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| ¿Una paz romana o con justicia social? |
Por Horacio Duque Giraldo.
La maquina mediática se mueve
y fabrica “opinión”, fortalece la tendencia favorable entre empresarios,
académicos y editorialistas para que den su visto bueno a un eventual proceso
de negociación con las guerrillas revolucionarias de los campesinos pobres. Es
la narrativa predominante en los grandes medios de comunicación institucionales
colombianos.
Todo indica que el señor
Santos, en compañía de su hermano Enrique, se propone dar un paso en la
dirección del diálogo y la negociación política con el objetivo de resolver la
cruenta guerra civil nacional. Vamos hacia la “pax santista” que ya ofrece sus
primeros trazos de ambigüedad. No parece ser la “pax uribista” que juntó la mal
llamada “Seguridad Democrática” con el ejercicio masivo de la parapolítica.
La hipótesis santista no se
saldrá de la norma constitucional que ordena al Presidente de la Nación dirigir
cualquier negociación de paz con quienes estén en rebeldía contra el
establecimiento dominante, por ser el principal responsable del orden público
interno y la seguridad nacional. Un eventual proceso de negociación solo tendrá
24 meses, se verá influido por el proceso electoral que ya despegó y por los
pésimos indicadores de las encuestas que colocan en mal sitio al actual jefe de
la Casa de Nariño debido al fracaso de todas sus políticas sociales. Aún así,
su intento no puede obviar la presión de los gringos, las alianzas
político/electorales coyunturales o los estados de ánimo de la “opinión
pública” sobre la que recaen las más contradictorias influencias.
En la estrategia gubernamental
hay una premisa incierta. Es la segura reelección de Santos, asunto que cada
día se complica más dada la inflación de la oposición uribista, enemiga cerrada
de cualquier aproximación a las guerrillas por considerarla una traición al
legado del uribato.
Es cierto que la paz tiene un
clima favorable. La sociedad entera la quiere y los grupos insurgentes han
mostrado disposición para el diálogo y el acuerdo. Sin embargo, Santos mantiene
la indefinición y la debilidad deriva de su esencia política retrograda por la
responsabilidad directa en los “falsos positivos”, su complicidad con el alto
mando militar uribista, su participación en el bombardeo a Ecuador para
acribillar a Raúl Reyes, la promoción de Santoyo, el respaldo a más generales
inmersos en las redes del narcotráfico, la aprobación de la reforma a la
justicia favorable a la parapolítica, la entrega del país a las multinacionales
mineras y la mascarada de la “reforma agraria” disfrazada de falsa restitución
de tierras y reparación de las victimas de la violencia.
Santos no tiene legitimidad
política. Se agotó en su liderazgo de la Tercer Vía.
Por eso quiere una “paz
express”, sumaria, mecánica. La quiere clandestina, sin la presencia de la
multitud, sin sociedad civil, sin organizaciones populares. La quiere sin
reformas, sin cambios de ninguna índole en la sociedad nacional. Para él es
suficiente con el marco legal que se aprobó recientemente y tal vez las
reglamentaciones que con dificultad podrá tramitar en un Senado hostil que se
le sustrae aceleradamente ante el inminente proceso electoral.
Si algo enseñan los procesos
de negociación adelantados en las tres últimas décadas (Betancur, Barco,
Gaviria, Samper, Pastrana), todos fracasados por la intransigencia de las
clases dominantes, es que sin la participación de la nación y sin reformas
sustanciales no es posible aproximarse a la solución de la guerra civil.
Una paz genuina requiere la
intervención del pueblo con todas las organizaciones que lo representan y en el
marco de plenas garantías y vigencia de los derechos políticos fundamentales.
No ha de ser que los únicos que dispongan de privilegios (burocráticos,
presupuestales, electorales y mediáticos) sean las podridas maquinarias de la
politiquería tradicional mientras las expresiones progresistas de la sociedad y
sus líderes sean sometidos a la persecución, el atropello, la cárcel y el
exterminio físico. Esa no es una paz auténtica.
Pero además, la paz tiene que
estar acompañada de reformas a fondo del Estado y la sociedad. Hacer la paz sin
reformas políticas democráticas, sin atender las necesidades básicas del
pueblo, sin la democratización de los medios masivos de comunicación, sin
reforma agraria, sin reforma electoral, sin reforma a la justicia, sin resolver
la crisis carcelaria, con la locomota minera destruyendo la naturaleza, con los
militares uribistas torpedeando la democracia y sin el reconocimiento de los
derechos indígenas, es una mentira, es una farsa descomunal, que anuncia el
seguro fracaso de esta ilusión santista de pasar a la historia como un héroe
nacional.
Barranquilla, 26 de agosto de 2012.
