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| Los comunistas colombianos siguen luchando en situaciones de terrorismo de estado. |
Documento de discusión para el pleno del Comité Central de mayo de 2013.
EL CURSO DE LA SITUACIÓN muestra el avance del diálogo, de importantes eventos de participación
social y de movilizaciones populares esperanzadoras de gran incidencia en la
opinión. El pulso entre el poder dominante y las fuerzas sociales que pugnan
por el cambio muestra un aislamiento cada vez más marcado de quienes se oponen
a la solución política, una ampliación de las vertientes ciudadanas y populares
que la apoyan, pero a la vez un endurecimiento de la politica de clase, de la
represión y fragilización de los derechos humanos. Hace falta un mayor acopio
de fuerzas y una mayor decisión de la movilización de masas en franco
despertar.
En estas
condiciones, entramos en una coyuntura que exige definiciones, iniciativas y
concreción de realizaciones enunciadas. Se trata de definiciones para la
coyuntura electoral, en un contexto de diálogos de paz en La Habana y de
movilizaciones sociales en ascenso, factores todos interconexos. Entramos en un
momento clave de la batalla de ideas sobre la importancia decisiva de lucha
electoral para el avance del proceso en su conjunto.
El presente
documento puntualiza el examen de la situación y de sus perspectivas y presenta
las propuestas del PCC, sus orientaciones y compromisos para la coyuntura.
1. NUEVAS AMENAZAS IMPERIALISTAS EN LA SITUACIÓN INTERNACIONAL.
El curso de la
situación colombiana no puede comprenderse adecuadamente sin considerar algunos
aspectos cardinales del ambiente internacional.
El primero y
más importante es la persistencia de la crisis capitalista mundial como crisis
global, con las características que analizó el 21 Congreso del PCC. En ella no
se vislumbra una salida a corto plazo, menos aún estructural, esto es de larga
duración. Como es sabido, la crisis se manifiesta con fuerza en el continente
europeo. Las soluciones capitalistas de la crisis muestran la profundidad de la
misma. Resalta en especial la política de austeridad o doctrina Merkel como
principal remedio, con su consecuencia de despidos masivos, reducción de
salarios, derogación de garantías sociales y deconocimiento de los reclamos
masivos de la población. Las derechas en Grecia, Italia, España, Portugal y
Chipre aplican el mismo recetario. La socialdemocracia francesa en el gobierno
intenta imponer una versión propia de austeridad. La crisis capitalista en la
UE está aún en pleno desarrollo y pone en cuestión el andamiaje monetario del
euro, la solidez de la integración y el Pacto social de la segunda post guerra
con sus ndos componentes básicos: el Estado de bienestar y las negociaciones
colectivas entre sindicatos y empresas.
En el marco de
la crisis la alianza atlántica y su brazo armado la OTAN promovió distintas
acciones para sofocar la “primavera árabe” como la agresión a Libia, los
ensayos de intervención en Siria, las amenazas a Irán y el apoyo a los
regímenes reaccionarios de Qatar, Yemen y Arabia saudita. Estados Unidos y el
régimen israelí apoyan a grupos opositores y arman aparatos de mercenarios. Los
ataques directos de Israel a Siria agudizan la tensión en el Oriente medio que
se amplifica con las amenazas a Irán.
El
intervencionismo militar de Estados Unidos, después de la agresión a Libia, se
ha traducido en una militarización neocolonial del continente africano
particularmente con el traslado del Africom (Comando del ejército
estadounidense para África) a Trípoli. El desembarco de tropas francesas en
Malí para sofrenar los empeños desestabilizadores y divisionistas en este país,
confirma, sin embargo, esta peligrosa tendencia.
Un segundo
aspecto es el rumbo estratégico del imperialismo estadounidense que se expresa
en la “Alianza Transatlántica EEUU-UE sobre comercio e inversiones” y la “Alianza
Transpacífica” en el marco de la cual se ubica el llamado “Arco del Pacífico”
al que se articulan Colombia, Chile, Perú, países de Centroamérica que han
suscrito TLCs con Estados Unidos y el propio TLCAN. Este grupo prevé su reunión
cumbre en Cali, el 24 de mayo próximo, en sintonía con el proyecto de Obama de
un área que reafirme el poder estadounidense en el Pacífico. Independientemente
de puntos particulares, el propósito de estos acuerdos es desarticular los
proyectos nacionales y los bloques regionales independientes como Mercosur,
Unasur y Celac, así como confrontar el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica) es decir las potencias intermedias que hoy compiten
con los focos imperiales. Con ello hace juego la revisión de la doctrina
militar que pasa a ubicar la región Asia-Pacífico como el punto principal de
amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Todos estos pasos
muestran el objetivo explícito de recuperar su hegemonía económica y política.
Especialmente
delicada es la situación en la RDPC contra la que se han incrementado las
amenazas. Frente a los ejercicios militares provocadores en cercanía de sus
aguas territoriales por Estados Unidos y Corea del sur, la RDPC adelanta un
intenso reforzamiento defensivo en su propósito de una reunificación pacífica
del país. El gobierno norcoreano ha hecho gestos de distensión y reclama de la
ONU la suspensión de las medidas de bloqueo comercial impuestas por el no acatamiento
a la inspección sobre producción de armamento nuclear.
Un tercer
aspecto implica directamente la situación en América Latina. Tras las
declaraciones del secretario de Estado Kerry en que retoma la indignante
calificación de nuestro continente como “patio trasero” de Estados Unidos la
gira de Obama por Centroamérica tocó dos puntos clave: el “arco del Pacífico” y
el respaldo al proyecto de ultraderecha de desconocer los resultados
electorales de Venezuela, con poca audiencia en los gobiernos del área.
Es evidente que
existe una contraofensiva de los Estados Unidos y sus aliados hacia los cambios
democráticos en el continente cuyos puntos relevantes han sido los golpes de
Estado en Honduras y Paraguay. Esa contraofensiva tiene en la mira el proceso
bolivariano en Venezuela.
Como señala el
Foro de Sao Paulo “El ciclo progresista y de izquierda iniciado en 1998 tiene
fuerza porque no es único ni uniforme, se desarrollando sobre distintas
formaciones históricas y sociales, con fuerzas que tienen horizontes
estratégicos diferenciados, aunque de izquierda, y que poseen niveles de
acumulación distintos. Por eso conseguimos vencer en países con distintas
historias, culturas, estructuras sociales y políticas. Pero la pluralidad de
estrategias nacionales debe combinarse, cada vez más, con una estrategia
continental basada en la integración regional y con la definición de . Pero
el?características comunes en los modelos alternativos en marcha” imperialismo
sabe que la pieza clave de los procesos integracionistas y de unidad
latinoamericana la representa el proceso venezolano y pone sus apuestas en la
terminación de dicho proceso. La desaparición del principal dirigente de la
revolución en pleno desarrollo de una coyuntura política difícil ha afectado la
fuerza dirigente al frente del gobierno que debe asumir y resolver agudos
retos. Lo viene haciendo el presidente Maduro en la defensa de la legitimidad
del sistema y del gobierno, en los esfuerzos por enfrentar la inflación, la
devaluación del bolívar y la especulación con las divisas, las manifestaciones
de desabastecimiento, la manipulación por distribuidores privados del fluido
eléctrico, que afectan directamente a la población y los fenómenos de
corrupción que exigen medidas severas y el control colectivo de una
elevada consciencia cívica. Son problemas que requieren de un tratamiento
cuidadoso, persuasivo, afianzado en las conquistas de las misiones
bolivarianas,sobre la base de la más sólida unidad de las fuerzas que respaldan
el proceso.
