Líneas rojas a la paz y beligerancia
Por Carlos Alberto Ruiz
para la web La Pluma
Viernes, 31 de Mayo de 2013 01:05
Capriles en Colombia: una jugada
1. ¿Algo nuevo ha pasado?
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| Carlos Alberto Ruíz |
En particular
frente a Venezuela, hasta agosto de 2010, en ese espectro ultramontano cabía
Santos, quien ese mes, una vez se posesionó como presidente, decidió dar un
paso en otra dirección. En la práctica se desdecía de su anterior papel. No se
olvide cómo años atrás simbolizó, con cierto aire de alfil ilustrado, ese
núcleo opuesto en Colombia y en otros países a la Revolución Bolivariana, dando
claro apoyo a los golpistas, en concreto al empresario Pedro Carmona, quien
luego de encabezar esa punzante intentona se fue a vivir a Colombia, donde,
entre otras actividades, ha posado como profesor de altos mandos militares.
En agosto de
2010 ya las cosas eran a otro precio. Efectivamente, en la cita de Santa Marta
con el Comandante Chávez el día 10 de ese mes, pactaron recomponer las
relaciones entre los dos países. Se supone Santos representaba no sólo una
nueva etapa sino un nuevo modo de tratar diplomática y políticamente las
evidentes diferencias de fondo que enmarcaban entonces y encuadran hoy las
rutas de dos naciones que comparten destinos a fuerza de historia y geografía,
al menos.
Santos utiliza
desde ese momento a Venezuela para un giro internacional y de imagen,
implementando algunas de sus políticas más importantes, de gran peso interno y
externo. Una que está en esa frontera y centro de gravedad por definición es la
relacionada con el conflicto armado. Los continuos esfuerzos del Presidente
Chávez por aproximaciones con la insurgencia, se condensaron en la facilitación
secreta y luego en el abierto papel cumplido que hoy se plasma no sólo
acompañando en la mesa de conversaciones con las FARC en La Habana, sino en las
posibilidades de diálogos con el ELN.
2. Una visita servida
¿Un error o una
jugada premeditada de Santos? Para alguien inmerso en las claves de esas
relaciones y ubicado en ciertos protocolos, es elemental que recibir a Capriles
en el palacio de gobierno, colgando en la Web presidencial una foto del
encuentro y el abrazo, es un acto de agresión política a un país que no sólo
salvaguarda discretamente el proceso de paz, sino que no ha incurrido en acto
alguno de hostilidad contra el gobierno Santos. No hay una sola actuación de
tensión o enemistad a la que haya dado lugar el gobierno del Presidente Maduro.
Ni una sola. En cambio, es ostensible la repercusión que tiene dar el
beneplácito a Capriles en su campaña de atentados al proceso bolivariano, que
comenzaron años atrás, y que el pasado 14 de abril confirmó en su escalada y
estrategia. Día de las elecciones, cuando, tras perderlas, habiendo manifestado
anticipadamente que no reconocería los resultados, llamó a la violencia,
incluso contra personal cubano, como está probado, desencadenando las
arremetidas de terror contra gente pobre, que dejaron once (11) muertos, todos
militantes chavistas, además de decenas de heridos y destrozos materiales.
¿Santos no
sabía lo que hacía recibiendo a Capriles? ¿O precisamente lo sabe muy bien?
Santos no es un idiota. Es agudo, es sagaz. Tiene muy presente lo que significa
recibir a quien en el golpe fascista de 2002 asaltó y agredió la embajada
cubana en Caracas y que hoy escupe palabras como balas, contra Cuba y
Venezuela. Santos puede comprender bien los efectos de esa aversión y obsesión
de Capriles convertida hoy en cruzada, contra los dos países y gobiernos que
más han aportado a la concreción de un proceso de paz.
No cabe duda
que es posible entonces calibrar el impacto de esa visita servida, ocurrida
tras la llegada, 48 horas antes, del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, quien manifestó el respaldo de la administración Obama al gobierno de
Colombia “en el campo de la batalla, pero también en el campo de las
negociaciones”. Santos se aseguró de que quedara claro que una cosa ha llevado
a la otra: “sería cerrar con broche de oro lo que se inició hace trece años”
con el Plan Colombia (http://www.elnuevoherald.com).
