Piedad Córdoba se defiende en una carta pública contra los ataques de funcionarios del estado colombiano

A raíz de la defensa a los pueblos indígenas, campesinos y habitantes en general en el norte del departamento del Cauca, la luchadora popular Piedad Córdoba fue hace unos días nuevamente objetivo por un furioso ataque de varios funcionarios y ministros del Estado colombiano.

En la carta abajo, que ANNCOL reproduce en su totalidad, la ex senadora se defiende contra los ataques lanzados. Uno de los remitentes es el procurador Alejandro Ordóñez, activo en Opus Dei y el mismo que destituyó y deshabilitó a Córdoba por 18 años.

La luchadora incansable no se doblega, lo que muestra el contenido de la carta.

2012-07-28REDACCIÓN ANNCOL

Ver el video de la intervención de Piedad Córdoba:http://youtu.be/xKyJWG1xx4Q

Acompañando a los habitantes en el municipio de Miranda, norte del Cauca, en su lucha
para impedir la construcción de una base militar, fortaleza militar para la entrega a las mineras
transnacionales y nacionales de territorios de la cordillera occidental que contienen oro.

PIEDAD CÓRDOBA:

Carta abierta a las ciudadanas y ciudadanos, al Partido Liberal colombiano y a la opinión pública nacional e internacional

Hace un mes, en mi calidad de dirigente política y social, expresé en el municipio de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca de los derechos de la población. Hoy, me he enterado de la polémica que dicha visita generó, debido a unas imágenes editadas y publicadas por algunos medios de información que las recibieron de fuentes oficiales.

Conociendo las reacciones del presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria, en las que se refiere a mis palabras como alejadas de los postulados ideológicos del Partido Liberal, y las del procurador Alejandro Ordóñez, que junto con algunos otros altos funcionarios piden se me procese por diferentes delitos, deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad moral con Colombia.

En tal sentido, es irónico que quienes han promovido de una u otra forma decisiones políticas a espaldas de los intereses del país, indiferentes a las injusticias, exclusiones y discriminaciones que viven cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes, sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y personas con diversas opciones sexuales, y en general amplios sectores sumidos en la desigualdad, se asuman aquellos como jueces, desbordando nuevamente sus competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses.

Interveniendo en el foro.

Me acusan de “instigar al delito”, "asonada", "concierto para delinquir" e "incitar a la violencia" por referirme básicamente al retiro de las bases militares que ponen en peligro a la población y por sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y que algunos sectores plantearon al mandato del Presidente.

Mis declaraciones son legítimas, justificadas y precisas, y acuden al supremo recurso del pensamiento y la libertad de opinión que convoca la acción civilista y pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace muchos años, siempre en el marco de los principios de un Estado democrático moderno.

Parte de ese legado histórico del derecho y del humanismo se encuentra en obras y valores incluso anteriores a la Revolución Francesa de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra historia, basta detenerse en pasajes de la vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782, hace 230 años, o en el pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo. O en una mirada universal al repasar la obra de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como Mahatma Gandhi o Martín Luther King.

Por que evidentemente en la modernidad, en un Estado de Derecho, se comprende con nitidez la diferencia entre los delitos que desean se me imputen por instigación, y la legitimidad de la actuación en libertades, en conciencia y en Derecho.

Lo que he hecho, en relación con la situación que padece el norte del Cauca, y también otras regiones, es recordar que hay al menos dos derechos de primer rango a los que la población no puede ni debe renunciar:

1.   El derecho humanitario, que prohíbe que las partes contendientes, sean militares o guerrillas, se instalen entre la población civil para convertirla en escudo, protegiéndose indebidamente, exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones bélicas.

El derecho internacional es claro en este aspecto, por lo tanto invito a un debate público, pluralista y respetuoso de las diferentes posturas jurídicas y políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio en la política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar más la militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo el país, de todos los sectores, de todas las regiones, porque es necesaria la paz y el logro de la justicia social.

2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento humanista liberal y social. Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer lugar llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil atacada, velando por su protección, su libertad, derechos y recursos, desde su propia cosmovisión, a favor del territorio que está siendo militarizado y cruzado por dos modelos de desarrollo de la guerra. En segundo lugar, adhiriéndome al torrente que muchas ciudadanas y ciudadanos han desatado, de la necesidad de revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando intereses sociales o públicos sino amparando solamente los intereses privados.

En el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado las justas reclamaciones en derecho de comunidades indígenas, de campesinos, de mujeres, de afro descendientes; así como otras expresiones para que los derechos de los colombianos sean una realidad.

Su solidaridad con los campesinos de Calandaima.

Mi presencia en Miranda respondió al acompañamiento solidario, humanitario y humanista que durante años he realizado a procesos políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia social.

Es claro, y es un menosprecio a su memoria ancestral, a su creatividad y valentía, que las comunidades indígenas, quienes padecen, como otros sectores, el conflicto armado, claman por la humanización y la paz, que sus movilizaciones, que han desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de solidaridad y de preocupación, en el Cauca y en decenas de regiones del país, son una prueba de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el sagrado Derecho a la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional.

Estas manifestaciones, al igual que las campesinas y afrodescendientes, y de otros sectores de la sociedad, indican la necesidad de dialogar, ante los costos en vidas y daños irreparables para los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen inviable una sociedad reconciliada en una democracia profunda.

Los momentos que vivimos de crisis en diversos planos son una invitación al país, a las colombianas y colombianos sin distinción, a decidir la búsqueda de la paz en una democracia política y social, y no una guerra prolongada, sin esperanza, de aniquilamiento lento, doloroso, inhumano, destructivo.

Piedad Córdoba Ruiz28 de julio de 2012