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Alicia Florian con siete de sus nueve hijos en el bario El
Bosque, Localidad 5 en el Usme, sur
de Bogota. En el sur de Bogota viven varios
millones en extrema pobreza, como Alicia.
¿Qué les conviene, una paz con justicia social con cambios estructurales
de la sociedad
colombiana o una paz donde el Estado colombiano queda intacto como
hoy?
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Los
caminos de la paz tienen que pasar necesariamente por la solución de los
problemas sociales de Colombia:
Por Alexandra
Villacís y Dax Toscano
“En las
miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz
en las
miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz
la paz
con justicia, la paz con amor
no la
de mentiras del explotador
en las
miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz
paz con
dignidad, paz con libertad
paz
como es la paz con felicidad
en las
miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz
la paz
verdadera la de la igualdad
la
única que puede hermanar la humanidad…” (Julián Conrado)
Una
vez que el gobierno colombiano y las FARC-EP han decidido llevar adelante
conversaciones para posibilitar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto social
y militar, es necesario hacer algunas reflexiones.
Lo
primero que hay que señalar es que no se puede entender lo que sucede en
Colombia, si no se comprenden las causas sociales que dieron origen al conflicto,
las mismas que tienen su origen hace ya más de un siglo atrás.
El
problema de la tierra es fundamental para entender lo que sucede en el país. En
Colombia existe una alta concentración de la tierra en pocas manos. Renán Vega
Cantor dice que:
". . en el país hay 114 millones de
hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie
agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería
extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y
narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de
ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas
y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los
cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los
propietarios (grandes latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial
Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños
propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra.
En
Colombia 12 mil terratenientes son propietarios de 22 millones de hectáreas de
las 51.3 millones que componen las tierras aptas para el cultivo, mientras 3
millones de campesinos pobres poseen apenas 2 y medio millones de hectáreas. En
promedio cada terrateniente en Colombia posee 1850 ha, mientras los campesinos
pobres poseen 1,2 ha.
El
despojo de los campesinos de sus tierras, ha sido posible por la aplicación de
la violencia brutal ejercida por el Estado colombiano al servicio de la
oligarquía santanderista, a través de sus fuerzas militares y paramilitares.
José
Antonio Gutiérrez D. manifiesta que:
Está
bien documentada la relación que han establecido varias empresas con las bandas
ultraderechistas formadas como parte de la estrategia contrainsurgente del
Estado colombiano. Empresas multinacionales como la Chiquita Brands en la
región bananera del Urabá, han utilizado al paramilitarismo desde hace décadas
como un mecanismo tanto para “despejar terreno” (desplazar comunidades para
acceder a sus tierras o recursos) como para amedrentar a sus trabajadores –y
deshacerse de los “elementos” molestos (sindicalistas) si es necesario.
José
Gutiérrez expresa además que:
No hay que ser un genio para darse cuenta la
relación que existe entre los 5.200.000 de desplazados colombianos (280.000
solamente en el 2010) y la creciente concentración de tierras así como la
creciente penetración de agronegocios como la palma africana, el caucho o
megaproyectos extractivos, uno de los pilares económicos del gobierno de
Santos. Se estima que el paramilitarismo, en cosa de poco más de dos décadas,
ha robado más de 6,5 millones de hectáreas, las cuales hoy se encuentran en
manos de latifundistas, multinacionales realizando megaproyectos, y de la
agroindustria.
La
pobreza es otro de los graves problemas a los que se enfrenta el pueblo
colombiano y que está relacionada directamente con el problema agrario.
Según
cifras oficiales en Colombia existen 8 millones de personas indigentes y 20
millones de pobres de un total de 46.608.585 habitantes en la actualidad.
Colombia
es el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58%.
En
Colombia los ricos se han enriquecido en base a la explotación de la mayoría de
la población pobre del país, siendo así que “el 10 por ciento más rico de la
población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 por ciento más pobre
apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 por ciento del PIB.”