3. Una doctrina perversa en la línea roja
Biden llegó a
Colombia el domingo 26 de mayo, coincidiendo exactamente con la noticia del
acuerdo firmado en La Habana sobre el primer punto de la agenda pactada entre
las FARC y el gobierno Santos. En ese proceso, hay dos líneas rojas que
autoritariamente ha demarcado Santos con antelación, sobre las cuales insiste
él y algunos de sus ministros (especialmente Pinzón, de Defensa), a los que
pone a hablar duramente cuando el propio presidente Santos estima conveniente
no dar la cara o mandar un mensaje belicoso. Ha-n dicho que no se puede tocar
en absoluto ni el modelo económico ni las fuerzas armadas, sobre las cuales en
particular se ha hecho referencia a su doctrina.
En evidente
tiempo de avances de las conversaciones de paz, mientras se persigue que la
parte insurgente se rinda, claudique, se extinga mediante la
negociación/desmovilización, transformando su propia naturaleza de organización
político-militar en un grupo declinante que acepte las reglas del sistema, la
otra parte, el ejército y policía oficiales, no sólo se mantienen incólumes
como conjunto en sus directrices ideológicas y funcionamiento represivo, sino
que se les premia, se les redime y dispensa jurídicamente a sus miembros,
fortaleciendo mecanismos de impunidad a través del Fuero Penal Militar, cuyo
reglamento se estaba discutiendo a pocos pasos del palacio donde se estrechaban
en un abrazo Santos y Capriles.
¿Qué está
cifrado, escondido y larvado en una doctrina y estructura pétreas, de tal
manera que no sea posible ni siquiera debatir algo sobre esas fuerzas armadas?
¿Qué contienen y qué suponen, tanto como para que se consagren y oculten sus
fundamentos, sus bases teóricas y operacionales? ¿Qué es tan sagrado o tan
criminal al punto de ser intocable? ¿Por qué no se pueden indagar y contrastar
sus cimientos?
Para el debate
hace falta conocer esa doctrina a profundidad, muchos de cuyos manuales y
órdenes permanecen bajo el tratamiento de reserva de seguridad nacional. No
obstante el secretismo estatal, se conocen instrucciones precisas en las que se
edifica la “moral de combate” de esas fuerzas armadas. Hace pocos días, dentro
de varios ejemplos, se descubrió cómo un documento oficial con el que se
adiestra para atentar contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
advierte en su introducción: “es de obligatorio conocimiento para nosotros como
militares, para poder manejar estas comunidades dentro del ámbito de la guerra
política”. En la reseña periodística se lee: “hay actividades de inteligencia
en las comunidades, interceptaciones de los teléfonos de sus dirigentes,
rastreos a cuentas y seguimientos en el exterior. Esa labor se hizo en conjunto
con el DAS, que entregó monitoreos de Luis Eduardo Guerra 12 días antes de que
los asesinaran en San José [a él y a su familia, incluyendo niños]”
(http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12766721.html).
No hay que
hacerse muchas preguntas para explicarse la razón de masacres, torturas,
desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por
militares y policías contra ese colectivo, uno de los más castigados por el
terrorismo de Estado (http://www.cdpsanjose.org/). Pese a la fanfarronada o amenaza
gubernamental de prohibirse tocar el tema, tanto para la sociedad civil popular
(véase la importante indagación realizada por la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz:
http://justiciaypazcolombia.com/El-alma-entre-doctrina-militar-y) como para las
organizaciones rebeldes, esta línea roja es totalmente absurda. Santificarla
como algo incuestionable es un despropósito, salvo que, por definición y
cometido, su tarea de defensa consista en preservar los aparatos de la guerra
sucia a fin de que terminen de cumplir sus objetivos en la siguiente fase que
se prevé sea de desmovilización de los hoy alzados/as en armas.
¿Las FARC
discutirán el tema de la participación política -siguiente en la agenda- sin
mencionar y abordar este tema de las doctrinas criminales enquistadas en las
fuerzas oficiales? ¿Puede hablarse de derechos y garantías de seguridad -como
reza el acuerdo- o de oposición política, sin referirse a esas bases
descompuestas de la seguridad nacional, a sus fuentes, alianzas, dispositivos y
concepciones criminales?
