Entrevista
a Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo
Miércoles 1ro de mayo de 2013
Reynaldo Villalba Vargas, es presidente del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y por lo tanto, un importante
defensor de los derechos humanos en Colombia.
Actualmente está en Argentina para difundir la
gravedad de la situación que se vive en Colombia, donde “se siguen violando los
derechos individuales día a día, y donde la criminalidad paramilitar, amparada
por el Estado, sigue siendo parte de la realidad.”.
Recientemente mantuvo un encuentro con el
Secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado,
Héctor Carrica, quien le manifestó la más amplia solidaridad con la lucha del
pueblo colombiano.
A continuación damos a conocer la entrevista
mantenida con Villalba Vargas, sobre cuáles son los parámetros del conflicto
colombiano.
-¿Cómo ve, desde su rol de defensor de derechos
humanos la situación actual represiva en Colombia?
La situación represiva
en Colombia sigue siendo extremadamente grave. A la fecha tenemos más de 2.800
sindicalistas asesinados desde 1986, y sólo en los últimos cuatro años la cifra
supera los 118. Hay también más de 150 defensores de derechos humanos
asesinados desde 2008. El desplazamiento forzado alcanza según algunas cifras,
los 4 millones de desplazados, y hay datos que suben a 5 millones. Personas que
han sido despojadas violentamente de sus tierras y han sido expulsadas de las
mismas, son más de 7 millones.
Nos encontramos en un proceso de paz, que ha
sentado a la mesa a las FARC y al Gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo se
está aplicando una ley llamada “de víctimas”, por la que supuestamente se
estaría restituyendo tierras a los campesinos desplazados de su territorio,
pero desde el año 2006 hasta el presente, ya van más de 70 activistas que
reclamaban tierras y han sido asesinados. Eso dice a las claras que no existen
garantías, porque cuando se mata a un activista de una región, lo que hace es
paralizar de inmediato cualquier tipo de reclamo. La consecuencia obligada de
esto, es que las tierras quedan en manos de quienes se beneficiaron del
despojo.
-Cuál es su opinión sobre cómo se vienen dando las
conversaciones de La Habana?
El proceso de paz es
un anhelo de la mayoría de los colombianos, después de más de 50 años de
conflicto armado que hemos vivido todas estas generaciones. Lo que sí queremos
es que el proceso, cuente con la participación de las organizaciones de la
sociedad civil, más allá de hacer llegar a la mesa nuestras propuestas sobre
los cinco puntos iniciales acordados para discutir ente las FARC y el Gobierno.
Por supuesto aspiramos que se tengan en cuenta las
voces de las víctimas y que se hable cuáles van a ser los términos de verdad,
justicia y reparación.
Nos preocupa mucho la posibilidad de que esté en
marcha una auto-amnistía.
Es decir, que todos los crímenes cometidos por el
Estado durante más de medio siglo, vayan a quedar en la impunidad. A finales
del año pasado se hizo una reforma constitucional que creó lo que hoy se conoce
como el marco jurídico para la paz. Teóricamente esto era para facilitar las conversaciones
con las organizaciones al margen de la ley y para facilitar su incorporación a
la vida civil,, aunque muchos sostuvimos que esto no era necesario, ya que la
Constitución tenía los elementos jurídicos para facilitar cualquier diálogo. De
hecho, la Constitución y el Código Pengal colombiana reconocen el delito
político. Incluso se da la posibilidad que el Estado dicte amnistías o indultos
a favor de quienes han incurrido en delitos políticos.
Todos esos instrumentos estaban, por ello tenemos
el infundado temor de que al final lo que más se esté buscando con este marco
jurídico, una excusa para lograr una auto-amnistía.
Otro tema que nos preocupa es que se ha ampliado
constitucionalmente el fuero penal militar. Durante muchos años, las
organizaciones populares hemos luchado para que ese fueron no se aplicara en
relación a violaciones de los derechos humanos, y que sea la justicia ordinaria
la que asumiera esas investigaciones. Eso se logró en la mayor parte de casos,
pero con esta reforma última, lo que va a suceder es que todas estas
violaciones pasen al fuero militar.
Históricamente hemos demostrado cómo la justicia
penal militar no son tribunales eficaces, independientes e imparciales para
conocer este tipo de criminalidad, y sobre todo en un país como Colombia, donde
existe Terrorismo de Estado y políticas que han facilitado la sistemática
violación de los derechos humanos.
-¿Qué nos puede decir de la discusión sobre la
problemática agraria?
