domingo, 2 de diciembre de 2012

El desplome de Santos y la paz de La Habana

El jefe del Estado y su Mindefensa, Juan Carlos Pinzón.



Por Horacio Duque
CALI, 2 de DICIEMBRE de 2012. / En términos de credibilidad y legitimidad, el fallo de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso de Colombia con Nicaragua por las áreas marinas que rodean el archipielago de San Andres y Providencia ha sido un golpe político demoledor para J.M.Santos. Así lo señalan las encuestas realizadas para la revista Semana.
Casi 70 de cada 100 colombianos no le creen al Jefe de la Casa de Nariño. 65 de cada 100 no votarían su reelección para un nuevo periodo de 4 años. Esta fractura del Presidente no es la primera. En sus casi 30 meses de gestión, de 48, en varios momentos se ha registrado el declive. La última vez, hace 5 meses, el anunció de las conversaciones de paz con las Farc y la promesa de construir 100 mil viviendas gratis derivó en una leve mejoría de los niveles de aceptación popular.
Al revisar los detalles del sondeo se encuentra que hay otros factores incidiendo en la severa caída de Santos. La mayoría de los ciudadanos están descontentos con los magros resultados de la Ley de restitución de tierras, con el curso de la economía, con el desempleo, con la crisis de la salud, con la situación de millones de colombianos víctimas de la violencia, con los daños ambientales de la Locomotora Minera, con la impunidad en los “falsos positivos”, con el fraude de la reelección del Procurador y con la violencia neoparamilitar autora de una seguidilla de masacres y homicidios en Medellin, Armenia, Cali y el Centro del Valle del Caúca. El veredicto ciudadano es demoledor y desmiente la propaganda oficial de la “prosperidad democrática”.
Pero la tendencia a la baja política incluye otros nombres e instituciones. El patriotero neofascista del Uberrimo queda muy mal parado. Igual ocurre con Andrés Pastrana, de ingrata recordación por ser el autor del infame Plan Patriota que desangró aún más a Colombia en los últimos 10 años. Las Fuerzas Armadas de 500 mil unidades amplían su imagen negativa y los medios masivos de comunicación dominantes pierden crédito por su descarada manipulación de conciencias.
El proceso de paz de La Habana, después de alcanzar un nivel de aceptación superior al 72% se ve contaminado por los indices adversos del gobierno. Cae un preocupante porcentaje. Afirmaciones como aquella de que el “modelo económico, político, militar y la inversión extranjera no se discuten”, lanzada por De La Calle, afectaron el optimismo popular con las conversaciones de La Habana. Las frecuentes descalificaciones y ataques del Ministro Pinzón, dice él que en acuerdo con Santos, y de los altos jerarcas militares han diezmado el ambiente favorable para los diálogos que permitan superar el conflicto social y armado. La hostilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa contra el proceso de paz ha hecho un tremendo daño.
El camino apropiado para fortalecer la Mesa de Conversaciones de La Habana es aquel que consiste en ampliar los espacios de participación popular para que toda la sociedad aporte con sus iniciativas en la construcción de los proyectos y estrategias propias de los 6 temas de la Agenda trazada en el Acuerdo General.
Para los días 17, 18 y 19 de diciembre se ha previsto un Foro Nacional sobre el desarrollo rural en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas. Los potenciales democráticos de un evento como este son evidentes. Sin querer decir que sea la formula mágica, su aporte es a todas luces plausible, no obstante que el Jefe de Fedegan, Jose Felix Lafaurie, el representante de latifundistas, terratenientes y paramilitares en reposo, se haya ido lanza en ristre contra el mismo para ridiculizarlo. Para este caballero de la hacienda rural es preferible el cenáculo oscuro de los gremios al aporte plural de la multitud del campo colombiano. 
El jefe paramilitar involucra al presidente de los ganaderos colombianos con el paramilitarismo.
No quiero decir que sus planteamientos deban ser obstruidos con descalificaciones personales, pero el tono insolente de su retórica no es precisamente el del demócrata liberal que dice ser, por muchos lados se escurre la naturaleza autoritaria de su mundo interior, que me parece es lo que indujo la indagación penal por sus vínculos con el paramilitarismo de Montería, en cabeza de Mancuso.
El diálogo de Santos con el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua en México está indicando que el matoneo y la prepotencia no son las conductas adecuadas para resolver los problemas políticos y diplomáticos. Esa debería ser la fórmula para las previsibles dificultades en las conversaciones con la insurgencia revolucionaria para concretar la paz.
En todo caso, ante eventuales convulsiones y pataleos oficialistas, las Farc han solicitado al CICR el registro, en calidad de documento especial, del Acuerdo General para la superación de la violencia y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en La Habana, lo que implica elevarlo a la condición de un instrumento complementario del Derecho Internacional Humanitario cuyas normas regulan los conflictos civiles internos. No son meras formalidades al estilo del santanderismo liberal de la élite dominante. Mas bien esa medida debe interpretarse dentro de los códigos de lo que hoy se conoce como el pensamiento estratégico. El bloque de constitucionalidad con los pactos internacionales incorporados al texto superior debería reforzar la previsión hecha. Amanecerá y veremos. Es la precaución que tanta falta hizo en La Haya y concluyó con la amputación de 100 mil kilómetros de Mar Caribe. Fracaso por el que desde hace rato deberían haber caído cabezas. Pero, que le hacemos, así es todo aquí. Todos estos burócratas siempre caen parados.

