Si el río suena… ¿significa paz a la vista?
Las
conversaciones de paz han vuelto a ponerse, con el beneplácito de una buena
parte del establecimiento, en la agenda política colombiana. Una pataleta de
Uribe, que denunció acercamientos del gobierno con las FARC-EP en Cuba,
buscando con ello canalizar apoyo para su proyecto ultraderechista[1], bastó
para que se generara toda una corriente de opinión favorable a estos
acercamientos, saliéndole el tiro por la culata. Santos, frente al tema, se
manejó con gran hermetismo pero hoy TeleSur ya ha dado la noticia del millón:
las FARC-EP habrían firmado el inicio de un acuerdo de paz con el gobierno
colombiano[2]. Las expectativas son grandes cuando hace apenas unos días
Gabino, máximo comandante del ELN, declaraba estar dispuesto a sumarse a una
iniciativa de diálogo en la que tomaran parte las FARC-EP[3]. Pronunciamiento
de gran importancia ya que entre las lecciones del pasado, está que no es
posible hoy la negociación en paralelo con las distintas expresiones del
movimiento guerrillero colombiano. En momentos en que escribo estas notas,
estamos a la espera del pronunciamiento oficial de Juan Manuel Santos al
respecto.
Este acercamiento no es gratuito
ni nace de una buena voluntad del mandatario: es obvio que la tesis del “fin
del fin” carece de sustento y que el Plan Colombia tocó techo. La insurgencia
ha respondido al desafío planteado por el avance del militarismo y un nuevo
ciclo de luchas sociales amenaza con el deterioro de la situación política en
el mediano plazo, a un nivel que será difícil de controlar para la oligarquía.
El escenario político parece, a veces, peligrosamente volátil. Por otra parte,
tampoco sorprende la voluntad de la insurgencia para acercarse a una mesa de
negociaciones: por una parte, porque es la insurgencia la que ha venido
planteando desde hace 30 años, en todos los tonos posibles, la solución política
al conflicto social y armado, y por otra parte, porque la insurgencia ha
mejorado notablemente en los últimos años su posición de fuerza, no sólo en lo
militar, sino sobre todo, en lo político.
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Integrantes de la CBR, Cadena Radial Bolivariana, la Voz de
la Resistencia de las FARC
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Cuidarse de las falsas ilusiones
Aunque la firma de este acuerdo
es un desarrollo positivo, no podemos ser excesivamente optimistas, ni mucho
menos, triunfalistas, pensando que la “paz”, por sí sola, representará un
triunfo para los sectores populares y sus demandas históricas, bloqueadas a
sangre y fuego por más de medio siglo, desde el Estado. Hay que tener plena
conciencia de que el camino hacia un eventual proceso de negociaciones está
plagado de contratiempos, así como de que existen diferencias sustanciales, de
fondo, respecto al tema de qué esperar de estas negociaciones o qué se entiende
por esa palabra en boca de todos, “paz”. Hay que tener plena conciencia de que
la oligarquía con la cual se negocia es la más sanguinaria del continente y que
no entra a negociar por un súbito cambio de corazón.
Mientras
que el conjunto de las organizaciones sociales plantean que la paz es mucho más
que el cese al fuego, sino que consistiría en la resolución colectiva de
problemas estructurales que originan la violencia, para el Estado sigue siendo
un tema de desmovilización, reinserción y la discusión de formalidades
judiciales relacionadas[4]. Santos quiere “una ‘paz express’, sumaria,
mecánica. La quiere clandestina, sin la presencia de la multitud, sin sociedad
civil, sin organizaciones populares. La quiere sin reformas, sin cambios de
ninguna índole en la sociedad nacional. Para él es suficiente con el marco
legal que se aprobó recientemente y tal vez las reglamentaciones que con
dificultad podrá tramitar en un Senado hostil que se le sustrae aceleradamente
ante el inminente proceso electoral”[5].
Santos ha sostenido una posición
ambigua ante el tema de la paz: por una parte, dice tener las llaves de la paz,
que un día se le pierden y al día siguiente aparecen en una caja fuerte; por
otra parte, profundiza la guerra sucia, mediante el fortalecimiento de la
militarización de las comunidades rurales (los llamados planes de Consolidación
Territorial); mediante el fortalecimiento de los golpes a los mandos medios de
la insurgencia y una estrategia de judicialización de las “redes de apoyo” del
movimiento guerrillero que somete al poder judicial a las necesidades del
proyecto contrainsurgente (esencia del Plan Espada de Honor); y por último,
mediante el fortalecimiento de la impunidad para las acciones de las fuerzas
armadas dentro de una estrategia sistemática de terrorismo de estado (la
resurrección del llamado fuero militar, acuerdo al que llegaron Santos con
Uribe recientemente).