Si se produjera un
avance en los diálogos de paz, hay que tener claro que lo que han convenido las
partes, son negociaciones para poner fin al conflicto armado. Dentro del
acuerdo no está el propósito de transformaciones democráticas ni de discusión
de los modelos de desarrollo económico. Cuando uno ve los cinco puntos, se da
cuenta que eso es así. En cuanto al tema de tierras, por ejemplo, que es
sumamente importante para explicar la violencia política en Colombia, lo que se
dice es que se discutirá el tema del desarrollo rural integral, que no puede
leerse como reforma agraria. Lo que está proponiendo las FARC son zonas de
Reserva Campesina. Hoy hay seis zonas creadas por ley o con fundamento legal y
las FARC estarían reclamando algo más de 400. Estas zonas fueron conquistas de
los campesinos, que han conformado estas Reservas exitosamente, en cuanto a la
organización campesina, a la conservación del medio ambiente y de impedir
también que las multinacionales sigan avanzando. Estas están copando todo el
país, ha habido en ese sentido más de 9 mil entregas de títulos, incluyendo
exploración minera en sitios prohibidos como los páramos, que son fábricas de
agua.
-Existen en Colombia numerosos presos políticos, y
en ese sentido interesa su opinión sobre este grave y no muy propagandizado
aspecto de las consecuencias de la política estatal represiva.
Obviamente que si el
arreglo con el gobierno funciona, buena parte de esos presos y presas deberán
salir en libertad. Un tema que se está discutiendo es cuál sería la justicia
transicional allí, ya que los tribunales internacionales están impidiendo los
indultos para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sin
embargo, lo que estamos viendo es que el Estado está facultado a acordar con
los paramilitares, y no exactamente en los mismos términos, con los
guerrilleros o con cualquier otra organización al margen de la ley.
Ahora, presos políticos los hay. No sólo los que
pertenecen a las organizaciones armadas, FARC y ELN, sino también los
luchadores sociales, defensores de derechos humanos, como el recientemente
condenado David Rabelo, del Partido Comunista, sindicalistas que son
judicializados, o campesinos que están luchando por sus reivindicaciones.
-Usted decía que en la mesa de negociaciones sólo
se está discutiendo, como propósito, el fin del conflicto armado. Sin embargo,
no parece factible que se decida este final, sin que se solucionen las causas
por las que en algún momento se empuñaron las armas.
Como organizaciones
sociales, decimos que la paz tiene que entenderse de manera integral, y que
tiene que hablarse de reformas y de justicia social, para que esta paz sea
duradera y estable. Pero lo que se está diciendo es que primero habría que
firmar el fin del conflicto y luego se iniciarían todos los proceso
democráticos, con la participación del grueso de la sociedad colombiana.
-Finalmente, ¿qué se va a hacer para terminar con
el paramilitarismo? De esto se habla poco, pero es evidente que siguen
existiendo.
Le agradezco la
pregunta, puesto que en el anterior gobierno, de Alvaro Uribe Vélez, se hizo
una falacia de desmonte de los grupos paramilitares:
Hoy, hay ciertas versiones
que sugieren que hubo un rearme, pero queda claro que jamás hubo un desmonte de
las estructuras políticas, económicas y militares que sostenían a esos grupos
paramilitares.
Lo cierto es que no se trata de un reciclado, sino
que el paramilitarismo sigue vigente. El gobierno manifiesta que el
paramilitarismo no existe, que eso ya se acabó con la desmovilización, y que lo
que se da hoy son bandas criminales dedicadas a la extorsión y al narcotráfico,
y de repente le agregan, la minería ilegal. Son argumentos que se caen por su
propio peso. Por ejemplo: las BACRIM no son grupos paramilitares porque no
tienen una estructura jerarquizada a nivel nacional como era el caso de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto no tiene validez, porque las AUC se
conformaron en el camino de todas las organizaciones paramilitares que había en
Colombia, pero no nació el paramilitarismo con ese acuerdo nacional. ¿Qué ahora
se alimentan del narcotráfico y la extorsión? Esa es una realidad de siempre, y
lo mismo ocurría con los anteriores grupos de paracos. Ellos mismo lo
confesaron. Carlos Castaño decía que “el 70% de los recursos provienen del
narcotráfico”.
El que conozca mínimamente la historia del país
sabe que el cuento que hoy quiere hacer creer el gobierno, no es creíble. Por
eso, una de las exigencias que le estamos haciendo al gobierno, es que
reconozca que el paramilitarismo existe, nunca fueron desarmados, porque entre
otras cosas, si se produce un cese definitivo de hostilidades entre la
guerrilla y el gobierno, qué pasa con el aparato criminal al interior del
Estado y qué pasa con esos grupos de asesinos que el Estado ha creado,
sostenido y fundamentado.
Es decir, aquí puede pasar, que aún en proceso de
paz, continúe la misma historia, de exterminio de los militantes sociales,
políticos, sindicales y estudiantiles.