Preguntas de un profano Por: Alfredo Molano Bravo


1 Dic 2012
Alfredo Molano

No es mi tema, pero, por lógica, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá abre algunas preguntas que no se pueden mirar por el patrioterismo en que andamos.

De entrada, como se ha dicho, Colombia se retira del pacto en retaliación por el fallo de la Corte de La Haya. ¿Busca el presidente mermar la caída libre de su prestigio al perder el país 75.000 kilómetros cuadrados de mar —el doble de la superficie que, decían, se perdía con el despeje del Caguán— y sobre todo quitarle fuerza a la iracundia vesánica de Uribe? El mensaje implícito que me parece peligroso no es sólo el que pueda mandar a otros países, aunque estoy de acuerdo con Laura Gil, que opina que esa decisión podría afectar “130 tratados que contemplan la competencia de la Corte”. Es también la credibilidad con que el Gobierno negocia en La Habana con las Farc y en un futuro cercano con el Eln. Si los alcances de lo que se negocie con la guerrilla dependen de las encuestas de opinión, estamos fritos. ¿Qué solidez pueden tener las garantías que ofrezca el Gobierno si rompe tratados internacionales?

El Pacto de Bogotá se llama “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”. Lo que implica que es un medio para arreglar sin armas las diferencias con otros países. Y al contrario, retirarse del pacto es darles a las armas un papel, así nos digan que ese retiro no impide suscribir tratados bilaterales. Sí, claro, pero ¿qué le da a un país fuerza para negociar internacionalmente? La fuerza que le den las armas, en primer lugar; la fuerza del respaldo de otras fuerzas políticas, respaldadas también con un potencial bélico sin precedentes, en segundo lugar; y por último, la fuerza económica, que en nuestro caso es menos significativa. En concreto. Supongamos que Nicaragua no pida más mar ni más islotes a la Corte Internacional de Justicia, lo que aún podría hacer puesto que el fallo lo permite, y se avenga a un acuerdo sobre pesca. ¿Cuál puede ser el argumento colombiano diferente al de la equidad, el mismo que usó La Haya? Sólo queda otro: mostrarle los dientes a Nicaragua. Es decir, resolver el diferendo por vías no pacíficas. O amenazar. Quisiera saber qué pasará el día que Colombia saque un par de pesqueros de Nicaragua de las aguas que La Haya le reconoció a este país. No nos digamos otra mentira: el retiro del Pacto de Bogotá pone las armas como palanca de negociación con Nicaragua y con cualquier país con que tengamos problemas. Managua debe tener muy presente el bombardeo al Ecuador ordenado por Uribe y avalado por Santos. ¿Acaso las armas no han sido la norma para arreglar nuestros problemas domésticos? Todas las leyes desde la 200 del 36 han sido birladas por los terratenientes respaldados por las armas oficiales. Difícil citar un caso en que la Fuerza Pública saque a un terrateniente de un predio invadido. Llorar ahora porque el fallo perjudica a los pescadores de Santa Catalina es puro fariseísmo. ¿Cuándo el Gobierno se ha preocupado porque las aguas del Magdalena o del Cauca estén envenenadas con desechos de la industria o de la minería y que están acabando con el bocachico, el bagre y el moncholo? La pesca en el río Magdalena pasó de 80.000 toneladas al año en los 70 a menos de 8.000 hoy. ¿Quién llora por los pescadores? ¿Por qué no cierran la fábrica de armas de Indumil que envenena las aguas del río Bogotá, o le cancelan la licencia a la Gran Colombia Gold en Marmato, que bota mercurio y cianuro al Cauca?
¿Apelar a vías no pacíficas para arreglar diferencias internacionales no justifica de manera indirecta el levantamiento armado contra un tratado como es una Constitución? Hay algo que no cuadra en la lógica diplomática del Gobierno. ¿Será por esto que los tratadistas en derecho internacional han calificado la decisión de Santos de “valiente y arriesgada”? Y contradictoria, digo yo.

·         Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com


sábado, 1 de diciembre de 2012

El capital financiero, las locomotoras santistas y la vulneración a los derechos






   
"El capital financiero, las locomotoras santistas y la vulneración a los derechos”
 
Por Athemay Sterling Acosta
"Las Compañías Financieras transnacionales de químicos, recursos naturales y del armamentismo, todas juntas son narcotraficantes Y VULNERADORAS JUNTO AL ESTADO DE LOS DERECHOS UNIVERSALES, cuando apoyan junto a las FFMM como sus Mercenarios de presa, a los narco paramilitares y militares para expropiar y despojar territorios, desplazar forzadamente a la población como lo hace consciente o sin saberlo, los Batallones de la Tercera División, agrediendo la multiculturalidad, la pluri etnicidad, la mega pluri vida eco ambiental del territorio colombiano.

