Daniel Coronell |
OPINIÓN.
William Pacheco, el oficial de la Policía sancionado e inhabilitado por la
desaparición del joven Guillermo Hurtado hace 22 años, es hoy fiscal décimo de
derechos humanos.
De ser
comandante de Policía pasó al asfalto. Lo destituyeron disciplinariamente por
su responsabilidad en la desaparición forzada de un joven. Aunque parezca
increíble el policía destituido se convirtió en asesor de un congresista,
después condenado por parapolítica.El asesor congresional se transformó nada
menos que en fiscal aunque legalmente no podía, ni puede, cumplir esa función.
No contento con semejante mutación, el personaje es ahora presidente de la
Asociación Nacional de Fiscales de Colombia.
El protagonista
de esta increíble historia se llama William Gildardo Pacheco Granados y la peor
parte es que hay denuncias que lo señalan de hacerse el de la vista gorda con
los paramilitares y, al mismo tiempo, amparar montajes y testigos falsos contra
defensores de derechos humanos.
La historia
arranca en marzo de 1991 cuando el joven Guillermo Hurtado les contó a algunos
allegados que había visto a varios miembros de la Policía Nacional
aparentemente asesinando a una persona en las cercanías de Calarcá, Quindío.
Unos días
después al salón de billares de Armenia, donde Guillermo trabajaba, llegaron
varios uniformados al mando del teniente William Pacheco. No tenían una orden
judicial contra el joven, le pidieron sus papeles y él les mostró su cédula
inmediatamente. Sin embargo, se lo llevaron detenido.
Está probado
que el joven fue conducido a la subestación de Policía del Barrio Santander. Lo
liberaron esa noche, pero cuando apenas salía de la estación fue interceptado
por un carro particular. Varios testigos aseguran que el aterrado Guillermo
gritaba: “Mi teniente, no me vaya a matar. Yo digo lo que usted quiera”.
Del joven nunca
se volvió a saber. Guillermo Hurtado Parra sigue desaparecido hoy, 22 años
después. El teniente Pacheco no pudo explicar su actuación en estos hechos y
fue destituido disciplinariamente.
Mientras
apelaba la decisión, William Pacheco se desempeñó como miembro de la Unidad de
Trabajo Legislativo del entonces representante a la Cámara José Domingo Dávila
Armenta. (Ver certificado).
La sanción de
destitución fue confirmada por la Procuraduría y la Corte Constitucional. Desde
el año 2000 el Ministerio Público certifica que sobre William Pacheco pesa una
inhabilidad permanente que le impide, entre otras cosas, desempeñar cargos en
la Fiscalía General de la Nación. (Ver antecedentes).
William
Pacheco, sin embargo, el mismo oficial de la Policía sancionado e inhabilitado
por la desaparición del joven Guillermo Hurtado, es hoy fiscal décimo de
derechos humanos y fue hasta hace poco el fiscal 22 antiterrorismo.
Nadie se
explica cómo llegó al cargo y menos aún cómo puede seguir en este.
En el ente
acusador no ha perdido el tiempo. Mientras su antiguo jefe José Domingo Dávila
Armenta era condenado por parapolítica en relación con el Pacto de Chivolo, la
Corte Suprema reclamaba que se investigaran las acciones del fiscal 22
antiterrorismo, William Pacheco, que con su negligencia permitió que Jorge 40 y
otros paramilitares se apropiaran de numerosas propiedades de indefensos
campesinos, precisamente en la zona de Chivolo. (Ver Corte Suprema).
Con
procedimientos parecidos a los de la ‘fábrica nacional de testigos’, que actuó
contra Sigifredo López, el fiscal William Pacheco mandó a la cárcel al defensor
de derechos humanos David Rabelo Crespo y al exsenador liberal José Aristides
Andrade.
La Justicia
debe revisar lo que ha sucedido en estos casos. Más allá de toda discusión está
el hecho de que el acusador de estos dos hombres, William Pacheco, no podía ser
fiscal.
Sin embargo ahí
sigue. Y no solo eso, pues hace un tiempo fundó la Asociación Nacional de
Fiscales que pretende agrupar a los acusadores del país, entre ellos los que
investigan violaciones de los derechos humanos. William Pacheco es el
presidente de esa asociación cuyos afiliados –gracias a un curioso convenio–
pueden usar las instalaciones del Club Militar pagando solamente la mitad de la
cuota que se le exige a un oficial subalterno. (Ver
certificado de cámara).