Por: Lic.
José Antonio López Rodríguez.
Periodista, politólogo y analista
de temas Internacionales.
Con
temeraria conducta y absoluto desenfado el ex presidente de Colombia Álvaro
Uribe Vélez, declaró en días pasados, en un seminario sobre temas vinculados al
conflicto armado de su país, en la Universidad de Antioquia que “el tiempo en la presidencia no le alcanzó
para atacar militarmente a la República Bolivariana de Venezuela”.
O sea que las preocupaciones del presidente
Hugo Chávez Fría en relación a la política agresiva y militarista del gobierno
de Uribe Vélez no eran infundados, a
confesión de partes relevo de prueba. También prueba la impunidad con la cual
actúa Uribe pues ni el Poder Judicial ni el Legislativo han pedido cuenta de
tamaño delito al colocar al país al borde de una guerra y muestra el carácter
aventurero de este sujeto.
Además ello explica la apertura del gobierno
colombiano a la colaboración militar con Estados Unidos a partir de su primer mandato
que comenzó el 7 de agosto del 2002 y las razones por las cuales, violando la Constitución del 91,
firmó acuerdos militares con los sucesivos gobiernos estadounidenses al extremo
de aceptar el establecimiento permanente de fuerzas militares norteamericanas
en siete bases enclavadas en el territorio colombiano y que no solo son un
peligro hoy para la Republica Bolivariana
de Venezuela, también apuntan a cualquier otro país de nuestra región y
especialmente para América del Sur y el
Caribe si alguno de ellos no es del
agrado o le resulta molesto a Washington.
La
opinión pública de nuestro países debe
conocer las verdaderas motivaciones del señor Álvaro Uribe Vélez para
sustentar la política guerrerista bautizada
con el nombre de “seguridad democrática”,
la esencia de ella radicó en subordinar su política interior y exterior a los intereses de Estados
Unidos y así evitar que el gobierno estadounidense obrara en su contra por el expediente que las
autoridades del país del norte le tiene abierto en una lista de extraditables desde
1991 con el numero 82, así lo dio a
conocer la Revista Newsweek
a principios del año 2003 en el listado de personas a solicitar en extradición entregados
por U.S
Intelligence Tied Colombia’s Uribe to Drug Trade in’91 Report y que reseña lo siguiente:
“ No 82
ALVARO URIBE VELEZ POLITICO Y SENADOR COLOMBIANO DEDICADO A COLABORAR
CON EL CARTEL DE MEDELLIN EN LOS ALTOS NIVELES DEL GOBIERNO. URIBE SE VINCULO A
UN NEGOCIO INVOLUCRADO A LAS ACTIVIDADES DE LOS NARCOTICOS EN ESTADOS UNIDOS.
SU PADRE FUE ASESINADO EN COLOMBIA POR SUS CONEXIONES CON LOS NARCOTRAFICANTES.
URIBE HA TRABAJADO PARA EL CARTEL DE MEDIELLIN Y ES AMIGO INTIMO DE PABLO
ESCOBAR GAVIRIA”…. O sea es evidente que
a cambio de evitar su enjuiciamiento y extradición Uribe entregó el país a los Estados Unidos.
Bajo
esa oscura y tenebrosa política de
“seguridad democrática” basada en el pago de recompensa por delaciones,
extorsiones y crímenes políticos
cometidos por bandas paramilitares, agrupados bajo el nombre de Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), al servicio del gobierno y particularmente de Uribe
Vélez con el respaldo de poderosos
medios de comunicaciones nacionales propiedad de los grandes oligarcas y
magnates del país y de los sistemas mediáticos de las transnacionales
norteamericanas y europeas hicieron creer a la opinión publica nacional y extranjera que con dicha política
se había logrado pacificar el país,
debilitar a la insurgencia colombiana, transitar libremente por las carreteras
y caminos sin ser molestado por la guerrilla, opinión que hoy sigue
argumentando el ex presidente para criticar al actual Gobierno de no continuar
su política de “seguridad democrática” cuestiona una posible gestión de paz del
presidente Santos y realiza una fuerte
campaña para convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de
habilitarse y así lograr su posible
aspiración presidencial y reelegirse en
el 2014.
