No puede existir la llamada "neutralidad" ante un enemigo como el estado colombiano, sostiene el autor de este importante documento. |
por José Antonio Gutiérrez D.
“No puede observarse la lucha de clases a través de los
vitrales de una catedral, ni a través de las leyes de los capitalistas”
(William “Big
Bill” Haywood, 1910)
“Chen Gen
Kat Pat, Men Se Yon Sel Wout Li Fe”
(El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una
dirección. Proverbio haitiano)
Sin lugar a dudas que la afirmación de Marx de que “Todo
lo sólido se desvanece en el aire” cae como anillo al dedo al régimen
presidido por Juan Manuel Santos, que hace un año parecía casi inexpugnable, la
maquinaria de consenso más impresionante que había vivido Colombia desde la
instauración del Frente Nacional en 1958. Hoy, el santismo está acosado por las
múltiples crisis del sistema de salud y educativo, por fuertes diferencias en
su seno que han resquebrajado la Unidad Nacional, por el descrédito
generalizado de las instituciones y una falta de credibilidad ante una
población frustrada a la cual se le prometió mucho, sin que ninguna de las
propuestas demagógicas hayan sido hasta ahora implementadas de modo sustancial.
Ni en el campo de la restitución de tierras, ni en el campo de las víctimas, ni
en el campo de la paz, ni mucho menos en el campo de la “prosperidad” el
gobierno ha cumplido en lo más mínimo. El régimen ha comenzado a enfrentar
un desgaste generalizado, a la par que el ciclo de luchas populares abierto a
finales del 2008, ha seguido acumulando fuerzas: dos victorias para el campo
popular, como son la derrota de la reforma al sistema educativo a fines del año
pasado, y la derrota a la reforma a la justicia por una ola de indignación
ciudadana hace apenas unas semanas, son prueba de ello. A su vez, el fracaso de
la Marcha Guerrerista de Diciembre del 2011, con la cual se pretendía alinear
el consenso de la población en torno al escalamiento del
conflicto, sonprueba del creciente agotamiento de la Unidad Nacional como
fórmula de gobierno. La actual agitación en el Cauca plantea otro escenario
importante de la crisis que enfrenta el régimen santista.
La
realidad del conflicto en el Cauca
Con el asesinato del comandante fariano Alfonso Cano, en
Chirriadero, Norte del Cauca, en Noviembre del 2011[1], la oligarquía pensó que “el fin del fin”
estaría cerca, que el Cauca se “pacificaría” y que la guerrilla, desmoralizada,
se desmovilizaría a raudales. En realidad nada de eso ocurrió, y antes bien,
una victoria militar del régimen se convirtió en una derrota política, pues
pareciera que, como han afirmado varios guerrilleros, la muerte de su máximo
comandante reforzó su moral y convicción. Tal pareciera ser la conclusión
lógica que se desprende del escalamiento del conflicto en el Cauca,
particularmente en el Norte y en el Oriente del Departamento[2]. Desde comienzos de Julio, ha habido una seguidilla
de hostigamientos y enfrentamientos en toda la zona del Norte del Cauca:
Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto, Argelia. Un comunicado de la Columna Jacobo
Arenas de las FARC-EP, fechado el 12 de Julio, plantea que en los pasados 12
días desarrollaron 32 acciones militares en el Norte del Cauca[3], lo cual demuestra la renovada capacidad
de acción de la insurgencia y la eficiencia político-militar de la estructura
adelantada por Alfonso Cano antes de su asesinato. La estrategia insurgente en
el Cauca, que se extiende por todo el país y es parte de las orientaciones del
movimiento guerrillero desde el 2009, se basa en la “utilización de los
accidentes geográficos para sorprender al enemigo, el camuflaje en todas sus
formas imaginables y el ataque permanente como mejor estrategia defensiva han
permitido a los insurgentes mantener una iniciativa feroz en la región. Como
repiten una y otra vez los generales, son grupos muy pequeños que hostigan día
y noche a la tropa (…) El impacto sobre la moral de los soldados es evidente,
hasta el punto que se refieren a la región como “el infierno caucano”. Para
todo el mundo está claro que las FARC han hecho del Cauca su nueva Marquetalia.”[4]
Pero la insurgencia ha logrado combinar hábilmente estos
pequeños destacamentos guerrilleros (las Unidades Tácticas de Combate)
conocedores del terreno y que cuentan con la confianza de un sector importante
de la población, para enfrentar fuerzas concentradas muy superiores[5]. Como lo relata un reportaje de Semana,
describiendo un combate en Toribío:
“No fue el típico hostigamiento de dos o tres milicianos
de civil que disparan un tiro o lanzan una pipeta y se camuflan en una casa.
Fue un ataque protagonizado por grupos de guerrilleros uniformados que la
fuerza pública no pudo repeler por tres días, “con 15 puntos de fuego” contra
el pueblo desde los cerros cercanos, según lo describió un oficial. Al menos
uno de esos grupos, según los pobladores del lugar y varios militares que lo
combatieron, tenía 30 integrantes.”[6]
El 11 de Julio, Santos llegó a Toribío para realizar un
consejo de Ministros en el cual anunció que no se desmilitarizaría ni un
solo centímetro del Cauca[7], afirmando
además que el Estado tenía el control del Departamento. Como telón
de fondo, se escuchaban ráfagas de la insurgencia y caía derribado un avión
Super Tucano en el Plateado, en Jambaló. Si bien el gobierno desmiente que haya
sido derribado por la insurgencia, las FARC-EP no solamente afirman haberlo
derribado sino que revelaron videos de pruebas de misiles tierra-aire
artesanales, de elaboración autóctona, realizados en el Municipio de Suárez,
Cauca, a finales del pasado año[8]. No es
necesario insistir en la importancia que la elaboración de estos misiles
tendría para el destino militar de la guerra en Colombia, dado que la
estrategia militar del Estado se ha sustentado, desde los inicios del Plan
Colombia, en la superioridad militar otorgada por el poderío de fuego aéreo[9].
El presidente llegó, rodeado de 70 cortesanos, en un
helicóptero, porque todas las rutas de acceso estaban en manos de la
insurgencia, que instaló varios retenes desde los cuales algunos comandantes
farianos adelantaron improvisadas conferencias de prensa con los reporteros que
se aventuraban por los caminos y decían a quienes pasaban en vehículos, luego
de chequearlos “Díganle al presidente que para llegar a Toribío tuvieron que
pasar por un retén del frente sexto de las Farc”[10]. Claramente, el control de la situación
era una fantasía imposible de sostener.
Indignación
Indígena
El consejo de Ministros de Santos en Toribío fue una
clara muestra del autismo tradicional de la clase dominante colombiana, que
viajó a una comunidad rural, alejada, para reunirse solamente entre ellos,
entre gente que no tenía necesidad de viajar al Cauca ya que podrían
perfectamente haberse reunido en Bogotá. Al movimiento indígena y a los
campesinos se les ignoró completamente. Es por ello que los indígenas y la
mayoría de la población en lugar de sumarse a un circo en el cual solamente
podían ser espectadores, prefirieron manifestarse con una pared de abucheos
contra la cual se estrelló el “país político”. Denunciaron el hecho de que
nadie mandó llamar a Santos y que éste no les consultó nada.
