Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Las noticias
de La Habana llenaron de optimismo a los colombianos un domingo en el que tal
vez los conmovieron más los segundos puestos de Rigoberto Urán en el Giro de
Italia y Carlos Muñoz en las 500 millas de Indianápolis.
En todo caso, el acuerdo parcial del primer punto
de la agenda de negociaciones para poner fin al conflicto, el tema agrario, disputó
con creces un primer lugar en la atención nacional.
Y demuestra que si se puede contrariando a los
antagonistas de la paz que hoy, con este resultado, logran un mayor aislamiento
frente a la opinión pública y se quedan cada vez más sin argumentos.
Después de nueve meses exactos de instalada la mesa
y seis de conversaciones, este 26 de mayo fue un día histórico: por primera vez
las FARC y un gobierno convienen que es necesaria una “Reforma rural integral”
como se titula el acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano”.
Pero no se trata, haciendo justicia con la historia
y como equivocadamente señalaron algunos medios, del primer acuerdo entre la
guerrilla y el Estado. Hasta hoy, e incluso teniendo en cuenta la línea
establecida por las dos partes de que “nada está acordado hasta que todo esté
acordado”, el único pacto ha sido el del “Cese al fuego, tregua y paz” firmado
entre la administración de Betancur y las guerrillas de Marulanda el 28 de
marzo de 1984.
“Hacia un nuevo campo colombiano” permitirá, como
lo anunció el comunicado conjunto leído por dos diplomáticos, uno de Cuba y el
otro de Noruega, garantes de las pláticas, “transformar de forma radical la
realidad rural” y contribuir en forma definitiva al fin del conflicto armado
que tiene su mayor asiento en el campo colombiano.
Para ello se puntualizan seis casos: 1. Acceso y
uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad.
Frontera agrícola y protección de zonas de reserva; 2. Programas de desarrollo
con enfoque territorial; 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4.
Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; 5. Estímulo
a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo.
Formalización laboral; y 6. Políticas alimentarias y nutricionales.
Sin embargo, se trata de aspectos muy generales ya
que no se dieron a conocer los detalles de este primer pacto, aunque de por sí
demuestra la voluntad política de resolver la injusta situación de la ruralidad
y sin duda causa primera del conflicto.
A excepción quizá de la creación de un Fondo de
Tierras propuesto por las FARC “conformado por tierras provenientes de
latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras
baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y
tierras incautadas al narcotráfico”, que hacia parte de su decálogo sobre la
tierra dado a conocer el 14 de enero pasado y acogido en la mesa con el nombre
de Fondo de Tierras para la Paz.
Todo debe indicar que existe un borrador de
acuerdos donde se toca el más grave problema del campo como es el latifundio,
además de la extrajerización del suelo y la propiedad de las comunidades indígenas
y afrodescendientes, entre puntos esenciales, norte de las propuestas de la
insurgencia.
Como lo señala Pablo Catatumbo, uno de los
principales negociadores de las FARC en la entrevista en Semana de este
domingo, “nosotros queremos más bien recordarle al gobierno que hay temas muy
gruesos en los que todavía no hay acuerdo, como sucede con la propiedad
terrateniente en Colombia. El latifundismo es lo que históricamente nos ha
llevado a la guerra”.
Y es que las cifras sobre la propiedad de la tierra
son bien dicientes: Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la
distribución de la tierra. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Colombia
2011 del PNUD, el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento
de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas
posesiones. Esta situación no sólo es causa de constantes conflictos sociales
sino también de desplazamientos forzosos y del despojo de la tierra.
En este sentido, como señalan algunos
analistas, los terratenientes manejan el estado colombiano a su antojo y de
acuerdo a sus propios intereses y necesidades, por lo cual, la idea de una
Reforma Agraria ha sido siempre desestimada por quienes detentan el poder.
El no aparecer el asunto del latifundio en el comunicado
conjunto se entronca con la declaración del jefe negociador del gobierno,
Humberto De la Calle, quien sacó tajada de esta ausencia afirmando que “todo
esto (los puntos acordados) se hará con pleno respeto por la propiedad privada
y el estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer”.
Haber llegado a este acuerdo histórico sobre el
primer punto de la agenda sin precisar, por lo menos públicamente todas las
aristas, indica hasta qué punto aun pesan serias dificultades sobre el tema
agrario, el más espinoso de todos.
Por eso Iván Márquez en su balance momentos después
de la lectura del comunicado conjunto, indicó que “hemos avanzado en la
construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, (el subrayado es
nuestro) que necesariamente tendrán que ser retomadas, antes de la concreción
de un acuerdo final”.
Un pero que también, a su manera, anuncio De la
Calle: “El principio de que nada está convenido hasta que todo lo esté, también
significa que si a lo largo de la discusión no se llegan a formalizar acuerdos
en todos los aspectos contenidos dentro de un punto específico, estos pueden
quedar como pendientes para ser retomados más adelante”.
La propuesta, entonces, estará encaminada a
darle celeridad a los diálogos y para estudiar a fondo luego temas como los
TLC, los latifundios y la seguridad alimentaria.
Algunos medios, en vísperas del acuerdo, señalaron que
las FARC presentarían al Gobierno una propuesta para aprobar parcialmente
el punto sobre el desarrollo agrario. Esto hace parte de un mecanismo de
descongestión, según la guerrilla, para dar celeridad a las negociaciones y así
pasar al segundo punto, el de la participación política, sin generar
traumatismos.
Según fuentes de la delegación de las FARC citadas
por RCN radio, la iniciativa consistió en la elaboración de un texto, previa
aprobación del Gobierno, en el que se fijaron los puntos en los que aún no
había consenso y se podían postergar para analizarlos al final del proceso de
paz, cuando los puntos acordados en la agenda hayan sido evacuados en su
totalidad.
Esta propuesta se da luego de que Iván Márquez
pidiera más tiempo para una paz “estructurada” y que Jesús Santrich dijera que
aún no hay nada acordado en el tema agrícola coincidiendo con Catatumbo. Y
precisamente así sucedió sin que esto signifique que el proceso no haya
avanzado lo suficiente para llenar de esperanza a todos los colombianos.
Como anotara el representante del gobierno tras el
fin de esta primera ronda de La Habana, ”hoy tenemos una oportunidad real
de alcanzar la paz mediante el diálogo. Apoyar este proceso es creer en
Colombia. Es darle espacio a una salida civilizada a un conflicto que ya
cumplió 50 años”.