¿Qué tiene esto
que ver con el problema que en este artículo se pretende reflexionar? En primer
lugar la referencia a la doctrina militar, indicando un ejemplo de destinatario
u objetivo de ese pensamiento criminal que trata a la población como enemigo a
destruir. En segundo lugar la reveladora coincidencia, a su vez reveladora de
los valores humanos que se contrastan en el más alto cargo del Estado: en el
mismo día que Santos atendía en su palacio de gobierno al fascista Capriles, desconocía
un mandato de la Corte Constitucional (ver http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2012/A164-12.htm
y Sentencia T-1025 de 2007) que señala la obligación del gobierno de
retractarse por acusaciones de la Jefatura del Estado, realizadas contra la
Comunidad de San José de Apartadó. Cuando ya 32 miembros de esa comunidad se
hallaban en Bogotá para el acto oficial el día 29 de mayo, cita a la que Santos
se había comprometido, recibieron la noticia de que el presidente no estaría (http://www.justiciaypazcolombia.com/Una-agresion-mas-del-alto-gobierno).
De nuevo el mandatario mandó: se escudó en un ministro. Pero para Capriles sí
tuvo tiempo: le recibió en persona y no a través de un encargado.
Así como la
doctrina militar se ha configurado históricamente mirando hacia el interior,
criminalizando una gran parte de la población para actuar contra ella, también
se ha articulado esa visión desde los tiempos de la Guerra Fría, a la
estimación de los lazos de la subversión interna con el fantasma del comunismo
internacional, hoy reeditado en las propias apreciaciones y actuaciones de las
fuerzas armadas oficiales, comprometidas no sólo en la lectura de Venezuela
como antagonista o polo en la tensión militar, sino aplicando desde años atrás
recursos y trazando objetivos en diversas operaciones militares, de
inteligencia y paramilitares, como la reiterada filtración en territorio
venezolano de mercenarios o espías.
Para continuar
haciéndolo, esa doctrina paranoica del enemigo interno-externo es funcional,
semillero de militares y policías con sus correspondientes servidumbres y
emolumentos, más si se tiene en cuenta la inmensa cantidad de beneficios que se
derivan para ellos de la dependencia de sus instituciones armadas respecto de
Estados Unidos e Israel, por nombrar dos de sus socios principales, que tanto
proveen medios como fines: en concreto, sumas de dinero y sumas de motivos. De
eso trata su doctrina. Creer que son atacados injustamente, que deben
defenderse y que por ello bien vale una paga estimable.
Esto explica la
otra razón de la línea roja de Santos, respecto a sus fuerzas armadas, con
doctrina huera incluida: las preserva eficaces en su mortal potencia frente al
enemigo interno todavía por derrotar (la deriva de la guerra sucia sistémica lo
comprueba, así como su renovada impunidad) y las preserva tan firmes como
determinantes en la hipótesis de ser utilizadas en el tablero de un conflicto
regional latente, más cuando ese escenario no será definido sólo por Santos y
quien le reemplace en su silla presidencial, sino sobre todo en el séquito de
intereses que desde Washington se conjugan para mandar en esta parte del mundo.
No conviene a sus proyecciones tocar en lo más mínimo el soporte de fuerza.
Nada de su material y su doctrina debe ser debatido. Nada serio debe ser
expuesto al escrutinio. Al contrario: deben ser bien tratadas, reforzando con
inyecciones de presupuesto, con secretismo y con figuradas razones de combate o
misiones. Cuando no es el medio ambiente o el narcotráfico, es el libre
comercio y el anti-terrorismo. No se cambia en consecuencia al vigilante ni a
lo que lo guarnece exitosamente, de lo que depende la presente correlación y la
futura coerción. De ahí que Venezuela esté en la mira.
4. ¿Y ahora qué?
Parece un
episodio más. Tras este incidente de la visita de Capriles, la canciller
Holguín, la ministra de Exteriores colombiana, se apresta a glosar la situación
dando otra vez la cara por Santos, restando importancia al hecho y diciendo que
volverán las aguas a su normal cauce diplomático en el diálogo entre los dos
gobiernos.
El canciller
venezolano, Elías Jaua, ha sido claro en la protesta: “Es sumamente lamentable
que un gobierno y un pueblo como el de Venezuela, que están haciendo esfuerzos
denodados para que se consiga la paz en Colombia, reciban como respuesta de las
instituciones del Estado colombiano el aliento y el estímulo a quienes desean
desestabilizar la paz en Venezuela”.