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| Rebelión en 42 colegios públicos en el sur de Bogota, tomados por los alumnos ese año. Foto archivo. |
Para
paliar el hambre, en muchos barrios de Bogotá la gente pobre toma sopa de
periódico.
En
Colombia se considera pobre a un hogar integrado por cuatro personas, con
ingresos mensuales inferiores a 1,1 millones de pesos e indigente a aquel hogar
con cuatro personas con ingresos que no alcanzan los 450.000 pesos mensuales. El costo
mínimo de la canasta básica para las y los colombianos es de 950.000 pesos
mensuales.
En el caso de los pueblos
indígenas y de los afrocolombianos la situación es todavía más grave.
Más de la mitad de los cerca de 1,37 millones de los
indígenas de Colombia está en la pobreza estructural y la
mayoría de niños y niñas de esta minoría étnica sufre desnutrición crónica,
según un estudio divulgado en Bogotá por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Los aborígenes del país bajo
la línea de pobreza representan el 63 por ciento del total de su población y, de estos, el 47,6 por
ciento está por debajo de la línea de la miseria, advirtió la coordinadora
general de la investigación, Tania Guzmán.
En
el artículo: “Colombia sin avances equitativos en reducción de pobreza y
hambre: ONU” publicado en la versión
digital de la revista Semana, el 21 de noviembre de 2011, se exponen datos en
relación a la situación de los afrocolombianos, presentados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe “Los
Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”: En los
municipios con población afro superior al 30 por ciento se dobla la
concentración de pobres: 43,1 por ciento frente a 27,8 por ciento de promedio
nacional. En el departamento de Chocó la pobreza es de 70,5 por ciento frente a
45,5 por ciento a nivel nacional.
Las políticas neoliberales aplicadas en Colombia en las dos
últimas décadas han conducido a un empobrecimiento mayor de la población,
mientras la acumulación por desposesión en beneficio de la oligarquía Colombia
y las multinacionales imperialistas se ha incrementado.
El pensador marxista David Harvey es el fundador
del concepto de acumulación por desposesión a través del cual “pretende
acertadamente mostrar la vigencia del concepto marxista de acumulación primitiva
u originaria (acumulación basada en la depredación, el fraude y la
violencia), pero actualizándolo.”
La acumulación por desposesión no es otra cosa que el “enriquecimiento
capitalista a través de la explotación y privatización de todos los recursos
naturales, servicios básicos y derechos sociales.”
Los
gobernantes colombianos han mentido y engañado al pueblo a quien han ofrecido
la paz, la prosperidad, el bienestar y la justicia social. Lo único que han
hecho a lo largo de sus mandatos ha sido sumir en la pobreza al pueblo,
posibilitar el enriquecimiento cada vez mayor de los grupos oligárquicos y las
transnacionales y reprimir brutalmente a todas y todos quienes se han rebelado
legítimamente contra este orden social injusto.
La
pobreza rural es extremadamente crítica.
El 62.1% de los hogares rurales está por debajo de la pobreza, de una
población de 11.838.032 personas. En Colombia, uno de cada dos habitantes del
sector rural es pobre. El 40% de los hogares rurales no cuenta con agua potable,
mientras el 15% no tiene acceso a la electricidad.
En
Colombia 5.000 niños mueren por desnutrición anualmente.
La
salud ha sido también afectada por las medidas de los gobiernos de turno en
Colombia.
Renán
Vega Cantor dice que “en los 8 años del gobierno de Uribe (…) se cerraron 800
hospitales públicos en las grandes ciudades. En cualquier pueblo alejado, el
hospital fue convertido en una Empresa Privada de Salud (EPS), simplemente en
un negocio privado de la salud en donde la gente cotiza y se le brinda salud de
acuerdo a lo que paga.”
Las
causas económicas y sociales que han sido expuestas son las que dieron origen
al conflicto colombiano. Estas no han desaparecido, sino que, por el contrario,
se han agudizado.