Como el de Ingenieros Agustin Codazzi de Palmira, El José Hilario López de Popayán,  el Puesto de Avanzada del Batallón Pichincha en Santander de Quilichao en cumplimiento de la Política Nacional del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática, de AUV en el Gobierno de Santos, con la implementación de la fascista Misión Apolo, ampliamente denunciada por nosotros y la población.

Es cuerpo transnacional-Estatal y Militar, sabotea los Diálogos de la Habana, detiene arbitrariamente, boletea en panfletos a la población civil como a Dirigentes y nuestra Junta Directiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que somos filiales de la FIDH /Federación Internacional de Derechos Humanos/, desaloja los campesinos de Calandayma en Miranda y comete variadas agresiones denunciadas por la comunidad.
Se inventan combates en Caloto y Santander de Quilichao, disparando a diestra y siniestra creando pánico y zozobra entre la sociedad, vulneran el DIH y los DDHH además de quedar su conducta tipificada en el Estatuto de Roma  como lo planteó la Fiscal de la Corte Penal Internacional, la CPI.

Desde AUV, Santos, Pinzon vulneran la Constitución Política, haciendo apología a la muerte, a la guerra y a la violencia.
Quieren seguir "ganando" la guerra solo mediáticamente con shows que los hace más bufones ante la Prensa.
Hacemos un serio llamado a respetar a la población civil y no provocar acciones violentas contra el campesinado, los trabajadores, la población Civil y la Sociedad.

Athemay Sterling Acosta
DIRECTOR DPDH





¡Navidad contra la impunidad!



¡ Navidad contra la impunidad!






Publicado en el Portal: www. z101digital.com, Opinión

                                                                        Por Narciso Isa Conde

El presidente Danilo Medina, en su discurso de los cien días, optó por seguir prometiendo  lo prometido, justificó el paquetazo y apoyó el borrón y la impunidad.

Danilo obvió los detonantes de la indignación acumulada, incluidos los graves problemas ambientales derivados de los planes de  FALCONDO, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Corp. y otras corporaciones mineras contra la vida del país.

No hay razones para no movilizarse. Es necesario darle nuevos impulsos a esta primavera dominicana, motorizada  por una hermosa impronta juvenil.

Estamos obligados a continuar la marcha emprendida, a desplegar en múltiples formas el clamor de justicia, aun con las fiestas de Navidad y Año Nuevo por delante e incluso inmersos/as dentro de ellas. La creatividad nos convoca a combinar la lucha y la alegría, a vincular el combate a las tradiciones:

-Con arbolitos navideños de los  que cuelguen los políticos corruptos, los empresarios traficantes de influencia y los narco-generales.

-Con adornos y decoraciones reclamando sanciones para saqueadores y ladrones, y satirizando los impuestos empobrecedores.

-Con aguinaldos con canciones alusivas a la lucha contra impunidad, a los efectos del paquetazo, a los políticos corruptos, a la depredación ambiental de las megas-mineras…

-Con jenjibradas donde la indignación se torne alegre y concienzuda.

Las demandas y las rebeldías del pueblo y su juventud pueden y deben estar presentes en estas fiestas.

Esta Navidad y este Año Nuevo se ubican en un periodo especial de nuestra historia, como aquel periodo navideño del 1961, en el que primó la consigna “Navidad con libertad”.

Es especial el periodo porque el régimen político, la dictadura  institucionalizada, está en serios aprietes, cuestionada en calles y plaza, en casas y colmadones, en ciudades y campos,  en muchos rincones del país.

Sectores de las capas medias y una parte de la juventud, que antes se mostraban pasivas o en actitud favorable al PLD, cambian su humor y su actitud, apuntando ahora contra sus desafueros, exigiendo cárcel para Leonel Fernández y su cúpula corrompida.

El régimen, sus poderes, sus dirigentes, chorrean lodo por todas partes. Están detrás y delante de nosotros/as, y no hay manera de que las denuncias e indignaciones -convertidas en “piedras” por Danilo- no le caigan arriba a sus odiosos personeros.

El borrón ya es imposible. Las cuentas son  viejas y  nuevas, y la impunidad de las mismas tiene “jarta” a la sociedad, ahora agredida por un paquete tributario destinado a compensar los que unos pocos se robaron.

 Estas fiestas tan preciadas, cargadas de restricciones lacerantes y peores augurios para el 2013, deben ser volcadas contra ellos, sin ninguna pena, con alegría.

Así habrá de suceder también con el próximo Carnaval si nos proponemos que las hermosas tradiciones se fundan con el sentir y los anhelos del pueblo, con su imponente  creatividad.

1-12-2012

¿Paz en Colombia?