En el presente,
la revolución bolivariana exige el apoyo solidario de todas las corrientes
avanzadas, democráticas y populares del continente y del mundo. Un primer
obstáculo a vencer es la desinformación y el maridaje de la ultraderecha
guerrerista colombiana enemiga del diálogo con la peor reacción venezolana. El
monopolio de los grandes medios de comunicación, alineados sin excepción con el
proyecto anti chavista, es el principal instrumento de la contraofensiva
imperialista. Más que nunca, los enemigos de la paz con justicia social, de
nuestra soberanía e independencia, son los enemigos comunes a vencer.
En la medida en
que se ha internacionalizado la lucha del pueblo colombiano por una solución
política y que numerosos movimientos sociales, partidos y gobiernos se
manifiestan en apoyo a los diálogos actualmente en curso en La Habana se
amplían el horizonte y la importancia de la actividad política en el exterior a
favor de la paz. Debe resaltarse el papel del Foro de Sao Paulo, el Encuentro
efectuado el 8 de abril en Bogotá, las valoraciones del GT sobre el actual
proceso, la inclusión del tema Colombia en el XIX Encuentro a realizarse en Sao
Paulo y el debate adelantado para definir una posición correcta y solidaria del
FSP con las fuerzas que defienden la solución política en Colombia. Tambien
deben valorarse los esfuerzos logrados en UE junto con la necesidad de unificar
criterios de amplitud, coherencia e inclusión para incorporar nuevos aliados,
en UE y otros países como Venezuela, Brasil, Argentina que se integren al apoyo
a la lucha del pueblo colombiano por la paz, la justicia social, la democracia,
la soberanía y la superación del intervencionismo militar estadounidense en
Colombia y América Latina.
2. UNA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN DETERIORO. LA RESPUESTA POPULAR.
Al igual que en
el conjunto de Nuestra América, la persistencia de la crisis capitalista a
nivel mundial, no ha afectado de manera significativa la economía colombiana,
hasta ahora. Solamente en el último semestre se ha observado una tendencia a la
desaceleración no acentuada del proceso económico. Tal desaceleración parece
explicarse más bien por los impactos de la política neoliberal de “libre
comercio” y de puesta en marcha de los TLC, que viene afectando –como se
esperaba- el aparato productivo industrial y agrario, y acentuando la
reprimarización de la economía. Salvo contados renglones de la actividad
industrial y algunas empresas, para el conjunto de la industria los impactos a
futuro serán devastadores, con la correspondiente destrucción de empleo. En el
mismo sentido, se observan los efectos sobre la producción agrícola. La
liberación de las importaciones, junto con la continuada revaluación del peso,
viene afectando la producción de café, arroz, algodón, cacao, papa, entre
otros, y, en general, deteriorando las condiciones de soberanía y seguridad
alimentaria.
A lo anterior
se agrega la política de entrega de los recursos naturales al capital
transnacional, el cual llega atraído por incentivos extremos y escandalosas
exenciones tributarias. Aunque en los primeros meses de este año, se observó
una reducción del ritmo de crecimiento de la inversión extranjera, debe
señalarse que en 2012 tal inversión superó los 15.000 millones de dólares,
situándose en proporción como una de las más altas de la región al considerar
el tamaño de la economía. Los aumentos espectaculares de esta inversión se han
visto acompañados de aumentos similares en las remesas de utilidades por parte
de las transnacionales, evidenciándose su carácter expoliador, al que debe
sumársele su condición de depredación socioambiental.
La tendencia
general de la acumulación capitalista viene produciendo una profunda reorganización
territorial, que se ha constituido en fuente inagotable de contradicciones y
conflictos entre en capital y el trabajo y entre éste y la naturaleza en sus
más variadas formas. El análisis político de la acumulación, entendida ésta
también como un momento de la lucha de clases, permite explicar la dinámica de
las luchas, de las resistencias y de la producción social del territorio, así
como la incorporación en ellas de un sujeto político más transversal, expresivo
justamente de la forma territorial que asume el capital.
La porosidad
territorial de acumulación capitalista es al mismo tiempo la porosidad de las
luchas, y explica su relativa dispersión y asincronía, pero es al mismo tiempo
una fuente inagotable de continuidad. La etapa actual de la acumulación muestra
que estaremos en presencia de continuidades en la resistencia y la
movilización, lo cual impone retos organizativos y de persistencia en la unidad
al accionar de los comunistas. La dispersión de las luchas en sí misma no es un
factor negativo. Lo negativo es que éstas no se logren juntar y sincronizar.
Ahí está precisamente el reto que enfrentamos, en juntar las rebeldías,
sincronizarlas y proyectarlas en la forma de proyecto alternativo unitario con
vocación de poder.
Las recientes
luchas de los campesinos cafeteros y de los productores de papa, la
persistencia de las luchas de las nuevas generaciones de clase obrera en el
Cerrejón, Cerromatoso, Pacific Rubiales y otras movilizaciones contra empresas
transnacionales, los movimientos socioterritoriales contra la expropiación de
territorios, las luchas del proceso de zonas de reserva campesina, la
persistencia en la defensa del derecho a la salud y la educación, las demandas
por una redistribución más equitativa de las regalías, son indicadores del
momento histórico de la contradicción de clase, que involucra a sectores cada
vez más amplios de las clases subalternas. Hay que destacar las resistencias a
la contra reforma pensional, las movilizaciones de la alianza nacional por la
salud Ansa y los debates de la senadora Goria Inés Ramírez por la reforma a la
salud.
También
expresan la forma como el capital las enfrenta, combinando la búsqueda de
acuerdos focales con el ejercicio de la represión y la criminalización. Pero en
lo esencial, dando continuidad y profundizando su política, como lo demuestra
la reforma tributaria, concebida para compensar los incentivos al gran capital
con el castigo impositivo a los sectores medios de la población, o los
proyectos de reforma a la salud y las pensiones, actualmente en trámite, que
están diseñados en lo fundamental para garantizar la rentabilidad y reorganizar
el negocio capitalista en esos campos. En el mismo sentido, debe considerarse
el “Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)”, anunciado
recientemente, que en sentido estricto da continuidad y busca concretar
políticas del Plan de Desarrollo, mediante la disposición adelantada de
recursos para agilizar obras de infraestructura (un talón de Aquiles de la
acumulación capitalista), y por esa vía contrarrestar la desaceleración del
crecimiento, estimular la generación de empleo, considerando que se mantienen
registros superiores al promedio de la Región.
