Por Allende La Paz, Cambio Total.
Los mismos
militares en retiro han tratado de igualarse a las FARC al reclamar la “simetría
jurídica”. Cosa que además siempre hemos analizado con lupa. Los dos son
combatientes a los cuales atañe el respeto de la población no combatiente,
evidentemente. Mas hay diferencias. Lo grave del asunto y que le da
connotaciones diferentes es que el Estado en su accionar lo hace contra un
pueblo desarmado, inerme, indefenso, no solamente contra las guerrillas, en
tanto la guerrilla lo hace contra las fuerzas militares-narcoparamilitares,
incluídos aquí politiqueros tradicionales que en contubernio impúdico con las
fuerzas militares-narcoparamilitares aseguran así el control político.
Las fuerzas
militares tendrían entonces no sólo que responder por las infracciones
cometidas al derecho de Guerra, sino también a los derechos humanos. Y ahí sí
hay una enorme diferencia. Las violaciones al “derecho de guerra” por parte de
los militares consiste en “uso desmedido de la fuerza”, bombardeos
indiscriminados (caso Santo Domingo, por ejemplo), uso de petos de organismos
internacionales como la Cruz Roja, y “efectos colaterales” como el sembrado de
minas antipersonales con el uso de bombas racimo que afecta a la población
civil, etc ; en tanto las violaciones de derechos humanos de los civiles
que las fuerzas militares-narcoparamilitares asimilan como “combatientes” en
aplicación de “secarle el agua al pez” de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN), evidenciado en el sanguinario Terrorismo de Estado con las
desapariciones (75.000 casos), ejecuciones extrajudiciales (3.500 no más en los
8 años de la administración Uribhitler), masacres (4.000 en toda la historia,
una marca deshonrosa para Colombia), incontables casos de tortura y
desplazamiento forzado interno (más de 5 millones es el acumulado histórico).
Entonces en qué
casos se puede producir la «simetría jurídica» entre militares y
guerrilleros ? Las fuerzas militares están obligadas constitucionalmente a
respetar el “derecho a la vida, bienes y honra” de los colombianos. Por lo
tanto, violar éste precepto constitucional es un delito ante el cual deben
responder los infractores ante los estrados judiciales. Atacar a la población
civil, no combatiente, son delitos castigados penalmente y no puede ampararse
por un “fuero militar” que antes que fuero y defender el honor militar lo que
trata es de crear la más absoluta impunidad ante los delitos cometidos por los
militares en su “guerra contra la subversión”, como en efecto lo hace. La
impunidad en Colombia abarca más del 99% de los casos denunciados.
Increíble !
Por ello, el
rechazo de las organizaciones populares y de derechos humanos al intento de
reformar el “fuero militar” y hacerlo extensivo a “todas las acciones militares”.
Si lo que se quiere es que el pueblo colombiano crea en sus fuerzas militares
éstas deben comenzar a aplicar el “principio de distinción” no solamente en lo
concerniente a los combatientes no combatientes, sino también al concerniente a
las acciones militares como tales.
No es lo mismo
asesinar un guerrillero en combate que asesinarlo cuando se entrega o ha sido
vencido. Son tres situaciones distintas. La primera estaría cobijada por la
ley, en tanto las otras dos están contra el ordenamiento jurídico existente en
el momento actual en Colombia. Por ello, los intentos de los miembros de ACORE
son que bajo el amparo de la “simetría jurídica” y el proceso de Paz de La
Habana les extiendan la más aberrante impunidad a los delitos cometidos en el
accionar del orden público, lo cual es a todas luces inaceptable.
Las guerrillas
nacen en Colombia en respuesta a la agresión armada de Marquetalia –no
cualquier acción sino todo un plan conocido como LASO con 16.000 soldados,
aviación, uso de armas biológicas (peste negra, etc)-, lo cual hace que las
FARC y todas las guerrillas combatan el ordenamiento jurídico existente. Su
lucha es de carácter político y los delitos cometidos por los guerrilleros
tienen una calidad política, diferente a los delitos comunes cometidos por los
militares. Ningún guerrillero adelanta un ajusticiamiento, ni ninguna acción
militar sin una justificación política. Ello establece una clara diferencia a
la luz del derecho internacional y nacional. La guerrilla contribuirá con el
reconocimiento y esclarecimiento de casos que a ella competen, como lo han
afirmado sus camandantes.
Los militares
–y sus acólitos militaristas en el gobierno y fuera de él- pretenden extender
la asimetría conque adelantan la guerra a la “asimetría jurídica” en el
juzgamiento de sus consuetudinarias y sistemáticas violaciones del derecho de
guerra y derechos humanos de los colombianos civiles, desarmados, inermes, que
reciben el tratamiento de guerra aplicadas a las fuerzas guerrilleras. Es de
anotar que incluso los guerrilleros son colombianos que a pesar de su
alzamiento defensivo en armas tiene derechos humanos que no pueden ser
soslayados ni violados, so pena de enfrentar los tribunales civiles que la
propia ley burguesa tiene para el efecto.
Sin embargo, en
aras de la Paz y la concordia de los colombianos proponemos que éste punto se
discuta en la Mesa de Conversaciones de La Habana en el momento preciso. No
entendemos que en momentos de funcionamiento de la Mesa de La Habana el
gobierno adelante la aprobación de leyes que crean todo un manto de impunidad a
los militares, creando así una “camisa de fuerza” al entendimiento y la
concordia. Tal posición refuerza la tesis guerrillera de la imperiosa necesidad
de una Asamblea Constituyente que cree una Nueva Institucionalidad y cree
puentes de recociliación entre los colombianos.
No somos
anti-militares, lo que somos es antimilitaristas. Combatimos la impunidad en todas
sus dimensiones y la denunciamos. Sólo el develamiento de la más cruda realidad
podrá restañar las heridas que 60 años de guerra han producido en la vida
nacional.
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Publicado por
Blogger en CambioTotalRevista el 5/22/2013