No son,
por tanto, las FARC-EP las responsables del conflicto militar y de la violencia
en Colombia:
Los verdaderos responsables de
toda la infamia padecida por Colombia son los propietarios del capital y de la
tierra, que siglo tras siglo reservan a los de su linaje el derecho exclusivo a
ampliar aún más sus fortunas y gobernar el país, a costa del trabajo y el sudor
de la inmensa mayoría de compatriotas desposeídos y violentados por soñar con
cambiar el orden de cosas heredado. Mediante una fachada de democracia formal,
mal esconden el verdadero carácter del régimen político impuesto. Ellos
implementaron en nuestro país la práctica del terrorismo para defender a sangre
y fuego sus privilegios. Pero llaman terroristas a quienes buscan justicia.
La
insurgencia revolucionaria surgió como respuesta a la violencia social y
militar desatada por la oligarquía colombiana y el imperialismo. Las
guerrillas, constituidas por hombres y mujeres del pueblo, se organizaron para
luchar contra estas injusticias.
La
solución política al conflicto colombiano tiene entonces que pasar,
necesariamente, por la búsqueda de acuerdos concretos que pongan fin a los
problemas económicos y sociales que vive el pueblo colombiano. Las respuestas a
esos problemas implican afectar el régimen de propiedad privada en Colombia, es
decir los intereses de la oligarquía colombiana, así como de las grandes
empresas multinacionales.
Las
FARC-EP, enfrentadas al Estado burgués colombiano y al imperialismo, jamás han
dejado de luchar por lograr la paz para Colombia. Varias han sido las ocasiones
en las cuales han demostrado la voluntad política de encontrar una salida
negociada al conflicto colombiano. Los Comandantes de las FARC-EP, Jacobo
Arenas y Alfonso Cano, fueron los máximos exponentes de la necesidad de
encontrar una solución dialogada al conflicto colombiano.
Han
sido la oligarquía santanderista, los sectores guerreristas del ejército
colombiano y el imperialismo quienes no han querido llegar a acuerdos
concretos, puesto que sus verdaderas intenciones han sido la que la insurgencia
entregue las armas, se desmovilice, se integre al sistema institucional
burgués, sin solucionar los problemas del pueblo colombiano, o simplemente
doblegar política y militarmente a quienes, frente a la violencia estatal, se
levantaron para oponerse a la explotación social, a la injusticia y a la
opresión:
LAS FARC-EP NO INICIAMOS ESTA
GUERRA, nos fue declarada por la oligarquía que gobierna a Colombia. Cada vez
que el eco de nuestra propuesta de una salida política ha tomado suficiente
fuerza para imponer unos diálogos encaminados a la paz, el poder se ha negado a
considerar la remoción de las causas que dan lugar al conflicto, cerrando de un
portazo violento las posibilidades de reconciliación. El país no olvida que
tras cada proceso frustrado ha sobrevenido la promesa de aniquilarnos y la
agudización de la guerra a extremos inéditos. Las FARC persistimos porque un
inmenso clamor popular de justicia alimenta y acompaña nuestro sacrificio.
Virgilio
Barco, presidente de Colombia en el período 1986-1990 promulgó una iniciativa
de paz
inspirada en el principio de “mano tendida y pulso
firme”. Según ella, la reconciliación plena sólo sería posible cuando se
lograra la disolución de los grupos armados, su desarme y reincorporación a la
sociedad dentro de un contexto de garantías efectivas y específicas.
“Compromisos precisos dentro de plazos definidos” exigía. Jacobo Arenas redactó
para la historia la respuesta insurgente: “Querer ahora resolver los problemas
de la más honda crisis de toda la estructura y superestructura tradicional del
país, con un plan de paz que es… ‘un ultimátum militar envuelto en amena
retórica’, es la vieja equivocación de los gobiernos oligárquicos de este
hemisferio”.