A lo anterior
se agrega la política de vivienda de interés prioritario, con la que el Gobierno
de Santos da continuidad a las políticas de asistencia social de los gobiernos
neoliberales de las últimas décadas, concebidas para la regulación social de la
pobreza y la construcción de base social favorable al proyecto de dominación de
clase. Igualmente, el estímulo al endeudamiento regulado de los hogares,
principal sostén de un bienestar ficticio, que deshace el consumo basado en el
ingreso, y lo modela con fundamento en las deudas, extendiendo de esa forma el
dominio del capital financiero a la vida cotidiana, para reducir trayectorias
de vida al pago de deudas. Se trata de un modelo que ha hecho agua en otros
lugares del planeta en el marco de la actual crisis capitalista. Al mismo
tiempo, merece la mayor atención, no solo por el potencial de crisis que
acumula, sino por las posibilidades para la acción y la movilización política
en los espacios urbanos.
3. EL PROCESO DE DIÁLOGO Y SU IMPACTO EN LA SITUACIÓN NACIONAL
Los diálogos de
La Habana se han convertido en un referente ineludible del proceso político
colombiano. Desde sus inicios, se apreció que ellos habrían de incidir de
manera significativa sobre las configuraciones del mapa político del país,
tanto en lo referido a las fuerzas políticas e intereses en contienda, como en
lo concerniente a los temas medulares del debate político. La apertura de la
posibilidad de una solución política al conflicto social y armado, aspiración
sentida y disputada por el movimiento social y popular después de la ruptura de
los diálogos del Caguán en medio de la arremetida de la política guerrerista de
la mal llamada seguridad democrática, representa el hecho político más
importante de la última década. Se trata de un logro del mayor significado, con
el que ha estado comprometida la política de los comunistas. Dicho logro ha
puesto en evidencia los límites históricos de la solución militar que han
pretendido imponer las clases dominantes en largas décadas de confrontación
armada.
No se está en
presencia de unos diálogos provocados por la derrota política y militar de la
guerrilla, conducentes a su rendición, desmovilización y reinserción en la vida
civil, sino de un escenario en el que -por voluntad expresa de las partes- se
ha abierto un compás para el ejercicio pleno de la política. Ello se manifiesta
de manera clara en la Agenda pactada que considera en sus diversos componentes
el diálogo con la perspectiva de la negociación y el acuerdo, sobre aspectos
nodales de las relaciones de poder existentes en el país, tales como el
desarrollo rural integral, la participación política, los cultivos de uso
ilícito y el narcotráfico, la víctimas del conflicto, y las condiciones para la
transición política hacia una paz estable y duradera, entre otras. En lo
esencial estamos frente a la posibilidad de redefinir, a través de un acuerdo
de paz, la constitución histórico-concreta del poder social, así como de sus
mecanismos y dispositivos de reproducción. Como tampoco se trata de un proceso,
basado en la victoria de las fuerzas insurgentes, la posibilidad que se viene
desatando se refiere en lo fundamental a la definición de nuevas relaciones de
poder que permitan agregar a la democratización política, económica y social
del país, y de esa manera contribuyan a sentar las bases de una paz con
justicia social.
Para avanzar en
la perspectiva de la solución política, más allá de la dinámica propia de la
Mesa de diálogos, se requieren dos condiciones, con las que los comunistas
comprometen plenamente accionar político en el momento actual:
Primera,
derrotar políticamente la idea de la solución militar que en la actualidad
tiene dos expresiones con matices distintos. Por una parte, la representada por
las fuerzas militaristas y de ultraderecha contrarias a cualquier intento de
solución política e identificadas con un concepto de “solución final” basado en
el doblegamiento pleno o el exterminio del enemigo terrorista. Por la otra, la
expresada en las ambivalencias aparentes de la política del Gobierno de Santos,
mediante la cual se aspira a producir definiciones en la Mesa de diálogos con
fundamento en la presión o en golpes militares que limiten o anulen el accionar
insurgente. De ahí la reiterada renuencia frente las propuestas del movimiento
social y popular y de la propia insurgencia acerca de un cese bilateral de
fuegos. Esta visión se concreta en la afirmación que “la paz es la victoria”.
Segunda, en
estrecha relación con la anterior, generar las condiciones para una apropiación
social de los diálogos, que asuma los rasgos de un amplio movimiento social y
por la solución política y la paz con justicia social, capaz de producir un
cambio en la correlación social de fuerzas. En este aspecto, la unidad y la
convergencia de los procesos populares devienen en necesidad. Iniciativas de la
Marcha Patriótica como las constituyentes regionales y sectoriales, el Congreso
de la Paz del Congreso de los Pueblos, propuestas de paz de País Común,
acciones de la Ruta Social común por la paz, y demás actividades del movimiento
social y popular y de las organizaciones no gubernamentales, merecen todo
nuestro respaldo y esfuerzo para juntarlas y contribuir a superar la relativa
dispersión creativa imperante.
El debate sobre
el primer punto de la Agenda, el desarrollo agrario integral, reafirmó el
profundo significado histórico de los diálogos. Tras lustros de relativo
silencio político y académico, la no resuelta cuestión de la tierra volvió al
primer plano del debate político del país. Su incontrovertible relación con la
naturaleza histórica y el carácter social del conflicto armado se puso en evidencia.
La imperiosa necesidad de una profunda reforma agraria integral, concebida en
la visión programática de los comunistas como una tarea histórica pendiente,
afloró nuevamente desde la Mesa para instalarse en el núcleo de las
aspiraciones del pueblo colombiano. Desde luego con los nuevos contenidos que
ha dejado la impronta de la acumulación capitalista, basada en el despojo y el
desplazamiento, la depredación socioambiental, la desigualdad y la pobreza
rural y la entrega de los recursos naturales al capital transnacional, para
convertir la producción social del territorio en uno de los ejes de las luchas
rurales y agrarias del momento.
A través de los
medios de comunicación se ha conocido el documento de 100 propuestas presentado
por las FARC-EP en la Mesa de diálogos; en los medios también se han expresado
algunas posiciones gubernamentales sobre temas centrales de la Agenda.
Igualmente se ha reconocido por las partes que se ha avanzado en la definición
y redacción de elementos para un acuerdo en esta materia, aunque persisten
diferencias sustanciales. Todo parece indicar, en una lectura juiciosa de los
documentos y las declaraciones, que el Gobierno se rehúsa a cualquier
afectación de la propiedad del latifundio ganadero improductivo, y que su
entendimiento de la democratización de la propiedad sobre la tierra se centra
en gran medida en la titulación de baldíos. En este punto, su visión es además
muy limitada, como lo ha demostrado el debate sobre el proceso de las Zonas de
Reserva Campesina. Antes que reconocer expresamente esta legítima aspiración
campesina y contribución al propio proceso de paz, los voceros gubernamentales
lo siguen considerando como parte de su estrategia contrainsurgente y le han
impuesto un veto de facto, definido por el Ministerio de Defensa y acompañado
por el Ministerio de Agricultura con el concepto franquista de “republiquetas
independientes”. A lo anterior se agregan las dinámicas de la producción
capitalista del territorio que al parecer no quieren ser consideradas en absoluto:
la extracción minero-energética, los agrocombustibles, y los tratados de libre
comercio entre otros. Las posiciones del gremio latifundista se expusieron como
nunca de manera abierta y descarnada, poniendo en evidencia su virulenta
resistencia a cualquier posibilidad de democratización de la propiedad.