En una línea tan propia de lo que ha sido la política social
del santismo, es decir, sin ninguna consulta a las comunidades sobre sus
necesidades y sin tener en cuenta en absoluto sus demandas, el
mandatario anunció un programa de inversión de $500.000.000.000 (unos 278
millones de dólares); sobre este programa, las propias organizaciones indígenas
se han mostrado reacias a creer en palabras hermosas que rara vez se traducen
en realidad, temiendo que de esta inversión nada terminará en manos de los
campesinos ni de los indígenas, sino que estará al servicio de las locomotoras
del Plan de Desarrollo Nacional, fundamentalmente de la expansión de los
agronegocios y de las actividades minero-extractivas. A la vez, se sigue
aumentando el pie de fuerza y la militarización de la región[11]. El mismo nombre dado por Santos al
programa, “Plan Cauca”, revela que está diseñado desde una
perspectiva más militar que otra cosa (o cívico-militar, como se dice en la
jerga del poder).
La indignación indígena pronto se tradujo en una masiva
movilización en contra de tropas de la Tercera Brigada del Ejército acantonadas
en el Cerro Berlín, en Toribío[12]. Esta
movilización fue parte de un ultimátum que ya habían dado los indígenas para
que los soldados se retirasen de un sitio que consideraban sagrado, y se sumó a
las acciones que ya antes se habían desarrollado en el Norte del Cauca, en la
vereda de Monterredondo en Miranda, contra la base militar de Tres Cruces, que
se planea instalar en esa zona. Allí, miles de campesinos e indígenas desde el
8 de Junio vienen ocupando los predios destinados a servir a la Brigada Móvil
No. 28 de la Tarea Conjunta Apolo, fuerza contrainsurgente de élite que opera
en la región[13]. En una clara muestra de
las posibilidades de resistencia frente al militarismo por parte de la acción
directa de masas de un pueblo organizado y decidido, el 17 de Julio, 500
guardias indígenas, apoyados por unos cuatro mil indígenas de las comunidades,
lograron expulsar a 100 soldados del Cerro Berlín, sacándolos a la rastra
mientras algunos de ellos lloraban de impotencia como chiquillos al
verse sobrepasados, en una imagen diametralmente opuesta a la tradicional
violencia, prepotencia y agresividad con que se relacionan con las comunidades[14]. Estas imágenes fueron utilizadas
hábilmente por los medios colombianos, siempre al servicio del militarismo y de
la defensa del status quo, para decretar unilateralmente la “indignación”
de todos los colombianos “de bien” por la “agresión” contra “su” ejército. Como
lo denunció amargamente el profesor caucano Fabián Moreno: “Quizás un Estado
de furor mediático sea el que haya llevado a la prensa colombiana en conjunto a
registrar con ímpetu la acción de desalojo que ejerció la Guardia Indígena
contra los militares dispuestos en el cerro Berlín de Toribío (Cauca). El
Espectador tituló: ‘Desplazados’; Noticias Caracol destacó la imagen del sargento
Rodrigo García llorando y al final concluyó con que ‘los colombianos están
indignados’. El Tiempo, fiel a su estilo (el de defender el statu quo), realzó
en primera página las palabras del presidente Santos que se refirió al hecho
con la despótica frase: ‘Todo tiene un límite’”[15].
La “ley y
el orden” se impone con gases y metralla
Que los soldados no hayan herido a ningún indígena durante su
desalojo fue más una muestra de impotencia e incapacidad de reacción,
que de “grandeza” como quisieron mostrarlo en los medios. Esto fue señalado
claramente por el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de
Tarea Conjunta Apolo, quien dijo “Tengo en esta montaña a suficientes
soldados para combatir a la guerrilla, pero para enfrentar a más de 1.000
indígenas no son suficientes”[16].
La supuesta “agresión” fue desvergonzadamente exagerada como
lo denunció el propio gobernador de Toribío: “No fue confrontación,
simplemente fue un forcejeo entre un guardia indígena con un sargento,
principalmente por las palabras. Insultos de uno y otro lado. Se cometieron
errores de pronto en los guardias, al tratar de presionar para que se salieran
rápido. Hubo disparos. El soldado trató de disparar a los pies, después los
otros dispararon. Algún soldado bulloso decía que nosotros les habíamos
disparado primero, ¿pero con qué armas?”[17]. Sin embargo, los medios mostraron al
victimario (Ejército) como víctimas de la irracionalidad y el salvajismo “propio”
de los indios.
Los medios se encargaron así de preparar anímicamente el terreno
para la retoma del Cerro Berlín el día 18 de Julio por parte de varios cientos
de efectivos del ESMAD que llegaron en helicópteros, disparando balas,
perdigones, arrojando gases y papas bombas. Mientras las guardias indígenas no
hirieron a ningún soldado y los sacaron cargándolos, los efectivos del ESMAD,
sus rostros cubiertos con máscaras anti-gases que recordaban aterradoras
imágenes de la Primera Guerra Mundial, hirieron a 35 indígenas con perdigones,
esquirlas, bombas lacrimógenas[18]. Todo esto, mientras Santos amenazaba, a
través de Twitter a los indígenas, hablándoles como a niños chiquitos, con un
paternalismo francamente colonial: “No quiero ver a un solo indígena en las
bases militares”[19]. Para
disipar cualquier ilusión relativa la “diferencia” entre el santismo y el
uribismo, Santos recurrió, al igual que Uribe ante la Minga del 2008, a la
estigmatización del movimiento denunciando que la estrategia de desalojo de la
fuerza pública es ideada por las FARC-EP, anunciando a la vez judicializaciones
en masa contra más de un centenar de indígenas acusados de ser parte de la red
de apoyo a la insurgencia[20]. Pero esta
violencia desmedida de los uniformados no fue reportada como agresión, sino
como el restablecimiento de la racionalidad, de la ley y el orden.