Fue
bajo la administración de Virgilio Barco que se desató la persecución y el
asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado colombiano y sus
aliados paramilitares, de todas y todos quienes consideraron honestamente que
se podía alcanzar una solución política del conflicto. Miles de dirigentes
campesinos, mujeres trabajadoras, luchadores sociales fueron asesinados a
través de un plan orquestado por los detentadores del poder para impedir que
las fuerzas revolucionarias, progresistas, de izquierda se expresen
políticamente y, con el apoyo del pueblo, logren derrotar a las fuerzas de la
reacción en los procesos electorales. El “Baile Rojo” fue el nombre del plan
que se ejecutó para exterminar a quienes militaban o simpatizaban con la Unión
Patriótica, organización de izquierda que surgió como resultado de las
conversaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur
(1982-1986).
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| Los firmantes de la Paz 1984 en La Uribe |
Esa ha
sido la respuesta del capitalismo gansteril a la búsqueda de la paz.
El 9 de diciembre de 1990 el presidente César
Gaviria Trujillo ordenó el ataque a “Casa Verde”, con lo cual una vez más la
oligarquía colombiana, a través de su representante de turno en el Palacio de
Nariño, demostró su voluntad de no continuar alcanzar la paz por la vía del
diálogo democrático. El “Acuerdo de Cese
al Fuego” firmado entre las FARC y el gobierno colombiano de Belisario Betancur
en la Uribe, llegó a su fin con la Operación Colombia, cuyo propósito criminal
era el de acabar con Estado Mayor Central y el Secretariado de las FARC-EP.
Igual
de traicionero fue el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cuando el 20 de
febrero de 2002 ordenó lanzar un ataque demoledor contra la zona de despeje en
San Vicente del Caguán. “El
gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar las puertas del diálogo y apostar
por la guerra total contra nosotros. Fuimos acusados de todas las perversidades
del mundo. Hordas inmensas de soldados mercenarios entrenados por asesores
gringos fueron enviadas a aplastarnos. Helicópteros artillados y aviones de
todos los tipos partieron con el fin de reducirnos a cenizas.”
Servil
frente a los dictados de Washington, Pastrana ponía así en ejecución el
criminal Plan Colombia, mediante la operación Thanatos.
El
narcopresidente Álvaro Uribe Vélez jamás dio muestras de alcanzar la paz por la
solución política. Al contrario, a través de su la llamada “Seguridad
Democrática”, endureció la política militarista del régimen y la represión
contra el pueblo. El Plan Patriota constituyó la continuación del Plan
Colombia.
Mientras
los guerristas del Pentágono y de la oligarquía santaderista colombiana se han
cerrado a la posibilidad de una paz que beneficie a las mayorías pobres de
Colombia, pretendiendo únicamente que la insurgencia se desmovilice y entregue
las armas, las FARC-EP han sido honestas en su intención de lograr acuerdos
concretos para alcanzar la paz con dignidad, con libertad y con justicia
social, pero sin claudicar en absoluto en sus principios revolucionarios.
“Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega
cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario
que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad
que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro
compromiso y propuesta bolivariana”,
han señalado con contundencia las FARC-EP.
Como
una organización bolivariana, marxista-leninista las FARC-EP están conscientes
de que los cambios no van a darse únicamente por la vía parlamentaria. También
tienen claro que la paz no significa ir a ocupar puestos en las instituciones
de ese Estado burgués. Saben perfectamente que la lucha en esas instancias no
es, como decía Rosa Luxemburgo, más que la tendencia a llevar la violencia de
los oprimidos al poder. Violencia necesaria que se da como respuesta para detener
el arrebato de la oligarquía para imponer, en situaciones de aparente
normalidad bajo el régimen capitalista de “democracia” formal, medidas
contrarias a la clase trabajadora y al pueblo en general.