Desde la perspectiva santista,
paz o guerra no son sino estrategias para imponer un insostenible proyecto
económico-social neoliberal, basado en el Plan de (Sub) Desarrollo Nacional del
santismo, cuyos pilares son la agroindustria y la megaminería. Si se logra convertir esta
oportunidad para abrir negociaciones en un espacio desde el cual impulsar las
transformaciones sociales que demanda el pueblo colombiano, dependerá de la
capacidad de presión y movilización del propio pueblo, y tal cosa sucederá a
pesar del Estado, no gracias a él.
¿Paz? ¿Qué paz?
Hay
una cosa que el bloque dominante no pierde de vista. Es que la negociación con la insurgencia hoy no es lo mismo que
las negociaciones de 1990-1994. Acá no hay organizaciones cuyo
espectro ideológico es un liberalismo radicalizado; no estamos ante grupos
reformistas en armas, cuya dirección está copada por la “socialbacanería”;
tampoco las demandas políticas de estas organizaciones insurgentes serán
satisfechas con promesas de reformas constitucionales cosméticas ni con
garantías generosas para desmovilizarse, ni aceptarán una “agenda restringida”.
Estamos ante movimientos revolucionarios que representan a los más pobres de
los más pobres. Estamos ante movimientos guerrilleros que representan las
aspiraciones históricas de ese campesinado que siempre se quedó debajo de todas
las iniciativas de “paz”. Estamos ante insurgentes cuyos pies se confunden con
la tierra que pisan. Estamos ante quienes no han tenido nada y lo merecen todo.
Tampoco estamos ante grupos
derrotados militarmente como los que se desmovilizaron en 1990-1994, sino que
estamos ante organizaciones fuertemente arraigadas en amplias regiones del
país, con capacidad operativa en casi todo el territorio nacional, con una
renovada capacidad de golpear a las fuerzas armadas del Estado; en amplias
regiones del país, la insurgencia es una realidad política insoslayable, un
auténtico doble poder, que es legitimado en otras comunidades pisoteadas por la
consolidación territorial del Ejército y el flagelo paramilitar. Aunque se
quieran convencer de lo contrario algunos comentaristas[6], si la insurgencia
negocia hoy es porque puede negociar, porque tiene fuerza y capacidad para
hacerlo. Y bien saben en la Casa de Nariño que la desmovilización y la
rendición anhelada por el uribismo no son una opción política.
Esto lo reconoce un artículo del
25 de Agosto de El Espectador:
“Es claro que las Farc no son un interlocutor fácil. Quieren
reforma agraria, así sea basada en la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas;
pretenden que se debatan las formas de contratación con las multinacionales
petroleras y mineras; requieren espacios políticos para avanzar hacia un
contexto más democrático, y creen que hoy la paz pasa también por el manejo
óptimo del medio ambiente. Lo demás son detalles de forma, como el inamovible
de que en caso de concretar una negociación, tiene que hacerse en el territorio
nacional.”[7]
Resulta apenas obvio que el
discurso de las FARC-EP como una organización “terrorista”, “bandolerizada”,
“convertida en cartel del narcotráfico”, “lumpenizada”, es insostenible, pura
propaganda, aún cuando puedan cuestionarse ciertos métodos que utiliza. Nadie
en su sano juicio puede negar que todos los aspectos que la insurgencia reclama
(tierras, recursos naturales, democracia, medio ambiente, educación, salud,
seguridad social, etc.) son temas de crucial importancia, donde las políticas
del gobierno hacen agua y que requieren de la más amplia participación del
conjunto de la sociedad. Que la insurgencia tome estos temas y los convierta en
elementos indisociables del avance de cualquier tentativa por superar el conflicto
social y armado de raíz, es una auténtica pesadilla para los sectores más
recalcitrantes de la oligarquía. No es la supuesta bandolerización de la
insurgencia, tan bullada por los medios oficiales, lo que aterra a la
oligarquía, sino su carácter político y revolucionario, así como su capacidad
para articular las demandas de diferentes sectores sociales.
Es por ello que el bloque
dominante sabe que la gran lucha que se viene a futuro es en el plano político,
más que en el militar. Voceros del empresariado se han pronunciado a favor de
una agenda de negociación restringida moldeada en la negociación con el M-19,
es decir, una negociación sin cambios estructurales[8]. Esperan salir de las
negociaciones con el menor número de concesiones y reformas posibles, y saben
que esto los pone en contradicción no solamente con la insurgencia, sino con un
sector importante del pueblo organizado. Por esto, debemos estar alertas ante
el recrudecimiento de la guerra sucia y de los ataques en contra de las
organizaciones populares en lucha por el cambio social que, tradicionalmente,
han acompañado los procesos de diálogo en Colombia.