La guerrillera indígena Marleny. |
El gobierno está consciente de que esta guerra no se gana
sólo con el fusil. Sobre todo hay
ganarse a la población civil. La disputa es, ante todo, por el corazón del
pueblo. Pero la misma guerra sucia, única manera con la cual el Estado puede
enfrentar a la insurgencia, como hemos señalado con anterioridad, es la que
explica por qué esta guerra está perdida de antemano. Los métodos propios de
esta guerra irregular confrontan al Estado con toda la comunidad, mientras el
ejército fomenta el paramilitarismo como un mecanismo eficaz de
contrainsurgencia[23] y se
multiplican las violaciones contra las comunidades al por mayor: no se
puede ganar la guerra sucia con armas limpias. Esta es la dialéctica de
fondo que explica por qué la estrategia contrainsurgente del Estado incuba, en
sí misma, las semillas de la derrota y es la causa real de la desmoralización
creciente del Ejército[24]. Esta
desmoralización de las tropas del Estado es más clara en el Cauca que en
ninguna otra parte de Colombia. Como dice de manera gráfica un artículo de opinión:
“Hay mucho de humillación en que los soldados tengan que hacer sus
necesidades en las mismas trincheras donde duermen y comen por físico miedo a
los hostigamientos, o que frente a las cámaras afirmen que no pueden caminar de
día porque la guerrilla les dispara de todos lados. O que lloren como niños
pequeños cuando confirman que el pueblo al que dicen defender los odia con
furia”.[25]
Piden
respeto y les dan plomo
Juan Manuel Santos, haciendo oídos sordos a las demandas
indígenas, ha dicho que no cederán en la militarización del Cauca: lo dijo en
Toribío el 12 de Julio y lo repitió en Popayán el 18 de Julio: “La presencia
de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No
podemos ceder un milímetro”[26]. A contravía de la demanda de autonomía,
de desmilitarización, de respeto a las comunidades, Santos ha ofrecido profundizar
la guerra, mediante la implementación en la región del Comando Conjunto del
Suroccidente, con 5.000 hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, al mando
del general Leonardo Barrero[27], relevando
así la comandancia de la III Brigada del Ejército que hasta entonces lideraba
las operaciones contrainsurgentes en la región bajo el mando del general Miguel
Pérez[28]. Esto de la mano de una fuerte campaña de
criminalización del movimiento indígena, al cual no solamente se le muestra
como títeres del “terrorismo”, sino que el comandante de la Brigada 29, Henry
Piraquive, les acusa directamente de lesiones personales, tentativa de
homicidio, sedición, “asonada”, terrorismo y secuestro[29].
Asesinado por el ejército nacional, el joven campesino, de 22 años, Fabián Güetio. |
Desde luego, los medios no se indignan con estas muertes ni
con las lágrimas de los familiares, como se indignaron al ver a los soldados salir
a la rastra, lloriqueando, pero sanos y salvos… ni mucho menos, los comandantes
denuncian la gravedad de estos asesinatos. Un manto de impunidad rodeará a
estos “daños colaterales”, mientras la prensa cómplice seguirá justificando el
asesinato por parte del Ejército, culpabilizando de menor a mayor grado de
todo cuanto suceda a los indios y, sobre todo, a la guerrilla que, como una “mano negra”, estaría “infiltrando”
la región, lavando mentes y poniendo ideas peligrosas en las cabezas de
inocentes indígenas, de unos “nobles salvajes” supuestamente “abandonados” por
el Estado. En realidad, ni hay tal “abandono” (el Estado se hace presente con
la impresionante militarización del territorio y convirtiendo escuelas y
hospitales en trincheras –antes bien, los indígenas lo que piden es menos
presencia del Estado), ni hay tal “infiltración guerrillera”. Tal discurso es
fruto de una labor sistemática de desinformación sobre la naturaleza del
conflicto social y armado colombiano.
¿Infiltración
guerrillera en el Cauca?
El guerrillero indígena Dairo con un lombris de la selva. |
DIFÍCILMENTE PODRÍA DECIRSE, como se afirma en los medios, que la insurgencia representa una organización que se atrincheró en el Cauca, cuando ahí tiene sus raíces; que se ha infiltrado en las comunidades, cuando, aunque le pese a algunos caciques, es una organización con vínculos orgánicos con sectores en las comunidades que se sienten representados en el proyecto insurgente; o que su interés en la zona se debería a los “corredores estratégicos” (discurso fomentado desde aquellos que tienen un interés en presentar el conflicto como vaciado de contenido social y como una mera expresión del narcotráfico), cuando, independientemente de la importancia geoestratégica que tenga, esa ha sido una zona de presencia guerrillera de hace décadas por las condiciones sociales espantosas en que vive la población, que enfrenta el despojo y la represión por parte de las autoridades.
Organizaciones indígenas: ¿qué tan “ajeno” es el conflicto?
Si bien es cierto que las organizaciones indígenas manejan un
discurso según el cual el “conflicto les es ajeno”, tal afirmación, tomada en
su sentido literal, ignora la realidad del país. Y sobre todo, ignora la
realidad del Cauca donde un porcentaje importante de indígenas se involucran en
el conflicto por sentirse representados por las partes y los proyectos que en
él operan, fundamentalmente por la insurgencia que tiene una importante base de
apoyo en la región. Aún cuando las organizaciones y las autoridades se indignen
con la presencia de cualquier “actor armado” en sus territorios, y que esta
opinión represente a un sector importante de las comunidades indígenas, lo
cierto es que otro sector también importante de las comunidades canalizan su
indignación en el respaldo activo o pasivo a los insurgentes[36]: por ello es que el gobierno, dando palos
de ciego, ha adelantado capturas masivas en toda la región, incluidos alrededor
de 30 comuneros, incluidos dos líderes indígenas de Caldono, por pertenecer
supuestamente a redes de “apoyo al terrorismo”[37]. Independientemente de si el gobierno
hace montajes o si da palos de ciego, lo cierto es que importantes sectores
indígenas ven en la insurgencia su expresión política y por ello el gobierno
persigue y criminaliza a las comunidades indiscriminadamente. Basta nada más
ver a los cuatro muchachos capturados por algunos guardias indígenas en las
inmediaciones del cerro Berlín, a los cuales se les aplicó “justicia
comunitaria” (un castigo brutal como son latigazos[38]), precisamente por ser miembros de la
comunidad, para comprobar los vínculos orgánicos de sectores de las comunidades
con el proyecto insurgente[39].
LO CIERTO ES QUE, aunque
sea necesario rechazar los señalamientos de Santos, de los medios y de los
generales, así como la criminalización de la protesta indígena y los argumentos
racistas que plantean al indio como alguien incapaz de movilizarse por sí
mismo, como si fueran meros títeres de “actores externos”, las comunidades
están atravesadas por el conflicto y ante éste expresan opiniones diferentes,
toman partido. La confrontación con la realidad en estas semanas demuestra que
el movimiento indígena está lejos de ser un bloque monolítico: Luis Evelis
Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
condena la actitud de quienes expulsaron al ejército del cerro Berlín y llama a
las autoridades a tomar acciones contra ellos[40]. La Organización Pluricultural de Pueblos
Indígenas del Cauca (OPIC), organización indígena minoritaria creada por el
uribismo en el Cauca, que representa posiciones de ultraderecha, acusa a los
indígenas movilizados de infiltrados de la “guerrilla”[41] y llama a que se quede la fuerza
pública en sus territorios[42]. Las
guardias indígenas capturan a milicianos de las FARC-EP pero cuando los van a
juzgar, otros sectores de la comunidad protestan contra esta medida[43]. En una entrevista, Feliciano Valencia
(CRIC) oscila entre la legitimidad y la ilegitimidad del Estado, revelando las
enormes presiones a las que está sometido por parte de las bases indígenas y
del poder, la tensión constante entre la movilización y la institucionalización
del movimiento[44].
