Daniel Coronell |
Uno de los
mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está burlando la ley
para quedarse con más de 40.000 hectáreas en el Vichada. La denuncia la ha
hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa implicada es Riopaila
Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la estrategia
fue diseñada
por Brigard & Urrutia, la prestigiosa firma de abogados, cuyo principal
socio era el actual embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.
El cerebro de
la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard &
Urrutia. Las actas de la junta directiva de Riopaila Castilla muestran que el
doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su presencia obedecía a un único
propósito: esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma
y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos
en el Vichada.
La ley prohíbe
a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos extensiones superiores a
una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para evitar la concentración de la
propiedad en terrenos que fueron del Estado. La violación de esta ley da lugar
a la caducidad de la adjudicación. En otras palabras, las tierras compradas así
deben volver a ser un bien público.
Sin embargo, la
ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para
saltársela.
La operación
empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel. Las empresas
fueron registradas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Cada una
tenía 100.000 pesos de capital, un poco más de 50 dólares, que ni siquiera
fueron pagados.
El único
accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe Noguera. La
dirección registrada es la calle 70A No. 4–41, la sede de Brigard &
Urrutia. El representante legal de algunas de las compañías es Luis Hernández
Villegas y el de las otras es Alfredo Azuero. Los dos son funcionarios de
Riopaila Castilla.
El mismo año de
su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000 hectáreas y firmaron
promesas de compra-venta para adquirir otras 11.000. Los predios colindaban
entre ellos y eran baldíos adjudicados, o en proceso de adjudicación, a
campesinos.
¿Por qué 27
sociedades y no solo una? Porque así podían comprar –fraccionado en 27– el
terreno destinado a convertirse en una sola hacienda.
En algunos
casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS reemplazó a quien
figuraba como comprador original en un documento. El comprador inicial se llama
Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el representante legal de Riopaila Agrícola
S.A., Castilla Agrícola S.A. y Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas
por Riopaila Castilla.
¿De dónde
sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos para comprar
estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está registrado en sus
libros.
Mientras los
colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor Francisco
Uribe Noguera cedió las acciones de las 27 SAS –sin recibir pago a cambio– a
cinco compañías españolas.
Las sociedades
españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado
en el principado de Luxemburgo.
Las normas de
Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía de esas características.
Sin embargo, un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche,
revisora fiscal de Riopaila, afirma con todas las letras que Asturias Holding
pertenece a Riopaila Castilla.
Le pedí
al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la denuncia del
senador Robledo. Ellos, habitualmente corteses, guardaron absoluto silencio.
El embajador
Carlos Urrutia, por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un
comunicado a los medios que vendió sus acciones en Brigard y Urrutia antes de
asumir el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y
su ejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.
El ministro de
Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de estas tierras “fue irregular”
y se efectuó “por fuera de la ley”. Sin embargo “como el chicharrón es muy
complejo” parece más interesado en adaptar la norma a la irregularidad que en
hacer cumplir la ley vigente.