Se agota, momentáneamente, la
estrategia militarista
Pero aunque esa oligarquía tenga
mucho recelo de abrir las puertas a negociaciones que, con toda seguridad,
terminarán en un debate nacional sobre proyectos antagónicos de país, sabe
también que el persistir en el rumbo guerrerista es ponerse la soga al cuello;
la insurgencia se fortalece y existe hoy una escalamiento del conflicto social
y de la movilización popular en todo el país, que de persistir, podría amenazar
seriamente la hegemonía del bloque dominante. El país se encuentra al borde de
un nuevo ciclo de violencia precipitado por el desplazamiento forzado, el despojo
violento de campesinos y comunidades, la penetración de la megaminería y la
agroindustria en todo el país. La violencia con la que se viene imponiendo el
modelo santificado en el Plan de (Sub) Desarrollo Nacional de Santos, genera,
necesariamente, resistencia. Y la resistencia, en un país como Colombia, se da
de múltiples formas, siendo caldo de cultivo para una situación potencialmente
explosiva.
Negociar
con la insurgencia le puede servir a la oligarquía, en sus más optimistas
proyecciones, para lograr la paz neoliberal que permita el avance del proyecto
neoliberal agro-extractivista, reduciendo los niveles de resistencia, al menos,
de los proyectos insurgentes. En una encuesta a empresarios colombianos hecha
por la Fundación Ideas para la Paz, “La gran mayoría dejó claro que
descarta una agenda de negociación que incluya reformas estructurales y con
múltiples actores, como sucedió en el Caguán. Prefieren una restringida al
desarme, la desmovilización y la reintegración donde el Estado puede ser
‘generoso’.”[9]. O sea, paz para facilitar la explotación de las
masas y del medio ambiente colombiano.
En las proyecciones menos
optimistas de la oligarquía, las negociaciones servirían al menos para ganar
tiempo y prepararse para enfrentar, de manera más letal y eficiente, el
siguiente ciclo de violencia que se cierne sobre el horizonte. Tal fue la
intención real del gobierno de Pastrana al enfrentar el proceso de
negociaciones de San vicente del Caguán. El propio Pastrana, que hablaba de
paz, mientras negociaba el Plan Colombia y daba rienda suelta a la herramienta
paramilitar del Estado, reconoció cínicamente en un artículo a los diez años
del quiebre de los diálogos del Cagúan este hecho:
“[El] Plan Colombia (…) [nos] permitió sentarnos a la mesa de diálogo en desventaja inicial,
prácticamente desarmados, con la certeza de que se habría de concluir, tras
éxito o fracaso, con un Estado armado hasta los dientes y listo, como nunca
antes, tanto para la guerra como para la paz.”[10]
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Andrés Pastrana tenía dos agendas; la pública, negociar con Marulanda y las FARC mientras,
con la oculta, armó las FF.MM. con la asistencia de los EE.UU. para lanzarse a la guerra total
cuando la oligarquia y el Pentágono consideraban que la agenda ya era demasiada avanzada. |
En ambos casos, sea que la
oligarquía busque la pacificación del país sin cambios sustanciales o sea que
busquen ganar tiempo para seguir con el negocio de la guerra, cualquier paz que
se logre será efímera, será apenas la calma que anteceda la violenta tempestad
que arreciará de la mano de los excluidos, de los despojados, de los
violentados, de los oprimidos. Y son ellos los que deben movilizarse para
imponer la necesaria voluntad de cambios estructurales y de fondo: el viento
sopla a su favor de momento, pues la movilización popular va en alza y existe
una saludable tendencia a la unidad de los que luchan. Estos dos elementos
favorecen la posibilidad de que el bloque popular se convierta en un factor de
peso en las negociaciones, más aún cuando el bloque dominante presenta
contradicciones internas que, sin ser antagónicas, son bastante agudas y le
generan una crisis de hegemonía.