Con
la ruptura del proceso de paz que se desarrollaba entre las fuerzas insurgentes
de las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana Arango en febrero del
2002, el nuevo gobierno instalado en la
Casa de Nariño comenzó a desarrollar una implacable política
de hostilidad no sólo a las fuerzas insurgentes, también al movimiento social y
político colombiano cuya cifra durante
los dos periodos de gobierno y de acuerdo a informaciones de organizaciones de
Derechos Humanos señalan en 70,000
personas las desaparecidas y 3000 asesinato de jóvenes que era hechos
prisioneros en ciudades y campos y luego de matarlos los uniformaban y
presentaban como guerrilleros muertos en combate, lo que se conoce como los
“falsos positivos” ejecutados por sectores criminales de las Fuerzas Militares.
Mientras 3 de
los 5 millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras en el periodo
uribista, hay mas de 8 mil presos políticos en las cárceles acusados de guerrilleros, mientras que las
FARC y el ELN admiten la identidad de sólo un millar de guerrilleros
encarcelados, el resto son militantes de organizaciones populares y de izquierda
presos por mantener una opinión política opositora. Más de 300 sindicalistas y dirigentes
populares han sido asesinados durante los 8 años del gobierno presidido por
Uribe Vélez. Un balance de gobierno nada diferente a lo sucedido durante la
dictadura de Pinochet en Chile.
Lo
verdaderamente objetivo es que el gobierno del Dr. Uribe Vélez, ni debilitó a
la guerrilla, ni pacificó el país, ni
resolvió el libre transito por las carreteras colombianas. Fue la guerrilla de las FARC-EP las que desde el 10 de enero del 2002 aun antes de que se cancelaran las
conversaciones con el Gobierno decidió retirar a la profundidad de la selva a sus frentes guerrilleros, columnas y fuerzas y pasaron de la guerra regular
a la guerra de guerrilla y hasta hoy han mantenido sus fuerza en constante movimiento. Ello eliminó
prácticamente sus incursiones y
retenes en las carreteras por lo cual
Uribe no puede adjudicarse como un éxito de su Gobierno el libre transito de la población.
El
inicio a mediados del 2003 del conocido Plan Patriota terminó en un gran
fracaso pues militarmente la guerrilla no fue derrotada, la muerte natural del
Jefe de las FARC Manuel Marulanda, y el criminal bombardeo al campamento de Raúl
Reyes en territorio ecuatoriano en franca violación al derecho internacional y
las posteriores caída de los comandantes Iván Ríos, Jorge Briceño Suárez y
Alfonso Cano, no afectaron el curso de acción de la guerrilla y demostraron tal
organicidad que resulta muy difícil admitir la debilidad de dichas fuerzas
guerrilleras y mucho menos que manipule y declare a la cadena de Radio Caracol
que durante su Gobierno “se desmovilizaron entre 17 o 18 mil guerrilleros”, de
haber sido cierta esa cifra, la guerrilla se hubiera extinguido y por otra parte
donde están esos reinsertados?... Uribe
miente descaradamente y sus declaraciones a la periodista Diana Calderón están
muy bien orientadas a desinformar a la opinión publica nacional e
internacional, meter palos en la rueda al actual Gobierno y ofende a la
inteligencia del pueblo colombiano.
Es
evidente que en Colombia lo que se requiere es un proceso de dialogo y
negociación al conflicto social y armado que allí se escenifica desde hace
cerca de 50 años, pues no habrá derrota militar de la insurgencia y ese interés del presidente Santos por iniciar
un proceso de paz es lo que está tratando de evitar Uribe, el ex mandatario tiene una fuerte vocación
por la guerra pues sabe que en un escenario de Paz, se pondría al desnudo todo
el horror a que fue sometido el pueblo colombiano durante su Gobierno.