Guerrillero de las FARC en la trocha.



Por Ignacio Ramonet
Se respira otro aire en las calles y plazas de Bogotá. Un aire perfumado de esperanzas, y ya no aquel –plomizo, infausto, medroso– de la violencia eterna y del conflicto interminable. La guerra en Colombia es una de las más viejas del mundo (1), comenzó (o se intensificó) cuando la oligarquía asesinó, el 9 de abril de 1948, a Jorge Eliécer Gaitán, un líder social inmensamente popular que reclamaba justicia social, incluyendo reforma del sistema financiero y reforma agraria (2). Desde entonces, el número de víctimas mortales se calcula en centenares de miles (3)… Hoy, en un subcontinente ampliamente pacificado, este conflicto –la última guerra de guerrillas de América Latina– aparece como un vestigio de otra época.

Viajando por el país y conversando con diplomáticos, intelectuales, trabajadores sociales, periodistas, académicos o moradores de barriadas humildes se deduce que, esta vez, la cosa va en serio. Algo parece moverse de verdad desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció públicamente, a principios de septiembre pasado, que el gobierno y la insurgencia iniciarían negociaciones de paz (4). Primero en Oslo y luego en La Habana, con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como “garantes”, y de los gobiernos de Venezuela y Chile como “acompañantes”. Los ciudadanos están creyendo en el proceso; sienten que se ha llegado a una configuración interna y externa que autoriza –con prudencia– a soñar. ¿Y si la paz fuese por fin posible?

En 65 años de guerra, no es la primera vez que autoridades e insurgentes se sientan a negociar. Porque este conflicto ha tenido muchas fases. Después del asesinato de Gaitán, se desencadenó una verdadera guerra civil –“la Violencia”– que causó decenas de miles de muertos. Para defender a los campesinos y a las clases medias, surgen entonces ejércitos guerrilleros de estricta estirpe liberal (Gaitán era el líder del Partido Liberal), el más grande de ellos en los Llanos Orientales. Apoyándose en las Fuerzas Armadas asesoradas por Estados Unidos, la oligarquía conservadora lanza una verdadera ola de terror y represión. Los grupos armados liberales abandonan las armas y se reincorporan a la vida política. No lo hacen pequeñas facciones armadas focalizadas en departamentos como Tolima, Huila y Cundinamarca, algunas de las cuales, con el paso de los años, se hacen comunistas, y, en 1964, fundan, bajo la dirección de Manuel Marulanda “Tirofijo”, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un año más tarde, en 1965, bajo la influencia de la revolución cubana se crea el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla en las filas de la cual muere Camilo Torres, cura guerrillero devenido, para los cristianos progresistas, símbolo del compromiso de la Iglesia con los pobres. Al ELN, pertenecerá también el sacerdote español Manuel Pérez. Otra fuerza guerrillera nace en 1965, el Ejército Popular de Liberación (EPL), brazo armado del Partido Comunista-Marxista Leninista PC(ML), maoísta, dirigido por Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda.

En 1973, aparece una nueva organización guerrillera, el Movimiento 19 de Abril (M-19). Expresión de protesta de una parte de las clases medias urbanas contra el fraude que privó al general Gustavo Rojas Pinilla de su victoria en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Un grupo armado que, con el paso de los años, se irá radicalizando políticamente.

También emerge, en la década de 1980, el “tercer actor” (además de las Fuerzas Armadas gubernamentales y las guerrillas): los paramilitares, financiados por los grandes terratenientes y entrenados por el Ejército, cuya finalidad es aterrorizar, mediante salvajadas y atrocidades, a las bases sociales campesinas de las guerrillas. Hay que añadir, en esa época, al “cuarto actor”: los narcotraficantes (5) que poseen sus propias bandas armadas, compran la complicidad de los paramilitares y pagan “impuestos” a los insurgentes.

Este era, en síntesis, el cuadro del conflicto colombiano hasta los años 1980. Con un elemento social complementario constituido por los millones de campesinos empujados, a causa del nivel de violencia en el campo, al éxodo rural. Y que vinieron a hacinarse en barriadas autoconstruidas de la periferia de las grandes ciudades (6). En particular en torno a la capital Bogotá, cuya área metropolitana tiene hoy cerca de 9 millones de habitantes, o sea más del 20% de la población del país...

¿Qué ha ido cambiando en las últimas tres décadas? Hubo varias tentativas de acabar con la guerra. El presidente conservador Belisario Betancourt consiguió establecer, en 1984, un acuerdo de “cese el fuego” con las FARC y el M-19. Comprometiéndose a hacer reformas y a facilitar la incorporación de los guerrilleros a la vida política. Las FARC crean entonces el movimiento Unión Patriótica (UP) que participa en las elecciones de 1986 y obtiene 6 escaños en el Senado, 23 diputados y más de 300 consejeros municipales. Pero este éxito electoral desencadena una ola de atentados y de asesinatos contra los miembros de la UP. En poco tiempo, más de 3 000 cuadros y dirigentes de esa formación son exterminados… Lo cual produce un profundo traumatismo en el seno de las FARC que relanzan con mayor intensidad la lucha armada. En cambio, el M-19 abandona las armas en 1989 y se integra a la acción política civil.