Del actual
ciclo de diálogos, se esperan avances más claros hacia elementos de un acuerdo
sobre este primer punto, aunque no debe esperarse un cierre definitivo. El
principio de negociación consistente en que “nada está acordado hasta que todo
esté acordado”, le concede una relativa flexibilidad a la dinámica los
diálogos, permitiendo que los acuerdos parciales, queden incluso abiertos para
discusiones posteriores.
Los avances en
materia agraria dependerán en gran medida de los agregados del movimiento
campesino, de su capacidad de organización y movilización, mostrada de manera
ejemplar por las ANZORC. Asimismo, de su articulación con las aspiraciones
territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La realización
del Foro sobre Participación política, para recoger las propuestas del
movimiento social y popular y de la sociedad en general sobre el punto 2 de la
agenda, posee gran significado. Primero, porque es el resultado de una voluntad
expresa de las partes, lo cual es un indicador de diálogos con perspectiva. Y
segundo, sobre todo, por cuanto se convirtió en un evento, en el que más allá
de las notorias diferencias y los matices, se manifestó el apoyo al proceso de
paz de los partidos políticos, de los movimientos sociales y políticos, de la
Iglesia, y de las organizaciones de mujeres, indígenas, campesinos,
afrodescendientes, con la excepción de la agrupación Centro Democrático, que
hace recurrentes esfuerzos por nuclear a los enemigos del proceso. Una vez se
inicie en La Habana la discusión sobre este segundo tema, debe esperarse que
éste se ponga, como en el caso del primero, en el centro de la atención
nacional. Y no puede ser de otra manera, pues se trata de otro de los asuntos
cardinales de la vida política del país: La organización institucional del
poder y la concepción de democracia. El Foro puso una vez más en evidencia el
compás que abren los diálogos para avanzar hacia la mayor democratización del
país. También evidenció, en lo que se refiere a las elaboraciones programáticas
de la izquierda, la necesidad de superar enfoques meramente institucionales de
la participación política, frecuentemente reducidos a la participación
electoral. La rica experiencia del movimiento social y popular, el desarrollo
de nuevas prácticas y repertorios de participación desde abajo requiere no solo
ser teorizados, sino diseñados en la forma de propuestas concretas.
En el debate
político actual, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente viene
adquiriendo fuerza. Aunque el tema se ha puesto en discusión como el mecanismo
más idóneo para la refrendación de un eventual acuerdo de paz, lo cual es desde
luego fundamental, su valor político posee un mayor alcance. En realidad, lo
que están mostrando los diálogos de La Habana es el agotamiento de un ciclo
histórico de organización del poder, expresado en los diseños de la
Constitución de 1991, que demanda ser superado, hacia una nueva calidad de la
organización social. La perspectiva política no se encuentra en el pasado, ni
en la refrendación electoral de un sistema basado en el fraude estructural y la
inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición y la posibilidad de
ser gobierno, que muestra evidente signos de crisis, como lo demostró el propio
Foro de participación política. La tarea política actual demanda un compromiso
histórico de mayor calado: La construcción unitaria de un proyecto político
ambicioso, tendiente a la transformación estructural de la actual organización
del poder. En ese sentido, la perspectiva constituyente posee un valor sin
igual. Primero, porque los diálogos de La Habana han contribuido a abrirla.
Segundo, por cuanto la dinámica de la organización y la movilización y popular,
estimulada por las múltiples conflictividades que viene generando la
acumulación capitalista, indican que podemos estar en presencia de luchas en
ascenso, todavía dispersas, que pueden ser canalizadas hacia un cambio en la
correlación de fuerzas a favor de la mayor democratización.
El lugar de
encuentro, en términos de proyecto político, puede ser justamente un amplio
movimiento por una Asamblea Nacional Constituyente. Desde luego que las
subjetividades respecto de esa perspectiva tienen que ser producidas. En ello,
deben concentrarse los esfuerzos del accionar comunista en la etapa actual. Y
tercero, por cuanto la experiencia de la acción política de Nuestra América
durante los últimos lustros demuestra que hay espacios para en una construcción
del poder desde abajo, siempre y cuando exista la voluntad política para ello.
Propiciar un gran acuerdo político en esa dirección deviene en tarea central
del momento actual de la lucha de clases.
4. REAGRUPAMIENTOS POLÍTICOS Y CENTRALIDAD DEL PROCESO DE PAZ
La tesis
sostenida en el XXI Congreso del PCC sobre el papel determinante del proceso de
paz en la reconfiguración del proceso político colombiano, ha sido confirmada
por el proceso real. Tanto en el campo político de la derecha, el centro y la
izquierda la mediación de las negociaciones de La Habana, ha sido definitiva.
Las perspectivas, dificultades y posibilidades de una negociación del conflicto
social-armado son el centro de la vida política colombiana. La lucha histórica
de los comunistas colombianos se convierte en eje del devenir de nuestra patria
y sus consecuencias rebasan nuestras fronteras nacionales.
En los sectores
de derecha la oposición al proceso de paz es cada día mayor y de forma directa
emergen posiciones neo-facistas representadas por el uribismo, gremios como
Fedegan y órganos de control estatal como la Procuraduría. Sus estrategias son
diversas e intentan ganar espacios en la llamada “opinión pública”. Van desde
pretendidas campañas “moralizantes” en oposición al aborto y el matrimonio de
parejas del mismo sexo, la conformación de frentes de “víctimas” contra la
insurgencia, hasta el rechazo total o boicot (entrega de las coordenadas) a
cualquier negociación de paz. El periodismo crítico ha llamado la atención de
los estrechos vínculos entre supuestas agremiaciones de “víctimas” y grupos
históricos neo-nazis; como también, ha denunciado, preocupantes relaciones
entre sectores del poder judicial y posiciones de extrema derecha. La derecha
en Colombia se está aglutinando bajo la única bandera del rechazo total a
cualquier iniciativa de paz. Actualmente la derecha intenta agruparse en el
llamado “Centro democrático”.