LA LUCHA ARMADA QUE
ATRAVIESA todo el país rural, incluidas las comunidades, es la más aguda
expresión de la lucha de clases en Colombia, de la cual nadie está totalmente
al margen. Por ello insistimos siempre en que estamos ante un
conflicto social y armado. Aún cuando el discurso indigenista
de las organizaciones históricas indígenas tienda a negar la lucha de clases
(al menos en lo relativo a las demandas indígenas), lo cierto es que esta
dinámica hace que sectores de las comunidades hagan parte de esta confrontación
junto a campesinos y otros sectores del bloque popular que, de una u otra
manera, consideran a la insurgencia el proyecto que las representa en su
resistencia contra el bloque en el poder. Es cierto que la insurgencia no es la
única manera de resistir al Estado, ni necesariamente tiene por qué ser la
principal, como lo demuestra la resistencia no armada de organizaciones
indígenas de larga trayectoria como la Asociación de Cabildos de Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN) o el CRIC, pero es una tradición de resistencia con
largas raíces en la región, que enfrentan al mismo bloque en el poder que los
cabildos y cuyas motivaciones se encuentran clavadas en el seno de las mismas
comunidades. Creo que afirmaciones como las del Consejero Mayor del CRIC, Jesús
Chávez, que explica el crecimiento de la
guerrilla debido a que “mienten al interior de los cabildos indígenas
para debilitar la credibilidad de la autoridad tradicional, bajo la excusa de
la defensa del territorio”[45], o quienes
han explicado el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas por los
insurgentes pues estos les darían radios y otras cosas, es simplista y peca de
un paternalismo no muy diferente al de un Santos cuando afirma que los
indígenas movilizados no serían más que “títeres” guerrilleros. Los indios que
se unen a la insurgencia ni son idiotas, ni se unen a ella (una opción bastante
sacrificada) por baratijas y espejos. Es necesario entender las causas
objetivas que hacen que la insurgencia sea una opción legítima, desde la
perspectiva de la dinámica del conflicto en las comunidades rurales
colombianas, para poder encontrar la manera de aliviar las tensiones entre las
diversas tradiciones de resistencia y lucha que existen en el país, las cuales
deben aprender a confluir en la propuesta estratégica de la solución política
al conflicto, como un proyecto alternativo de país, incluyente, el cual no
puede sustentarse en las estigmatizaciones recíprocas al interior del bloque
popular. Esto bien lo sabe el gobierno, cuya estrategia para domesticar al
movimiento indígena consiste en atizar las discrepancias para hacer creer que “el
enemigo común” es la FARC-EP, y no la militarización, ni las multinacionales
que saquean nuestros recursos y envenenan los ríos, ni los gamonales que
acumulan tierra mediante el despojo violento.
Conceptos
erróneos que necesariamente llevan a una estrategia errónea: re-leyendo el
Proyecto Nunca Más
Cuando lo humanitario se ha vuelto un elemento central en el
discurso de las organizaciones populares, y entre ellas del movimiento
indígena, ante el conflicto, debemos necesariamente ver qué ha pasado en este
terreno en la última década. Es evidente que la discusión de los derechos
humanos en Colombia se ha empobrecido enormemente durante este tiempo, mediante
la desaparición física de los defensores de derechos humanos más comprometidos
y consecuentes, y mediante toda clase de presiones desde el régimen –la
persecución, el chantaje, la presión económica hasta la amenaza abierta y el
señalamiento, todo fue aplicado por el régimen uribista, con bastante éxito
entre importantes sectores, para domesticar al movimiento de Derechos Humanos.
El discurso violento desde el régimen contra los defensores de DDHH como “aliados
del terrorismo” tuvo el impacto deseado: poner a la mayoría de estas
organizaciones a la defensiva. Así pasaron de agache una serie de conceptos
extraordinariamente nocivos, que buscan poner al defensor de DDHH en una
situación de “equidistancia” de todos los actores armados, más no así respecto
al Estado, el cual se ve como una figura neutral, garante de los
derechos de la población –aún cuando toda la experiencia histórica de Colombia
demuestra la falacia de esta utopía que encubre la naturaleza del conflicto
social y armado. Conceptos como “neutralidad”, “rechazo de la violencia venga
de donde venga” (como si todas las violencias fueran iguales), se han
convertido en lugares comunes del discurso reciente de muchas organizaciones de
derechos humanos. Muchas veces este discurso se ha impuesto de la mano del
financiamiento por parte de la “cooperación internacional”.
Estos conceptos equívocos han sido incorporados en el
discurso de algunas organizaciones populares, muchas de ellas de una indudable
consecuencia y una trayectoria de luchas que merece todo el reconocimiento del
mundo: recientemente, un comunicado de la Subdirectiva de la CUT del Valle del
Cauca sobre la situación de Toribío, fechado el 19 de Julio afirmaba que esta
guerra “no es del pueblo colombiano”[46]. Afirmación que es una negación patente
de la realidad –que la guerra haya sido “impuesta” desde arriba al pueblo, no
significa que el pueblo no tome parte y que, de hecho, sea el que ponga la
mayoría de los muertos. Creo que es importante un examen crítico de estos
discursos: conceptos equívocos necesariamente llevan a una concepción política
y estratégica igualmente equívoca.
POR ELLO, CREO
IMPORTANTE desempolvar el famoso Capítulo V, Tomo I (“Nuestras Reservas
Frente a los Crímenes de Guerra”), del Proyecto Nunca Más, de lejos el proyecto
más importante de DDHH y Crímenes de Lesa Humanidad que se ha realizado hasta
la fecha en Colombia. Publicado el año 2000, en él participaron las
organizaciones de derechos humanos colombianas de mayor seriedad, las cuales
explicitan el marco teórico de su trabajo[47]. En él se establecen ciertos elementos
que permiten un debate crítico de algunos de los elementos planteados desde el
movimiento indígena en el Cauca, como el rechazo, como si fueran lo mismo, de
todos los “violentos”, de los “actores armados”, de la “bota militar de
izquierda o derecha” y otros lugares comunes que diluyen la naturaleza del
conflicto social y armado colombiano. Creo que la discusión de estos lugares
comunes es crucial para el avance del movimiento popular; abordo este examen
crítico no con la intención de polarizar sino de facilitar un marco que permita
la más amplia unidad del pueblo. En el marco teórico para entender la situación
humanitaria colombiana, el Proyecto plantea, en resumen, los siguientes
elementos que tienen plena relevancia en el contexto actual:
“1. Insuficiencias del Derecho Internacional
Humanitario para interpretar y regular modalidades de conflictos internos como
el que se da en Colombia: (…) El DIH no tuvo en cuenta, pues,
la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas (…) modelo de guerra (…) diseñado
para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los
intereses del polo más pobre de la población (…) surge y es diseñada para
enfrentar una estructura estatal, detentora de medios de medios muy poderosos
de guerra (como aviones y tanques de guerra, ejércitos bien financiados y
armados gracias al presupuesto del Estado) sin tener acceso a los recursos del
Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso
de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. (…) Este elemento
fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en
contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción
neta entre combatientes y no combatientes.
