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| Daniel Coronell |
OPINIÓN. ¿Por
qué unos empresarios respetables se le midieron a hacer un negocio en contravía
de la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas terribles?
El supuesto
ejemplo de productividad agroindustrial en los Llanos orientales está
construido sobre una sucesión de crímenes que muchas autoridades se niegan a
ver. La gigantesca propiedad donde opera La Fazenda fue escenario de
entrenamientos, torturas, desapariciones y asesinatos por parte de los
paramilitares.
Además, los
predios fueron comprados ilegalmente por allegados a Víctor Carranza y
englobados también ilegalmente para crear una hacienda de las dimensiones
requeridas para el proyecto. La seguidilla de irregularidades es de tal dimensión
que, incluso, uno de los firmantes estampó su rúbrica en un papel cuando habían
pasado casi tres años desde su muerte.
Dos
investigaciones periodísticas y una de control político no han sido suficientes
para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Buena parte de los hechos
ha salido a flote por el trabajo del portal VerdadAbierta.com, de la Unidad
Investigativa del diario El Tiempo y del congresista Iván Cepeda, quien
adelantó un debate sobre el tema en la Cámara de Representantes.
La tierra en la
que crece el proyecto más productivo de la altillanura sirvió como base de
entrenamiento de los paramilitares conocidos en esa zona como Los Carranceros.
Esa finca llamada entonces El Brasil era el centro de la operación paramilitar
de esa región. Así lo han confesado los paramilitares Deiber Bolaños, alias
520; Delfín Villalobos, alias Alfa Uno; Elkin Casarribia, alias el Cura y Dúmar
Guerrero, alias Carecuchillo.
En la casa
principal de la finca se acondicionaron habitaciones para que sirvieran de
celdas y cuartos de interrogatorio. Al lado funcionaba un taller donde se
desarmaban carros robados. Cerca del río fue construida una pista de
entrenamiento y un polígono donde se prepararon los autores de varias masacres.
Allí pernoctó un grupo que reforzó a los asesinos que vinieron de Urabá a
efectuar la masacre de Mapiripán.
Cinco fosas con
restos humanos han sido encontradas por la Fiscalía en los predios de la
hacienda. Según testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz el
dueño de la tierra ha sido Víctor Carranza y detrás hay una historia de
apropiación de antiguos baldíos, es decir de tierras del Estado por las que
antes se movían los indígenas sikuani.
Todo empezó en
2007 cuando varios adjudicatarios de baldíos en Puerto Gaitán decidieron
otorgarle un a poder a un abogado de Valledupar, llamado Fernandel Alfonso,
para que cruzara medio país y fuera hasta una notaría en Villavicencio a
englobar sus parcelas con las tierras de un hijo de Víctor Carranza.
Varias de las
firmas que aparecen en los documentos de englobe no corresponden con las que
figuran en la diligencia de titulación de la tierra. Aparentemente son falsas.
Uno de los
adjudicatarios, llamado Segundo Luis Gaitán, le otorgó poder en 2007 a Julio
Pérez Niño para que hiciera el englobe. Lo raro es que hay un certificado de
defunción que demuestra que Segundo Luis había muerto en diciembre de 2004,
casi tres años antes de firmar el poder.
Las tierras no
se podían agrupar. La ley prohíbe sumar antiguos baldíos para crear grandes
haciendas. Sin embargo, con la firma del muerto, las otras que no coincidían y
en franca contradicción con la ley prosiguió el proceso.
Como
consecuencia del englobe de tierras, en la misma notaría fue creada una empresa
llamada Agualinda Inversiones S.A., cuyos gerentes son un ingeniero llamado
Sergei Andrei Poveda y la esposa de Víctor Carranza, doña María Blanca Carranza
de Carranza.
Pocos días
después de su creación, la empresa de la señora Carranza de Carranza –a través
de un contrato de fiducia– le entregó la tierra al Banco Helm. El contrato
establece que la propiedad debe ser administrada por La Fazenda del Grupo
Aliar, cuya cabeza visible es el empresario bumangués Jaime Liévano Camargo.
El doctor
Liévano es empresario avícola. Su firma Avidesa es dueña de Mac Pollo. En su
proyecto de La Fazenda está asociado, además, con el grupo Contegral de
Antioquia, dueño de la marca de concentrados Finca.
¿Por qué unos
empresarios respetables, se le midieron a hacer un negocio con semejantes
personas, en contravía de lo ordenado por la ley e involucrando una tierra en
la que han pasado cosas tan terribles?
Le escribí un
mensaje al doctor Liévano y lo llamé por teléfono para preguntárselo. Hasta
ahora no ha respondido.