El gobierno
nacional mantiene una posición vacilante, coyunturalista y contradictoria
frente a las perspectivas de la paz. Parece que en sus cálculos pragmáticos quiere
quedar bien con todos los sectores de las clases dirigentes. No toma posiciones
categóricas y comprometidas con las iniciativas de paz, sino establece un juego
de roles oportunista para tratar de ganar en cualquier circunstancia: ya sea
que se logre la firma de un acuerdo o no en La Habana. De cierta forma, el
gobierno Santos y los sectores que representa, se encuentran encarcelados de
sus afanes reeleccionistas y operan con cálculos electoreros. En ámbitos
relativos a la paz muestra su rostro reaccionario. Frente al “fuero militar” y
la Ley Estatutaria para su justificación, las posibilidades de un cese al
fuego, la propuesta gubernamental de “justicia transicional”, la violación
continuada de los Derechos Humanos, las amenazas a periodistas, sindicalistas y
luchadores por la tierra, el nombramiento de magistrados seriamente
cuestionados, etc., muestra las posiciones de derecha o ambiguas del gobierno
actual. Es en extremo grave la situación de los presos políticos que el
gobierno se niega a reconocer como tales. La ruta para la paz con justicia
social exige la más amplia solidaridad con todos ellos.
La polémica
pública, muy divulgada por los medios de comunicación, entre el Fiscal y el
Procurador, muestra las profundas divergencias y la centralidad que ha
adquirido la lucha por la solución política del conflicto colombiano. Polémicas
relevantes sobre aspectos básicos de la negociación como las finalidades
últimas de la paz, los tiempos necesarios de los Acuerdos, la concepción de la
justicia transicional, el sentido de la reconciliación, la idea de reparación,
etc., evidencian las fracturas de las clases dirigentes frente a la terminación
del conflicto. El gobierno muestra un rostro pasivo y ambivalente frente a
estos debates decisivos.
Los partidos políticos
tradicionales, completamente cooptados por la modorra de la “unidad nacional” y
las ambivalencias del poder ejecutivo, no tienen ninguna iniciativa por la paz.
Se limitan a esperar las escasas iniciativas gubernamentales y las
declaraciones formales de apoyo al proceso. En los últimos días, existen
síntomas en el Partido Conservador, que sectores afines al rechazo al proceso
de Paz, empiezan a ganar terreno para intentar acercar al conservatismo a
posiciones aun más a la derecha.
La derecha
pretende limitar el campo de la política a la falsa disyuntiva entre el “uribismo”
y el “santismo”. Intenta instrumentalizar para beneficios electorales, con el
apoyo de los medios de comunicación monopolizados, los matices personales de
estos representantes del neoliberalismo. Hacer útil esta seudo-polarización es
parte de mantener el poder de los sectores dominantes.
En el ámbito
del “centro” y de la izquierda también el nudo de la lucha de ideas pasa por la
actitud frente a la solución al conflicto y las perspectivas de la paz. La
supuesta tesis, sostenida por ideólogos de “Progresistas”, sobre la existencia
en Colombia de altas posibilidades para “crecer” hacia el “centro”, se
convierte en problemática en las circunstancias de Colombia. Las experiencias
de los “Verdes” y “Pido la palabra” son una muestra histórica de las
limitaciones de las propuestas del denominado”centro”. Sus claros
desplazamientos a la derecha muestran la imposibilidad de postular un campo
político en Colombia que no tenga que potenciar su fuerza a partir de la
izquierda revolucionaria. La iniciación de las conversaciones entre Gobierno e
Insurgencia, ha obligado a discutir las causas estructurales del conflicto
colombiano y la imposibilidad de mantener una actitud “neutral” frente a esta cruda
realidad.
La traición de
la actual dirigencia del PDA parte del desconocimiento profundo de los
problemas de la paz y la guerra en Colombia. Mientras las bases del PDA y la
izquierda en su conjunto comprometen todos sus esfuerzos en la solución política,
una dirección aislada del clamor popular, con sus actitudes prácticas desconoce
la centralidad de la paz. El marginamiento de la “Marcha por la Paz” de 9 de
abril, la incomprensión de procesos como “Marcha Patriótica” y “Congreso de los
Pueblos”, son ejemplos de sus errores en la caracterización del momento
político. El PDA tendrá que tramitar sus limitaciones históricas y sus bases
sociales incrementar la gran fuerza por la paz de Colombia.
En el momento
actual existen importantes acciones y organizaciones políticas comprometidas
con la solución política del conflicto y la consolidación de bases sólidas para
una paz estable. La izquierda comunista y revolucionaria ha cumplido un papel
relevante en la reflexión y acción política por la paz. Consideramos que la
Marcha de 9 de abril constituye un hito fundamental en ese sentido. Las
posibilidades reales de un Frente Amplio por la Paz nacen en veredas, campos,
organizaciones, ciudades, a través de diversos escenarios colectivos. Son
diversas las condiciones que lo podrán hacer posible, pero algunas de las
necesarias son: realizar esmerados esfuerzos por la unidad de la izquierda en
las tareas de la paz; fortalecer las organizaciones unitarias existentes como
la Ruta Social Común por la Paz; incentivar los procesos de las Constituyentes
por la paz; fortalecer organizativamente y cooperativamente el trabajo del PCC,
Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos; promover el inicio de
negociaciones con el ELN y el EPL; construir caminos para una candidatura presidencial
unitaria que represente los anhelos nacionales de paz; entre muchas
otras.
El campo de lo
polìtico en la hora actual exige el compromiso diario y unitario por la
construcción de la paz en Colombia. La construcción de un Frente Amplio por la
Paz es el escenario político que lo puede garantizar y potenciar. No podemos
perder este horizonte fundamental en nuestras acciones políticas. Ante los
procesos electorales de 2014 no podemos desplazar u opacar nuestro horizonte.
Estas elecciones no se realizan en un conyuntura rutinaria y los esfuerzos
críticos para no desorientar su significado profundo es conveniente analizarlo
cada dìa y en cada coyuntura.
Algunos de los
postulados que tenemos que discutir son: el proceso electoral tendrá relaciones
estrechas con los procesos y tiempos de la negociación de la Habana; nuestras
decisiones polìticas implican un análisis profundo de estas negociaciones;
nuestra participación debe tener como centro un Programa por la Paz y la
Democracia; las alianzas deben estar condicionadas a este Programa por la Paz y
la Democracia; nuestra participación debe criticar de forma radical el sistema
electoral existente en Colombia.
Una izquierda
unitaria y el campo popular tienen sobre sus hombros la posibilidad histórica
de contruir una paz estable y duradera. La consolidación del Frente Amplio por
la Paz es el escenario político de la hora actual.
5. EL FRENTE AMPLIO POR LA PAZ Y SUS PERSPECTIVAS
En el contexto
de un avance del proceso de paz y el ascenso de luchas y resistencias sociales
no hay que perder de vista las posibilidades reales y la necesidad que se abra
camino un cambio político con el objetivo inmediato de constituir un Gobierno
democrático de amplia participación popular para la paz con justicia social, en
el corto y mediano plazo, conforme a lo previsto por el XXI Congreso.