Muchos Estados, y entre ellos el
colombiano, han tomado pie en esta característica de la Guerra de Guerrillas
(…) para justificar su agresión sistemática contra la población civil, o para
camuflar a los combatientes del Estado bajo fachadas de ejércitos irregulares o
paramilitares que se presentan como ‘no estatales’. Pero mal podría justificar
un Estado el asumir métodos característicos de fuerzas guerrilleras, métodos
cuya única justificación descansaría precisamente en la imposibilidad de
acceder a los recursos que tiene el Estado.
(…) La Guerra de Guerrillas (…) no se dirige fundamentalmente a la destrucción de un ‘ejército enemigo’ o de una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de sociedad. Por eso la ‘ventaja sobre el enemigo’, en este tipo de guerra, está ligada al boicot o sabotaje de infraestructuras que son vitales para el mantenimiento de dicho modelo de sociedad. (…) Algo similar se podría decir de los esquemas de financiación de la Guerra de Guerrillas, que en la racionalidad de ésta no debe fundarse en aportes de los sectores pobres de la población, sino en aportes forzados de los sectores ricos, que no los aportarían libremente sino mediante medidas extorsivas.
(…) Este problema está planteando la necesidad de (…)
construir un Derecho Humanitario que salvaguarde la dignidad humana ‘en los
márgenes’ de esa racionalidad de la Guerra de Guerrillas, como lo hizo el DIH a
mediados del siglo XX frente a la racionalidad propia de las guerras regulares
internacionales (…)
2. Elementos de discernimiento ético frente a la
legitimidad de la guerra: (…) El haber acompañado durante
décadas a las víctimas de la represión en Colombia y a sus dolientes, nos da un
marco sólido para afirmar que el blanco de la represión oficial ha sido la
población civil que de una u otra manera hace opciones ideológicas o políticas
por luchar a favor de condiciones más justas de vida para las mayorías, con
medios no violentos (…) Esta experiencia trágica (…) nos inhibe para
deslegitimar el marco motivacional general de la insurgencia.
3. Discernimiento ético de la ‘Neutralidad’: Desde
hace varios años, las organizaciones no gubernamentales responsables de este
Proyecto, nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas
sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones
humanitarias se sitúen en ‘posiciones neutrales’, que no recarguen las censuras
sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija
por parámetros de ‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a
‘equiparar’ las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se
nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el
de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es
éticamente sustentable. (Subrayado ANNCOL).
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede
dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los móviles y estrategias globales que
comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (…) nos
llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia
represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales
que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan,
exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas
a siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando se
es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el
conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o
representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una
sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles.
4. Una opción por escapar del cerco anti-ético de las
‘Simetrías’: El afán de neutralidad se ha expresado en
Colombia, en los últimos años, como una política de simetrías.
Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para que los
análisis académicos, las denuncias, las estrategias informativas y las acciones
humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se tiene derecho a
denunciar los crímenes de una de las partes en conflicto, a condición de
denunciar simétricamente los de la parte contraria.
Esta presión ha llevado a acuñar expresiones simétricas
que envuelven en calificaciones equivalentes a los diversos actores del
conflicto: ‘grupos al margen de la ley’, ‘actores violentos’, ‘grupos armados’,
‘fuerzas oscuras’, ‘los guerreros’, términos todos que fuerzan la simetría
mediante la omisión de identidades y móviles. Para no pocos periodistas,
comunicadores sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos,
asumir la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar
para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida (…)
Este
mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de
agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una
opción por la política de las simetrías. (Subrayado ANNCOL).
(…) La política de simetrías se erige como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego; desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde responsabilidades profundas frente al futuro.
(…) La política de simetrías busca inmovilizar a la
sociedad, convenciéndola de que ‘todos los actores son igualmente perversos’
y de que lo mejor es marginarse, descomprometerse en toda medida, y entrar a
gozar del ‘paraíso ético’ del que condena a todo el mundo menos a sí mismo (…)”[48]
NO CREO NECESARIO
AHONDAR más en el tema después de esta larga cita. Pero me parece
importante señalar que la importancia de estas reflexiones no puede ser
subestimada en momentos en que tanto desde el movimiento indígena, así como
desde la insurgencia y el gobierno, han surgido ideas sobre el establecimiento
de mesas regionales para regular temas como derechos humanos o aplicación del
derecho internacional humanitario.
El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección
En la medida en que los recientes eventos del Cauca dan una
señal más, quizás la más crítica hasta la fecha, del agotamiento creciente del
modelo de gobierno de la “Unidad Nacional” y del modelo de guerra impuesto por
el “Plan Colombia”[49], también
dan señales de las limitaciones que tienen los de abajo para constituirse en un
bloque popular que pueda enfrentar y derrotar al poder oligárquico entronizado
en el Estado. Cauca representa a la vez una oportunidad como un desafío para el
movimiento popular. Una oportunidad, pues demuestra la capacidad de las
comunidades de enfrentar al régimen y de exigir respeto a su autonomía –hecho
este último facilitado por las particularidades de la Constitución de 1991, que
garantiza la autonomía indígena aunque rara vez se respete. Pero aún cuando es
difícil que este ejemplo se reproduzca mecánicamente en otras partes del país,
un cierto contagio es posible, pues se demuestra que un pueblo organizado puede
enfrentar a la más formidable maquinaria de muerte del hemisferio occidental,
el ejército colombiano.
Sin embargo, la movilización del Cauca representa un desafío
para el movimiento popular, pues demuestra que los roces y contradicciones en
el seno de las organizaciones populares en resistencia son hondos. Todo esto
dificulta la “solución política”, más allá de lo retórico, en lo cual todos en
el campo popular estamos de acuerdo (más no así el gobierno, que insiste en la
rendición y desmovilización sin negociación política –este “detalle” es clave).