Las
FARC-EP tienen claro, además, que la lucha no tiene únicamente como objetivo la
“democratización” del capitalismo colombiano, sino su destrucción. Porque la
oligarquía y el imperialismo pueden ceder momentáneamente en algo, pero jamás
estará dispuesta a renunciar al poder que se sostiene en la propiedad privada
burguesa:
Las FARC-EP, a los 48 años de lucha armada
rebelde, reiteramos al pueblo de Colombia nuestro juramento de vencer. Jamás
nos sumaremos a la campaña por legitimar y honrar el capitalismo y el terror de
Estado que se hacen llamar democracia en nuestro país. Sabemos que no
estamos solos, hasta nosotros llega el rumor de inmensas masas humanas que
avanzan inconformes y decididas, por encima de las amenazas y la represión,
exigiendo cambios profundos. Se trata de un clamor universal.
Las
FARC-EP están conscientes de que los problemas del pueblo colombiano solo se
resolverán mediante la lucha popular y no mediante la conciliación de clases.
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| Timoleón Jíménez |
En la primera declaración leída por parte del
Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez en nombre del Secretariado del
Estado Mayor de las FARC-EP, frente a los acuerdos que se llevan adelante para
lograr la paz en Colombia entre ésta organización insurgente y el gobierno de
Santos, se manifestó:
Para nosotros es perfectamente
claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente de la
república, tampoco en el comandante de las FARC-EP. El verdadero y único
depositario de tal llave es el pueblo de este país. Es a los millones de
víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas
neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una
patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante
su rol protagónico por una nueva Colombia. Y a ellos, estamos dirigiéndonos las
FARC con nuestro corazón en las manos. Porque ha vuelto a abrirse la puerta de
la esperanza, porque repican las campanas llamando con fuerza a la plaza
central, para que salgan de sus veredas, de sus viejas minas, de sus
comunidades y resguardos, de sus barriadas pobres, de sus centros de trabajo,
de las factorías que los consumen, de sus talleres domésticos, de su rebusque
agónico de todos los días, de sus centros de estudio, de su confinamiento
carcelario, de su incesante búsqueda de empleo, de sus pequeñas empresas, de
sus fábricas amenazadas por la quiebra, de sus culturas ignoradas, de su nicho
de desplazados, de sus escondites de amenazados, de sus rincones de víctimas,
de sus hogares destruidos.
El llamado de las FARC-EP es preciso: la paz
solo se conquistará con la movilización popular, con la organización del pueblo
y con la lucha frontal de los diversos grupos sociales explotados y
vilipendiados contra los detentadores del poder.
En la segunda declaración hecha por el
Secretariado de las FARC-EP a través de Timoleón Jiménez, publicada el 6 de
septiembre de 2012 se expresa: “Tenemos la certeza de que este pueblo terminará por alzarse
en un poderoso torrente que pondrá freno a las desmedidas ambiciones del gran
capital, desarmará su máquina criminal y violenta y dará de verdad sentido a la
palabra justicia”.
El
pensador marxista, Iñaki Gil de San Vicente explica:
Aunque estas poderosas fuerzas irreconciliables
tarden algún tiempo en enfrentarse de nuevo a muerte, siempre terminan
haciéndolo siguiendo el dictado de la ferocidad sanguinaria burguesa, que es la
que prepara concienzudamente el primer ataque sangriento, obligando a
defenderse a la clase explotada. La política en el sentido marxista no consiste
en otra cosa que en la doble tarea de estudiar esta constante histórica y en
prepararse lo más posible para que su próxima irrupción sea lo menos
devastadora y destructiva posible, logrando que el parto de la nueva sociedad
sea exitoso al menor costo humano, con la menor sangre y dolor posibles.
La política marxista consiste en facilitar que el
nuevo vuelo del ave Fénix, la revolución que vuelve a alzar sus alas para tomar
el cielo por asalto destino al socialismo, sea lo más armonioso y feliz. Por
esto, la política marxista es la síntesis entre la economía concentrada como
realidad objetiva y la conciencia concentrada como realidad subjetiva. Así, la
lucha economicista, por el aumento salarial y por las mejoras de las
condiciones de vida y trabajo de la humanidad explotada, se fusiona con la
lucha por la reducción del tiempo de trabajo alienado y por el aumento del
tiempo disponible, creativo y libre. Las estadísticas económicas quedan así
penetradas por las pasiones humanas más íntimas, y viceversa. Y ambos, menos
explotación y más creatividad, van dando forma y contenido a nuevos
sentimientos y pasiones.