Los “enemigos (no tan) agazapados”:
Santoyo y las contradicciones interburguesas
La hegemonía del bloque
dominante, consolidada durante casi una década de Plan Colombia y la mal
llamada “Seguridad Democrática” (de la cual Santos fue un continuador), se ve
afectada no solamente por la creciente movilización y descontento popular, sino
que por la erosión de la unidad del bloque dominante. Cada vez se vuelven más
frecuentes los choques entre el uribismo atrincherado entre los elementos
enardecidos de las fuerzas militares, de los ganaderos, de la narcoburguesía y
del gamonalismo, todos los cuales ven en la guerra su gran negocio, y el
santismo que representa los intereses supremos de los cacaos y del Capital
transnacional, que buscan la “paz” para abrir paso a sus negocios e inversiones
en el area agro-extractivista. Aunque estos últimos sectores también hayan
recurrido al paramilitarismo para asegurar la “confianza inversionista” y al
despojo violento para enriquecerse, privilegiarían una manera menos costosa de
garantizar sus ganancias, lo que los pone en una situación un tanto diferente a
los sectores de la burguesía que dependen, estructuralmente, del despojo violento
para acumular Capital.
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| Alfredo Molano |
El columnista Alfredo Molano,
hace unos meses, analizaba esta contradicción en el bloque dominante y el
impacto que tendría sobre un eventual proceso de negociación:
“al presidente le queda más fácil negociar con la guerrilla que con
los militares, los empresarios y los gamonales para no terminar derrotado en
otro Caguán. Fue esa carencia el verdadero obstáculo de la negociación entre
Pastrana y Marulanda. El error del expresidente no fue el despeje de 30.000
kilómetros, fue no haber negociado previamente con el establecimiento y con los
militares el precio que esas dos poderosas fuerzas estaban dispuestas a pagar.”[11]
Mientras se profundiza la crisis
de hegemonía del bloque en el poder, y mientras avanzan las luchas populares
así como la insurgencia, sería insensato para Santos no reaccionar ante la
agitación que el uribismo lleva adelante en los cuarteles y su trabajo de
polarización al interior del establecimiento. Ni Santos (ni los cacaos a los
que representa, ni el imperialismo que lo respalda) aceptarán que Uribe se
convierta en un factor de desestabilización. Todos ellos apoyaron a Uribe
mientras éste les sirvió y les ayudó a recomponer la maltrecha hegemonía de una
oligarquía decadente. Pero ni el imperialismo ni la oligarquía tienen amigos,
sino que sólo intereses. En el momento en que deja de cumplir ese rol, Uribe se
convierte en un “desechable”.
En este sentido debe leerse el
acorralamiento general al que la justicia está sometiendo al círculo íntimo del
uribismo, con la condena de Rito Alejo, los crecientes señalamientos de
paramilitares como Mancuso entre sus nexos con las AUC, los líos de los
familiares narcos del ex presidente y la deportación del general Santoyo. No es
que recién nos estemos dando cuenta de lo podrido del entorno de Uribe; eso se
sabe desde hace tiempo, pero ahora el contexto es otro. Particularmente el caso
Santoyo parece ser un apriete importante contra Uribe: si alguien puede
compremeterlo en el narcotráfico y el paramilitarismo, es él. Ya ha empezado a
hablar de algunos generales, incluido el brazo derecho de Uribe, Mario Montoya,
y ha amenazado con “cantar” sobre políticos[12]. ¿Será Santoyo la carta del
santismo para intentar poner a Uribe bajo control? Habrá que ver la reacción de
Uribe al anuncio de paz, lo que probablemente hará a través del Twitter. Pero
si decide seguir jugando a la desestabilización, su caída, muy probablemente
será solamente cosa de tiempo.
Meterle pueblo a la negociación
Aún cuando debamos ver las
negociaciones sin ingenuidad y con bastante realismo, es indudable que el
actual momento abre un potencial enorme para superar las condiciones
estructurales que han llevado al conflicto social y armado en Colombia, y que
han alimentado a este modelo de capitalismo mafioso que acumula en función del
despojo violento. Tanto Santos como los empresarios rechazan, o son reacios a
aceptar, la participación de “múltiples actores” en el proceso de paz. Es
decir, buscan excluir al pueblo de la resolución de un conflicto que le afecta
directamente, dejando así intactas las condiciones para el estallido de nuevas
violencias, como las que crónicamente azotan a las sociedades del post
conflicto centroamericano. Aún cuando el movimiento guerrillero en Colombia sea
parte de un acumulado importante de luchas populares en Colombia, y aún cuando
tenga un nivel de legitimidad muy importante en muchas regiones del país, está
claro que ni la insurgencia, ni ninguna expresión del movimiento popular
colombiano pueden tomar la representación exclusiva del movimiento popular.