Más por
gallardía, compromiso e inteligencia, Cuba y Venezuela seguramente no
responderán. No lo harán rompiendo en lo más mínimo con Santos, aunque él,
consciente y estudiadamente, haya pasado una importante línea roja. Ese límite
no estaba demarcado con frío cálculo. Por eso él asesta un golpe indecoroso,
para mandar un mensaje en bruto, abusando no sólo de la confianza y de la
coyuntura de penosos días de debilidad o dificultad en Venezuela, sino
precisamente profanando la razón de la responsabilidad adquirida altruistamente
por Cuba y Venezuela en el proceso de paz. Sabe que igual que la guerrilla, no
se pararán de la mesa. Que quien deberá pararse e irse primero será él.
Sin embargo, a
futuro es posible tener en cuenta por Venezuela y Cuba más de una respuesta,
que no sea la de bajar la cabeza reflexivamente en nombre del digno deber de
acompañar y ayudar a una negociación política del conflicto colombiano.
Es conocida la
afición de Santos por los naipes y que en gran medida apuesta a la paz con ese
artificio, pero no todo cabe en la lógica del póker o juegos similares. No
obstante, la partida histórica, si no fuera por lo desgarradora y sangrante,
está más próxima a la simulación que representa el ajedrez. Mientras él juega,
otros no juegan. Para otros, incluyendo Cuba, Venezuela, la insurgencia
colombiana y una parte de los movimientos sociales, esta contienda es real y es
respetable.
A pesar del
ardid de Santos con las manos, su truco es otro. Mientras él hace movimientos
engañosos y atrae las miradas con amonestaciones dobles, propias de la
esquizofrenia, da una recia patada a la mesa. Y luego otra. La visita de
Capriles y su acogida, es la última: la demostración de un poder arrogante que
sabe provocar y probar la resistencia de las contrapartes.
Santos es
inteligente. No se ha equivocado. Deliberadamente da diploma de demócrata y con
ellas crédito y gran oxígeno a Capriles, para quien Colombia no es cualquier
plaza. Es donde se guarda Uribe y un proyecto remozado, de donde se exportan
militares y paramilitares, donde se impulsa o relanza una plataforma
contrarrevolucionaria para la región, donde Estados Unidos ordena a sus anchas,
donde hay una fuerte colonia empresarial venezolana en contacto con Miami.
Santos no es ingenuo. Prepara otras jugadas. No va a pedir disculpas al
Presidente Maduro ni a Venezuela. Sabe a qué juega: planea la derrota de otros,
de sus adversarios históricos, no su afirmación en medio de las divergencias.
5. Pensar la beligerancia
Pero incluso el
mejor jugador corre riesgos. Uno de esos es hacer recordar, precisamente a
quienes se fuerza a olvidar. Santos nos ha ayudado a recobrar memoria. Y
posiblemente lucidez e integridad.
El Comandante
Chávez en enero de 2008 puso abiertamente sobre otra mesa histórica elementos
para un acertado dictamen ético, político y jurídico referido a la beligerancia
de la insurgencia colombiana. Si entonces en plena guerra en Colombia y en
afilada tensión con Venezuela, a muchos les pareció improbable el alcance de
alegar el estatuto de beligerancia o de fuerza beligerante para la guerrilla
colombiana, el ELN y las FARC, ahora, en el 2013, no es lo mismo.
Ahora estamos
en pleno desarrollo de unas conversaciones de paz avaladas internacionalmente,
en las que de hecho las básicas características de esa titularidad de la
beligerancia, se han rubricado, son más fehacientes y auténticas, concedida esa
condición en la directa interlocución política entre un Estado con delegados
plenipotenciarios, y un ejército insurgente con sus respectivos representantes,
con quienes ha pactado ese Estado no sólo normas de un proceso
político-jurídico sino el papel de garantes, de facilitadores, además de una
logística y de un cubrimiento diplomático y de seguridad.