En busca de este objetivo esencialmente humanista y
ético, la política marxista insiste en los tres puntos antagónicos con el
capital: la explotación económica ejercida por la burguesía, la opresión
política ejercida por el Estado y la dominación ideológica ejercida por el
fetichismo. E insiste en que debajo de ellos, a modo de piedra basal, está la
propiedad privada de las fuerzas productivas. Desarrollando la dialéctica
inserta en esta triple realidad que se yergue sobre la propiedad, son
fácilmente comprensibles el resto de explotaciones, injusticias y miserias que
se multiplican día a día, inherentes a la civilización del capital. La misma
teoría organizativa marxista es inseparable de la praxis que combate al
monstruo burgués, y por eso tiene a la vez un contenido moral y ético que
palpita en cada lucha, en cada lágrima y en cada alegría.
Las contradicciones de clase no se resuelven en una
mesa de diálogo, sino al calor de la lucha revolucionaria. La burguesía
colombiana no quiere “suicidarse alegremente”. Por el contrario, quiere
conducir a que el pueblo acepte sus condiciones, sin ceder absolutamente nada.
El 27 de mayo de 2012 las FARC-EP
expresaban a través de un comunicado:
Santos simplemente repite lo que han hecho
siempre los de su clase. Nos exige una vez más la entrega y el desarme, a
cambio de admitir a medias nuestro ingreso a su podrido régimen político. Sin
desmontar ni un ladrillo de su aparato terrorista de dominación. Sin que se
afecte en nada su proyecto de país colonial y empobrecido. Como si nosotros
pudiéramos a cambio de miserables prebendas personales, volver la espalda al
sentir de millones de compatriotas hundidos en la desesperación y la violencia.
Como si el destino natural del pueblo colombiano fuera el de trabajar
eternamente para el enriquecimiento de una élite privilegiada. Así no vamos a
ninguna parte.
En la alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos sobre
el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, dada el 4 de septiembre
de 2012, el mandatario colombiano expreso que:
Hoy
podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo.
Nuestra
economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de
Argentina y sólo superada por Brasil y México.
Es
una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una
fuerte turbulencia internacional.
Hoy
podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la
pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección.
Hoy
podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos
políticos es cosa del pasado.
Los datos señalan lo contrario a lo manifestado por Santos,
puesto que la pobreza y la desigualdad social siguen siendo uno de los
problemas fundamentales que vive el pueblo colombiano, mientras los ricos cada
día se hacen más ricos.
Por otro lado, Santos encubre en su discurso que la principal
violencia que vive el país, es la violencia social y que, además, es el Estado
colombiano, con sus fuerzas militares y paramilitares, el que ha ejercido
durante décadas el uso de la violencia sistemática contra el pueblo, lo que ha
significado que en Colombia hayan 5 millones de personas desplazadas y que sea
la nación con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo.
Por otro lado, el presidente Santos
reiteró que las acciones militares continuarán y que no dejarán de actuar
contra la insurgencia. “El gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el
terreno militar”, expresó Santos. Mientras se habla de la paz, se niega la
posibilidad de llegar a un cese de las operaciones militares y a un alto al
fuego.
En cambio, las FARC-EP han manifestado su
voluntad de ir por el camino contrario al que, en este aspecto, ha planteado el
gobierno colombiano:
Volvemos a una mesa, reconocidos como
adversarios militares y políticos. Convidados y protegidos por quienes nos
persiguieron. Acompañados y avalados por la comunidad internacional.