Como hemos dicho en ocasiones anteriores:
“La llave para solucionar el conflicto
pasa por la capacidad que tenga el pueblo colombiano de construir un espacio de
convergencia amplio y participativo, teniendo por punto de partida su propia
tradición e historia de luchas. Este espacio es el que debe articular la
solución política al conflicto, como expresión amplia, nacional, del movimiento
popular (no de ese sofisma llamado “sociedad civil”), mediante la construcción
de un proyecto alternativo, colectivo, y a la luz de los enormes desafíos y
obstáculos, revolucionario, que permita la superación del conflicto.”[50]
ESTO LO ENTIENDE LA
PROPIA INSURGENCIA fariana, que en su último comunicado plantean:
“Resulta urgente por tanto recurrir a
la unificación de fuerzas con todos los sectores indignados, conformar un
inatajable torrente popular que se lleve por delante la indecencia (…) Con el
movimiento obrero, campesino, indígena, de negritudes, de mujeres, de
desempleados, de pequeños y medianos mineros, de estudiantes, de profesionales
empobrecidos, pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la
academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y trabajadores
independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o de clara
definición democrática. Con los liberales y conservadores aterrados con tanta
podredumbre, hasta con los policías y militares retirados y olvidados por el
régimen que los usó, con los creyentes, los cristianos, los ateos, los jóvenes,
los ancianos y todas las minorías discriminadas. Concientización, organización,
protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria.
Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios.”[51]
Lógicamente resulta más fácil declararlo que hacerlo. Y ahí
es donde todos los sectores del movimiento popular, sin excepción, deben entrar
a un genuino ejercicio de autocrítica antes de ver la paja en el ojo ajeno.
¿HASTA QUÉ PUNTO LOS movimientos
populares han sido tragados por la cooptación y la oenegización?
¿Hasta qué punto es sostenible el discurso de la neutralidad
cuando hubo organizaciones indígenas que hicieron una ceremonia de inauguración
a Santos en la Sierra Nevada, u otros que hayan aplaudido los llamados a una
minga por la “prosperidad democrática?
¿Hasta qué punto las autoridades tradicionales están
dispuestas a aceptar que en su seno coexistan personas con posiciones
diferentes frente al conflicto y los destinos de Colombia?
¿Hasta qué punto la insurgencia está dispuesta a coexistir
con otras expresiones del movimiento popular?
¿Hasta qué punto la insurgencia respetará ciertos marcos en
acuerdo con las comunidades para desarrollar su estrategia de resistencia
armada con el menor impacto posible sobre el pueblo?
¿Cómo superar lógicas militaristas y vanguardistas de comprender
el conflicto social?
¿Cómo superar las fricciones producidas en el bloque popular
por las diferentes elecciones tácticas hechas por distintos sectores?
¿Cómo mejorar la comunicación de los proyectos emancipatorios
y generar una cultura de diálogo real en el bloque popular?
Nada de esto tiene fácil respuesta y ella debe ser buscada y
encontrada por quiénes están en el terreno mismo.
LO QUE SÍ, ES QUE HAY
CIERTOS elementos que permiten entrever que es posible un cierto acuerdo entre
las partes del bloque popular. Rafael Coicué, del ACIN, plantea que la
militarización de los territorios y la profundización de la estrategia de
guerra ha contribuido a romper acuerdos existentes, acuerdos que pueden
restablecerse:
”Siempre han estado aquí [ie.,
las FARC-EP] y eso no hay que negarlo. Las autoridades indígenas habían
planteado que ellos respetaran a la gente, que no reclutaran niños y que podían
pasar por el territorio, pero no quedarse en él. No podían acercarse a las
escuelas, ni a los sitios de reunión de los indígenas, ni instalar campos
minados. Ese era el protocolo y ellos a veces lo respetaban”[52].
Cabe destacar que en el 2009 el Secretariado de las FARC-EP
llamó a la constitución de espacios comunes para dialogar, en un ambiente de “mutuo
respeto y comprensión”, sobre acuerdos básicos con las comunidades relativos al
impacto que las acciones insurgentes puedan tener sobre sus comunidades[53]. El tema del impacto del accionar
insurgente, fue planteado por una de las autoridades indígenas durante el
juicio a los cuatro milicianos: “No se les castiga por ser guerrilleros. Es
su decisión de pertenecer a esos grupos u a otros, sino porque pudieron
ocasionar un ataque de la Fuerza Pública contra la comunidad”, debido a que
estaban planeando una acción militar contra las tropas apostadas en el Cerro
Berlín cuando la comunidad pretendía recuperarlo. Según el gobernador de
Toribío, Marco Yule “De no haberse evitado eso, el Ejército hubiera
disparado contra la comunidad en general”.[54]
ES ESTE UN TEMA CRUCIAL que merece una discusión de alto perfil entre las comunidades y la comandancia insurgente, aún cuando estamos conscientes de las múltiples dificultades que tal diálogo enfrenta, precisamente en medio de la criminalización y satanización hacia los indígenas y la insurgencia por parte de los medios. Por ello son tan importantes opiniones como las de Catalina Ruiz-Navarro cuando plantea, desde El Espectador, una opinión demoledora contra la polarización que se busca generar para obstaculizar el avance de una salida política al conflicto: ”los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por los actores armados o por el olvido del Estado, es también un colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar”.[55]En cierta medida, se trata de que el bloque popular reconozca, en medio del conflicto, la humanidad del otro y sus motivaciones profundas.
AYER,
23 DE JULIO, en Santander de Quilichao, se instaló la mesa de diálogo entre
el gobierno nacional y las organizaciones indígenas[56]. Sencillamente se plantearon los temas de
relevancia para cada una de las partes, en un buen ambiente según las
autoridades, pero el conflicto sobre la militarización del Cerro Berlín es el
punto en el que no parece posible la conciliación –y las implicancias de esta
diferencia puntual son enormes si se proyecta sobre la estrategia de
militarización de todo el Cauca contenida en el Plan Espada de Honor del Ejército. Pocas veces el enemigo de
clase del bloque popular es tan claro: el mediador del conflicto, por parte del
gobierno, es Aurelio Iragorri Valencia, bisnieto de Guillermo Valencia,
quien combatiera a Quintín Lame, miembro de una familia de gamonales del Cauca[57].
A las claras, el Estado intentará
utilizar la mesa de negociación como un espacio para intentar ganar al
movimiento indígena a su estrategia. Esto es, precisamente, lo que recomienda
con un gran sentido práctico un santista de primera línea como León Valencia:
“La torpeza del gobierno es
infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista con el cual puede
pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar
para nada el orden constitucional y la soberanía nacional y en vez de ello se
dedica a hacerles eco a las voces que vituperan y estigmatizan a las
organizaciones indígenas”.[58]
Es decir, utilizar al movimiento
indígena como un elemento de contención en un programa de cooperación
cívico-militar, en el mejor de los casos. En el peor, convertir a las
organizaciones indígenas en organismos de control y vigilancia, de delación, en
una red subcontratada de cooperantes, mientras se amenaza con capturas masivas.
Difícilmente el gobierno obtendrá lo que quiere de esta mesa,
pero también se ve difícil que los indígenas obtendrán respeto a su
autonomía.
PERSONALMENTE, NO CREO
que nada salga de este diálogo si se da a puertas cerradas y se
circunscribe al Cauca, que no es más que un eslabón más del conflicto, por
crucial que sea en la actual fase de la confrontación armada. Si no es esta
negociación parte de un diálogo más amplio y más inclusivo, no creo que tenga
mayor futuro, desafortunadamente.