Ha sido dado ya
explícitamente un tratamiento que se exterioriza y extiende. Aunque sea
limitado el reconocimiento de la parte insurrecta, ya se está en el curso de
ese instituto jurídico que vale la pena apuntar. Para tener a la vista que si
bien un nivel de esa figura normativa ha sido traspasado por diferentes
mecanismos de derecho internacional, como tal la beligerancia en tanto
posibilidad jurídica garantista y finalista no ha sido derogada: existe, y se
puede hacer valer. Más cuando la parte estatal de un pacto ha sido no sólo
desleal ahora en lo político, sino incongruente con los valores elementales,
cuando prepara probada y probablemente con otros una embestida que no sólo
defrauda la confianza básica de terceros, sino derechos colectivos, de su
propio pueblo, al negarse a aplicar el derecho humanitario y en general el
derecho de los conflictos armados, y los derechos de otros pueblos, incluyendo
su soberanía, de los que se burla un acto consciente como el de Santos, al
expresar una voluntad de equiparar a un fascista como regente democrático.
En todo caso,
más allá de la reciprocidad política, y por supuesto fuera de toda lógica de
retaliación, cabe que otra vez comencemos a reflexionar sobre la beligerancia,
no como un estatuto en desuso, sino plenamente vigente, que representa como
tal, en primera instancia, un juicio de hecho, y no necesariamente un juicio de
valor. La beligerancia, técnicamente, es una categoría jurídica proporcionada
que puede reivindicarse, enunciada la entidad y personería ético-jurídica de la
guerrilla, su explorada y comprobada dimensión regulativa o de compromiso. Hay
hechos irrecusables que revelan capacidades de la insurgencia frente a
requisitos clásicos del derecho internacional, en tanto organización
político-militar, estando ya habilitada de hecho, existiendo como contraparte,
con un cierto dominio territorial, bajo una estructura de mando responsable y
con evidente posibilidad y capacidad de control de las prácticas coercitivas
(operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicación de instrumentos
como el Protocolo II de 1977), términos señalados por el derecho internacional,
positivo o consuetudinario.
Debe y puede
ser reconocida la insurgencia todavía más en derecho, en función de sus
obligaciones y facultades, pero también de cara a los derechos y deberes
respecto de la población y terceros. Supone dar el paso que va de lo
fáctico-arbitrario a su ordenación, en pos de una confrontación que pueda ser
regida con pautas jurídicas más estrictas y equilibradas. No como hasta ahora.
Por esto y por
diferentes situaciones homologadas en la horizontalidad básica del trato
político, ya verificado, se puede creer que existen las bases para que se
discuta nuevamente esta cuestión de la beligerancia, a la luz de otros
conceptos y de realidades emergentes, más allá de las categorías jurídicas
convencionales, pero incluso con ellas en la mano, al lado de las caracterizaciones
de lo fáctico y lo jurídico ya validado.
¿Qué no hay
condiciones políticas para ello? Cada vez las hay más. Así como condiciones
jurídicas para ese examen y esa declaración, con base en un actualizado
ejercicio interpretativo que atiende, por ejemplo, a las finalidades que han
sido propuestas para un convenio humanitario y de regulación por la guerrilla,
a lo que se ha rehusado insistentemente Santos. ¿Será que lo rechaza por la
doctrina militar que es su propia línea roja? ¿Será por sus estimaciones de
próximo avance contundente en operaciones de guerra que efectuará mientras
dialoga convidados en la mesa unos terceros a los que estafa o afrenta? ¿Será
por el rol que debe cumplir de acuerdo a los pactos militares y de seguridad
ajustados por los Estados Unidos, que no renuncia a desestabilizar a Venezuela
y Cuba? ¿Por el uso de drones y demás en la nueva era bélica?
Si ayer y hoy
patea la mesa Santos, puede ser que su gesto escabroso le repercuta mañana: que
de los otros lados exista la resolución necesaria un día, para recordarle que
con principios de otros no se juega. Validar a Capriles es aprobar una cadena
de ataques viles contra los pueblos y gobiernos de Venezuela y Cuba. La
decisión la deben tomar estos dos países, desde sus causas de dignidad y
soberanía. No se levanten de la mesa, pero sepan a qué juega quien allí reparte
sus cartas y en otro lado credenciales. Una de ellas al fascista Capriles.
Entre tanto, 32 víctimas del terrorismo de Estado no perdieron un ápice su
vergüenza. Esperaron. Luego levantaron la mirada y con otras miles de
colombianas y colombianos, dejaron una constancia y agrandaron su resistencia.
* Carlos Alberto Ruiz para La Pluma, 31 de mayo de
2013