En 1998, el presidente Andrés Pastrana da un golpe de teatro y se entrevista con Manuel Marulanda, reinicia las negociaciones con las FARC y, a pesar de las fuertes críticas en el seno de su propio bando, desmilitariza una zona rural en la región del Caguán para facilitar los contactos con la insurgencia. Hace lo mismo con el ELN. Pero los paramilitares sabotean, una vez más, estos esfuerzos, multiplicando las matanzas de campesinos. Las FARC tampoco juegan el juego y retoman la lucha (7). Despechado y defraudado, el gobierno firma un acuerdo militar con Estados Unidos para poner en marcha el “Plan Colombia” con el propósito de derrotar militarmente a las guerrillas. Después de la elección de Álvaro Uribe en 2002, esta apuesta por una opción exclusivamente militar se refuerza. Las ofensivas del ejército redoblan en intensidad con armamento sofisticado procurado por Washington. Varios líderes de las FARC (Raúl Reyes, Alonso Cano, José Briceño “Mono Jojoy”) son abatidos (8).

¿Por qué el nuevo presidente Juan Manuel Santos, electo en agosto de 2010, que fue un implacable ministro de Defensa contra las guerrillas en la era Uribe, ha optado por la negociación? (9). Porque esta vez, dice él, “los planetas están alineados”. O sea, la coyuntura nacional e internacional no puede ser más propicia.

En primer lugar, las FARC ya no son lo que eran. Obviamente siguen siendo la guerrilla más formidable de América Latina, con sus cerca de 20.000 combatientes que operan en decenas de frentes. Y es asimismo el único ejército guerrillero que no ha sido vencido militarmente en América Latina. Pero la vigilancia por satélite y el uso masivo de drones militares permiten ahora a las Fuerzas Armadas gubernamentales controlar sus comunicaciones y sus desplazamientos. La selva, en la que las FARC hallaban refugio, se ha convertido en una jungla de cristal transparente donde la supervivencia resulta cada vez más aleatoria. Por otra parte, la decapitación sucesiva de su cúpula dirigente (mediante el uso de la técnica israelí del “asesinato selectivo”) complica la reorganización de la guerrilla.

Además, algunos métodos odiosos de lucha usados por las FARC (secuestros, ejecuciones de prisioneros, atentados ciegos) han causado rechazo por una parte importante de la sociedad civil (10). Las FARC no están vencidas ni mucho menos, y podrían probablemente proseguir el conflicto durante años. Pero lo seguro es que se hallan en la incapacidad de vencer. La perspectiva de una victoria militar ha desaparecido. Y eso lo modifica todo. La negociación de paz, si desembocase en un acuerdo digno, les permitiría salir con la frente alta, decirle adiós a las armas e incorporarse a la vida política.

Pero si el presidente Santos decidió, ante la sorpresa general, abrir unas negociaciones de paz con la insurgencia no fue sólo porque las FARC se encuentren disminuidas militarmente (11). Es también porque la oligarquía latifundista que, desde hace 65 años, se opone a una reforma agraria en Colombia (este país es prácticamente el único en América Latina que, por la cerrazón de los terratenientes, no ha realizado una redistribución de tierras) ya no tiene el poder dominante que tenía. En los últimos decenios se ha consolidado una nueva oligarquía urbana mucho más poderosa e influyente que la oligarquía rural.

Durante los años más terribles de la guerra, las grandes aglomeraciones quedaron aisladas del campo. Era imposible circular por tierra de una localidad a otra y la “Colombia útil” se convirtió en una suerte de “archipiélago de ciudades”. Estas metrópolis, en las que se acumulaban los millones de personas que huían del conflicto, desarrollaron su propia economía cada vez más pujante (industria, servicios, finanzas, importación-exportación, etc.). Hoy es ella la que domina el país y a la que, en cierta medida, representa Juan Manuel Santos. Igual que Álvaro Uribe representa a los grandes terratenientes que se oponen al proceso de paz.

A la oligarquía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Primero, el coste de la paz, o sea una –probablemente modesta– reforma agraria, lo asumirían los latifundistas, no ella. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. Porque, en el contexto internacional actual, la pacificación le permitiría explotar los inmensos recursos mineros de Colombia de los que la insaciable China sigue sedienta. Por otra parte, el empresariado urbano estima que, en caso de paz, los excesivos presupuestos militares podrían consagrarse a reducir las desigualdades que siguen siendo abismales. Los empresarios constatan que Colombia va hacia los 50 millones de habitantes. Lo cual constituye una masa crítica importante, en términos de consumo, a condición de que el poder adquisitivo medio aumente. En ese sentido, observan que las políticas de redistribución que se están llevando a cabo en varios países de América Latina (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.) han reactivado la producción nacional y favorecido la expansión de las empresas locales.