Un objetivo de
este tipo será imposible de materializar sin una correlación de fuerzas
democráticas con la capacidad suficiente para neutralizar a los sectores
reaccionarios y a las fracciones dominantes que buscan sabotear o
instrumentalizar, en el menor de los casos, los efectos políticos favorables
que se deriven de un posible acuerdo de paz. ¿Qué tanto se ha avanzado en esta
dirección? ¿Cuales son las posibilidades reales de materializar una
convergencia o frente amplio en el corto plazo? ¿Cómo articular éste objetivo
con las exigencias de un periodo electoral? Son cuestiones sobre las cuales
debe haber mayor iniciativa e intervención desde el PCC y MP.
La jornada del
9 de abril constituyó una experiencia exitosa de unidad de acción sobre
objetivos políticos concretos: la defensa del proceso de paz, las garantías y
libertades democráticas y la defensa de lo público. Muestra la certeza de la
orientación partidaria de moverse sin prejuicios, con principios pero a la vez
con audacia, en la dirección correcta de ampliar el vinculo con sectores
diversos de la sociedad dispuestos a jugársela como nosotros, pero desde sus
particularidades, a favor de un respaldo a los diálogos, contra la continuidad
de la guerra y por la construcción de una paz con justicia social. Todo indica
que hay que seguir desarrollando y profundizando una orientación de este
tipo.
En Bogotá se
trabaja por mantener, ampliar y profundizar los acuerdos de unidad de acción
que permitieron la realización del 9 de abril mediante una campaña permanente
por la paz, la democracia y la defensa de lo público, que incluirá actividades
y procesos culturales, sociales, políticos, religiosos, foros, congresos,
constituyentes, entre otras iniciativas con el propósito de mantener informada,
en alerta y movilizada a la ciudadanía y a la opinión pública sobre estos tres
temas de importancia distrital y nacional.
Lo anterior no
significa perder la independencia frente a la administración distrital o
nacional, ni mucho menos renunciar a la lucha por los derechos de las
comunidades, tal cual ha quedado en evidencia con las acciones de hecho
realizadas por organizaciones de desplazados y las comunidades del Sumapaz para
reclamar sus derechos; o por los trabajadores de la ETB frente a la
intransigencia de las directivas de la empresa en el proceso de negociación
laboral. Por el contrario, la iniciativa del Partido que ha sabido acoger MP ha
permitido ir superando prevenciones y sectarismos entre las organizaciones y
fortaleciendo la capacidad de interlocución y autonomía de los procesos
populares. Más que eventos o actividades desarticuladas hay que proponerse
mantener una movilización permanente desde lo local regional y sectorial – todo
no pueden ser movilizaciones a Bogotá - que estimulen la lucha social, política
e ideológica de las comunidades a favor de la paz con justicia social. Procesos
de este tipo, sumados a las luchas que se libran en otros sectores como el
agrario, educativo, minero, etc. favorecen en los hechos las posibilidades del
Frente Amplio desde la base más allá del simple acuerdo burocrático de fuerzas.
Una prioridad:
Reagrupar a la Izquierda Unitaria.
En el escenario
de dispersión de fuerzas que sería negativo de mantenerse en el tiempo, nos
hemos propuesto en el proceso hacia un Frente o Convergencia amplio por la paz,
la democracia y la soberanía, avanzar en la tarea de contribuir a reagrupar un
bloque de izquierda que supere las urgencias electorales, sin descartar su
participación. Esta iniciativa, surge de la evidente desnaturalización del PDA,
que ha conllevado nuevas escisiones, la última de ellas el surgimiento de País
Común con su pre candidatura presidencial, que se suma a la existencia de MP,
el Congreso de los Pueblos, y a otros reagrupamientos regionales o nacionales
que no tienen claro su devenir político, inclusive, varios de ellos todavía
formalmente miembros del PDA.
Hasta el
momento, la iniciativa de reagrupamiento proviene de sectores intermedios que
buscan ante todo una alianza para superar el umbral electoral, algo que si bien
es cierto es necesario, reedita la experiencia negativa del PDA que no debe
volver a repetirse. Los intentos del PC hasta el momento han sido muy débiles,
en gran parte porque MP no cuenta todavía con una política de unidad y alianzas
lo suficientemente clara como para liderar un reagrupamiento en perspectiva de
la izquierda unitaria y el Frente Amplio. Algo similar sucede con el congreso
de los pueblos donde persisten lecturas distintas sobre el escenario político
unitario a priorizar, y en el cual el PUP, una de sus fuerzas principales,
sigue comprometido con la estrategia del PDA.
Todo indica que
nuestra decisión como PCC pasa en primer lugar por construir un acuerdo de MP
discutiendo una definición clara en el campo de la política de alianzas y
unidad. Lo deseable sería que MP no fuera una invitada en el proceso de
reagrupamiento de la izquierda sino por el contrario, podría ser el principal
dinamizador de la Unidad de la Izquierda desde la cual se promoviera el proceso
de construcción del Frente Amplio con otros sectores intermedios y
democráticos. De ahí la importancia del seminario de MP previsto para el 8 y 9
de junio en el cual el PCC debe tener una opinión propia, propositiva y constructiva.
La unidad de la
izquierda implicaría avanzar en una articulación mayor con sectores como el
MCP, País Común, el Congreso de los Pueblos y una parte importante de sectores
retirados del PDA que se proponen identidades menos coyunturales, de tradición
marxista y revolucionaria, comprometidos con la solución política, afines a la
idea de un frente amplio, e interesados en una correlación que les permita no
ser presa fácil de quienes desde la experiencia exclusivamente electoral
hegemonizan los aparatos y las decisiones como evidentemente sucedió en el PDA
y otros experiencias históricas anteriores. Esta alianza tendría una influencia
también desde el campo de la lucha social en sectores tan importantes como el
movimiento universitario y educativo, las luchas agrarias, el movimiento
sindical, el trabajo artístico y la lucha urbana que ayudarían a superar
obstáculos que aprovechándose de la dispersión saben utilizar la derecha y
sectores socialdemócratas.
En este marco
proponemos la creación de un Coordinación de trabajo en la perspectiva del
Frente amplio, abierto a la participación de las distintas corrientes y fuerzas
de izquierda dispuestas concertar un camino de unidad.
Proponemos
convocar un Encuentro o Conferencia unitario para intercambiar conceptos y
estrategias de la izquierda en el desarrollo de la lucha por la paz, la
democratización política del país y las reformas sociales indispensables para
afianzar un horizonte de libertades, garantías ciudadanas, soberanía nacional,
política y económica, unidad e integración latinoamericanas. Un tema de
particular interés es la propuesta de una candidatura alternativa a la
presidencia identificada con la bandera de la paz democrática.
Proponemos
establecer compromisos en dirección a la movilización popular nacional,
regional y sectorial, la unidad sindical, estudiantil, el movimiento social por
la paz, las constituyentes por la paz y la creación de mecanismos para la
participación electoral unitaria.
Como aportes a
una plataforma unitaria que sirva de base a la movilización popular organizada
y a las candidaturas alternativas, sugerimos los siguientes puntos de
convergencia:
• Solución política, respaldo a los diálogos de paz, ampliación al
diálogo con el ELN y el EPL, apoyo a la propuesta de una paz con justicia
social.
