cambio, aquellos que se resisten a entrar en conciliábulos para hacer trampas o trampitas, favorecer al compadre o hacer dinero ilegítimo, se convierten en parias que la mayoría evita para que no estorben el buen curso de sus negocios. Sin embargo, muy a pesar del alzhéimer patrio, hay que refrescar los recuerdos con el fin de no perder del todo, el norte.

Por ejemplo, la memoria colectiva debería activarse con la audiencia que se celebró el lunes en la Corte Suprema dentro del proceso que se le sigue al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno por participar en la operación “chuzadas” del DAS que la Casa de Nariño dirigió contra sus jueces, opositores y críticos a los que se propuso aniquilar en su honra y carrera. Moreno goza hoy de libertad porque un año y siete meses después de que fuera detenido, eso sí, en instalaciones similares a las de un club en Key Biscayne, no hubo avances. En la audiencia, la fiscal del caso entregó a la Sala Penal grabaciones ilegales en audio y video de finales del año 2007 y de buena parte de 2008, en las que consta la persecución a que fue sometido el exmagistrado que coordinaba las investigaciones contra los congresistas que se entregaron a los paramilitares.

Hablo de Iván Velásquez, al que muchos, claro, ya olvidaron, una vez que su rectitud dejó de ser un peligro para la corrupción de las figuras del país. Esas grabaciones, que fueron ejecutadas en la misma época en que las indagaciones sobre parapolítica tocaban a un primo presidencial, constituyen la prueba reina de que la exdirectora del DAS, la fugitiva María del Pilar Hurtado, mintió cuando afirmó en repetidas oportunidades que ese organismo no espiaba a nadie sin orden judicial.

El rastro queda, no obstante que le echen tierra: el 11 de septiembre de 2007, el presidente Uribe llamó por teléfono a Iván Velásquez a preguntarle por un delincuente apodado Tasmania, cuyo abogado resultó amigo del primo Mario Uribe, a quien, en efecto, Velásquez tenía en la mira por sus nexos con los paras. El 2 de octubre, Velásquez fue alertado por un funcionario del CTI sobre una carpeta que habían abierto en el DAS con informaciones sobre él, su esposa, sus hijos y sus hermanos. El 8 de ese mismo mes la Corte se quejó por este aberrante suceso ante el jefe de Estado y éste contestó con una carta en la que pedía investigar, no al pariente ni a Tasmania, ni al DAS, sino al investigador. El 26 la Sala Penal le dictó orden de captura al primo y ese mismo día el mandatario llamó al presidente de la Corte Suprema, que también fue perseguido por el servicio de inteligencia.

Una parte de ese capítulo oscuro es la que se desenvuelve en el proceso a Bernardo Moreno. Lo irónico de la historia es que Iván Velásquez no puede participar, como víctima que es, en este caso. El magistrado que preside estas audiencias en la Penal, Fernando Castro, exdefensor del moribundo esmeraldero Víctor Carranza, a quien se da por fundador de grupos paramilitares, decidió en una interpretación alegre de una norma, que el abogado del exmagistrado no tenía cabida allí. Castro, además, participó del combo que expulsó a Velásquez de la Corte ¿Creen ustedes que habrá justicia? Doctor Bernardo Moreno, dese por bien servido con su juez.

Revista Cambio Total

El Estado fallido. Por Ramiro Bejarano Guzmán, EL Espectador 22 .12. 2012

La desafortunada Reforma Tributaria y su sospechosa tramitación revelan los dos paradigmas que definen a nuestro Estado fallido.

Por un lado acentúa las profundas inequidades sociales que dividen a nuestro país, alimentadas por estructuras fiscales y jurídicas encaminadas a hacer a los ricos más ricos y a los pobres cada vez más pobres; por el otro, deja claro que el Estado Social de Derecho plasmado en la Carta del 91, como modelo institucional para lograr un país más justo, ha sido desmontado en su totalidad a raíz de instituciones que no cumplen sus funciones, porque han sido cooptadas por la deteriorada clase política colombiana.

El debate legislativo de esta siniestra iniciativa se constituye como un perfecto ejemplo de un Estado descompuesto y de un poder legislativo cuyo nivel dialéctico deja mucho que desear. Fue deplorable ver a la mayoría de senadores desinformados, fletados y dispuestos a votar sin dar oportunidad a la discusión, moviéndose al vaivén de lo que plantearan suntuosamente el director de la DIAN o el ministro de Hacienda. Proposición tras proposición fue aplastada por una mayoría ciega, que se rehusó de manera sistemática a responder a los colombianos por los daños causados con esta reforma.

Si su tramitación dejó muchas sombras, su contenido, como bien lo dijo el enhiesto senador Jorge Enrique Robledo, es “la peor reforma tributaria” en la historia reciente. Basta nombrar solo uno de los males que la aquejan, el desmonte de los parafiscales. Esta institución se creó bajo el concepto de economía solidaria; es decir, un sistema en el que a los empresarios y empleadores se les exige solidaridad con las comunidades que alimentan sus negocios, en el que, por tanto, deben existir instituciones como el Sena, que ha permitido a tantos colombianos y colombianas una vida digna. Pero no, desconociendo el valor que desde 1957 ha representado esta entidad para millones de compatriotas, la reforma tributaria la dejó sin piso financiero y pronto la veremos agonizando.

En esta ocasión el neoliberal ministro Mauricio Cárdenas —consentido de la fortuna y de los heliotropos, a quien en cada cargo le va peor que en el anterior pero siempre asciende y llega más lejos— ha utilizado su inmenso poder para sacudir a los más desvalidos y, lo que es peor, para garantizar a los más adinerados que sus riquezas se alimenten de las miserias de quienes nada tienen.

Ante esta perversa reforma tributaria las instituciones democráticas permanecen impávidas. La Defensoría del Pueblo, cuya labor constitucional está encaminada a propender por la materialización de los derechos fundamentales, no se ha pronunciado sobre los males que traerá esta reforma para el goce efectivo de los derechos del ciudadano. La Procuraduría, liderada por el corrupto Ordóñez, acompaña la reforma con su séquito de senadores sumisos, a cuya cabeza, quién lo creyera, están todos los liberales. Por supuesto, los medios han silenciado las voces que intentaron llamar la atención de la ciudadanía sobre lo que estaba sucediendo y, por el contrario, aplaudieron a los gestores del esperpento. Y, por último, el caos de las basuras, generado por una poderosa mezcla de improvisación y arbitrariedad de Petro y un gran boicot liderado por unos empresarios avivatos, indolentes y voraces, aliados con la ultraderecha y la clase alta bogotana, ha servido como la perfecta cortina de humo del golazo que le metieron a la ciudadanía con esta reforma odiosa y dañina.

Afortunadamente, el senador Jorge Enrique Robledo con su brillante y demoledora intervención en el debate donde el Gobierno arrodilló a un Congreso indigno, todo para favorecer los intereses plutocráticos que lo sostienen, a muchos nos ha hecho mantener viva la esperanza de que algún día sea posible superar esta vergüenza.

Adenda. Los de Fedegán, que nunca repudiaron la ley de justicia y paz que favoreció a los paramilitares, hoy confirman su vocación guerrerista negándose a hacerse presentes en el foro agrario. Los mismos con las mismas.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/columna-393828-el-estado-fallido