A todas estas razones, se añade otro aspecto regional. América Latina está viviendo un gran momento de integración con la reciente creación de la UNASUR (Unión de las Naciones del Sur) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en las que Colombia representa un papel importante. Frente a esta dinámica, la guerra es un anacronismo, como lo ha denunciado repetidas veces el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Las FARC lo saben. La hora de que callen las armas ha llegado. Además, la realidad actual de América Latina demuestra que, a pesar de los obstáculos, la conquista del poder por la vía pacífica y política es posible para una organización progresista. Ha quedado demostrado en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Brasil, etc.  

Muchos peligros acechan aún. Los adversarios de la paz (halcones del Pentágono, ultras de las Fuerzas Armadas, terratenientes, paramilitares) tratarán de sabotear el proceso (12). Pero todo parece indicar, mientras continúan las negociaciones en La Habana, que el desenlace del conflicto se avecina. Por fin.

(1) Con el conflicto de Cachemira, que opone desde 1947 a Pakistán y a la India; y el de Oriente Próximo donde se enfrentan, desde 1948, Israel y los palestinos.
(2) Léase Luis Emiro Valencia, Gaitán. Antología de su pensamiento social y económico, ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2012.
(3) Marco Palacios, Violencia política en Colombia 1958-2010, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2012.
(4) Las conversaciones para la resolución del conflicto se habían iniciado secretamente en Cuba a partir del 23 de febrero de 2012. Cf. “Qué se sabe del proceso de paz”, Semana, Bogotá, 3 de septiembre de 2012.
(5) Los cárteles colombianos de la cocaína ya no tienen el poder que tuvieron en la época de Pablo Escobar (años 1980), ahora son los cárteles mexicanos los que dominan el tráfico de drogas en América Latina.
(6) Léase Raúl Zibechi, “Cerros del sur de Bogotá. Donde termina el asfalto”, Programa de las Américas, 18 de febrero de 2008. http://www.pensamientocritico.org/rauzib0308.html
(7) Léase Fidel Castro, La Paz en Colombia, Cubadebate, La Habana, 2008. http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2008/11/13/la-paz-en-colombia/
(8) En cuanto a Manuel Marulanda, falleció el 26 de marzo de 2008.
(9) Léase Hernando Calvo Ospina, “Juan Manuel Santos, de halcón a paloma”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2011.
(10) Las FARC figuran, desde 2003, en la lista de las “organizaciones terroristas” elaborada por Washington.
(11) Léase Christophe Ventura, “La nouvelle donne qui explique les pourparlers de paix”, Mémoire des luttes, 28 de septiembre de 2012. http://www.medelu.org/Colombie-la-nouvelle-donne-qui
(12) Léase Carlos Gutierrez, “La Mesa de Oslo. Las complejidades del proceso”, Le Monde diplomatique, edición colombiana, octubre de 2012.
Narcotráfico, Guerrilla, Política, Conflicto


El campo y la Paz. Por Hernando Vanegas Toloza




Por Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.
En esta Postal de Estocolmo quiero que miremos –así sea un tanto superficialmente-, la situación del campo, aquí y alla.
En Suecia el campesinado está conformado por una clase superpoderosa, dueña de la tierra y con una estabilidad a toda prueba, producto del apoyo estatal y de los subsidios conque se apoyan a los campesinos, además de lamaquinización de las labores agrícolas. En Suecia no se ve ningún campesino maltrajeado, y eso que las temperaturas son realmente extremas, las cuales oscilan desde los 32 grados en verano hasta, inclusive, -20 grados en invierno. Todos viven en sus casas con luz eléctrica y todos sus servicios. Los hijos de los campesinos van a la Escuela, Gimnasio y Universidad sin distingode ninguna clase y reciben un estipendio por sus actividades, es decir, todo niño, joven o estudiante universitario recibe una pequeña ayuda para que la familia sufrague los gastos más imprescindibles, independiente de si sus padres tienen o nom dinero.
En Colombia los campesinos son una clase perseguida por el Estado y sus fuerzas militares-narcoparamilitares (como dice Allende) y no hay ningún apoyo del estado o programas que alivien la carga que sobrellevan los campesinos. El campesino para poder ser dueño de la tierra tiene que someterse a ampliar la frontera agrícola y siempre existe el peligro de la expolicación aplicadas por las fuerzas estatales, mediante la ley 7/o mediante la fuerza. Los hijos de los campesinos si acaso alcanzan a terminar la primaria y tiene que empezar a ayudar a sus padres en las labores, mucho menos se puede soñar con algún día estudiar en la Universidad.
Son ellos, los campesinos, uno de los que más han sufrido el Terrorismo de Estado y hombres, mujeres, niños, se convierten en « enemigo interno » de un Estado que nunca se ha preocupado por la suerte de estos compatriotas que luchan para poder sobrevivir solos, con la fuerza de sus músculos. En Colombia los terratenientes y oligarcas han impedido a sangre y fuego una verdadera Reforma Agraria y sufrido también el desplazamiento forzoso, con toda la carga que eso significa, asesinato del hombre, soledad de la viuda, ofrandad de los niños y un futuro de miseria como único porvenir, desplazamiento que significa la périda de su único bien, la Tierra, la cual pasa a manos de los ricos terratenientes, que mediante el uso de la violencia se apoderan del trabajo del pueblo campesino.
En bueno hora las FARC-EP han logrado que en la Mesa de Conversaciones se toque el punto Agrario y esperamos desde Suecia que los campesinos participen con todas sus organizaciones en las discusiones que sobre el tema se desarrollarán en Bogotá a instancias de la Mesa de Conversaciones. En otros países tenemos algunos ejemplos de cómo se resuelven los problemas estructurales que la oligarquía no ha querido solucionar.
La deuda oligárquica con el pueblo colombiano es impagable.
Publicado por cambio total en CambioTotalRevista el 12/01/2012