No puede discutirse sobre paz o sobre el conflicto e ignorar,
como pretende hacerlo el gobierno, a la insurgencia[59]. Sin la presencia de ésta, es muy poco
probable que el diálogo termine en algo más que declaraciones de buenas
intenciones mientras prosigue la militarización y el conflicto. Hablando
en criollo: acá no habrá solución política al conflicto –ni en el Cauca ni
mucho menos en el país- sin un amplio acuerdo en el bloque popular,
independiente de las diversas formas de lucha que adopten sus diversos
protagonistas, por lo cual es necesario abandonar sofismas como “ilegales”, “actores
armados” que dificultan la identificación de los puntos de acuerdo entre sectores
sociales que comparten intereses objetivos en terminar con la guerra que, ante
todo, impulsa el Estado. No habrá solución política sin la insurgencia, sin el
movimiento indígena, sin el movimiento sindical, sin las diversas expresiones
que componen al bloque de los de abajo en Colombia. Pero para ello es necesario
que, antes de negociar con el bloque en el poder, el movimiento popular y
las organizaciones en resistencia negocien entre sí mismos.[60]
POR LO PRONTO, EL
PUEBLO prosigue en la escalada de luchas sociales ante el deterioro de las
condiciones de vida y ante el despojo, mientras el conflicto también sigue en
su dinámica de profundización. La Marcha Patriótica convocó la movilización
contra el militarismo y por la solución política al conflicto de más de 100.000
colombianos el 21 de Julio en Guaviare, Meta, Norte de Santander, Valle del
Cauca, Caldas y Huila; también 7.000 personas se movilizaron en el Departamento
de Putumayo durante toda la semana, al igual que en Tolima, Arauca y en la
Costa[61]. Los indígenas Awá, por su parte, en
Nariño, también amenazaron con tomarse la base militar de El Diviso[62].
Se anuncian más movilizaciones en los
próximos días y semanas, por diversos temas como la salud, de cara a lo que
será el Encuentro por la Unidad Popular, anunciado para los días 10 y 11 de
Agosto, un paso crucial hacia el Paro Cívico Nacional.
El Cauca es una pieza clave dentro de la actual coyuntura,
pero no solamente por la trascendencia de las movilizaciones recientes, sino
porque plantea al movimiento popular el desafío de articular, desde abajo y en
la lucha, de forma respetuosa y solidaria, una gran convergencia que articule
la solución política del conflicto con las múltiples formas de resistencia que
deben desarrollarse en contra del actual modelo de saqueo, guerra y despojo.
José Antonio Gutiérrez D.
24 de Julio, 2012
[2] La situación no es exclusiva
del Cauca: también han aumentado notoriamente los enfrentamientos y acciones
militares insurgentes en el Caquetá, en Antioquia y en el Catatumbo.
[3] http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3828:colombia-las-farc-confirman-que-si-derribaron-el-avion-militar-y-ratifican-que-estan-abiertas-al-dialogo&catid=101:las-comunidades-en-resistencia&Itemid=436
[5] Se calcula en unas 1200 tropas
las fuerzas que las FARC-EP tienen concentradas en la zona. Estas tropas son
consideradas de élite http://www.semana.com/nacion/guerra-cauca-palabras/181154-3.aspx Las
tropas del ejército se calculan en unas 15.000 apostadas en ese territorio.
[7] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-358991-ningun-motivo-podemos-desmilitarizar-un-solo-centimetro-santos
[8] Ver las siguientes notas: http://prensarural.org/spip/spip.php?article8600 y
ver el video en el siguiente artículo http://prensarural.org/spip/spip.php?article8614
[9] Para un análisis de la
importancia de este evento, ver http://www.arcoiris.com.co/2012/07/cauca-una-nueva-etapa-de-la-guerra/
[13] http://www.conapcolombia.org/?p=2156 http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=652:comision-humanitaria-en-cauca-&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94
Ver también el testimonio de un participante en la Caravana Humanitaria
organizada por la Marcha Patriótica el 28 de Junio http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=637:marchando-por-miranda-caminando-por-la-patria&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94
[14] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-360673-indigenas-expulsan-100-soldados-de-base-militar-del-cauca
[16] http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-ind-genas-agreden-soldados-para-expulsarlos-145315288.html
[18] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-360837-23-heridos-deja-retoma-de-policia-toribio-cauca
Ver, para un informe completo del número de víctimas http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4352-operaciones-del-ejercito-y-los-esmad-si-son-verdaderas-acciones-salvajes
[19] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-360810-no-quiero-ver-un-solo-indigena-bases-militares-santos
[20] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361108-santos-farc-son-promueven-salida-de-fuerza-publica-del-cauca
[21] http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-361131-norte-del-cauca-todo-un-polvorin
[22] http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-ind-genas-agreden-soldados-para-expulsarlos-145315288.html
[23] http://justiciaypazcolombia.com/Militares-afirman-necesitar-apoyo Un
reportaje de Alfredo Molano sobre el Sur del Cauca denuncia la coexistencia y
complementariedad del paramilitarismo con el Ejércitohttp://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-361642-tambien-el-sur En
el Norte del Cauca el paramilitarismo no ha logrado consolidarse del todo,
limitándose por lo general a incursiones punitivas extraordinarias como la
masacre del Nilo.
[24] Ver un artículo anterior en que
se analiza la profundización de la guerra sucia bajo el gobierno de
Santos http://anarkismo.net/article/20768 Resulta
bastante hipócrita quienes atribuyen la “desmoralización” a la judicialización
de algunos uniformados por violaciones de derechos humanos, argumento que
esgrimen cínicamente para propugnar por ampliar el fuero militar.
[26] http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-361131-norte-del-cauca-todo-un-polvorin
[27] http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-361100-cauca-epicentro-de-espada-de-honor
[28] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361015-crean-comando-conjunto-del-suroccidente-estabilizar-al-cauca
[29] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361163-cauca-indigenas-han-cometido-varios-delitos-ejercito
[30] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153441&titular=las-comunidades-ind%EDgenas-y-campesinas-del-cauca-se-levantan-frente-al-asesinato-de-%E9duar-fabi%E1n-
[32] http://prensarural.org/spip/spip.php?article8678 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361402-autoridades-confirman-segundo-muerto-el-cauca
[33] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-360515-indigenas-del-cauca-niegan-infiltracion-de-farc Una
columna de Aura Lucía Mera en El Espectador representa una de las pocas
instancias en la prensa colombiana donde el tema de la participació de
indígenas en el movimiento guerrillero se vé más allá de la absurda dicotomía
si los “indios (todos) son o no guerrilleros”, planteando que es “entendible”
que haya indígenas que mamados de los abusos se hayan sumado a la
insurgencia http://www.elespectador.com/opinion/columna-362190-excusa-perfecta
[34] Para más detalles de este
proceso de nacimiento del movimiento guerrillero y el rol jugado por las
comunidades del Cauca, puede consultarse directamente la autobiografía del
comandante Ciro Trujillo. “Ciro, páginas de su vida”, Ed. Abejón Mono, 1974.
