País Común / Jueves 30 de mayo de 2013
La Comisión de
Impulso del Movimiento Político País Común, frente a los conflictos presentados
entre las organizaciones indígenas ACIN, el CRIC y la ONIC, con las FARC y
otras organizaciones populares del Cauca,
manifestamos:
El fundamento
de una propuesta política que exprese las expectativas populares es, hoy más
que nunca, la defensa de la autonomía y el control territorial por parte de las
comunidades; los pueblos indígenas del Cauca son una de las expresiones más
genuinas de este proceso alternativo.
La defensa de
la autonomía de los pueblos indígenas es un principio del movimiento popular;
por esa razón, estamos en el deber de entender el dolor histórico de un pueblo
que está cansado de centenarias agresiones y de manifestar nuestro duelo por
las recientes muertes de más de 60 autoridades espirituales, líderes y
comuneros del pueblo nasa.
Consideramos
contrario a los intereses populares y a los procesos de emancipación social, el
uso del asesinato, el atentado personal y la amenaza como formas de resolver
contradicciones en el seno del movimiento popular. Saludamos el pronunciamiento
del comandante Timoleón Jiménez donde afirma que no hay tal orden a sus tropas
y que por el contrario existe un código de conducta revolucionaria que lo
impide. Por ello, nos declaramos partidarios de conformar, a la mayor brevedad,
un mecanismo de verificación confiable, con presencia de las autoridades
indígenas y la guerrilla.
No compartimos
el lenguaje utilizado por las organizaciones indígenas en su comunicado del día
29 de abril para caracterizar la situación y el comportamiento de varias
organizaciones populares de la región con las que tienen conflictos de larga
duración; la sindicación sin pruebas, la falta de precisión y las palabras
ofensivas -como “paraguerrilleras”-, incluso con contradictores y en momentos
de fuerte agitación política, no contribuyen a detener lo que se considera una
agresión. Entendemos la fuerte reacción de las organizaciones que se han
sentido agraviadas por dicho comunicado. Valoramos positivamente que la ACIN
haya aclarado el sentido de sus afirmaciones en el documento “Abril de paz y
guerra”, que circuló la semana siguiente a los hechos, y en particular donde
reiteran su apoyo a las zonas de reserva campesina, su respeto a las
organizaciones sociales y políticas que pudieron verse atacadas y su
disposición al diálogo y los pactos por la liberación de la Madre Tierra.
Llamamos a
todos los actores involucrados a tomar atenta nota de esa declaración, para
hacer una valoración equilibrada de la situación.
Lamentamos y
consideramos inapropiado que varias organizaciones sociales que legítimamente
consideran los términos del comunicado indígena como un señalamiento injusto,
así como analistas cercanos a ellas, acudan a responder con señalamientos y
provocaciones igualmente injustos. La sindicación reiterada de estos días a los
líderes de ACIN y CRIC como paramilitares y contrainsurgentes, términos que ya
se usaban previamente y que en buena medida provocaron la declaración de las
organizaciones indígenas, solo contribuyen a exacerbar el clima de agresión y
confrontación.
Es
imprescindible que las partes involucradas en este conflicto entiendan que una
guerra de descalificaciones solo favorece los intereses de los verdaderos
enemigos del movimiento popular.
Respaldamos
incondicionalmente los ejercicios de justicia propia realizados por las
autoridades indígenas del Cauca. Cuestionar las formas de aplicación de
justicia de los indígenas nasa –asamblearia, con base en la investigación
colectiva— con argumentos del derecho occidental, constituye una lamentable
concesión al pensamiento colonialista. Solicitar al Estado colonial que
intervenga como supervisor de estos procedimientos, es inaceptable, y niega
desde ya la posibilidad a futuro de conformar una sociedad plural e igualitaria
lejana a la opresión de los pueblos.
Llamamos a las
organizaciones sociales a detener cualquier acción que pueda ser entendida como
una agresión a cualquiera otra de las organizaciones de la región, que en este
momento tan sensible sería muy perjudicial para todos. En particular llamamos
respetuosamente al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y a las
organizaciones zonales indígenas que tienen previsto un acto de posicionamiento
territorial en la comunidad de Guanacas (Inzá) el próximo 31 de mayo, para que
actúen bajo un sentido profundamente dialogante con las comunidades campesinas
de la región y eviten procedimientos de fuerza.
Los acuerdos
iniciales entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana sobre los asuntos
de tierra y territorio abren un camino propicio para solucionar los conflictos
por la tierra en el campo popular, todos los cuales han sido provocados por el
Estado y la mercantilización del territorio. Estamos en el momento adecuado
para relanzar los diálogos interétnicos en dirección a resolverlos. Entre los
temas fundamentales de esos diálogos está darle vía a la construcción de
territorios comunes de las comunidades rurales y establecer pactos para la
liberación de la Madre Tierra. Resulta pertinente realizar el Congreso de las
resistencias territoriales, por un nuevo ordenamiento y armonización territoriales.
Saludamos y
acompañamos los esfuerzos de diferentes organizaciones y convergencias sociales
y políticas que se han ofrecido para facilitar el diálogo directo y respetuoso
entre las organizaciones indígenas, campesinas y políticas populares del departamento
del Cauca.
Es fundamental
ampliar y fortalecer la necesaria Ruta Social Común para la Paz. La gran marcha
del 9 de abril y el Congreso para la Paz han señalado el carácter y la agenda
de dicha ruta: amplia, masiva, dirigida a profundizar la democracia y la
justicia social. Tenemos el deber de respaldar los diálogos del gobierno y las
FARC en La Habana, exigir la apertura del diálogo con el ELN y movilizarnos
para imponer nuestra agenda de paz. El movimiento popular tiene que ser el
principal beneficiario de la terminación del conflicto armado.