Definitivamente, tanta manifestación de odio carece de sentido. Quizás para la
satisfacción de quiénes el Gobierno nacional ha reiterado una y mil veces,
tanto en el escenario exploratorio como en sus múltiples declaraciones
públicas, su inamovible decisión de no permitir ninguna de las que califica
como “concesiones en el terreno de la guerra”. En su extraño parecer, cualquier
posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio o despeje, únicamente
contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros,
entonces, que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos
a este nuevo intento de reconciliación asediados, no sólo por el mismo embate
militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su
acrecentamiento a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio
de una miserable rendición y entrega. Pese a tales señales, las FARC-EP
guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma
trama del pasado. Pensamos simplemente que están en evidencia las enormes dificultades
que tendrá que afrontar este empeño. La consecución de una paz democrática y
justa merece afrontar los más difíciles retos. Por encima de ellos, somos
optimistas. La historia siempre ha sido labrada por las fuerzas sociales que
apuntaron al futuro.
El tono guerrista del establishment
colombiano no ha desaparecido e incluso se pretende hacer ver a la insurgencia
como un actor debilitado, al que solamente se le debe exigir la desmovilización
y la entrega de armas.
El Comandante Timoleón Jiménez en la
segunda declaración dada a conocer el 6 de septiembre de 2012, fue claro al
señalar que se sientan en la mesa de diálogo “de igual a igual” con el gobierno
colombiano, “con el propósito de acordar una agenda de discusiones con miras a
la concertación de un acuerdo que ponga fin al larga conflicto social y armado
que padece Colombia”. El Comandante Timoleón señaló que “al dar este primer
paso hacia la reconciliación queremos dejar presente que son vanas las ínfulas
triunfalistas de quienes juzgan que acudimos a la mesa de diálogo a firmar
nuestra rendición y entrega” y añadió que “[e]n cuanto hace a las FARC-EP,
nunca hemos estado más fuertes y unidos. Se equivocan por completo quienes
intentan leer debilidad en nuestro incansable accionar por la paz”.
Los enemigos directos de la paz en
Colombia, sin ningún rubor, han expresado su malestar ante estos diálogos.
La jefa de la comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU, Ileana Ros-Lehtinen, conocida
como la “Loba Feroz”, criticó que el gobierno de Santos por iniciar un diálogo
de paz con las FARC-EP “sin condiciones previas”. La “Loba Feroz” es conocida
por sus vínculos con la mafia de la gusanera terrorista cubana, la misma que
realiza sus acciones criminales desde Miami contra Cuba.
Por su parte, el ex
mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez expresó que los diálogos constituyen
una “bofetada a la democracia”. Uribe esta acusado por los propios líderes
paramilitares de haber mantenido estrechos vínculos con ellos. De igual manera,
el exmandatario fue investigado por el FBI y la DEA por su estrecha
colaboración con Pablo Escobar Gaviria.
El narcoparamilitar de
Uribe es el mayo enemigo de la paz en Colombia. Sus serviles columnistas, como
José Obdulio Gaviria, el “Rasputín” colombiano, son las y los encargados de
“opinar” cada día en contra de los diálogos de paz y, por supuesto, de las
FARC-EP.
Pero igual de peligrosos
son aquellos que hoy hablan de paz como sinónimo de desmovilización y entrega
de las armas por parte de las FARC-EP. Es decir, lo que quieren es mantener el
estado de cosas actuales sin que haya un actor político y militar serio que les
enfrente. Santos no es ningún santo y su estrategia apunta, fundamentalmente, a
imponer a la insurgencia sus condiciones y no buscar soluciones claras a los
problemas de los colombianos, sino más bien de los capitalistas colombianos y
las multinacionales, para así dejarles libre el camino a que sigan saqueando
los recursos de la nación y explotando al pueblo:
Así, la apuesta de las clases dominantes por la
paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver
los problemas fundamentales de la nación o traer bienestar a la población sino
permitir que la industria de la extracción funcione a su máxima capacidad,
situación que la ‘seguridad democrática’ no logró y que la guerra tampoco
permite: como señaló Santos, ‘es fundamental terminar el conflicto’, pero las
clases dominantes buscan que esto se dé con acomodo a sus intereses, sin
responder a las necesidades del pueblo colombiano y generando máximos
beneficios a la inversión extranjera.