Proceso de Paz: ELN pide la intervención de Cristina Kirchner

Venezuela es uno de los garantes en el proceso de Paz en la Habana. Ahora ELN propone
que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner se asume para facilitar la participación
del Ejército Nacional de Liberación Nacional en el proceso.



En Cuba culminó otra fase de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Se reanudarán el 5 de diciembre. La otra fuerza insurgente, el ELN, pidió la mediación de la presidenta argentina para favorecer el fin del conflicto armado.
Por Emilio Marín
Las principales noticias de Colombia procedieron del exterior, más precisamente de la Mayor de las Antillas. Allí hubo intensas negociaciones de paz entre los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y los delegados de la mayor guerrilla, las FARC.
Al cabo de once días de discusiones, los dirigidos por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el comandante Iván Márquez, respectivamente, abrieron ayer un receso hasta el próximo 5 de diciembre, luego de discutir como tema único la cuestión agraria.
Esa agenda tuvo que ver principalmente con el interés de la fuerza insurgente fundada por Manuel Marulanda Vélez, que sostiene que la base del conflicto armado de casi 50 años es la injusta situación que viven millones de campesinos. Éstos carecen de tierra donde trabajar. Sufren el desplazamiento interno por los embates del militarismo y paramilitarismo, que los criminaliza, los fumiga junto a sus animales y plantaciones y enferma, según los casos, o directamente los asesina, como ocurrió recientemente con diez personas en una finca.
Los campesinos y pueblos originarios de ese país son despojados de sus derechos y pertenencias ancestrales por las políticas oficiales que ceden esos millones de hectáreas a latifundistas, mineras y petroleras. Es una política preferente del presidente Santos, de la flor y nata de la oligarquía.
En este plano los puntos de vista del Estado y las clases dominantes se oponen por el vértice con los programas agrarios tanto de las FARC cuanto de la segunda fuerza insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. Estas urgen la necesidad de una reforma agraria, defienden los derechos de campesinos y comunidades, critican el uso del glifosato y las fumigaciones impuestas por el “Plan Colombia” de Estados Unidos, proponen el cuidado del medio ambiente y el rechazo de las concesiones a petroleras y mineras, en su mayoría trasnacionales.
Se entiende la virulencia del enfrentamiento armado de medio siglo. En ese marco fue positivo que Santos, a diferencia de su antecesor Álvaro Uribe, abriera una negociación con las FARC, anunciada a fines de agosto pasado y con primera etapa en Oslo. El 19 de noviembre continuó por casi dos semanas en la capital cubana.
Foro en Bogotá
En el interín hubo posiciones muy disímiles, al discutirse la cuestión agraria, primera de las seis temáticas que las partes acordaron. La primera intervención del comandante Márquez tuvo tal contenido antioligárquico que en la representación gubernamental hubo algunos de sus miembros muy ofendidos: amagaron con dar algún portazo que por suerte no se produjo.
Las reuniones fueron en el Palacio de las Convenciones de Cuba, donde los delegados de la guerrilla han tenido una actitud más dialoguista con la prensa, en tanto De la Calle y los suyos sólo una vez aceptaron dar una declaración, sin aceptar preguntas del periodismo. Es un síntoma político: los rebeldes tienen más propensión a la batalla de ideas. Parece que no sólo son buenos en la pelea. A los enviados de Santos no les gusta tener que dar explicaciones públicas, acostumbrados a mandar.
En medio de tantas diferencias, se pueden rescatar dos acuerdos de la confrontación habanera. Uno es que se realizará un “Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral” en la Universidad Nacional de Bogotá, con auspicio de la ONU. Participarán profesores, organizaciones sociales, sindicales y empresariales -ojalá que tengan su lugar los campesinos menos pudientes y pueblos originarios afectados-, estando previsto entre el 17 y 19 de diciembre próximo. Hasta el 8 de enero de 2013 tendrán tiempo de entregar sus conclusiones a la Mesa de Paz instalada en Cuba.
El otro logro es que ambas partes decidieron crear un sitio conjunto en la web. Funcionar desde el 7 de diciembre en www.mesadeconversaciones.com.co para difundir los comunicados. Según el cable de Prensa Latina, se abriría así “un espacio de participación virtual de la sociedad colombiana en el proceso de paz”. 