[35] Sobre la resistencia en
Riochiquito, Cauca, puede consultarse el documental de Jean-Pierre Sergent y
Bruno Muel de 1965, una auténtica pieza histórica prácticamente ignorada hoy en
día. En castellano se puede consultar en http://www.youtube.com/watch?v=WmQtWbneY94 (parte
1) y http://www.youtube.com/watch?v=T064cs5C3e8 (parte
2). La versión en francés es ligeramente diferente y puede consultarse enwww.youtube.com/watch?v=WuMBB2hPlhQ
[36] El documental de Roméo Langlois
sobre el Cauca y las FARC-EP, en la cual entrevista a algunos simpatizantes de
la insurgencia, demuestran este punto http://www.youtube.com/watch?v=J6A8uLhCvXo
[38] Otras alternativas de tortura
contenidas por la “justicia comunitaria”, igualmente si no más reñidas con los
derechos humanos, constituían el cepo o el cruel “siembra de plátano” (es
decir, enterrarlos hasta el cuello”). http://www.eltiempo.com/colombia/cali/castigo-de-los-indigenas-a-guerrilleros-retenidos-en-el-cauca_12053118-4 Esto,
obviamente, es parte de un debate más amplio sobre cuáles son los límites de
los derechos humanos universales y la convivencia entre diferentes tradiciones
culturales. Si bien rechazo la política de la asimilación cultural también creo
que existen ciertos límites que deben ser debatidos colectivamente y
transversalmente en torno a temas como la tortura, y que la ilegitimidad de
estas prácticas no depende de la cultura. Un debate semejante se ha dado con
ciertos indígenas colombianos en torno a la mutilación genital femenina. Pero
como digo, esto es parte de otro debate y no puede ser abordado en esta
ocasión.
[39] http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/18/indigenas-colombianos-retienen-a-cuatro-miembros-de-las-farc-4949.html Ver
también http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361308-avanza-juicio-indigena-contra-guerrilleros-detenidos-cauca http://www.eltiempo.com/colombia/cali/castigo-de-los-indigenas-a-guerrilleros-retenidos-en-el-cauca_12053118-4
[40] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-361013-lideres-indigenas-piden-sanciones-hechos-violentos-contra-ffmm
[41] http://actualidadetnica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8593:prensa-promueve-sentimiento-de-racismo-segregacion-e-intransigencia-ciudadana-en-el-departamento-de&catid=35:indigenas&Itemid=74
[42] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-361233-indigenas-denuncian-procuraduria-infiltracion-de-farc-cauca Personalmente considero un
error tratar a esta organización como una mera entidad artificial como tienden
a hacerse en los medios de izquierda o afines a la causa indígena. Aún cuando
el gobierno de Uribe Vélez la haya alentado, financiado y organizado, existe
porque representa a un sector, por minoritario que sea, de la opinión indígena.
Aunque nos parezca desagradable reconocerlo, tanto el paramilitarismo como el
fascismo son capaces de generar ciertas bases de apoyo, aunque no dependan de éstas,
sino de sus vínculos con el poder, para sobrevivir, prosperar y expandirse.
[43] http://www.eltiempo.com/colombia/cali/castigo-de-los-indigenas-a-guerrilleros-retenidos-en-el-cauca_12053118-4
[44] http://www.semana.com/nacion/pelea-fondo-narcotrafico-lider-indigena-feliciano-valencia/181141-3.aspx
[45] http://agendapropia.com/index.php/agenda-propia/informe-especial/950-consejo-regional-indigena-del-cauca-cric-41-anos-de-resistencia-perseverancia-y-movilizacion
[46] http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2720:la-llave-de-la-paz-la-puede-tener-el-gobierno&catid=139:todas&Itemid=56
[47] Desafortunadamente, son raros
los casos de organizaciones que actualmente proceden de esta manera, dando a
entender que el trabajo de DDHH es “objetivo” y que no existen marcos teóricos
desde los cuales se analiza la información. Esto claramente no es así, y el
hecho de que los marcos teóricos no se expliciten no significa que no existan.
[48] Colombia Nunca Más, Capítulo V,
Tomo I, 2000, pp.95-102.
[49] Una interesante requisitoria
contra el fracaso del guerrerismo lo constituye la declaración de la Marcha
Patriótica http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=667:-el-conflicto-social-y-armado-se-soluciona-por-la-via-politica-el-guerrerismo-fracaso&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94
[52] http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42:sigue-infierno-en-el-norte-de-cauca&catid=45:acin&Itemid=59
[54] http://www.eltiempo.com/colombia/cali/castigo-de-los-indigenas-a-guerrilleros-retenidos-en-el-cauca_12053118-4
[56] http://www.semana.com/nacion/dialogos-entre-gobierno-indigenas-reanudaran-viernes/181279-3.aspx El
27 de Julio continúan las negociaciones en Popayán. Ver también http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-362233-buen-ambiente-y-dialogo-entre-gobierno-e-indigenas-mininterior
[57] http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-361892-muchos-quieren-haya-confrontacion
[59] Alfredo Molano plantea, con
meridiana claridad. que esta mesa tendría sentido si fuera una “oportunidad
para que los cabildos medien entre Ejército y guerrilla. No dudo que este es el
principal objetivo de los indios de Cauca: una propuesta facilitadora para
salir de la encrucijada bélica en que estamos desde hace 50 años. Las cosas se
desamarran por donde se amarran: por Cauca, el nudo de la guerra.”http://www.elespectador.com/opinion/columna-361599-el-nudo-de-guerra
[60] Una idea semejante planteó
Alfredo Molano Bravo ante las insinuaciones de negociación de Santos: “Vistas
así las cosas, al presidente le queda más fácil negociar con la guerrilla que
con los militares, los empresarios y los gamonales para no terminar derrotado
en otro Caguán. Fue esa carencia el verdadero obstáculo de la negociación entre
Pastrana y Marulanda. El error del expresidente no fue el despeje de 30.000
kilómetros, fue no haber negociado previamente con el establecimiento y con los
militares el precio que esas dos poderosas fuerzas estaban dispuestas a pagar.” http://www.elespectador.com/opinion/columna-353508-gran-partida Podríamos decir que el bloque
popular requiere también de negociar en su interior antes de ser capaz de avanzar
en negociaciones con el Estado que tengan significado alguno.
[61] http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=781:consejos-constituyentes-y-cabildos-en-marcha-hacia-el-paro-nacional&catid=120:todos-los-ariculos&Itemid=158http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=743:el-guerrerismo-fracaso-mas-de-100000-colombianos-marchamos-por-la-paz&catid=120:todos-los-ariculos&Itemid=158http://justiciaypazcolombia.com/A-pesar-de-la-represion-caminan
[62] http://m.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-360895-muerte-de-indigena-pretenden-desarmar-30-soldados-cauca