jueves, 30 de mayo de 2013

Comunicado: País Común frente al conflicto en el departamento del Cauca

País Común / Jueves 30 de mayo de 2013

La Comisión de Impulso del Movimiento Político País Común, frente a los conflictos presentados entre las organizaciones indígenas ACIN, el CRIC y la ONIC, con las FARC y otras organizaciones populares del Cauca,
manifestamos:

El fundamento de una propuesta política que exprese las expectativas populares es, hoy más que nunca, la defensa de la autonomía y el control territorial por parte de las comunidades; los pueblos indígenas del Cauca son una de las expresiones más genuinas de este proceso alternativo.

La defensa de la autonomía de los pueblos indígenas es un principio del movimiento popular; por esa razón, estamos en el deber de entender el dolor histórico de un pueblo que está cansado de centenarias agresiones y de manifestar nuestro duelo por las recientes muertes de más de 60 autoridades espirituales, líderes y comuneros del pueblo nasa.

Consideramos contrario a los intereses populares y a los procesos de emancipación social, el uso del asesinato, el atentado personal y la amenaza como formas de resolver contradicciones en el seno del movimiento popular. Saludamos el pronunciamiento del comandante Timoleón Jiménez donde afirma que no hay tal orden a sus tropas y que por el contrario existe un código de conducta revolucionaria que lo impide. Por ello, nos declaramos partidarios de conformar, a la mayor brevedad, un mecanismo de verificación confiable, con presencia de las autoridades indígenas y la guerrilla.

No compartimos el lenguaje utilizado por las organizaciones indígenas en su comunicado del día 29 de abril para caracterizar la situación y el comportamiento de varias organizaciones populares de la región con las que tienen conflictos de larga duración; la sindicación sin pruebas, la falta de precisión y las palabras ofensivas -como “paraguerrilleras”-, incluso con contradictores y en momentos de fuerte agitación política, no contribuyen a detener lo que se considera una agresión. Entendemos la fuerte reacción de las organizaciones que se han sentido agraviadas por dicho comunicado. Valoramos positivamente que la ACIN haya aclarado el sentido de sus afirmaciones en el documento “Abril de paz y guerra”, que circuló la semana siguiente a los hechos, y en particular donde reiteran su apoyo a las zonas de reserva campesina, su respeto a las organizaciones sociales y políticas que pudieron verse atacadas y su disposición al diálogo y los pactos por la liberación de la Madre Tierra.

Llamamos a todos los actores involucrados a tomar atenta nota de esa declaración, para hacer una valoración equilibrada de la situación.
Lamentamos y consideramos inapropiado que varias organizaciones sociales que legítimamente consideran los términos del comunicado indígena como un señalamiento injusto, así como analistas cercanos a ellas, acudan a responder con señalamientos y provocaciones igualmente injustos. La sindicación reiterada de estos días a los líderes de ACIN y CRIC como paramilitares y contrainsurgentes, términos que ya se usaban previamente y que en buena medida provocaron la declaración de las organizaciones indígenas, solo contribuyen a exacerbar el clima de agresión y confrontación.

Es imprescindible que las partes involucradas en este conflicto entiendan que una guerra de descalificaciones solo favorece los intereses de los verdaderos enemigos del movimiento popular.
Respaldamos incondicionalmente los ejercicios de justicia propia realizados por las autoridades indígenas del Cauca. Cuestionar las formas de aplicación de justicia de los indígenas nasa –asamblearia, con base en la investigación colectiva— con argumentos del derecho occidental, constituye una lamentable concesión al pensamiento colonialista. Solicitar al Estado colonial que intervenga como supervisor de estos procedimientos, es inaceptable, y niega desde ya la posibilidad a futuro de conformar una sociedad plural e igualitaria lejana a la opresión de los pueblos.

Llamamos a las organizaciones sociales a detener cualquier acción que pueda ser entendida como una agresión a cualquiera otra de las organizaciones de la región, que en este momento tan sensible sería muy perjudicial para todos. En particular llamamos respetuosamente al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y a las organizaciones zonales indígenas que tienen previsto un acto de posicionamiento territorial en la comunidad de Guanacas (Inzá) el próximo 31 de mayo, para que actúen bajo un sentido profundamente dialogante con las comunidades campesinas de la región y eviten procedimientos de fuerza.

Los acuerdos iniciales entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana sobre los asuntos de tierra y territorio abren un camino propicio para solucionar los conflictos por la tierra en el campo popular, todos los cuales han sido provocados por el Estado y la mercantilización del territorio. Estamos en el momento adecuado para relanzar los diálogos interétnicos en dirección a resolverlos. Entre los temas fundamentales de esos diálogos está darle vía a la construcción de territorios comunes de las comunidades rurales y establecer pactos para la liberación de la Madre Tierra. Resulta pertinente realizar el Congreso de las resistencias territoriales, por un nuevo ordenamiento y armonización territoriales.

Saludamos y acompañamos los esfuerzos de diferentes organizaciones y convergencias sociales y políticas que se han ofrecido para facilitar el diálogo directo y respetuoso entre las organizaciones indígenas, campesinas y políticas populares del departamento del Cauca.

Es fundamental ampliar y fortalecer la necesaria Ruta Social Común para la Paz. La gran marcha del 9 de abril y el Congreso para la Paz han señalado el carácter y la agenda de dicha ruta: amplia, masiva, dirigida a profundizar la democracia y la justicia social. Tenemos el deber de respaldar los diálogos del gobierno y las FARC en La Habana, exigir la apertura del diálogo con el ELN y movilizarnos para imponer nuestra agenda de paz. El movimiento popular tiene que ser el principal beneficiario de la terminación del conflicto armado.