¿Cuánto se habrá podido avanzar en un acuerdo de paz que contenga un alto grado de justicia social en el campo? Es difícil saberlo. Y por las expresiones de los delegados de las FARC, este punto es clave para mirar con optimismo el avance de la negociación. Ellos fueron muy severos para juzgar los planes de la oligarquía: “las políticas neoliberales son responsables de ese escenario y de sus efectos; el asesinato, el desplazamiento de seis millones de campesinos, el despojo de ocho millones de hectáreas de tierras y la muerte anual por hambre de cinco mil niños”.
La postura insurgente viene aprovechando de mejor manera la tribuna de lucha política y propaganda que supone esta negociación. El día que comenzó esta fase, el 19/11, Iván Márquez anunció en nombre del Secretariado Nacional una tregua unilateral que durará dos meses, entre el 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013. Santos, en cambio, militarista hasta el final, insiste en no acordar un alto al fuego bilateral y sus militares tienen órdenes de emprender más bombardeos y operaciones ofensivas. “La respuesta del Estado es clara y contundente -reiteró el presidente- no habrá tregua ni cese del fuego”. Es un error político pues ante la opinión pública nacional e internacional las FARC quedan como el sector más sensato y propenso a bajar la intensidad del conflicto.
Piden por Cristina Fernández
El 31 de octubre un comunicado del ELN, por su parte, propuso el cese bilateral de fuego y hostilidades, como una manera de dar alivio al pueblo y generar confianzas. La fuerza liderada desde 1998 por el comandante Gabino, Nicolás Rodríguez, buscaba su inserción en el diálogo de paz.
Esta fuerza rebelde ya tuvo en el pasado negociación con otros presidentes, que fracasaron por una u otra razón. Generalmente ese mal resultado devino por la pretensión estatal de forzar una rendición incondicional sin cambios en la estructura agraria y sin desmonte de los aparatos represivos. La base social de la guerrilla quedaba en peor condición que antes y sus militantes expuestos al crimen político, una vez desmovilizados.
El ELN recordó: “tenemos experiencia en materia de diálogos desde 1990 en Cravo Norte y Tlaxcala (México), en Maguncia (Alemania), en Río Verde (Antioquia), en el Sur de Bolívar y en las conversaciones desarrolladas en la Habana. Hemos presentado propuestas para la solución del conflicto”.
La ex senadora Piedad Córdoba, facilitadora de la liberación de retenidos de las FARC, estaba feliz por la apertura de la mesa entre esa guerrilla y el gobierno. Y declaró que pronto habrá noticias sobre acercamientos del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Ella insistió ante el Estado para que se avenga a dar participación a esa segunda organización rebelde.
Desde otro ángulo, el presidente del Congreso, el oficialista Roy Barreras, pidió al ELN que se sume al proceso de paz abierto con las FARC “porque ahora las condiciones están dadas”.
El ELN tiene sus propias demandas para encarar ese proceso. Su documento reclamaba “la depuración de las instituciones y la revocación de los poderes locales y regionales construidos por medio de la presión y la corrupción narcoparamilitar”.
Trasuntando el interés por ser parte de esta nueva etapa política, el comandante Gabino dio entrevistas a diversos medios internacionales en los últimos meses. 
Concedió reportajes a los periódicos suizos L 'impartial y Le Courrier, donde declaró: “tenemos toda la voluntad para unos diálogos serios, realistas que aborden las causas del conflicto interno que es de carácter social y armado”.
En otro pasaje, el jefe de los “elenos”, llamó la atención sobre una contradicción: “nunca el gobierno ha reconocido que la insurgencia es fuerte, siempre han dicho que somos muy débiles y que no representamos ningún peligro, aun así Colombia tiene las Fuerzas armadas más numerosas, mejor dotadas militar y tecnológicamente en Latinoamérica. Si somos tan débiles, ¿no es esto un contrasentido?”.
El 17 de septiembre, un medio argentino, Marcha, difundió una entrevista exclusiva con Gabino, que llevó por título “ELN: Solicitamos a Cristina Fernández su contribución”. El video fue reproducido por CartagoTV de Neuquén y tuvo casi nula difusión a nivel nacional. Por su importancia y porque se pidió la contribución de la presidenta argentina, se reproduce textualmente la respuesta de Gabino: “hoy, cuando las posibilidades de un diálogo del gobierno con toda la insurgencia colombiana se hacen posibles, solicitamos de nuevo y comedidamente al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, su contribución decidida como parte de los gobiernos del continente, amigos de la paz de Colombia. La paz de nuestro país hace indispensable el aporte de la comunidad internacional y los países que integran la Unasur, el ALBA y la Celac pueden brindar muy positivo apoyo”.