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| Timoleón Jiménez, "Timochenko". |
La
propia insurgencia se ha manifestado en múltiples ocasiones en acuerdo con esta
posición, la cual ven como consistente con sus postulados históricos. En su
respuesta al profesor Medófilo Medina, el comandante máximo de las FARC-EP,
Timoleón Jiménez, explica el sentido de la lucha de política, “por el poder para el pueblo”, de esta guerrilla
comunista: “Ni en [el] Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC
hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político
militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de
posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos
aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde
nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una
cuestión de multitudes en agitación y movimiento.”[13]
En esa linea, el citado artículo
de El Espectador plantea claramente, como un problema para la negociación, que:
“De antemano se sabe que otro de los aspectos difíciles es la
agenda de las Farc. Al respecto, está claro que en principio la pretensión de
la guerrilla es meterle sociedad civil al asunto. Es decir, que los movimientos
sociales, la academia o las minorías políticas tengan la misma vocería que
puedan tener los gremios económicos. Por eso el denominado movimiento de la
Marcha Patriótica puede cobrar protagonismo. Se trata de crear espacios
políticos donde la discusión no se limite únicamente al pulso entre el Gobierno
y la guerrilla. (…) Sobre el tema del Cauca las Farc tienen un pensamiento
claro: si se llega a dar un proceso de paz con el Gobierno, los indígenas de
ese departamento tienen que tener una vocería especial en la mesa de diálogo.”[14]
Es necesario que el pueblo
reclame y exija su derecho a tomar parte de este proceso y lo convierta en un
diálogo nacional en el que se discutan los proyectos de país que están
confrontados en un conflicto que no es solamente armado, sino ante todo social.
Sobre la solución política, la misma respuesta del comandante Timoleón Jiménez
establece que ésta:
“no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden
existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente
desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático
y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas,
ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las
mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la
democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades.
Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados
por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas
fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible
de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre
sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de
inmediato por los monopolios informativos concertados.”
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“Sendas
guerrilleras”, obra de la artista, pintora y guerrillera Inti Maleywa
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Hay
que meterle pueblo a estas negociaciones, aunque le moleste a la oligarquía ver
a tanto patirrajado copando el debate político, terreno reservado por dos
largos siglos de vida republicana a una élite dorada, a estirpes moribundas y
decadentes cuyos apellidos se repiten una y otra vez ocupando todos los cargos
de poder. Se trata de copar ese espacio, de llevar el debate político sobre la
paz y la guerra, sobre el modelo político y económico a todas las plazas
públicas de Colombia, a todas las facultades y escuelas, a todos los centros de
trabajo, a las minas y las veredas rurales. Se trata
de utilizar este debate para impulsar un proyecto de país que recoja y armonice
las demandas más sentidas de todos los sectores populares que hoy luchan contra
el modelo económico de muerte y saqueo impuesto por los de arriba.
El
anuncio del inicio de este nuevo camino en búsqueda de la solución política, no
debe significar que haya que desmovilizar al pueblo. Muy por el contrario,
indica que es hora de que el pueblo salga a luchar aún
con más decisión, que se profundice la movilización social y
que se fortalezcan los espacios de unidad del pueblo en lucha. Debemos rodear,
más que nunca expresiones como la Marcha Patriótica para evitar un nuevo
genocidio y proteger los espacios desde los cuales el pueblo movilizado hace
sentir su voz y su apuesta por una nueva sociedad. Debemos apoyar las luchas de
los campesinos, de los trabajadores, de los presos políticos, que hoy se
encuentran en desobediencia y huelgas en todo el país. Debemos exigir el cese a
la estigmatización, la persecución y el encarcelamiento de luchadores sociales.
Hay que exigir el levantamiento del mote de "organizaciones
terroristas" a los insurgentes para así garantizar las condiciones óptimas
para el diálogo franco y libre. Debemos exigir que de este acuerdo inicial se
avance a un cese al fuego bilateral y al desmonte del paramilitarismo como una
manera de proteger la vida y la integridad de ese pueblo que hoy debe
convertirse en el actor protagónico de este proceso.
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| Manifestación convocada por la Marcha Patriótica |
Solamente la movilización
popular garantizará que este proceso de paz que se vislumbra en el horizonte
concluya con las transformaciones estructurales que reclaman amplios sectores
en Colombia. Y a la luz de los enormes desafíos planteados desde el poder, esta
lucha por la paz no será nada menos que una lucha abiertamente revolucionaria.
Es hora de hablar claramente sobre la naturaleza revolucionaria de esta lucha,
que compromete la confrontación de un modelo basado en la explotación, el
saqueo, la muerte y la exclusión, con un modelo que crece en el corazón del
pueblo, basado en la inclusión, en el respeto a las comunidades y al medio
ambiente, de carácter sostenible para proteger la vida, la dignidad y la
autodeterminación de las personas. No es nada más ni nada menos que el tipo de
Colombia que se quiere construir lo que está en juego.
José Antonio Gutiérrez
D.
27 de Agosto, 2012