• Punto final a la voracidad y las rentas parasitarias del capital
financiero. Intervención de las organizaciones sindicales y sociales en la
construcción de la política económica del Estado.
• Defensa de la soberanía, la tierra, el territorio, los recursos
naturales y una relación no depredadora con la naturaleza, reforma agraria
integral y desarrollo de las ZRC.
• Garantías y materialización de los derechos de la población
(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) salud,
educación, vivienda.
• Restablecimiento pleno de los derechos laborales, al salario, la
contratación colectiva y la organización de los trabajadores.
• Democratización del Estado, del régimen político y del sistema
político, estatuto de la oposición, reforma electoral y voto electrónico.
Propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.
• Apoyo y participación en los procesos de integración de Nuestra
América.
La izquierda y el escenario electoral del 2014.
Más allá de los
aspectos procedimentales a superar que hoy se convierten en un obstáculo propio
del carácter antidemocrático del sistema y el régimen político dominante es
bueno reflexionar sobre el significado y la importancia que puedan tener las
próximas elecciones al congreso y a la presidencia de la república en el
contexto de un proceso de paz en curso.
En lo
inmediato, no se observa que de los diálogos en la Habana surja alguna
iniciativa que cambie las actuales condiciones de participación política para
el periodo electoral próximo. El congreso y la presidencia actuales hacen parte
de un poder constituido en crisis que aspiramos a transformar, pero en las
circunstancias presentes, estas instituciones deberán cumplir un papel menor o
mayor, - eso depende de la correlación de fuerzas que se logre construir - en
la refrendación y defensa del acuerdo de paz que se llegue a materializar entre
las fuerzas insurgentes y el estado colombiano.
La extrema
derecha y el poder dominante, aprovechando el ventajismo, aspiran a continuar
ejerciendo un poder hegemónico en ambas instituciones. Algunos apuestan a
convertir el congreso en la institución principal que obstaculice las
posibilidades de una solución política además de continuar manteniendo su
carácter reaccionario mediante la aprobación de leyes antipopulares.
Santos trabaja
la idea de bloquear la participación y el reagrupamiento de la izquierda
mientras no se consoliden acuerdos de paz, condicionando la apertura política a
los resultados de la mesa. En estas circunstancias, las fuerzas de izquierda y
progresistas deberán, una vez más, hacer frente a una participación en
condiciones muy adversas pero en un escenario de disputa por la paz mediante la
solución política y un ascenso de la lucha social. Razón suficiente para no
renunciar a un escenario que aunque limitado podría contribuir a la agitación y
la movilización popular.
Así las cosas,
está campaña electoral tiene su razón de ser si está articulada al proceso
general de lucha por la paz y de construcción de un amplio movimiento social y
político que agite las banderas del cambio y la transformación democrática del
país. Que promueva la idea de un Frente Amplio para un gobierno democrático
como un primer paso en el desmonte del poder dominante que ha sostenido la guerra
y la exclusión durante décadas. Una campaña y una movilización en este marco
podrían garantizar, mantener o ampliar algunas vocerías populares en el
Congreso, pero en cualquier caso, permitiría una labor de agitación en un
escenario principal de la lucha política colombiana del cual la izquierda no
debe sustraerse.
Por una parte,
sin excepción, todos los sectores que gravitan alrededor de propuestas de
democratización del país, tienen las angustias de poder pasar el umbral del 3%
al Senado que en el mejor de los casos estará por el orden de 450.000 votos. El
umbral a las Cámaras depende de cada departamento ya que es el 50% del cociente
electoral, es decir, del total de votos válidos dividido por el número de
curules a proveer en cada circunscripción. Otra angustia es el tema con qué
personería jurídica participar, pues solamente el PDA, los Verdes y la ASI la
tienen vigente.
Por lo anterior
la idea de articulación fundamentalmente electoral puede tener varios
escenarios:
En primer lugar
la posibilidad de garantizar listas unificadas al Senado y hasta donde se pueda
a la Cámara en los Departamentos. En este escenario el PDA, actúa con cierta
arrogancia y no muestra interés en conformar un agrupamiento común para esa
perspectiva, más bien se orienta en la idea de que todo el que necesite
participar debe solicitar su ingreso a las listas del PDA, con sus reglas
juego. Esto se refuerza por el hecho que los y las parlamentarias que han
salido del PDA en la práctica, si desean volver a aspirar deben hacerlo por
esta misma organización o de lo contrario estarían inhabilitados. Es obvio que
para sectores que han salido del PDA esta no es una salida posible.
En segundo
lugar, para la posibilidad de construir un agrupamiento electoral común, se
necesitaría una nueva legislación, que permitiera el transfuguismo, la escisión
o la alianza entre partidos para integrar listas comunes, lo que el Gobierno
Nacional ni su Mesa de Unidad, mayoritaria en el Congreso ve con buenos ojos,
con el pretexto de la desbandada hacia el Uribismo.
La posible
devolución de la personería jurídica a la UP es una eventualidad que depende de
los mismos factores que mantienen congelado desde el poder todo desarrollo
político. Abriría, sin embargo una posibilidad a la participación y a la unidad
que podría estudiarse si se diera esta circunstancia.
Resta un tercer
escenario por explorar con los aliados en la perspectiva del Frente amplio que
es la recolección de firmas para configurar una lista nacional al senado,
listas en algunos departamentos donde existan posibilidades de éxito y saltar
el obstáculo que presupone el pago de pólizas para la inscripción. Este camino,
el más difícil, implica acuerdos, organización, disposición de trabajo y
recursos económicos. Tendría la ventaja de poderse efectuar con independencia
del bloqueo del régimen.
Hasta el
presente el debate en Marcha Patriótica aún no se decanta, es decir mientras
sectores que han venido con tradición de participar en la arena electoral y que
tienen un espacio ganado como Piedad Córdoba y el PCC que tiene una senadora,
han expresado la necesidad de participar, otros sectores tienen reservas
legitimas sobre si es el momento de hacerlo, más aún cuando las condiciones del
régimen político sigue intactas y llevar al proceso de MP a un proceso
electoral que termine con unos resultados pírricos, derrochando el actual
capital político de MP no sería una movida inteligente. No obstante, el hecho
que MP no participe con identidad propia, no implica que algunos sectores que
lo integran no lo hagan, buscando participar en la construcción del paraguas
electoral. Un debate al que habría que prestarle atención es sobre que
presupuestos programáticos se podría construir tal alianza. Podríamos encontrar
pistas en los elementos movilizadores de la marcha del 9 de Abril, es decir la
paz, la defensa de lo público y la democracia. Superar esta situación es una
tarea que va a ser decisiva para el futuro de la unidad.