José Antonio Gutiérrez
dice que “[d]esde la perspectiva santista, paz o guerra no son
sino estrategias para imponer un insostenible proyecto económico-social neoliberal,
basado en el Plan de (Sub) Desarrollo Nacional del santismo, cuyos pilares son
la agroindustria y la megaminería.”
Pese a todo ello, las
FARC-EP, una vez más tienen la voluntad política de alcanzar la paz por la vía
del diálogo y la solución política. Las FARC-EP son ante todo una organización
política con una estrategia clara en todos los ámbitos. No actúan a la ligera.
El Comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez señalaba que “[c]uando
nosotros (las FARC-EP) damos un paso ya lo hemos analizado 5 o 6 veces.
Nosotros no improvisamos nada, absolutamente nada. Paso que damos es paso que
estamos seguros que vamos bien. Y si notamos que algo va a pasar, entonces
volvemos a reconsiderarlo.”
José Antonio Gutiérrez explica
claramente:
Este acercamiento no es gratuito ni nace de una
buena voluntad del mandatario: es obvio que la tesis del “fin del fin” carece
de sustento y que el Plan Colombia tocó techo. La insurgencia ha respondido al
desafío planteado por el avance del militarismo y un nuevo ciclo de luchas
sociales amenaza con el deterioro de la situación política en el mediano plazo,
a un nivel que será difícil de controlar para la oligarquía. El escenario
político parece, a veces, peligrosamente volátil. Por otra parte, tampoco sorprende
la voluntad de la insurgencia para acercarse a una mesa de negociaciones: por
una parte, porque es la insurgencia la que ha venido planteando desde hace 30
años, en todos los tonos posibles, la solución política al conflicto social y
armado, y por otra parte, porque la insurgencia ha mejorado notablemente en los
últimos años su posición de fuerza, no sólo en lo militar, sino sobre todo, en
lo político.
Ahí radica la fuerza de las FARC-EP. Son una
organización marxista-leninista, con un carácter marcadamente político. Por
ello saben que la concienciación de la gente es fundamental, que las tareas
dentro de las organizaciones de masas son fundamentales. En esta tarea ha
jugado un papel fundamental el Partido Comunista Clandestino Colombiano y el
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
Y será esa gran movilización popular,
concienciada y organizada políticamente, la única garantía de que se concreten
positivamente para la mayoría del pueblo colombiano los acuerdos establecidos
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, los mismos que no podrán dejar de lado temas fundamentales como la
transformación radical de la política agraria, el problema de la tierra, la
solución de los graves problemas sociales, el tema de los derechos humanos, el
papel del ejército colombiano y su necesaria reorganización y redefinición de
su política, el papel de la injerencia de los EEUU, etc.
La insurgencia fariana trabajará en
función de ello. ¿Lo hará el régimen colombiano? ¿Lo permitirán las fuerzas
reaccionarias? ¿Lo aceptará con tranquilidad EEUU?
Por parte de las FARC-EP estamos seguros
de que habrá seriedad en el camino para alcanzar la paz. Hombres como Iván
Márquez o Jesús Santrich, nombrados por la insurgencia fariana como parte del
equipo que emprenderá las negociaciones con el gobierno colombiano, son
garantía de que los anhelos del pueblo tendrán las voces adecuadas para hacerle
frente a los gritos de la burguesía y el imperialismo. Ojalá que Simón Trinidad
pueda integrase pronto a este proceso en forma activa.
Como dice Julián Conrado: “En las miradas
de mi pueblo, brilla la paz, brilla la paz, miradas que vienen de siglos atrás,
insurreccionadas buscando la paz…”
Patria Grande, 10 de
septiembre de 2012