Para el PCC, la
situación no se presenta nada fácil. La posibilidad de mantener nuestro espacio
en el Congreso depende de que nuestro caudal electoral pueda jugar. Igualmente
tener una candidatura comunista supone mantener el ejercicio de combinar una
candidatura atada a sectores del movimiento de masas que efectivamente sean un
nicho electoral y el potencial electoral de la estructura del PCC, que como
vimos en las pasadas elecciones no es de fácil mantenimiento.
Para poder
cumplir con lo definido en el pasado Pleno urge posicionar la candidatura
escogida para el Senado y escoger las que puedan trabajar para la Cámara de
Representantes en cualquiera de los escenarios posibles, en los Departamentos
donde existan condiciones. De no hacerlo con prontitud el entorno comunista y
de amigos que votan con nosotros podría ver en otras candidaturas alternativas
con las cuales ir comprometiéndose.
Desde el CEC y
el departamento político hay que intensificar una agenda de intercambio con
sectores aliados que permitan poner en marcha un proceso de acuerdos y alianzas
en dirección a listas unitarias al Senado, a la Cámara de Representantes y a
una candidatura alternativa a la presidencia de la república, haciendo énfasis
en los aspectos programáticos básicos y en la necesidad de la unidad.
6. LAS TAREAS DEL PCC.
El impulso de
los objetivos enunciados exige concentrar los esfuerzos de la organización para
materializarlas. Varias tareas se imponen como prioritarias en el horizonte
próximo.
La primera y
más importante es la labor ideológica que alimenta la batalla de ideas en el
contexto de la compleja coyuntura nacional en la que concurren el avance de los
diálogos para la solución política, el crecimiento de la movilización popular
con el necesario fortalecimiento de la unidad y la coordinación de las luchas
del pueblo en la construcción del Frente amplio y su expresión en el campo de
la política. La creación de las condiciones ideológicas y políticas para la
participación electoral plantea el principal desafío para el PCC y para todos
los aliados, empezando por la MP, las corrientes cercanas a Congreso de los
pueblos, los progresistas y los sectores disidentes del PDA, más otras fuerzas
independientes que pueden acercarse, cuya acción común sería indispensable para
cualquier logro coherente. Un trabajo de información, convencimiento y
persuasión es necesario en todos los niveles de la organización, la JUCO y los
frentes de masas. Igual esfuerzo exige el contacto directo bilateral y
multilateral con los aliados.
Otra importante
tarea es avanzar en los acuerdos y métodos de trabajo conjunto con Marcha patriótica
en la realización de las constituyentes, el seminario de experiencias
electorales y las movilizaciones sociales en perspectiva. Un empeño especial
debe estar en la precisión de los compromisos unitarios para el Frente amplio
por la paz con las diversas fuerzas que se han ido acercando al compromiso.
Las condiciones
para el trabajo electoral se muestran excepcionalmente difíciles y complejas
por la implantación del umbral del 3%, las graves falencias del sistema
electoral actualmente existente y la limitación de los recursos económicos. En
ausencia de una estructura con capacidad de avalar candidaturas unitarias en la
izquierda proponemos a las fuerzas identificadas con la necesidad de poner fin
a la guerra, la búsqueda de la paz con justicia social y la construcción de un
nuevo país democrático, establecer un acuerdo para una lista nacional al senado
y recolectar firmas para inscribirla. Proponemos estudiar la posibilidad de
reproducir el acuerdo en departamentos y distritos donde haya opciones a cámara.
Proponemos que se escoja el nombre para senado entre los precandidatos y se
recomiende a los comités estudiar opciones de acuerdos para cámara en los casos
de Caquetá, Arauca y Bogotá.
Una labor tan
exigente como la recolección de firmas para senado requiere acuerdos con
aliados, como queda dicho. Pero también reclama el nombramiento de un (a)
responsable nacional y un equipo ampliado de trabajo con participación de las
distintas estructuras del PCC y la JUCO.
Un compromiso
prioritario tiene que ver con las elecciones de directivos en la CUT y Fecode.
Para la línea política del 21 Congreso que pone el acento en la movilización
popular unitaria de masas es fundamental rescatar las organizaciones de los
trabajadores de las posiciones de pasividad, ausencia de iniciativa y
concesiones al oportunismo que han predominado bajo la presión de la derecha,
en medio del desangre del liderazgo sindical y por la maquinación divisionista
incubada desde la Vicepresidencia de la república. En un momento de ascenso relativo
de las luchas sociales, de paros sectorizados y gremiales pero también de
importantes movilizaciones contra la privatización de la salud y en defensa de
la educación pública la lucha sindical debe recuperar su papel protagónico e
incorporarse al debate sobre el futuro del país, la paz con justicia social y
los derechos esenciales de los trabajadores.
Antes que
pensar en crear nuevos aparatos sindicales con el pretexto de combatir el
oportunismo se trata de dar la batalla y ganar el pulso por una Central
unitaria de orientación clasista, de estructura democrática y comprometida con
las luchas del pueblo. En Fecode se trata fortalecer la lucha por la educación
pública gratuita, la dignidad de la labor docente y los derechos laborales del
magisterio. Pese a los esfuerzos realizados no se logró un acuerdo con MP para
las listas de CUT lo que ha obligado a redoblar el trabajo para tratar de
conservar las posiciones actuales en su comité ejecutivo.
Se impone la
necesidad de nuevas iniciativas en la difusión de VOZ como labor orgánica del
PCC y la JUCO. Se hace un llamado principalmente en las mayores ciudades para
ampliar la divulgación del semanario, en particular en Bogotá.
Un evento de
extraordinaria importancia en el trabajo por la paz ha sido el Encuentro
Nacional e internacional de Mujeres por la paz y la dignidad realizado en
Florencia, Caquetá del 11 al 14 de mayo. Merecen destacarse el esfuerzo de
movilización, organización, participación y consciencia así como su incidencia
social y política pese a los inconvenientes interpuestos por las autoridades.
Iniciativas como esta son un ejemplo que puede replicarse en otras regiones.
En concordancia
con la centralidad de la lucha por la paz y la creciente ampliación de
convergencias hay que fortalecer el respaldo a la actividad de los comunistas
colombianos en el exterior, especialmente en la UE con base en la mayor unidad
y coordinación de las tareas, la superación de las apreciaciones sectarias y el
respeto por los mecanismos colectivos de enlace orgánico en estrecha relación
con la dirección nacional del PCC.
Un elemento
central es la solidaridad con todos los y las presos (as) políticos (as) y la
movilización en múltiples sentidos po su libertad. La campaña nacional e
internacional en este sentido debe resaltar el nombre de David Ravelo que
simboliza la dignidad de los comunistas injustamente perseguidos por el
régimen.
Estamos en el
comienzo del camino, con circunstancias e inercias adversas pero con
posibilidades crecientes muy grandes de avanzar. Todo logro más allá puede
depender, en gran medida, de las decisiones que adoptemos. Más que en cualquier
otro momento estamos ante el imperativo de actuar para romper los cercos que
impone el régimen y canalizar la inconformidad que fluye desde desde la lucha
popular hacia nuevos avances.
Bogotá, mayo 17 de 2013
